Hugo Aguilar Dominguez

Expediente 1021/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1021/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2017

Partes del expediente

  • Hugo Aguilar Dominguez
  • Junta Especial Número Treinta Y Seis de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Tabasco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII.- SUOPERIORIDAD DECLARÓ INFUNDADO RECURSO DE QUEJA

  2. Principal

    MESA VIII. se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de catorce de junio del presente año, del que se aprecia que el Tribunal de alzada, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto, en contra del auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio...

  3. Principal

    MESA VIII.- Se tiene por recibido el escrito presentado por HAD, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el asunto en que se actúa. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la referida parte, en contra del citado auto; en consecuencia, se ordena rendir el INFORME MATERIA DE LA QUEJA al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Turno del Décimo, con residencia en esta ciudad, en los siguientes términos: Es CIERTO que el treinta de mayo de dos mil dieciséis se dictó el acuerdo recurrido, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Hugo Aguilar Domínguez, parte quejosa en el presente asunto. Lo anterior, conforme a los motivos expuestos en el auto que se recurre. Como complemento del mismo se acompañan el expediente original del presente juicio de amparo, original y copia del escrito de agravios, para que el Tribunal de Alzada esté en aptitud legal de resolver lo conducente. Finalmente, con diversa copia del escrito de expresión de agravios, se ordena formar el cuaderno de antecedentes relativo al presente expediente.

