Horus Ruiz Aguilera

Expediente 977/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
977/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Horus Ruiz Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Juez Segundo en Materia Mercantil Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, firmado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Juzgado responsable, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie como lo establece la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Vista la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se duele del auto de tres de julio del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil oral ********************/********************, por el Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que se decretó la interrupción del procedimiento hasta en tanto se provea sobre la sustitución del representante procesal de la moral actora, previa petición que al efecto realice al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Sin embargo, del oficio de cuenta remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, se advierte que por proveído de veintidós de agosto del presente año, levantó la interrupción declarada y decreto la reanudación del procedimiento, dentro del expediente ********************/********************, de su índice. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la paralización del juicio natural, y derivado de lo informado por la autoridad responsable, es incuestionable que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, ya que lo resuelto destruyó los efectos de aquél que motivó el presente juicio de amparo, dado que se resolvió el juicio de origen promovido por la parte quejosa, con posterioridad a la presentación del escrito constitucional; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que no ha transcurrido el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Secretaria Encargada del Despacho, agregado mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se procede a diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las doce horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja Calorina, Encargada del Despacho, con residencia en esta ciudad. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (1) Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por conducto de su apoderado legal (2) Horus Ruiz Aguilera, personalidad que comprueba con la escritura pública número 142,960, del libro 2,978, del Notario Público número Nueve de la Ciudad de México, mismo que acompaña debidamente digitalizado a la demanda presentada vía electrónica; contra actos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 977/2023. Incidente de suspensión. Sin que sea necesario tramitar incidente de suspensión en el presente juicio, en virtud que no se reúne el requisito establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, que haya solicitud expresa por el quejoso; lo anterior es así pues si bien es cierto que la parte quejosa manifiesta en el tercero de sus puntos petitorios: "TERCERO.- Se nos conceda la suspensión provisional y en su momento definitiva del acto reclamado.", ello no quiere decir que solicite la suspensión de los actos reclamados; por lo que carece del requisito establecido en el precepto legal antes mencionado. Informes justificados. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días; el que deberá cumplir con los requisitos siguientes: Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. El promovente señaló que no existe tercero interesado, virtud que nadie ha sido emplazado al juicio natural. De ahí que, en el caso podamos colegir que efectivamente no existe persona alguna a quien asista dicho carácter, al no haber sido llamada aún la parte demandada, no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. Notifíquese y emplácese a la parte tercero interesada.

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