Howard Wesley Gleason III
Expediente 1096/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Howard Wesley Gleason III
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad, acompaña copia certificada del expediente del presente juicio, así como el testimonio de la resolución pronunciada el nueve de noviembre del año en curso, dentro del recurso de queja administrativa 351/2023 y solicita el acuse de recibo correspondiente.- SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio y la resolución de cuenta para los efectos legales conducentes, hágase la anotación correspondiente y acúsese recibo al Tribunal Colegiado oficiante.- PUNTOS RESOLUTIVOS. Se ordena hacer del conocimiento de las partes que en la citada ejecutoria la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ***, por lo que se revoca el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo indirecto número 1096/2023.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Se admite a trámite la demanda.- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se cita a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las diez horas con treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés.- INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado.- INFORME JUSTIFICADO. Se solicita a las autoridades señaladas como responsables, rindan su informe justificado, dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; se les apercibe de multa.- INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.- DOCUMENTAL. Se tiene como prueba la documental que se anexó al escrito de demanda, la que dada su especial naturaleza se tiene por desahogada desde este momento.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Se tiene por anunciada como prueba de su parte, la instrumental de actuaciones y, dada su naturaleza, se tiene por desahogada desde este momento.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En cuanto a las presuncional legal y humana, dígasele al promovente que en el momento de emitir la sentencia correspondiente el suscrito tendrá en cuenta tanto la suposición legal establecida por el legislador.- RESERVA DE EMPLAZAMIENTO DE TERCEROS INTERESADOS. Por lo que hace al emplazamiento de la parte tercera interesada, una vez que se cuente con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se acordará lo conducente.- FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad, informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de tres de agosto del año en curso, dictado dentro del presente expediente.- SE AGREGA OFICIO. Se ordena agregar el oficio de previa alusión para que obre como corresponda.- FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Visto el escrito que suscriben los quejosos, por medio del cual interponen recurso de queja en contra del proveído dictado el tres de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio.- SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE QUEJA. Se tiene por interpuesto el recurso de queja.- INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto, que en auto de tres de agosto del año en curso, se desechó la demanda de garantías, sosteniendo la legalidad del proveído combatido por las razones y fundamentos que en el mismo se contienen.- NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. Resulta innecesario notificar a las demás partes para que señalen constancias, dado que se trata de un recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de la demanda y, por consiguiente, las demás partes aún no se han integrado la relación jurídico procesal.- REMISIÓN DE CONSTANCIAS. Ante el mandato expreso contenido en el propio precepto legal y a efecto de que se sustancie ante la alzada el recurso aludido, se ordena compartir el expediente electrónico del presente asunto con el Tribunal que conozca del recurso de queja interpuesto, aunado a que el suscrito considera pertinente remitir: Copia certificada de la totalidad de constancias que integran este expediente; Así como el informe sobre la materia de la queja; y El escrito original del citado medio de impugnación.- Lo anterior no obstante que el promovente fue omiso en señalar constancias para la substanciación de dicho recurso, pues lo cierto es, que este tribunal considera como pertinentes las constancias anteriormente señaladas, a fin de que el Tribunal Colegiado esté en posibilidad de resolver el medio de impugnación interpuesto.- En esa tesitura, se ordena integrar el testimonio correspondiente, incluso con el presente acuerdo, y su notificación, para ser remitido al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad.- ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Respecto a lo señalado en los párrafos que antecede instrúyasele al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se habilite el acceso al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimosexto Circuito con sede en esta ciudad, que por turno le corresponda conocer del presente recurso.- FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.
