Hortensia Sánchez Villalba
Expediente 53/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 43 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Hortensia Sánchez Villalba
- José Ramos Morales
- Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
- José Felipe Trinidad Zempoaltecatl Sánchez y Otros.
- José Felipe Trinidad Zempoaltecatl Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese, para los efectos legales procedentes, copia certificada de la resolución emitida por este tribunal colegiado el dos del mes y año en curso, en el recurso de inconformidad 1/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, que declaró infundada la inconformidad interpuesta por Hortensia Sánchez Villalba, contra el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, por el que se determinó que la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra cumplida. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Ahora, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por Hortensia Sánchez Villalba, quejosa en el expediente en que se actúa, en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, el cual se registró con el número 1/2023. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 288 y 273 a 317); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 318 y 319), haciendo manifestaciones al respecto la primera de las mencionadas (fojas 326 y 333). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional concedió a Hortensia Sánchez Villalba el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Sala responsable procediera en los términos siguientes: "(.) 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar dicte otra en la que: a) Se abstenga de considerar como elementos del delito de fraude específico, por el que la representación social formuló acusación, aquellos pertenecientes a la figura básica del ilícito de fraude, previstos en el artículo 304 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala abrogado. b) Al analizar la sentencia impugnada tome en cuenta que la acusación fue por el delito de fraude específico previsto en el precepto 306, fracción VIII, de la referida codificación y que sus elementos solamente son: i) Que el activo simule un contrato; y ii) Que sea en perjuicio de otro. c) Al emprender el estudio del primer elemento del delito de fraude específico, relativo a la simulación, tome en cuenta lo que estable la jurisprudencia 1a./J. 66/2003 citada en la presente ejecutoria. d) Al analizar el segundo elemento del delito de fraude específico se constriña a la acusación de la representación social, en los términos precisados en esta ejecutoria. e) Se abstenga de considerar que, para tener por actualizado el delito de fraude específico, es necesario que exista sentencia definitiva en el que se haya declarado la nulidad del contrato que se dice simulado. f) Se abstenga de considerar que en la causa penal debe resolverse sobre cuál de los contratos debe prevalecer. g) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho proceda (.)" (fojas 152 y 153 frente). En relación con el inciso d) de los efectos para los que se concedió la protección constitucional, éste tiene sustento en la parte considerativa de la ejecutoria de amparo que es del tenor siguiente: "(.) En el mismo orden de ideas, en relación con el segundo elemento del delito de fraude específico por el que acusó la representación social, previsto en el artículo 306, fracción VIII, del código punitivo local abrogado, relativo a que se cause perjuicio a otro, la Sala responsable debe tomar en consideración los hechos en que se sustentó la acusación, es decir, que dicho perjuicio se hizo consistir en que se impidió a la ofendida Hortensia Sánchez Villalba ejecutar la sentencia dictada en el juicio de otorgamiento y firma de contrato cuyo término para que causara ejecutoria estaba transcurriendo, es decir, no pudo registrar la sentencia dictada en su favor en el registro respectivo. Por tanto, para verificar si se actualiza el mencionado segundo elemento del ilícito, la Sala responsable debió analizar el material probatorio para determinar, en principio, si existió la simulación del contrato respectivo y, en segundo término, si con dicha simulación se causó perjuicio a la ofendida, es decir, que no pudo inscribir su escritura por virtud del contrato simulado, además debe cerciorarse si éste último en realidad impide registrar el de la ofendida, exponiendo desde luego las razones que motiven su determinación de manera fundada y motivada; aunado a ello, debe tomar en cuenta que la identidad de bienes, no forma parte de los elementos del delito de fraude específico, además de que, como lo sostiene la quejosa, el inmueble no es el objeto de dicho injusto penal, de ahí que la responsable, al emprender el estudio del segundo elemento del delito, es decir, el perjuicio, no debe considerar dicha identidad como elemento ni objeto del delito (.)" -fojas 151 vuelta y 152 frente-. Por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (fojas 269 a 274), se consideró que existió un defecto en el cumplimiento al inciso d) del punto dos de los efectos de la ejecutoria de amparo, ya que si bien la sala responsable, para verificar si se actualizaba el segundo elemento del ilícito, enlistó