  4. Principal

    MESA VIII.- En Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la suscrita actuaria judicial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, hago constar que notifico el proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo arriba indicado a Hugo Aguilar Domínguez, quejoso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado y publicado en la página del Portal de internet del Poder Judicial de la Federación a las nueve horas del día de hoy, con fundamento en el artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de Mayo de dos mil dieciséis. Doy fEN TAL VIRTUD, SE TRANSCRIBE: Villahermosa, Tabasco, treinta de mayo de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo promovida por HAD, contra actos reclamados a las siguientes autoridades: 1. Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. 2. Presidente adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. 3. Representante de los Trabajadores adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. 4. Representante de los Patrones adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1021-2016-VIII. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora, es menester señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así también, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en jurisprudencia visible bajo el número V.2o. J/75 en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS" y la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X Septiembre de 1999, página 730, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"; ha establecido cuáles son las condiciones necesarias que deben concurrir en una demanda para que sea desechada, pudiendo éstas resumirse en que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto y, finalmente, que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al analizar la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ". Resolución de fecha 28 de abril de dos mil dieciséis dictada por la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Villahermosa, Tabasco, la cual en su parte conducente a la letra dice: "Resuelve ÚNICO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando que antecede se declara INFUNDADO el Incidente de Nulidad Promovido por el demandado físico HUGO AGUILAR DOMÍNGUEZ, quedando firme la notificación y emplazamiento que practico uno de los CC. Actuarios adscritos a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias programadas en autos. Se comisiona a unos de los CC Actuarios de esta junta para que notifique a la parte actora, PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BASICA, SERVICIOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., ABENGOA MÉXICO, S.A DE C.V., ABENGOA COGENERACIÓN TABASCO, S. DE R.L. DE C.V. y demandados físicos C. HUGO AGUILAR DOMÍNGUEZ de la presente resolución en los domicilios señalados en autos; debiendo correr traslado con copia de la misma; ordenando notificar por los estrados de esta Junta a loa demandados MONICA MARGARITA HERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Y ANTONIO GIL GIL y al diverso demandado "QUIEN RESULTE RESPONSABLE COMO PROPIETARIO DEL CENTRO O FUENTE DE TRABAJO", lo anterior con fundamento en el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo. Para mejor comprensión de los motivos que sustentarán la presente resolución, deviene pertinente el relato de los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de la demanda de amparo: 1. Los hoy terceros interesados demandaron a SERVICIOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., Y OTROS, demanda que fue radicada bajo el expediente número 929/2013 SALA B, ventilado ante la hoy junta responsable. 2. Con fecha de 27 de enero de 2015, promoví INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, respecto del supuesto emplazamiento realizado. 3. Es el caso, que con fecha 28 de abril de 2016, la responsable dictó resolución al incidente de nulidad promovido, misma que transgrede mis derechos humanos, por lo que se hacen valer los siguientes.." PRECISION DEL ACTO RECLAMADO Ahora, dado que, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna: La resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitida en el juicio laboral 929-2013, en el cual se declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado hoy quejoso en el presente juicio HAD, en contra del emplazamiento y subsecuentes notificaciones que derivan del juicio laboral de origen, que como consecuencia de ello, se tuvo por contestada la demanda laboral en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas, encontrándose el juicio en la etapa de desahogo de pruebas. Ahora bien, por la conclusión a la que se llegará, es menester destacar que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Por su parte, el diverso numeral 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de derechos fundamentales: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En principio, es conveniente señalar que el seis de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se configuró la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia a partir del cuatro de octubre de dos mil once. En el artículo segundo transitorio de ese decreto, se estableció que el Congreso de la Unión expediría las reformas legales correspondientes, dentro de los ciento veinte días posteriores a la publicación de aquella reforma constitucional. Asimismo, en el artículo tercero transitorio del decreto relativo a la reforma constitucional, se estableció que los juicios de amparo que fueran instados antes de la entrada en vigor de dicha reforma, se tramitarían y resolverían conforme a las disposiciones legales que fueran aplicables y vigentes al inicio del procedimiento. En el caso, la demanda de amparo fue presentada el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, esto es, posterior a que entrara en vigor la reforma constitucional; por consiguiente, para la resolución del presente asunto se aplicarán las disposiciones constitucionales y legales conducentes con vigencia al inicio del juicio de amparo de que se trata. De ahí, que sea indispensable remitirse a los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa respecto del acto reclamado que se analiza señalan: "ARTICULO 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.)". "ARTICULO 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "ARTICULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (.)". En esas condiciones, de una interpretación sistemática de los artículos 1o, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte claramente que a partir de la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia desde del cuatro de octubre de dos mil once, los tribunales de la federación, como en el caso es este Juzgado de Distrito, resolverán las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que las controversias que establece el artículo 103 citado, deben sujetarse a los procedimientos que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En ese tenor, cabe señalar que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución General de la República y Tratados Internacionales de los que el Estado sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía de que se trate. Al respecto, debe decirse que, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la prerrogativa de que se trate, como podría ser el embargo, el arresto o una multa. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los mencionados actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior, como serían la personalidad o la procedencia de la vía. Así lo sostuvo en la jurisprudencia 3a. 43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De ahí que resulte improcedente el amparo por esta vía, cuando los actos que se reclaman sólo afectan derechos adjetivos o procesales, tal y como acontece en la especie. Primeramente, es de establecerse la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internaciones de los que nuestro país sea parte, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados hasta el momento en que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Al confrontar el contenido de lo que debe entenderse por actos en juicio de imposible reparación, con el acto que se combate por esta vía, consistente en la resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitida en el juicio laboral 929-2013, en el cual se declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado hoy quejoso en el presente juicio H A D, en contra del emplazamiento y subsecuentes notificaciones que derivan del juicio laboral de origen, que como consecuencia de ello, se tuvo por contestada la demanda laboral en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas, encontrándose