Hugo Acosta Arredondo
Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Hugo Acosta Arredondo
- Licenciada Marisela Hernández Sáenz, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, Delitos Sexuales vs Contra la Familia y Trata de Personas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Por otro lado, toda vez que existe un documento que fue exhibido por la parte quejosa, se ordena notificarle a efecto de que dentro del plazo de noventa días hábiles, acuda ante este órgano jurisdiccional a recogerlo, con el apercibimiento que de no hacerlo, será destruido. A efecto de lo anterior, se le hace de su conocimiento, que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarle que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que fue reformando mediante el diverso Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual entró en vigor el uno de noviembre del año en curso, decreta que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/1448/2021, de siete de junio del dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. L'ZC
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 343/2021-IV, promovido por Hugo Acosta Arredondo, por conducto de su Asesor Jurídico Esteban Sosa Reyes, contra actos del Licenciada Marisela Hernández Sáenz, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, Delitos Sexuales vs Contra la Familia y Trata de Personas, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Que mediante escrito recibido en Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado al día siguiente, Hugo Acosta Arredondo, por conducto de su Asesor Jurídico Esteban Sosa Reyes, promovió juicio de amparo, contra los actos de la autoridad, Licenciada Marisela Hernández Sáenz, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, Delitos Sexuales vs Contra la Familia y Trata de Personas, con sede en esta ciudad, a quien reclamó: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión del Ministerio Público de investigar y realizar los actos de investigación sin que haya realizado la recolección de indicios y medios de prueba que deberían servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano Jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. Como tampoco NO proporciona las copias certificadas solicitadas al suscrito en mi carácter de Asesor Jurídico." Segundo. Por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, previo desahogo de la prevención formulada mediante proveído de seis de dicho mes y año, se desechó la demanda respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable en integrar la carpeta de investigación con número único de caso 37-2017-0029329, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y se admitió la demanda de amparo indirecto únicamente respecto al acto consistente en la negativa del Agente Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la familia y trata de personas, de entregarle las copias de la carpeta de investigación con número único de caso 37-2017-0029329, quedando registrada como expediente 343/2021-IV; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde pueden tener ejecución los actos reclamados. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosaaa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa lo constituye la negativa del Agente Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la familia y trata de personas, de entregarle las copias de la carpeta de investigación con número único de caso 37-2017-0029329. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La autoridad, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Agente del ministerio Público de la Unidad Especializada en la investigación de los Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con sede en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe con justificación negó la existencia del acto reclamado. Pues si bien, dicha autoridad acreditó que mediante escrito presentado por el aquí quejoso, Hugo Acosta Arrendondo, el día ocho de abril de dos mil veinte, dicha parte solicitó se le tuviera autorizando al licenciado Esteban Sosa Reyes, como su Asesor Jurídico, sin embargo dicha pare en ningún momento solicitó copias, lo que se acredita con la copia que de dicho escrito adjunto a su informe justificado, recayendo a dicha promoción el acuerdo de nueve de abril, en que se le tiene por autorizado a dicho profesionista el carácter de Asesor Jurídico de la víctima dentro del número único de caso 37-2018-0029239, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara tal negativa, pues no acredito haber solicitado copias certificadas del número único de caso 37-2018-0029239, a la autoridad responsable, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por Hugo Acosta Arredondo, de conformidad con el considerando tercero de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngase a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, rindiendo informe justificado en ausencia del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, en esta ciudad, con el que se da vista a las partes para que de su contenido se impongan, sin menoscabo de hacer relación, tanto del informe, como de las documentales que anexa, al celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene a la citada autoridad, designando como delegados conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la Ley de la Materia, a los profesionistas que menciona, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el informe. Finalmente, atendiendo al contenido del informe y anexos en cita, se ordena dar vista a la parte quejosa para los efectos legales procedentes.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes
- Hortencia Granillo Leyva178/2017
- Hortencia Medina Cortez622/2021
- Hortencia Medina Cortez976/2022
- Hortencia Medina Cortez287/2021
- Hortensia Trevizo Bermudez687/2021
- Huber Sis Suius o Hiuver Sis Tiul261/2021
- Hugo Aguilar Rodas276/2018
- Hugo Alberto González Soto y Otros.209/2015
- Hugo Alejandro Contreras Quiñones823/2016
- Hugo Alejandro Ponce de León Sinaloa826/2019
- Hugo Antonio Sigala Acosta651/2015
- Hugo Caballero Balderrama919/2023