Huber Gonzalez Jarillo
Expediente 434/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Huber Gonzalez Jarillo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de mayo del año en curso en el que se tuvo por NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Deneb Esparza Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por -, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, y otra autoridad. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-434/2018-1. Del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como como acto reclamado: "D).- ACTO RECLAMADO.- Le Reclamamos al JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR, DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, la orden de desalojo que se ha emitido con fecha 11 once de mayo de 2018 dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario familiar número 648/2016, que se sigue en el Juzgado Segundo Materia Familiar de Morelia, Michoacán, que promueve el C. - contra -, sobre divorcio necesario y otras prestaciones.". Acto, respecto del cual se estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causa de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional, que conozca del juicio de amparo, por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) Luego, si el juicio natural de donde deriva el acto reclamado se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, es inconcuso que el amparo que se intente contra las determinaciones dictadas en dicho procedimiento, sólo será procedente contra la última determinación que se pronuncie en el procedimiento ejecutivo, es decir, contra la resolución precisada como aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordene el archivo definitivo del expediente; misma que no se actualiza con el acuerdo dictado el dieciocho de abril del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página: 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Conforme a lo expuesto en el libelo constitucional y su escrito aclaratorio, se desprende que el juicio ordinario familiar 648/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de este Distrito Judicial, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo que el acuerdo reclamado, por virtud de la cual se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada en dicho juicio, hacer la entrega inmediata y poner en posesión materia y jurídica a la parte actora, no constituye la última resolución pronunciada en la etapa respectiva, pues con dicho acto no culmina el periodo de ejecución, ya que para ello tendría que existir pronunciamiento expreso de la autoridad, en el sentido de que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordena el archivo definitivo del expediente. En dichos supuestos, la parte quejosa puede promover juicio de amparo indirecto, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a los quejosos y trascendido al resultado de la resolución. Ello, porque el procedimiento de ejecución del juicio ordinario familiar 648/2016, obedece a la existencia de la sentencia ejecutoriada dictada en el mismo, la cual tiene el rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y porque si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, el Juez responsable dictó resolución con ese propósito, como en el caso, hacer la entrega inmediata y poner en posesión materia y jurídica a la parte actora del inmueble reclamado, pues depende de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales el Juez de origen emitirá su acuerdo conducente a la luz del contenido de la resolución definitiva. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que declara el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución de la sentencia, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir en concepto del suscrito, la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería, se reitera, hasta que se emita la última resolución en dicho procedimiento, lo que le daría a la impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalándose las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la peticionaria del amparo. Tiene aplicación sobre el particular por analogía la jurisprudencia consultable en la página 16, del Tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION "ÚLTIMA RESOLUCION", A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente"; y por analogía jurídica, la jurisprudencia número 235, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Así como la tesis II.2o.C.389 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII Enero 2003, visible en la página 1721, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última.". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107 fracción IV, segundo párrafo, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, contra los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, por las razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por autorizados para ese efecto a las personas que refiere. Notifíquese personalmente.
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