Hugo Alberto Fernández Bautista

Expediente 478/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
478/2018
Año
2018
Actuaciones
29
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Hugo Alberto Fernández Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Visto, el estado actual que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante oficio 11889, de trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Secretario General en Suplencia del o la Titular de la presidencia de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa ***, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria. Al efecto, se acuerda: Tomando en consideración que mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad; así como de los diversos oficios 11784 y 11817, de siete y diez de diciembre respectivamente y anexos, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa el dieciocho de diciembre de esta anualidad, desahogando al vista mediante escrito presentado en esa misma data, en el que solicitó no se tuviera cumplida la ejecutoria; por lo que este juzgador procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable ordenadora, las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento De la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad: Con independencia de la facultad que le otorga el artículo 950, de la Ley Federal del Trabajo, para emitir autos de requerimiento de pago y embargo, de manera enunciativa y no limitativa, haga uso de las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en los artículos 730 y 731, de la citada legislación y, en general dicte las medidas necesarias a fin de que el laudo emitido en el juicio laboral J/O/1365/2014, se ejecute de manera pronta y expedita. Cabe precisar que en la sentencia constitucional de quince de agosto del año en curso, se estableció que de conformidad con el artículo 940, de la Ley Federal del Trabajo, es deber de la autoridad responsable, proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo y, a ese efecto, dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en esa legislación; ejemplo de ello, sería el uso de las medidas de apremio, previstas en el artículo 731, de la legislación en comento, incluso dar vista al ministerio público con la actitud contumaz de los demandados en cumplir con sus mandatos, de conformidad con el artículo 730, de la mencionada ley. 1.-Por oficio 916418, de doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, el Suplente de la Presidencia, y el Secretario Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, remitieron copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente laboral J/O/1365/2014, de las que se desprende que el ocho de junio de dos mil dieciocho, el actuario adscrito a la Junta responsable, se constituyó en compañía de la parte actora aquí quejosa al domicilio de la demandada a fin de llevar a cabo las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago y embargo, ordenadas en autos de cuatro de mayo del año en curso, sin que en ambas diligencias se hubiere logrado su finalidad, toda vez que la persona con quien se entendió aquellas, manifestó que el dueño de la empresa no se encontraba y que ella no estaba facultada para recibir y firmar ningún tipo de documento, ni hacer pago alguno. Cabe mencionar que en ambas diligencias, la parte actora, solicitó que se hiciera uso de las medidas que se encuentran contempladas en los artículos 731, 940 y 945, de la Ley Federal del Trabajo, específicamente, que se girara oficio a las autoridades correspondientes a fin de hacer comparecer al codemandado físico ***, con el uso de fuerza pública, en la fecha y hora que se señalara, para que dé cumplimiento de las prestaciones a que fue condenado en el laudo definitivo; así también, se diera vista al ministerio público, a fin de que determinara si la conducta desplegada por la persona citada, es constitutiva del delito previsto en el artículo 178, del Código Penal Federal y en su caso, se llevaran a cabo todas las medidas que la Junta responsable considerara necesario para dar cumplimiento a ese laudo. 2.-En atención a lo anterior, mediante proveídos de once de septiembre del año que transcurre, el Presidente de la Junta responsable, facultó nuevamente al actuario de su adscripción para que llevara a cabo las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago y embargo, señalando las doce y trece horas del diecinueve de septiembre del año en curso, respectivamente. Así también, ordenó notificar esos proveídos a las partes actora y demandada, apercibiendo a esta última, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le aplicaría una multa de cincuenta unidades de medidas y actualización que asciende a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 M.N). 3.-Mediante sendos autos de uno de octubre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Junta responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de septiembre de esta anualidad, e impuso a los demandados Compañía *** y/o *** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, una multa de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), para lo cual giró oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. Acto continuo, señaló las doce y trece horas del nueve de octubre del año en curso, para que el actuario de su adscripción, se constituyera en compañía de la parte actora, al domicilio de los demandados, y en el acto de la diligencia, los requiriera para que reinstalaran al actor aquí quejoso, en el puesto que venía desempeñando como residente de obras; así como, para que le pagaran la cantidad de $179,400.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las cantidades a las que fueron condenados en laudo de siete de octubre de dos mil dieciséis; con el apercibimiento que de no hacer el pago requerido, se embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto adeudado. De igual manera, los apercibió que en caso de no cumplir con lo anterior, les haría efectiva la medida de apremio prevista en el artículo 731, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, consistente en presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública. 