diversos medios de convicción, les otorgó valor probatorio y refirió lo que obtuvo de cada uno; sin embargo, únicamente concluyó que se ocasionó un perjuicio a la agraviada al estar inscrito el bien raíz respectivo a nombre de otra persona, lo que le impidió registrarlo a su nombre, cuando debía cerciorarse si aquella inscripción en realidad impide registrar el de la ofendida, exponiendo desde luego las razones que motivaran su determinación de manera fundada y motivada, tal y como se le instruyó en la sentencia constitucional. En efecto, para cumplir con el requisito de motivación, exigido en los efectos de la ejecutoria de amparo, no bastaba con que hubiera mencionado que se causó un perjuicio a la agraviada por el hecho de que el predio haya estado registrado a nombre del sentenciado y con ello no pudo inscribirlo a su nombre; pues, la responsable tenía que precisar, además de cerciorarse, si este último en realidad impide registrar el de la ofendida, a través de razones objetivas de las cuales desprendiera la conclusión a la que arribara, es decir, los motivos y circunstancias que la llevaran a concluir tal circunstancia. Por tanto, la Presidente de este Tribunal Colegiado tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable sólo se limitó a referir que se causó un perjuicio a la agraviada al estar inscrito el inmueble en el Catastro Municipal y del Estado de Tlaxcala a nombre de Nicolás Santacruz Moreno, y no pudo inscribir el suyo, lo que carece de motivación por las razones expuestas y, por tanto, no podía ser suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo ya que, se insiste, no precisó las razones en las que se sustentó su afirmación. Conforme a lo anteriormente expuesto y toda vez que en las nuevas constancias remitidas por la autoridad responsable reiteró en su integridad las determinaciones precisadas en los efectos de la ejecutoria de amparo, es por ello que la materia de la presente resolución únicamente versará sobre si la responsable dejó de incurrir en el defecto del fallo protector, en específico, en relación a si reparó las inconsistencias destacadas por éste órgano jurisdiccional, en relación con el inciso d) del punto dos de la citada ejecutoria. En las nuevas constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que realizó lo siguiente: I. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós dejó insubsistente la resolución de diez de mayo anterior dentro del toca 33/2021 de su índice (foja 288). II. El once de octubre del año en curso dictó una nueva resolución en la que realizó lo siguiente: a) Al analizar el segundo elemento del delito de fraude específico -relativo a que se cause perjuicio a otro- se constriñó a la acusación de la representación social; y, para verificar si se actualizaba dicho elemento, enlistó diversos medios de prueba (fojas 304 vuelta a 309 frente), los que valoró en lo individual y en su conjunto en términos de los artículos 106, 200, 211, 213, 216, 228 y 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, concluyendo que con los mismos no se acreditaba que con la simulación del contrato de cesión de derechos realizado entre el acusado y su ascendiente José Trinidad Santacruz Pérez se haya causado un perjuicio a la ofendida, es decir, que no pudiera inscribir su escritura por virtud del contrato simulado (foja 309), por las razones siguientes: - Si bien se realizó la simulación de un contrato de cesión de derechos entre José Trinidad Santacruz Pérez y Nicolás Santacruz Moreno, por lo que el bien raíz se encuentra registrado a nombre de éste, lo cierto es que de actuaciones no se desprende que la agraviada estuviera jurídicamente imposibilitada para ejecutar la sentencia de quince de febrero de dos mil once, pues no se advierte que el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, se haya negado a ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe en el expediente 429/2009, es decir, que se haya negado a realizar la escritura ordenada a favor de la agraviada por la falta de obtención de los documentos que le requirió para programar la firma de la misma. - Tampoco se advierte que la agraviada o su representante legal hayan realizado las gestiones tendentes a la inscripción de la sentencia de referencia directamente en el Ayuntamiento del Municipio de Totolac, Tlaxcala, ante el Registro de Catastro o el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Estado de Tlaxcala, y que a dicha solicitud haya recaído una respuesta por parte de las autoridades en sentido negativo. - En el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en sus artículos 1205, 12013, 1214, 1218, 1220, 1223 y 1226, así como en los diversos numerales 30 a 35 y 62 a 76 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se encuentra regulada la inscripción de actos y hechos jurídicos, así como el trámite respectivo y los requisitos para hacerlo; sin embargo, de las constancias que integran el proceso de origen, no se advierte que la ofendida o su representante legal realizaran gestión alguna o trámite tendiente a registrar la escritura otorgada a la misma. - Consecuentemente, concluyó la responsable, a pesar de que se llevó a cabo la simulación del acto jurídico que maquinaron el activo del