el juicio en la etapa de desahogo de pruebas, se llega a la conclusión que no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, pues no se plantea la infracción de derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que éste forme parte, sino que únicamente, en su caso, produce efectos formales o intraprocesales, que bien pueden ser retrotraídos en caso de que el afectado obtenga resolución favorable al resolverse el juicio de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el acto que tilda de inconstitucional. Además que, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino hasta el preciso momento en el que la autoridad resuelve la controversia planteada, siempre y cuando ésta le resulte adversa a sus intereses. Tiene aplicación por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1a.J. 94-2008, visible en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada.". De igual forma tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia XI.T.Aux.C. J1, consultable en la página 1642, Tomo XXX, correspondiente al mes de Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS EN JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los criterios establecidos por nuestro Máximo Tribunal respecto del concepto de acto de imposible reparación, como argumento de autoridad, se advierte que para que el Juez de Distrito pondere sobre la procedencia de un amparo indirecto respecto de un acto dictado dentro de juicio, no debe apreciar si la infracción puede o no reclamarse cuando se dicte la resolución definitiva, ya que el Alto Tribunal del país, en jurisprudencia obligatoria, se pronunció en cuanto a la naturaleza jurídica que deben tener los actos en juicio, en el sentido de que solamente existen dos supuestos normativos de procedencia del amparo indirecto: a) cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental (regla general) o, bien b) si se trata de una violación exorbitante del procedimiento; de tal suerte que la posibilidad de que una supuesta infracción al procedimiento pueda o no impugnarse cuando se reclame la sentencia definitiva, no constituye hipótesis normativa de procedencia del juicio de garantías biinstancial, habida cuenta que tal facultad sólo compete a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando conozcan del juicio de amparo directo, a los que corresponde estimar si procede o no analizar la infracción que se reclame, de acuerdo con los requisitos que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, para tal efecto, dado que, inclusive, podría darse el supuesto de que existan violaciones procesales en juicio que no se pudieran reclamar en alguna de las dos vías de amparo.". Asimismo cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 606, del Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, del Apéndice de 1995, del tenor siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCION QUE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INCIDENTE. La resolución que desecha de plano el incidente de nulidad por notoriamente improcedente constituye una violación a las leyes del procedimiento, impugnable en amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la ley de la materia, tomando en cuenta que el artículo 159, fracción V, del ordenamiento legal invocado, contempla el caso en que se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, sin distinción en cuanto a que si tal acto jurisdiccional de resolver, se produce al desechar la demanda incidental o hasta el final del procedimiento en la interlocutoria que niega declarar la nulidad y, además en ambos casos resulta la misma situación, a saber, quedan subsistentes las actuaciones o notificaciones atacadas de nulidad pues es posible que esa ilegalidad no trascienda a la sentencia definitiva, y de esa forma no cause perjuicio a quien promovió el mencionado incidente". Así como la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, visible en la página 621, del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INCIDENTE DE NULIDAD, DESECHAMIENTO DEL. (ARTICULO 159, FRACCIONES V Y XI DE LA LEY DE AMPARO). El hecho de desechar un incidente de nulidad de actuaciones es análogo a cuando se resuelve ilegalmente un incidente de nulidad, ya que la resolución correspondiente tiene el mismo sentido de afectación en perjuicio del agraviado, pues si lo que pretendió al promoverlo fue que se invalidaran ciertas actuaciones, es claro que si éstas subsisten porque al ser resuelto el incidente se hubiera estimado infundado, el mismo gravamen se ocasiona si la subsistencia de las actuaciones aludidas se debió al desechamiento del referido incidente, así que, para efectos de considerar o no como violación procesal en casos como el de la especie, lo mismo da que se trate de una resolución que decida un incidente de nulidad, después de tramitado y declararlo infundado, a que tal incidente sea desechado por improcedente". De lo que se evidencia que lo reclamado, no constituye un acto de imposible reparación, pues la resolución que declaró infundada la incidencia de mérito, no implica por sí sola, la vulneración a alguno de sus derechos sustantivos, aun cuando el quejoso aduzca en su demanda de derechos fundamentales que como consecuencia de la resolución que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones, la Junta responsable le haya tenido por contestando en sentido afirmativo la demanda laboral y por perdido el derecho a ofrecer pruebas, le causa perjuicio y estado de indefensión, pues no le permite defender sus derechos de ser oído y vencido en juicio; pues incluso tal circunstancia no tiene una ejecución de imposible reparación en perjuicio de las partes que haga procedente el juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado. Lo anterior, porque la circunstancia de que el laudo emitido en el expediente de origen, sea desfavorable a la parte quejosa, podrá reclamarlo en la vía directa ante el Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de los artículos 170, fracción I y 171 de la Ley de la materia. A mayor abundamiento, la violación en la esfera jurídica que pudiera suscitarle a la parte quejosa, el que la junta responsable le haya tenido contestando en sentido afirmativo la demanda laboral dentro de la controversia de origen, aun puede ser remediada con el dictado de un laudo a su favor, ya que la Junta deberá examinar si los hechos tenidos por ciertos justifican la acción ejercida, es decir, el acto del que se duele no es de imposible reparación, en virtud de que el mismo puede quedar reparado con la resolución definitiva que se emita en el procedimiento natural. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a.J. emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, visible en la página doscientos catorce, Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN MATERIA LABORAL. EL REQUERIMIENTO FUNDADO EN EL ARTÍCULO 685 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE ORDENA QUE ÉSTA SE PRODUZCA POR ESCRITO, SIN APERCIBIMIENTO DE QUE SI NO SE HACE ASÍ SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El auto fundado en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo que requiere a la demandada para que produzca por escrito su contestación, sin apercibimiento de que si no se hace así se tendrá por contestada en sentido afirmativo, es un acto en el juicio que no puede reclamarse en amparo indirecto, pues no es de imposible reparación, ya que tales actuaciones tienden a lograr la agilidad y brevedad del proceso, situación que únicamente se relaciona con las etapas del juicio y no con derechos sustantivos. Ello es así, pues aun cuando la demanda se tuviera por contestada en sentido afirmativo, todavía existe la posibilidad de que el demandado pueda obtener un laudo favorable al final del juicio, que torne intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse del requerimiento de contestación escrita de la demanda, ya que la Junta deberá examinar si los hechos tenidos por ciertos justifican la acción ejercida y si el actor tiene derecho a las prestaciones reclamadas; en conclusión, la ejecución irreparable debe presentarse en forma tal, que la violación no pueda ser remediada con el dictado de un laudo favorable; por lo anterior, el amparo indirecto que en su caso se promueva, es improcedente en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el artículo 114, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo". Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que levante para tal efecto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Frías Félix, dado que tiene registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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