- Principal
Se ordena NOTIFICACIÓN por VÍA ELECTRÓNICA).- [Con efectos de NOTIFICACIÓN PERSONAL para la PARTE QUEJOSA, se NOTIFICA la resolución DE TRES DE AGOSTO DE ESTE AÑO, POR VÍA ELECTRÓNICA FIREL bajo los datos que precisó el promovente en su demanda. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente.- RECEPCIÓN DE ESCRITO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********** y **********, por propio derecho, contra actos de la Dirección del Centro Histórico y Patrimonio, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, lo que considera violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena formar el expediente respectivo y hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1096/2023. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso reclama, esencialmente lo siguiente: La resolución administrativa DCHyP-J-1397/06/2023 de treinta de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se determina procedente la continuación de la obra ubicada en la calle ********** número **********, colonia **********, San Miguel de Allende, Guanajuato. La expropiación indirecta de una parte de la propiedad de los quejosos del inmueble del aludido inmueble, reconocida por la resolución administrativa DCHyP-J-1397/06/2023 de treinta de junio de dos mil veintitrés, quien afirma es su propiedad "las vigas que corresponden al techo de su propiedad". La omisión de sancionar al tercero interesado por el peligro generado durante dos años a sus vecinos. A lo anterior, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en os artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XX, 62, 112, 113, de la Ley de Amparo en vigor, se desecha la demanda de garantías. Ahora bien, los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 fracción XX, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los alcances que los que prevé la esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión provisional. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del juicio, recurso o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley del juicio de garantías para conceder la suspensión provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la alegación de violaciones directas a la Constitución General de la República. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, también alude a que no será necesario agotar algún juicio, recurso o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se debe de revisar la ley que rige el acto reclamado, esto es, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y las disposiciones de la Ley de Amparo, a fin de conocer los requisitos que deben satisfacerse a fin de que el particular esté en aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Resulta ilustrativa a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo X, octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En la especie, los actos reclamados son: La resolución administrativa DCHyP-J-1397/06/2023 de treinta de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se determina procedente la continuación de la obra ubicada en la calle Aldama número 14, colonia zona centro, San Miguel de Allende, Guanajuato. La expropiación indirecta de una parte de la propiedad de los quejosos del inmueble del aludido inmueble, reconocida por la resolución administrativa DCHyP-J-1397/06/2023 de treinta de junio de dos mil veintitrés, quien afirma es su propiedad "las vigas que corresponden al techo de su propiedad". La omisión de sancionar al tercero interesado por el peligro generado durante dos años a sus vecinos. Actos que no se encuentra en algunos de los casos de excepción para no agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por las consideraciones siguientes. En efecto, los peticionarios del amparo, tiene a su alcance el medio de defensa, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, esto es, el juicio de nulidad, acorde a lo dispuesto en los artículos 249, 251 y 255, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como se aprecia en la transcripción siguiente: Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Artículo 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código. Artículo 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés público; II. Tendrán el carácter de demandado: a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada; y b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa; y III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. Artículo 255. El actor podrá solicitar: La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; Conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos; Conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los Órganos Internos de control de los entes públicos estatales y municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de responsabilidades administrativas aplicable; Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales; y V. Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal, y de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. "Artículo 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: a) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; (.) e) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; (.)" ". En efecto, el artículo 226, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Por tanto, es inconcuso que lo procedente en el caso, previo a la promoción del juicio de garantías, era que el quejoso debió recurrir a cualquiera de dichos medios de impugnación, dado que por virtud de los mismos, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Luego, al no haberlo hecho valer, es evidente que el peticionario del amparo incumplió con el principio de definitividad necesario para la procedencia de la acción constitucional que rige en la materia, actualizándose en consecuencia la causa de improcedencia en estudio. Además, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, tiene los mismos alcances y no exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto impugnado ni plazo mayor al establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, que los previstos en la ley de la materia, por lo cual previo al juicio de amparo debe agotarse el juicio de nulidad del que se habla. Aunado a que los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establecen que la interposición del citado medio de impugnación suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Que, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para conceder la suspensión, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos, tal y como se requiere en el juicio de amparo. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión, que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. Ahora bien, la suspensión del acto o resolución impugnada se otorgará, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que sólo es procedente en materia de amparo proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. Asimismo, el artículo 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso, por tanto, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el quejoso que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De ahí que, conforme las anteriores consideraciones, se advierte que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo. En consecuencia, el promovente se encontraba obligado a agotar el juicio de nulidad previamente a promover la instancia constitucional, lo que da lugar a la concreción de la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito; Novena Época; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, Septiembre de 2010; Página: 1107, con rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." Así como la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, Página 2100, de rubro y texto siguientes: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primer ordenamiento, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268 en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo.". Sin que en el caso en particular la parte quejosa se encuentre dentro de las excepciones previstas por el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para agotar el principio de definitividad, esto es, que no existe obligación de agotar el recurso ordinario cuando: a) Se aduzca que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación; y, b) Que la parte quejosa sea extraña al procedimiento. En efecto, analizado el acto reclamado, se observa éste no carece de fundamentación y motivación, lo cual se observa de su contenido, ya que fue anexado al escrito de demanda, del cual se desprende que en él se invocan diversos preceptos legales, los cuales sin prejuzgar sobre su eficacia, llevan a la convicción de no carecer de la cita de dispositivos legales y de las razones en las cuales se sustenten; por tanto, es dable concluir el no estar en presencia de actos carentes de fundamentación y motivación, con lo cual se haría procedente la excepción de que se trata. Tampoco se observa que con la emisión y ejecución del reclamado, se cometa alguna violación directa a la constitución, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se ésta reclamando alguna orden de aprehensión o reaprehensión, ni el auto de vinculación a proceso, ni la resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni aquélla resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, o bien, la orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de personas extrañas al procedimiento, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señaló la parte quejosa, se desprende que dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 529/2023 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, de manera precisa en la determinación relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados determinó que la autoridad responsable debía notificar la resolución que se emitiera en cumplimiento a dicha interlocutoria -la cual constituye el acto aquí reclamado-; ello, pues consideró que los procedimientos instaurados por las partes involucradas -entre ellos, los aquí peticionarios del amparo-, no los desconocían y por tanto habían tenido una participación activa, al menor en el procedimiento identificado como P.A.CHyP347/2022; de ahí los quejosos tampoco se encuentran dentro de la excepción relativa a que se trate de personas extrañas al procedimiento, pues en principio, el Juez de Distrito así lo consideró en la suspensión definitiva, además de que la autoridad responsable notificó a los propios quejosos la resolución combatida; de tal manera que se considera tienen conocimiento de los procedimientos seguidos ante la autoridad responsable. De ahí que, contrario a lo señalado por la parte quejosa en cuanto a que no cuentan con interés jurídico para promover el medio de defensa ordinario, debe señalarse que al haber sido notificados por la propia autoridad responsable, por así haber sido ordenado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el incidente de suspensión 529/2023, ello precisamente les otorga el interés para llevar a cabo su impugnación, pues los hace partícipes de ese procedimiento. Asimismo, debe indicarse que si bien los quejosos señalaron de igual manera como acto reclamado la omisión de sancionar al tercero interesado por el peligro generado durante dos años a sus vecinos, ello lo hacen depender precisamente de la emisión de la resolución administrativa DCHyP-J-1397/06/2023 de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se considera como determina procedente la continuación de la obra ubicada en la calle Aldama número 14, colonia zona centro, San Miguel de Allende, Guanajuato; pues de la demanda de amparo no se advierte que se trate de un acto autónomo, ya que se refiere a la sanción que a su decir, debiera imponerse al tercero interesado por la reparación de los daños generados en la propiedad de los quejosos; de tal suerte, que dicho acto es una consecuencia de aquél y por tanto, debe regir el propio desechamiento que el primero de los actos. Conforme con lo anterior, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad que rige este mecanismo de control constitucional. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 154, sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 104, Tomo III, Apéndice de 1995, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." De igual forma es de citarse a lo anterior la jurisprudencia XXI.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que se localiza en la página 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." Luego, al haber quedado demostrada la obligación de promover en contra del acto reclamado el recurso ordinario, previo al juicio de amparo, lo cual no aconteció en el particular, puesto que la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" En virtud de lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, pues la quejosa no agotó de manera previa a su promoción, el medio ordinario de defensa. AUTORIZADOS. En términos de la primera parte del segundo párrafo del ordinal 1216 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados en términos amplios a **********, **********, **********, **********, ********** y **********, puesto que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, así como en el Registro Nacional de Profesiones; y, en términos restringidos a ********** y **********, por así haberlo solicitado de manera expresa. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se ordena realizarle las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto vía electrónica FIREL, a través del usuario que señala en su ocurso de cuenta. NOTIFICACIONES PERSONALES. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de la Actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, que las notificaciones personales que se generen con motivo del presente asunto, para la parte quejosa deberán realizarse a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SE AUTORIZA ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se autoriza la consulta del expediente electrónico correspondiente al asunto en que se actúa. SE ORDENA REALIZAR REGISTRO. Instrúyase a la Secretaria de este Juzgado de Distrito, a efecto de que realice el registro correspondiente y se otorguen los permisos relativos al acceso electrónico y notificaciones vía electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de este juicio. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COPIAS CERTIFICADAS. Ahora bien, para la obtención de las copias certificadas, al no contar este órgano jurisdiccional con centro de fotocopiado para que puedan ser obtenidas de manera física por las partes, deberá ajustarse a las eventualidades siguientes: ... SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de los medios electrónicos en términos de lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ... DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE. Se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase saber a las partes, que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. ... FIRMA ELECTRÓNICA. ... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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