Huber Miguel Morales

Expediente 311/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 191 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
311/2017
Año
2017
Actuaciones
191
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Huber Miguel Morales
  • Huber Miguel Morales y Otros.
  • Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas
  • Huber Miguel Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 191.

  1. Principal

    Así, dadas las actuaciones informadas por el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se le tiene en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, a fin de procurar la continuidad del procedimiento de ejecución que nos ocupa, se le requiere al Juzgado responsable para que remita las constancias que acrediten haber expedido y entregado los oficios que giró a fin de requerir a las instituciones bancarias y ayuntamiento indicados, las anteriores determinaciones, así como haga de conocimiento cualquier actuación o información allegada por parte de tales dependencias en relación con lo requerido; lo que deberá informar en el término tres días; en la inteligencia, que en caso de no hacerlo y ante la actitud de no informar y enviar las constancias relativas, se le impondrá multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por su parte, en relación a la solicitud de la autoridad de apertura del incidente para precisar los efectos de la concesión del amparo; al efecto no ha lugar a tramitarlo, puesto que en autos del presente expediente se encuentran definidos los alcances de la protección constitucional concedida a la parte quejosa. Ello es así, en razón de lo siguiente: Conviene destaca que, si bien en ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 109/2017, determinó que los efectos del amparo era para que (.) La responsable deje insubsistente los oficios girados a las instituciones bancarias decretada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, para el desbloqueo y/o destrabe de las cuentas embargadas en diligencia de treinta de enero de dos mil diecisiete, y en su lugar emita otra resolución en la que determine que el embargo de las cuentas bancarias subsistirá hasta en tanto se dé cumplimiento total al laudo dictado" También es cierto que, al advertir éste juzgado que los efectos del amparo estaban colmados, en auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; sin embargo, la parte quejosa, interpuso recurso de inconformidad contra tal determinación, de la que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, bajo expediente de inconformidad 33/2018. Órgano colegiado quien, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, resolvió tal medio de impugnación, declarándolo fundado, en virtud que, advirtió que el fallo protector no estaba cumplido. Y precisó, que las acciones realizadas en atención a la ejecutoria de amparo, para restituir el goce del derecho violado a la parte quejosa, habían sido infructuosas; por tanto, estimó que debían ejecutarse diversos mecanismos para lograr el efecto reparador buscado. Al respecto es importante destacar lo que el referido Tribunal Colegiado precisó en esa resolución: "(.) De lo anterior, se advierte que la responsable acató en partes de los términos para los cuales fue concedida la sentencia de amparo, sin embargo, esto no fue en su totalidad. Se dice esto, porque dentro de los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo se señaló que la responsable debía dejar insubsistente la orden de girar oficios a las instituciones bancarias decretada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, para el desbloqueo y/o destrabe de las cuentas embargadas en diligencia de treinta de enero de dos mil diecisiete y en su lugar emitiera otra resolución en la que determinara que el embargo de las cuentas bancarias subsistirá hasta en tanto se dé cumplimiento total al laudo reclamado. Empero, debe entenderse que la concesión partió de la idea de que fue incorrecto el levantamiento del embargo hecho por la responsable, así como sus consecuencias, esto es, la protección federal era para el efecto de que subsistiera el embargo sobre las cuotas bancarias con el numerario correspondiente al momento del secuestro, para logar así la eficaz restitución al quejoso en el pleno goce de sus garantías transgredidas devolviendo las cosas al estado que guardaban hasta antes del menoscabo en su esfera , lo que implicaba, se retira la subsistencia del numerario previamente secuestrado encaminado a cubrir las condenas económicas decretadas a favor del actor. Así es, por auto de veintiséis de marzo de os mil diecisiete se ordenó el descongelamiento de las cuentas embargadas en diligencia de treinta de enero de dos mil diecisiete, al haberse entregado al actor un cheque por la cantidad de cuatrocientos noventa y siete mil setecientos veinte pesos con setenta y seis centavos, con lo cual estimó que quedaron cubiertos los resolutivos quinto y sexto del laudo de veinte de septiembre de dos mil doce, empero, en ese propio acuerdo se reconoció que quedaron pendientes de cumplirse los resolutivos segundo y octavo. Luego, para efectos del cumplimiento de la ejecutoria resulta necesario que exista el numerario preexistente en las cuentas que se embargaron al ayuntamiento demandado a fin de que se cumpla el laudo en su totalidad, pues, por ejemplo, en el caso, Banorte informo que las cuentas embargadas de nueva cuenta por la parte demandada presentan un saldo de cero pesos (foja 269), lo que hace inútil la medida cautelar adoptada. En ese sentido, si la responsable únicamente determinó que subsistiera el embargo de las cuentas que actualmente no tienen un saldo para pagar las condenas económicas decretadas a favor del quejoso, en específico las contenidas en los resolutivos segundo y octavo del laudo emitido el veinte de septiembre de dos mil doce (reinstalación, pago de salarios caídos por el periodo del doce de octubre de dos mil dieciséis hasta que se tenga cumplido el laudo, inscripción ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Chiapas y pago de las aportaciones al referido instituto), es inconcuso, que no se puede tener por cumplida la ejecutoria en cuestión. Lo anterior, toda vez que, como se precisó líneas atrás, la concesión del amparo debe restituir al gobernado en el pleno goce del derecho fundamental afectando, esto es, restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Luego, no