delito y su padre posterior a la fecha en que se enteraron de la sentencia dictada en el expediente 429/2009 e inscribieron dicho acto jurídico en el padrón catastral, lo cierto es que no se encuentra demostrada la existencia del segundo elemento del delito, consistente en que sea en perjuicio de otro, pues no se advierte la imposibilidad jurídica de la ofendida para ejecutar la multicitada sentencia dictada en el expediente en cita, como lo hizo valer la representación social al formular su acusación. b) Finalmente, la Sala determinó que, al no existir el delito, resultaría ocioso entrar al estudio de la responsabilidad penal de Nicolás Santacruz Moreno en la comisión del ilícito de fraude específico, de ahí que consideró que éste no resultaba penalmente responsable de dicho injusto penal, por lo que revocó la sentencia condenatoria y emitió una en sentido absolutorio (fojas 314 y 316). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Ahora bien, la quejosa Hortensia Sánchez Villalba al desahogar la vista que se le otorgó (fojas 326 y 333), sostiene que existe un defecto en la resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de que: a) La Sala responsable soslayó que la conducta desplegada por Nicolás Santacruz Moreno, sí le ocasionó un perjuicio porque en los autos del proceso penal existen los informes del Tesorero del Municipio de Totolac, y del Director General del Instituto de Catastro, ambos del Estado de Tlaxcala, a través de los cuales indicaron a la autoridad ministerial que el bien inmueble denominado "Tepeyatla" se encontraba inscrito a nombre del sentenciado. b) Al estar registrado el mencionado predio a nombre de Nicolás Santacruz Moreno con la clave catastral 1118-36-01, ello impidió dar cumplimiento al tiraje de las escrituras a favor de Hortensia Sánchez Villalba, tal y como se ordenó en la sentencia dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, dentro del expediente 429/2010. c) Con el cambio de propietario derivado de la simulación de contrato de cesión de derechos, ya no fue posible dar cumplimiento a la sentencia en mención, ya que de no haber existido esa maquinación, y al no haber modificado el padrón catastral a nombre de un tercero, sí se hubiera podido dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial. d) La Sala minimizó la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el primer requisito que pide cualquier notario para la elaboración de una escritura es acreditarle que el bien inmueble objeto de la operación se encuentra al corriente del pago del impuesto predial y, desde luego, que el mismo debe estar a nombre del vendedor. Por lo que, por la sola circunstancia de no cumplir dicho requisito, no fue factible realizar el trámite de escrituración correspondiente. Las anteriores manifestaciones resultan inatendibles en virtud de que de ellas se desprende que la quejosa ataca la legalidad de la nueva resolución, sobre todo en lo que respecta a la acreditación del segundo elemento del delito, lo que escapa de la materia y límite del estudio del cumplimiento, pues cuestiona aspectos respecto de los cuales se le dejó a la Sala responsable con libertad de jurisdicción y que, en todo caso, constituyen un nuevo acto de autoridad, lo que no puede ser objeto de análisis en la presente resolución, ya que equivaldría a abordar cuestiones propias de un nuevo juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces".
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo:Apizaco, Tlaxcala, a veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 288 y 273 a 317); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 318 y 319), haciendo manifestaciones al respecto la primera de las mencionadas (fojas 326 y 333). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional concedió a Hortensia Sánchez Villalba el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Sala responsable procediera en los términos siguientes: "(.) 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar dicte otra en la que: a) Se abstenga de considerar como elementos del delito de fraude específico, por el que la representación social formuló acusación, aquellos pertenecientes a la figura básica del ilícito de fraude, previstos en el artículo 304 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala abrogado. b) Al analizar la sentencia impugnada tome en cuenta que la acusación fue por el delito de fraude específico previsto en el precepto 306, fracción VIII, de la referida codificación y que sus elementos solamente son: i) Que el activo simule un contrato; y ii) Que sea en perjuicio de otro. c) Al emprender el estudio del primer elemento del delito de fraude específico, relativo a la simulación, tome en cuenta lo que estable la jurisprudencia 1a./J. 66/2003 citada en la presente ejecutoria. d) Al analizar el segundo elemento del delito de fraude específico se constriña a la acusación de la representación social, en los términos precisados en esta ejecutoria. e) Se abstenga de considerar que, para tener por actualizado el delito de fraude específico, es necesario que exista sentencia definitiva en el que se haya declarado la nulidad del contrato que se dice simulado. f) Se abstenga de considerar que en la causa penal debe resolverse