4.- El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dictó dos autos en los que señaló las doce y trece horas del siete de noviembre para llevar a cabo las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago y embargo, apercibiendo a la parte demandada, que de no cumplir con lo anterior, se le embargaría bienes de su propiedad para garantizar las prestaciones líquidas a las que había sido condenada. Lo anterior, aunado a que se le aplicaría una medida de apremio de conformidad con el artículo 731, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, consistente en presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública. 5.- El siete de noviembre de esta anualidad, se llevaron a cabo las diligencias ordenadas, en las que no fue posible realizar el pago ordenado al actor, ni tampoco reinstalarlo en su fuente de trabajo, toda vez que la persona con quien se entendieron las diligencias, manifestó que no contaba con la capacidad jurídica ni económica, para cumplir con lo que se le ordenaba; por lo que ante tales manifestaciones, el actor solicitó que se hiciera efectiva la medida de apremio decretada en auto de veintitrés de octubre de esta anualidad, consistente en presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública. 6.- En atención a lo anterior, el trece de noviembre del año en curso, el Presidente de la Junta responsable dictó dos autos de mandamiento; en el primero, ordenó requerir a la parte demandada el pago de las cantidades líquidas a las que había sido condenado en el laudo de siete de octubre de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no hacer el pago requerido, se embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar su importe. Para lo cual, señaló las trece horas del veintidós de noviembre de este año. En el segundo de los proveídos, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de octubre de esta anualidad, y ordenó la presentación del demandado físico a través del uso de la fuerza pública, de conformidad con el artículo 731, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; girando el oficio correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del estado de Chiapas, para esos efectos. Así también, exhortó a la parte actora, para que en las subsecuentes diligencias de requerimiento de pago, diera cumplimiento al Título Quince de la Ley Federal del Trabajo, esto es, señalara bienes susceptibles de embargo. Finalmente, señaló las doce horas del veintidós de noviembre del año en curso, para la diligencia de reinstalación. 7.- El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el actuario adscrito a la junta responsable, practicó las diligencias antes ordenadas, en las que de nueva cuenta, no fue posible obtener el pago requerido, ni tampoco la reinstalación del aquí quejoso, toda vez que la persona que atendió esas diligencias, manifestó que el doce de noviembre del año que transcurre, su representada había interpuesto un incidente de no acatamiento de laudo, además de que no contaba con la capacidad jurídica ni económica para cumplir con lo que se le ordenaba. Ante tales manifestaciones, y al no tener bienes a la vista susceptibles de embargo, la parte actora, solicitó se diera vista al Ministerio Público a fin de que determinara si la actitud del demandado físico, constituía el delito previsto en el artículo 198, del Código Penal Federal; así también, se le hiciera comparecer con el auxilio de fuerza pública. 8.- En auto de veintiséis de noviembre de la presente anualidad, la Junta responsable tuvo por recibido el escrito presentado por el demandado físico Roberto de la Cerda Serrano, mediante el cual promovió incidente de no acatamiento de laudo; por lo que señaló las once hora del diez de diciembre del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, relativa a la incidencia planteada. 9.- En auto de seis de diciembre de esta anualidad, a solicitud del Coordinador Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la autoridad responsable, señaló las once horas del trece de diciembre de este año, para que el demandado físico Roberto de la Cerda Serrano, fuera presentado ante esa autoridad con el auxilio de la fuerza pública. En el mismo proveído, dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento, a fin de que se requiriera a los demandados, el pago de las cantidades a los que fueron condenados en el laudo de siete de octubre de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no realizar el pago requerido, se embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar el importe de lo adeudado. Así también, ordenó dar vista a la Fiscalía General del Estado, para que en la esfera de su competencia, determinara si la conducta del demandado físico se ubica en la hipótesis de algún tipo penal, por su actitud contumaz de no cumplir con los requerimientos de esa autoridad laboral y, en cuanto a la reinstalación del actor, se reservó proveer lo conducente hasta que se resolviera el incidente de no acatamiento de laudo promovido por la demandada. 10.-El diez de enero de dos mil dieciocho, (Sic), se celebró la audiencia de pruebas y alegatos relativa al incidente de no acatamiento de laudo, en el que la Junta responsable se reservó el derecho de dictar resolución interlocutoria. 11.- Por oficio 11889, de trece de diciembre de este año, la autoridad responsable, exhibió copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios que dirigió a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ambas con residencia en esta ciudad; a fin de que la primera, determinará si la actitud contumaz de Roberto de la Cerda Serrano, encuadra en la hipótesis de algún tipo penal y, la segunda, lo hicieran comparecer a través de la fuerza pública. 