basta con el hecho de que la responsable informara que ordeno que subsistiera el embargo, pues de acuerdo a los expuesto ninguna de las cuentas contiene algún numerario que eventualmente pueda garantizar el pago de las prestaciones restantes a que fuera condenado el ayuntamiento demandado, y con el cual se garantizaba el cumplimiento del laudo condenatorio emitido en favor de la parte quejosa, para así, satisfechos todos los aspectos, poder tener por cumplida la sentencia constitucional concesoria de amparo. Por lo tanto, para que se tenga por satisfecha la ejecutoria es necesario que la autoridad laboral, previa investigación, verifique que el numerario embargado sea reingresado a las cuentas, salvo aquel que ya fue utilizado para pagar al actor, y si ya se dispuso, debe requerir a la parte demandada para que lo devuelva, pues sólo de esa manera pueden regresar las cosas al estado en que se hallaban antes de cometerse la violación, en cuyo caso aún los terceros tienen la obligación de realizar los actos para lograr ese objetivo. (.)." De lo inserto es viable apreciar que el Tribunal Colegiado precisó los verdaderos alcances de la protección constitucional así como los términos en que debía atenderse su cumplimiento. Por tanto, al existir de forma clara los alcances del amparo, no sería procedente atender un incidente que busca la misma finalidad. A fin de brindar mayor claridad al Juez responsable, remítase copia de la resolución de inconformidad referida. Se hace del conocimiento además, que en estricto acatamiento a lo determinado por el Tribunal Colegiado en tal resolución de inconformidad, en el presente asunto se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, a través de sus representantes Presidente, Síndico y al Tesorero del Municipio de Bella Vista, Chiapas. De ahí que, de forma simultánea se ha estado requiriendo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a dichas potestades; incluso, la última se realizó en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la sentencia constitucional no ha sido cumplida en su totalidad. Luego, al procedimiento de ejecución se encuentran vinculados el Ayuntamiento Municipio de Bella Vista, Chiapas, y de forma específica sus representantes Presidente, Síndico y al Tesorero del Municipio de Bella Vista, Chiapas, ello, para que dentro de la órbita de sus facultades cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos ya hechos de su conocimiento. No obstante diversos requerimientos no se ha logrado cumplir con los efectos del amparo y restituir el derecho vulnerado a la parte quejosa. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales establecen los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio esto. Al respecto, cabe señalar lo establecido en los artículos 160, 161, 162, 163 y 164 de la de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, los cuales establecen: "Artículo 160. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones; podrá imponer multas de cien hasta quinientos días de salario mínimo vigente en la entidad, mismas que podrán ser aplicadas hasta en tres ocasiones. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte interesada, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo. Artículo 161. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda del Estado, para lo cual el tribunal remitirá oficio correspondiente. La Tesorería informará al tribunal haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro, transfiriendo el monto total de la multa al fondo auxiliar del Tribunal del Trabajo Burocrático. Artículo 162. Agotados los requerimientos anteriores y de persistir el incumplimiento de la determinación del Tribunal, a petición de la parte interesada se procederá al embargo de bienes, para ello, el Tribunal comisionará a un actuario para que se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución o en su defecto se señalen bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. Para ello, se estará a las normas y procedimientos dispuestos en la Ley Federal del Trabajo. Artículo 163. Las autoridades civiles y militares están obligadas a prestar auxilio al tribunal, para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello. Artículo 164. Para hacer cumplir sus determinaciones, el Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en la presente ley y las que a su juicio sean procedentes." De la lectura armónica de los citados preceptos transcritos, se advierte el procedimiento que debe seguirse para que el órgano burocrático cumpla con sus determinaciones, tratándose de la ejecución del laudo, el cual es el siguiente: En principio, en el artículo 160, ya transcrito, se dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo un fallo favorable, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, en caso de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el propio artículo. En otras palabras, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del órgano judicial, consiste en dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el mismo artículo, consistente en que para hacer cumplir sus determinaciones, la aplicación de la multa, de cien hasta quinientos días de salario mínimo vigente en el Estado, no más de tres ocasiones, lo que en el caso se observa, ya aconteció únicamente respecto a multas de cincuenta, setenta y cinco; y, cien días, en razón a la anterior disposición en la Ley de la Materia del juicio de origen. No obstante lo anterior, el diverso 164 de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas ya señalado, ordena al órgano burocrático del Poder Judicial del Estado, proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin, precisamente, de hacer eficaz tal ejecución. Según lo expuesto, si bien la primera diligencia del procedimiento de ejecución de los laudos ha de realizarse conforme se ha mencionado, ello no implica que el tribunal deba en todo momento y bajo cualquier circunstancia, limitarse a proceder apercibiendo al demandado con la imposición de una multa, pues, en primer término, esa medida sólo puede aplicarla tan sólo en tres ocasiones, lo que en el presente caso se observa ya aconteció; sin embargo, dicho ordenamiento sufrió reformas de las cuales se advierte hubo un incremento en el monto de los días de salario mínimo en la medida de apremio, y en segundo término, el diverso artículo 164 de la ley de la materia, le permite y, le obliga