HORTENSIA TERROBA Y RUBIO y Otros.
Expediente 783/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- HORTENSIA TERROBA Y RUBIO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Por recibido el oficio de la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo de las constancias que refiere. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el numeral 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 783/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, .., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la Sala responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 783/2022, promovido por., y., por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintidós de julio de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad mencionada, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. El veintiséis de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, otorgándole intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió el informe justificado y se señaló parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que el representante social no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un tribunal del fuero común en materia civil con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. Los quejosos reclaman la sentencia de cuatro de julio de dos mil veintidós, emitida en el toca ... por la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, que modificó el proveído de dos de mayo de esa misma anualidad, emitido en el juicio especial hipotecario. ..., radicado ante el Juzgado Cuadragésimo Cuarto Civil de esta Ciudad, donde determinó que causó estado la sentencia interlocutoria que aprobó el remate del inmueble identificado como ...y requirió la entrega del inmueble rematado, autorizando el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras. TERCERO. Existencia. La certeza de la actuación combatida quedó acreditada con el informe justificado rendido por la Sala responsable en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente de origen que remitió. CUARTO. Antecedentes procesales del expediente de origen. 1. El siete de abril de dos mil veintidós, el juez natural en los autos del juicio especial hipotecario promovido por ..., en contra de ..., y ..., expediente., dictó interlocutoria respecto del remate en primera almoneda celebrado en la audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que aprobó el mismo y adjudicó a favor de la parte actora libre de todo gravamen el bien inmueble dado en garantía hipotecaria que se identifica ..., en la cantidad de $14,141,000.00 (catorce millones ciento cuarenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), se previno a la accionante para que designara Notario Público a efecto de tirar a su favor la escritura de adjudicación, se requirió a los demandados para que una vez que quedara firme el fallo en el plazo establecido otorgaran la escritura de adjudicación, con el apercibimiento ahí establecido. 2. El veintiocho de abril de este año, no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por los demandados al resultar extemporáneo. 3. Así, mediante escrito presentado el veintiocho de abril del presente año, la parte actora solicitó que causara ejecutoria la interlocutoria de siete de abril del año en curso, y que se le pusiera en posesión del bien inmueble adjudicado autorizando las medidas pertinentes, por lo que el juez de origen el dos de mayo de dos mil veintidós emitió acuerdo en el que estableció: "CIUDAD DE MÉXICO A DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora y visto el contenido de la certificación practicada con fecha veintisiete de abril del año en curso, de la que se desprende que ha transcurrido el término para recurrir la sentencia interlocutoria de fecha siete de abril del año en curso, sin que así lo hiciera alguna de las partes, con fundamento en el artículo 427 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que hace a lo demás solicitado, no ha lugar a proveer de conformidad, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, precepto que establece en su último párrafo que la "jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Lo anterior tiene lugar, porque la tesis de jurisprudencia 1ª./J.37/2019 (10ª.), de rubro "REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO)", se publicó el viernes 12 de julio de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de julio de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, luego entonces, si se toma en consideración que el presente juicio inició con fecha diez de febrero de dos mil diez, es de concluir que al mismo no resulta aplicable la tesis de jurisprudencia indicada, toda vez que para esa fecha era aplicable la tesis de jurisprudencia PC.I.C.J/38 C(10a.), re (sic) rubro: "ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PARA QUE PUEDAN ENTREGARSE AL ADJUDICATARIO ES NECESARIA SU PREVIA ESCRITURACIÓN." Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de Jurisprudencia que enseguida se reproduce: (.).". 4. Inconforme con dicha determinación la parte actora promovio recurso de apelación que correspondió conocer a la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, con el número de toca., quien en resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós determinó: "PRIMERO.- Se MODIFICA el AUTO de fecha DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dictado por la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por., en contra de., y., expediente., para quedar en los términos señalados en la parte considerativa del presente fallo. SEGUNDO.- No ha lugar a hacer especial condena en costas procesales en segunda instancia. TERCERO.- Notifiquese, (...).". Actuación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Causales de Improcedencia. Al ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe examinar la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973.Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.". Dicho lo anterior, este Juzgador no advierte de oficio la actualización de alguna causal en términos del numeral 62 de la Ley de la Materia; por lo que procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. a) El acto reclamado viola en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que la autoridad responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en relación con el diverso numeral 590 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis. Lo anterior, toda vez que el crédito materia del juicio especial hipotecario se otorgó el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, anterior a dichas reformas, aunado a que en los transitorios se estableció que no podían ser aplicadas a los créditos otorgados con anterioridad. Lo que implica que conforme el precepto 590 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, anterior a las reformas, para otorgar la posesión del inmueble rematado o adjudicado, se tendrá que tirar previamente la escritura definitiva de adjudicación a favor del acreedor, lo que dejó de observar la responsable. Así, tanto la jurisprudencia que cita el juez de origen bajo el rubro "ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EJECUCIÓN SE SENTENCIA PARA QUE PUEDA ENTREGARSE AL ADJUDICATARIO ES NECESARIO SU PREVIA ESCRITURACIÓN", emitida en el mes de octubre de dos mil dieciséis, así como la que hace valer la autoridad responsable en la resolución que se combate, con el rubro "REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICTARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO).", dictada en el mes de julio de dos mil diecinueve, fueron pronunciadas con posterioridad a la fecha en que se inició el proceso natural, por lo que no son aplicables al caso en concreto. De ahí que se les vulneran sus derechos, pues no es posible ordenar la desocupación del inmueble hasta en tanto se formalice la escritura a favor del adjudicatario, máxime que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que se aplica es de manera retroactiva en perjuicio de la parte quejosa. b) De igual manera, refiere que la responsable excede en sus funciones ordenando el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, sin que exista causa o razón, transgrediendo lo dispuesto por el numeral 73 del Código Adjetivo para la Ciudad de México, ya que no existen elementos que demuestren desacato a una orden judicial, por lo que no es procedente la aplicación de los medios de apremio sin causa justificada para ello, al respecto cita el criterio de jurisprudencia de rubro: "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.", y la tesis aislada "ARRESTO. CONSTITUYE UNA MEDIDA DE APREMIO EFICAZ PARA VENCER LA CONTUMACIA AL PAGO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERL)". c) Finalmente, indica que se debió analizar la existencia de violaciones dentro del procedimiento, la que hace consistir en que no se cumplió con las formalidades de las notificaciones personales, toda vez que en escrito de trece de noviembre de dos mil diecisiete señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, el que se acordó favorable el catorce de noviembre de esa misma anualidad. Sin embargo, el proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se hizo del conocimiento de las partes la llegada y radicación del expediente del archivo, inicialmente se ordenó notificarle personalmente pero en auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve se decretó que dicha notificación se realizará por medio de lista, lo que fue incorrecto, pues ya había designado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, así, la responsable debió atender dicha violación y declarar nulo lo actuado a partir de la fecha en que no se realizó la notificación de manera personal. Los motivos de inconformidad son por una parte inoperantes y por otra infundados, atento a lo que a continuación se expondrá: Respecto del precisado en el inciso c), es inoperante, pues si bien la parte quejosa refiere que la responsable debió analizar las violaciones al procedimiento, en donde refiere que no fue debidamente notificada del proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se hizo del conocimiento de las partes la llegada y radicación del expediente del archivo, es un tópico ajeno a lo abordado en el acto reclamado. Al efecto se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, tomo XII, de diciembre de 2000, página 1194, en materia común, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja." En efecto, el tema jurídico principal en el acto reclamado es la posesión del bien que se adjudicó en remate y las condiciones para su entrega a la parte actora, de conformidad con la interlocutoria de aprobación de remate en primera almoneda de siete de abril de dos mil veintidós; por tanto, la violación que ahora pretende alegar respecto a las notificaciones que se llevaron a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia no puede estimarse como algo propio del acto reclamado, pues dicha circunstancia no forma parte del fallo que reclama, máxime que en proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve se tuvo a los demandados -aquí quejosos- promoviendo incidente de prescripción de ejecución de sentencia, esto es, con posterioridad a la violación que ahora alega. Por lo anterior, no es dable considerar que lo planteado esté vinculado a la litis recursal de apelación; de tal suerte que no existe una relación directa entre esa aseveración y los argumentos que llevaron a la Sala a modificar el auto primigenio, por lo que es válido calificarla como ajena a la litis, y por tanto inoperante. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio.". Ahora, en lo que respecta al concepto de violación identificado con el inciso a) es infundado, toda vez que contrario a lo que la parte quejosa expone, la Sala responsable no transgredió lo dispuesto por el artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pues como lo indicó en la resolución que se reclama, la jurisprudencia que invocó para sustentar su determinación bajo el rubro "REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO).", tuvo como objeto de discusión el mismo texto legal que dicho artículo tenía antes de la citada reforma. Entonces, conforme a ese criterio vinculatorio constituye el mismo precepto legal que fue objeto de examen por parte de la Primera Sala de ese Alto Tribunal en el criterio que se invoca. Al respecto el precepto jurídico invocado establece: "Artículo 590.