12.- El trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable hizo constar la incomparecencia del demandado físico Roberto de la Cerda Serrano, dado que por informes que rindió el Coordinador Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, no fue posible localizar a dicha persona. En consecuencia, señaló las once horas del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, para efectos de que dicho demandado fuera presentado con el auxilio de la fuerza pública, para lo cual volvió a girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para efectos de que continuarán con la búsqueda y localización de la citada persona. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que la Junta responsable atendió a los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos, por las razones siguientes: La autoridad responsable hizo y está haciendo uso de las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en los artículos 730 y 731, de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que los demandados Roberto de la Cerda Serrano, Compañía Constructora Tres Picos, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, cumplan el laudo emitido en el juicio laboral J/O/1365/2014, pues al efecto ha impuesto multas a los demandados, hasta por la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 M.N); de igual manera, ha emitió sendos autos de ejecución en los que ha ordenado la reinstalación de quejoso y el requerimiento de pago o embargo a los demandados; así también, ha solicitado el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esta ciudad, para que por conducto de los elementos a su mando haga comparecer al demandado físico Roberto de la Cerda Serrano, con el auxilio de la fuerza pública; de igual manera dio vista a la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad, para que dicha autoridad, determine si la actitud del demandado físico de no cumplir con los requerimientos de esa autoridad laboral, encuadra en algún tipo penal, por lo que a criterio de este juzgador, la junta responsable cumplió con los efectos de la sentencia de amparo. No se soslaya que mediante escrito de dieciocho de diciembre de esta anualidad, el quejoso haya solicitado que no se tenga por cumplida la ejecutoria decretada por este juzgador, argumentando que la responsable no ha emitido la resolución interlocutoria respecto del incidente de no acatamiento de laudo, interpuesto por el demandado físico Roberto del Cerda Serrano, por lo que debe requerírsele para que emita esa resolución, así como para que continué con la ejecución del laudo respectivo, y dé continuidad al registro de atención presentado ante la Fiscalía General del Estado; así también, para que continúe ejerciendo las medidas de apremio para ejecutar el laudo dictado en el juicio de origen, esto es, sea reinstalado y se le paguen las prestaciones a las que fueron condenados los demandados. Al efecto se le dice que el requerimiento a la autoridad responsable para que emita la resolución interlocutoria en el incidente de no acatamiento de laudo interpuesto por Roberto del Cerda Serrano, así como, para que se le obligue a dar seguimiento al registro de atención presentado ante la Fiscalía General del Estado, no forman parte de los lineamientos por los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal; ello aunado a que, atendiendo a la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen (ejecución de laudo), la parte vencedora se encuentra obligada a darle el impuso necesario para dar continuidad al procedimiento de ejecución. Apoya a la anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que la parte quejosa puede hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. ARCHIVO Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se tramitó incidente de suspensión. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos o tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto, el escrito que signa ***, quejoso en este juicio de amparo, por medio del cual desahoga la vista conferida en auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como legalmente corresponda, téngase por hechas las manifestaciones que realiza, mismas que serán tomadas en cuenta al analizar el cumplimiento dado al fallo protector de este juicio.

  3. Principal

    Visto; el oficio que signan el Secretario General en Suplencia del o la Titular de la Presidencia y el Secretario Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por oficio 19238/2018, de once de diciembre de dos mil dieciocho, remite en copias certificadas los acuses de los oficios 11767 y 11793, de seis y diez de diciembre de dos mil dieciocho, los cuales remitió a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas; así como los proveídos de once y trece de diciembre de este año. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo; así como de los diversos de números 11784 y 11817, de siete y diez de diciembre respectivamente y anexos, córrase traslado y dése vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA.. Visto; el oficio que signan el Secretario General en Suplencia del o la Titular de la Presidencia y el Secretario Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por oficio 19238/2018, de once de diciembre de dos mil dieciocho, remite en copias certificadas los acuses de los oficios 11767 y 11793, de seis y diez de diciembre de dos mil dieciocho, los cuales remitió a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas; así como los proveídos de once y trece de diciembre de este año. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo; así como de los diversos de números 11784 y 11817, de siete y diez de diciembre respectivamente y anexos, córrase traslado y dése vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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