a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir dicha finalidad. No entenderlo de esa manera, sería un contrasentido, ya que para limitar la actuación del tribunal bastaría la disposición contenida en el artículo 160, mencionado en líneas precedentes; sin embargo, el artículo 164, otorga al órgano amplias facultades para actuar, permitiéndole tomar todas las medidas necesarias que a su juicio sean procedentes para proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. Cabe agregar, la propia Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, permite al tribunal solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones, pues así lo dispone su artículo 163. En tal sentido, si la ejecución de la sentencia tiene como propósito que las obligaciones en ella impuestas no queden de modo alguno incumplidas, debe haber medios enérgicos sobre la persona o personas obligadas, para que los laudos se cumplan. En consecuencia, si bien la imposición de una multa o el embargo, son medidas de apremio permitidas por la ley burocrática y son las únicas expresamente establecidas, no puede desconocerse que el artículo 164 de la misma, ordena al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin de hacer eficaz tal ejecución. Para tal efecto, la ley pone a disposición del tribunal, el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que ha emitido, -como el arresto, auxilio de la fuerza pública, secuestro- sin que tal forma de proceder pueda implicar excederse en sus atribuciones, cuando, a manera de ejemplo, existe reiterada contumacia de los titulares obligados a cumplir los extremos de los laudos en que fueron condenados. Luego, tal y como lo destaca las medidas legales con que la autoridad cuenta para lograr el acatamiento del laudo, además de las multas y diversos medios de apremio, incluso el ARRESTO. En ese sentido, resulta menester requerir a la autoridad responsable Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES días hábiles informe las gestiones que ha realizado a fin que la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, cumpla con la condena decretada expediente de origen. Se le apercibe que de no dar cumplimiento al presente requerimiento o no manifestar el impedimento que tuviere para ello, se le impondrá multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional); sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto del segundo párrafo del primer numeral citado. Además, se hace del conocimiento que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.) de rubro "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Por otra parte, y de forma alterna a lo anterior, dado que el Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, a través de sus representantes Presidente, Síndico y al Tesorero del Municipio de Bella Vista, Chiapas, resultan autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debe destacársele que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Incidente de Inejecución 542/2008, precisó de forma clara que las autoridades ejecutivas tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, ello tomando en consideración la naturaleza preferencial de las obligaciones de pago. Resolución de la que derivó la jurisprudencia 5/2011, visible en la página 10, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital 162469, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. En tal virtud y atendiendo a lo tutelado por la máxima casa jurídica del país, el Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, deberá gestionar las transferencias o adecuaciones del presupuesto previamente autorizado, es decir, la ministración vigente en este ejercicio fiscal 2023, para lograr cubrir las exigencias de pago que implica el cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en este asunto. Por tanto, requiérase al Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe las gestiones encaminadas a cumplir con el fallo protector, atendiendo a los lineamientos detallados en párrafos que anteceden. Se apercibe a quien tenga calidad de Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, que de no dar cumplimiento al presente requerimiento o no manifestar el impedimento que tuviere para ello, se le impondrá multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional); sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto del segundo párrafo del primer numeral citado. Además, se hace del conocimiento que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.) de rubro "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, remitiendo copias certificadas de los acuses de recibo girados a las instituciones bancarias; asimismo la notificación personal al Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas. Por lo expuesto, se tiene a la autoridad responsable oficiante en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En tal virtud y atendiendo a lo tutelado por la máxima casa jurídica del país, el Ayuntamiento deberá gestionar las transferencias o adecuaciones del presupuesto previamente autorizado, para lograr cubrir las exigencias de pago que implica el cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en este asunto. Por tanto, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe las gestiones que ha realizado a fin de lograr el pago de la condena que dará cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa por el equivalente de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad municipal, que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, SE LE IMPONDRÁ UNA PENA DE PRISIÓN DE CINCO A DIEZ AÑOS, ASÍ COMO MULTA DE CIEN A MIL DÍAS, Y PODRÁ SER DESTITUIDA O INHABILITADA PARA EJERCER DIVERSO CARGO PÚBLICO. Para que se configure el DELITO denominado DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Finalmente, glósese a los autos el ocurso de cuenta signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, entre otras cuestiones, solicita a este órgano analizar si es procedente requerir al juzgado responsable a fin de que solicitar el auto recaído a su escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintitrés. Al efecto, dígasele al promovente de amparo que no ha lugar a acordar favorable su petición, tomando en cuenta que en párrafos anteriores informo a este órgano de control constitucional, las gestiones realizadas a efecto de cumplimentar el cumplimiento a la ejecutoria de sentencia.

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