- Otorgada la escritura se darán al comprador los títulos de propiedad, apremiando, en su caso, al deudor para que los entregue, y se pondrán los bienes a disposición del mismo comprador, dándose para ello las órdenes necesarias, aun las de desocupación de fincas habitadas por el deudor o terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso, en los términos que fija el Código Civil. Se le dará a conocer como dueño a las personas que él mismo designe.": Precepto jurídico que si bien es cierto, indica que otorgada la escritura se otorgarán al comprador los títulos de propiedad apremiando en su caso al deudor para que los entregue y se pondrán los bienes a disposición del comprador, dándose para ello las ordenes necesarias para la desocupación de las fincas habitadas por el deudor o terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso en los términos que fija el Código Civil, también lo es que como lo sostuvo el criterio jurisprudencial que señala la responsable, nada impide que primero se ordene la entrega de los bienes y después se proceda a la escrituración correspondiente, toda vez que ésta sólo constituye una formalidad, pues la propiedad se adquiere con la aprobación del remate y la correspondiente adjudicación que se realiza una vez satisfecho el precio, lo que en el caso ya aconteció con el dictado de la resolución de aprobación de remate en primera almoneda de siete de abril de dos mil veintidós emitida por el juez de origen donde se adjudicó a favor de la parte actora libre de todo gravamen el bien inmueble dado en garantía hipotecaria identificado como ..., en la cantidad de $14,141,000.00 (catorce millones ciento cuarenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, la falta de esa formalidad no impide que se pueda ordenar la entrega del bien inmueble adjudicado, pues no hay razón jurídica que lo impida, si se tiene en consideración que en el juicio, el deudor ya perdió la propiedad del mismo. Ya que como lo establece el criterio jurisprudencial si bien la venta judicial debe constar en escritura pública, esa formalidad en realidad se traduce en un derecho del adquirente a fin de que el derecho de propiedad adquirido surta efectos frente a terceros; sin embargo, el hecho de que no conste en escritura pública, de ninguna manera implica que el comprador judicial pierda su derecho de propiedad y mucho menos que éste no pueda oponerse al ejecutado, pues éste pierde todo derecho sobre el bien una vez que es adjudicado. Bajo ese contexto resulta aplicable la jurisprudencia invocada, puesto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la luz del artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, consideró que la formalización de la escritura de adjudicación no constituye una restricción al derecho de posesión contenido como uno de los atributos de la propiedad, por lo que no hay razón para negar al adjudicatario el derecho a disfrutar la posesión útil de su derecho real de propiedad adquirido en una venta judicial perfecta. Al respecto, acorde a la fecha de publicación de la jurisprudencia, se considera de aplicación obligatoria a partir del quince de julio de dos mil diecinueve, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el diverso criterio 2a./J.199/2016, estableció que la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, estrictamente, no obedece a la fecha de su emisión, es decir, a que se emita después de iniciado un juicio de amparo; ya que puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: I. Al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto. II. Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico. III. La aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si la Sala responsable orientó su determinación conforme a una jurisprudencia posterior a un criterio previo, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ella, no es dable, que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, supuesto en el cual se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, se tiene que no existe aplicación retroactiva de la jurisprudencia 1a./J.37/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues si bien es cierto, previamente a su emisión se estableció el diverso criterio de jurisprudencia PC.I.C. J/38 C (10a.), bajo el rubro "ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PARA QUE PUEDAN ENTREGARSE AL ADJUDICATARIO ES NECESARIA SU PREVIA ESCRITURACIÓN.", pronunciado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, también lo es que dicha tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 420/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la tesis jurisprudencial indicada en primer término, en la cual se estableció que sí existía contradicción de tesis y que debe de prevalecer con carácter de jurisprudencia del criterio sustentado por la Primera Sala de ese Máximo Tribunal. Ciertamente, si se toma en cuenta, que la jurisprudencia no crea una norma nueva, sino que únicamente interpreta una ya existente, no puede afirmarse que aun en el caso de aplicarse un criterio jurisprudencial no sustentado en la época de ejecución del acto sobre el que se juzga, ello constituya una aplicación retroactiva en perjuicio del gobernado, tal como lo determinó la Sala responsable, de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. De igual manera, es infundado el argumento expresado en el inciso b), en virtud de que contrario a lo que señala la parte quejosa la responsable no excedió en su determinación al modificar el auto de dos de mayo de dos mil veintidós emitido por el juez natural y en caso de que no se dé cumplimiento a dicha determinación autorizar el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras para acatarla, ya que precisamente en atención a lo que establece el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el juzgador puede hacer cumplir sus determinaciones y emplear cualquier de los medios de apremio ahí establecidos. De ahí que la responsable no transgredió dicho precepto jurídico, pues las medidas que ahí estableció fue en caso de que no se diera cumplimiento voluntario a lo ahí ordenado, previendo que en su momento se acate la determinación que emitió. En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra del acto reclamado a la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a., y ., contra los actos de la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy catorce de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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