Hugo Alberto Acosta Montañez
Expediente 1334/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1334/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Hugo Alberto Acosta Montañez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente. III
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de quince de noviembre dos mil dieciocho,...En la especie, como se anticipó, el acto reclamado lo constituye el auto dictado durante la etapa de ejecución de sentencia, que no admite el recurso de revocación interpuesto en contra de diverso proveído en que se tuvo al perito valuador de bienes aceptando el cargo y se requiere al quejoso para que en un plazo de tres días, señale fecha y hora para que aquél, en compañía del ministro ejecutor, realice el avalúo correspondiente, dado que el recurrente alega que no se le concedió término para nombrar perito de su parte. Bajo esa óptica, la afectación que se pudiera producir en los términos expuestos con antelación, tiene una naturaleza eminentemente intraprocesal, dado que no se proyecta materialmente sobre alguno de los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. En efecto, conforme a la transcripción que del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, realizada en supra líneas, se obtiene que los actos dictados en juicio, son de imposible reparación cuando afectan, materialmente, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Luego, conforme a lo establecido en el transcrito artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal en cita, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, en los casos que fueron precisados en párrafos antepuestos. Por tanto, atendiendo a la regla general, las infracciones adjetivas cometidas en la fase de ejecución de sentencia son impugnables en amparo indirecto, sin embargo, debe esperarse hasta el dictado de la última resolución emitida en esa etapa, pudiéndose combatir la aludida última resolución así como las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Empero, como a toda regla general existen sus excepciones, en el caso, la excepción estriba en el hecho de que procede el juicio de amparo biinstancial en la etapa de ejecución de sentencia, cuando las violaciones procesales reclamadas generen una afectación inmediata o material a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en tratados internacionales. En ese aspecto, se tiene que la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga tales características; esto es, en contra de actos cuyas consecuencias fueran susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en los Tratados Internacionales. Por tanto, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos como propiedades, posesiones o derechos de la parte quejosa, al no implicar por sí mismo la obtención de una determinación desfavorable a sus intereses en la mencionada contienda judicial. Lo cual produce colegir que la resolución reclamada en el juicio de amparo, no resulta de ejecución irreparable, por tratarse de un auto dictado en el periodo de ejecución de sentencia, en el que no se admite un recurso de revocación interpuesto en contra de diverso proveído en el que se reclama la aceptación del cargo de perito valuador y se requiere al recurrente para que señale fecha y hora en la que el experto, conjuntamente con el ministro ejecutor, realice el avalúo de bienes secuestrados, sin haber concedido plazo al quejoso para nombrar perito de su intención; de ahí que la determinación controvertida no implica en modo alguno que sea de imposible reparación, porque no atenta, por sí misma, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, ya que esa afectación solo podría producirse, eventualmente, hasta en tanto se resuelva desfavorablemente para el hoy quejoso la adjudicación y entrega material de los bienes en favor de tercera persona, a fin de que, con el importe de aquella sean cubiertas las pensiones alimenticias a su cargo, que expresamente refiere haber incumplido. Encuentra aplicación, por identidad de razones que contiene, la tesis III.4o.(III Región) 8 C (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito d Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable con el registro 2004223, en la página 1647 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su tenor literal dice: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor." Luego, es evidente que esa determinación, no ocasiona al quejoso ninguna afectación en sus derechos sustantivos previstos por la Norma Fundamental o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que únicamente importa efectos intraprocesales. De tal suerte, se concluye que todas las violaciones que pudieran surgir en la etapa de ejecución de sentencia, son susceptibles de ser impugnadas en vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en esa fase y, de resultar ciertas, dejaría sin efectos todo el procedimiento hasta el momento en que se cometieron para que sean reparadas, lo que evidencia, como se dijo, que no se transgrede ningún derecho sustantivo constitucional o convencional. Luego, si como quedó evidenciado, lo reclamado en este juicio no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución y tampoco afecta los derechos sustantivos del quejoso, ya que la actuación reclamada no se traduce en actos de imposible reparación, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente.(III)
- Principal
Notifíquese personalmente. III
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