sobre cuál de los contratos debe prevalecer. g) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho proceda (.)" (fojas 152 y 153 frente). En relación con el inciso d) de los efectos para los que se concedió la protección constitucional, éste tiene sustento en la parte considerativa de la ejecutoria de amparo que es del tenor siguiente: "(.) En el mismo orden de ideas, en relación con el segundo elemento del delito de fraude específico por el que acusó la representación social, previsto en el artículo 306, fracción VIII, del código punitivo local abrogado, relativo a que se cause perjuicio a otro, la Sala responsable debe tomar en consideración los hechos en que se sustentó la acusación, es decir, que dicho perjuicio se hizo consistir en que se impidió a la ofendida Hortensia Sánchez Villalba ejecutar la sentencia dictada en el juicio de otorgamiento y firma de contrato cuyo término para que causara ejecutoria estaba transcurriendo, es decir, no pudo registrar la sentencia dictada en su favor en el registro respectivo. Por tanto, para verificar si se actualiza el mencionado segundo elemento del ilícito, la Sala responsable debió analizar el material probatorio para determinar, en principio, si existió la simulación del contrato respectivo y, en segundo término, si con dicha simulación se causó perjuicio a la ofendida, es decir, que no pudo inscribir su escritura por virtud del contrato simulado, además debe cerciorarse si éste último en realidad impide registrar el de la ofendida, exponiendo desde luego las razones que motiven su determinación de manera fundada y motivada; aunado a ello, debe tomar en cuenta que la identidad de bienes, no forma parte de los elementos del delito de fraude específico, además de que, como lo sostiene la quejosa, el inmueble no es el objeto de dicho injusto penal, de ahí que la responsable, al emprender el estudio del segundo elemento del delito, es decir, el perjuicio, no debe considerar dicha identidad como elemento ni objeto del delito (.)" -fojas 151 vuelta y 152 frente-. Por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (fojas 269 a 274), se consideró que existió un defecto en el cumplimiento al inciso d) del punto dos de los efectos de la ejecutoria de amparo, ya que si bien la sala responsable, para verificar si se actualizaba el segundo elemento del ilícito, enlistó diversos medios de convicción, les otorgó valor probatorio y refirió lo que obtuvo de cada uno; sin embargo, únicamente concluyó que se ocasionó un perjuicio a la agraviada al estar inscrito el bien raíz respectivo a nombre de otra persona, lo que le impidió registrarlo a su nombre, cuando debía cerciorarse si aquella inscripción en realidad impide registrar el de la ofendida, exponiendo desde luego las razones que motivaran su determinación de manera fundada y motivada, tal y como se le instruyó en la sentencia constitucional. En efecto, para cumplir con el requisito de motivación, exigido en los efectos de la ejecutoria de amparo, no bastaba con que hubiera mencionado que se causó un perjuicio a la agraviada por el hecho de que el predio haya estado registrado a nombre del sentenciado y con ello no pudo inscribirlo a su nombre; pues, la responsable tenía que precisar, además de cerciorarse, si este último en realidad impide registrar el de la ofendida, a través de razones objetivas de las cuales desprendiera la conclusión a la que arribara, es decir, los motivos y circunstancias que la llevaran a concluir tal circunstancia. Por tanto, la Presidente de este Tribunal Colegiado tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable sólo se limitó a referir que se causó un perjuicio a la agraviada al estar inscrito el inmueble en el Catastro Municipal y del Estado de Tlaxcala a nombre de Nicolás Santacruz Moreno, y no pudo inscribir el suyo, lo que carece de motivación por las razones expuestas y, por tanto, no podía ser suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo ya que, se insiste, no precisó las razones en las que se sustentó su afirmación. Conforme a lo anteriormente expuesto y toda vez que en las nuevas constancias remitidas por la autoridad responsable reiteró en su integridad las determinaciones precisadas en los efectos de la ejecutoria de amparo, es por ello que la materia de la presente resolución únicamente versará sobre si la responsable dejó de incurrir en el defecto del fallo protector, en específico, en relación a si reparó las inconsistencias destacadas por éste órgano jurisdiccional, en relación con el inciso d) del punto dos de la citada ejecutoria. En las nuevas constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que realizó lo siguiente: I. