Hugo Adolfo Hernández Gallardo
Expediente 41/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Hugo Adolfo Hernández Gallardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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se declara que el aludido auto HA CAUSADO ESTADO. UNA VEZ NOTIFICADO ESTE ACUERDO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO.
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Visto el estado de autos, al operar la causal de improcedencia invocada, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente juicio. Ante tales circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA HUGO ADOLFO HERNÁNDEZ GALLARDO, DE LA DTERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ..."Aguascalientes, Aguascalientes, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y con fundamento en el invocado artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene a la vista el juicio de amparo 19/2018-6-XI, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio, del que se ordena recabar copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del auto de radicación de la demanda y del informe justificado rendido por la Juez Segundo Penal del Estado, a fin de que se agreguen a este expediente y estar en aptitud de resolver lo conducente. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 163/2005, visible en la página 319, Tomo XXII, enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Ahora bien, de la referida documentación se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados en este juicio, son materia de otro juicio de amparo pendiente de su resolución. Al respecto, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" De lo dispuesto por el invocado numeral, se desprende que los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia prevista en la trascrita fracción, son: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de estudio de un diverso juicio de amparo, aun estando pendiente de dictar sentencia; b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De la demanda de amparo que dio origen a este juicio se desprende que el quejoso reclamó de los Jueces Primero, Segundo, Quinto y Sexto Penal del Estado, el auto de radicación, así como la orden de aprehensión girada en su contra, y la ejecución de ésta por parte de la Comisaría General de la Policía Ministerial, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes, y todos sus elementos a su cargo incluyendo aquellos adscritos a las unidades administrativas auxiliares así como a todos sus elementos adscritos a cada una de las mismas; y del Inspector General de Investigaciones de Grupos Especiales y de Guardias de la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes y todos sus elementos a su cargo. La Juez Segundo Penal del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que es parcialmente cierto el acto que se le reclama, ya que en fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictó auto de radicación derivado del oficio suscrito por la Agente del Ministerio Público Especializada en Justicia Familiar y de Género del Sistema Tradicional, por lo que ordenó la apertura del proceso penal 15/2017, de su estadística, en contra de Hugo Adolfo Hernández Gallardo, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en el cual no se ha librado orden de aprehensión en su perjuicio, que se encuentre vigente. Por otra parte, de las copias certificadas del juicio de amparo 19/2018-6-XI, del índice de este órgano jurisdiccional, que merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende lo siguiente: Que el juicio de amparo 19/2018-6-XI, fue promovido el ocho de enero de dos mil dieciocho, por el aquí quejoso Hugo Adolfo Hernández Gallardo, en contra de los Jueces Primero, Segundo, Quinto y Sexto Penal del Estado; y Jueces Mixtos de Primera Instancia de los Partidos Judiciales Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto en el Estado de Aguascalientes, con sede los Municipios de Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Jesús María, como ordenadoras, y de la Comisaría General de la Policía Ministerial, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes, y todos sus elementos a su cargo incluyendo aquellos adscritos a las unidades administrativas auxiliares así como a todos sus elementos adscritos a cada una de las mismas; y del Inspector General de Investigaciones de Grupos Especiales y de Guardias de la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes y todos sus elementos a su cargo, en el que reclamó la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución; así como el auto de radicación. La Juez Segundo Penal del Estado, al rendir su informe justificado en el referido juicio de amparo 19/2018-6-XI, manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en el auto de radicación de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 15/20107 de su índice; y señaló que no ha librado orden de aprehensión en perjuicio del quejoso que se encuentre vigente. Expediente en el que aún no se ha dictado sentencia, pues se fijaron las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, se considera que en relación a los actos reclamados en este juicio, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías es improcedente, contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos Esto es así, porque estamos ante la presencia de dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso Hugo Adolfo Hernández Gallardo, en los que hay identidad de actos reclamados, ya que en el juicio de garantías 19/2018-6-XI, del índice de este órgano jurisdiccional, se reclamó el auto de radicación y la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución; los cuales coinciden con aquellos que constituyen los actos reclamados en este juicio. Entonces, debe considerarse que resulta improcedente el presente juicio de garantías y, por ello debe sobreseerse de conformidad con la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a dicha determinación la tesis con número de registro 257752, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41, del Semanario Judicial de la Federación, volumen XCIX, Primera Parte, Sexta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Por consiguiente, al operar la causal de improcedencia invocada, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ante tales circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese a las partes como legalmente corresponda.Así lo proveyó y firma el Licenciado GUILLERMO BALTAZAR Y JIMÉNEZ, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien actúa asistido del Licenciado Alejandro Bernal González, Secretario que autoriza. Doy fe."
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado de autos, al operar la causal de improcedencia invocada, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente juicio. Ante tales circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO."
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