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós dejó insubsistente la resolución de diez de mayo anterior dentro del toca 33/2021 de su índice (foja 288). II. El once de octubre del año en curso dictó una nueva resolución en la que realizó lo siguiente: a) Al analizar el segundo elemento del delito de fraude específico -relativo a que se cause perjuicio a otro- se constriñó a la acusación de la representación social; y, para verificar si se actualizaba dicho elemento, enlistó diversos medios de prueba (fojas 304 vuelta a 309 frente), los que valoró en lo individual y en su conjunto en términos de los artículos 106, 200, 211, 213, 216, 228 y 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, concluyendo que con los mismos no se acreditaba que con la simulación del contrato de cesión de derechos realizado entre el acusado y su ascendiente José Trinidad Santacruz Pérez se haya causado un perjuicio a la ofendida, es decir, que no pudiera inscribir su escritura por virtud del contrato simulado (foja 309), por las razones siguientes: - Si bien se realizó la simulación de un contrato de cesión de derechos entre José Trinidad Santacruz Pérez y Nicolás Santacruz Moreno, por lo que el bien raíz se encuentra registrado a nombre de éste, lo cierto es que de actuaciones no se desprende que la agraviada estuviera jurídicamente imposibilitada para ejecutar la sentencia de quince de febrero de dos mil once, pues no se advierte que el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, se haya negado a ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe en el expediente 429/2009, es decir, que se haya negado a realizar la escritura ordenada a favor de la agraviada por la falta de obtención de los documentos que le requirió para programar la firma de la misma. - Tampoco se advierte que la agraviada o su representante legal hayan realizado las gestiones tendentes a la inscripción de la sentencia de referencia directamente en el Ayuntamiento del Municipio de Totolac, Tlaxcala, ante el Registro de Catastro o el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Estado de Tlaxcala, y que a dicha solicitud haya recaído una respuesta por parte de las autoridades en sentido negativo. - En el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en sus artículos 1205, 12013, 1214, 1218, 1220, 1223 y 1226, así como en los diversos numerales 30 a 35 y 62 a 76 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se encuentra regulada la inscripción de actos y hechos jurídicos, así como el trámite respectivo y los requisitos para hacerlo; sin embargo, de las constancias que integran el proceso de origen, no se advierte que la ofendida o su representante legal realizaran gestión alguna o trámite tendiente a registrar la escritura otorgada a la misma. - Consecuentemente, concluyó la responsable, a pesar de que se llevó a cabo la simulación del acto jurídico que maquinaron el activo del delito y su padre posterior a la fecha en que se enteraron de la sentencia dictada en el expediente 429/2009 e inscribieron dicho acto jurídico en el padrón catastral, lo cierto es que no se encuentra demostrada la existencia del segundo elemento del delito, consistente en que sea en perjuicio de otro, pues no se advierte la imposibilidad jurídica de la ofendida para ejecutar la multicitada sentencia dictada en el expediente en cita, como lo hizo valer la representación social al formular su acusación. b) Finalmente, la Sala determinó que, al no existir el delito, resultaría ocioso entrar al estudio de la responsabilidad penal de Nicolás Santacruz Moreno en la comisión del ilícito de fraude específico, de ahí que consideró que éste no resultaba penalmente responsable de dicho injusto penal, por lo que revocó la sentencia condenatoria y emitió una en sentido absolutorio (fojas 314 y 316). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Ahora bien, la quejosa Hortensia Sánchez Villalba al desahogar la vista que se le otorgó (fojas 326 y 333), sostiene que existe un defecto en la resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de que: a) La Sala responsable soslayó que la conducta desplegada por Nicolás Santacruz Moreno, sí le ocasionó un perjuicio porque en los autos del proceso penal existen los informes del Tesorero del Municipio de Totolac, y del Director General del Instituto de Catastro, ambos del Estado de Tlaxcala, a través de los cuales indicaron a la autoridad ministerial que el bien inmueble denominado "Tepeyatla" se encontraba inscrito a nombre del sentenciado. b) Al estar registrado el mencionado predio a nombre de Nicolás Santacruz Moreno con la clave catastral 1118-36-01, ello impidió dar cumplimiento al tiraje de las escrituras a favor de Hortensia Sánchez Villalba, tal y como se ordenó en la sentencia dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, dentro del expediente 429/2010. c) Con el cambio de propietario derivado de la simulación de contrato de cesión de derechos, ya no fue posible dar cumplimiento a la sentencia en mención, ya que de no haber existido esa maquinación, y al no haber modificado el padrón catastral a nombre de un tercero, sí se hubiera podido dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial. d) La Sala minimizó la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el primer requisito que pide cualquier notario para la elaboración de una escritura es acreditarle que el bien inmueble objeto de la operación se encuentra al corriente del pago del impuesto predial y, desde luego, que el mismo debe estar a nombre del vendedor. Por lo que, por la sola circunstancia de no cumplir dicho requisito, no fue factible realizar el trámite de escrituración correspondiente. Las anteriores manifestaciones resultan inatendibles en virtud de que de ellas se desprende que la quejosa ataca la legalidad de la nueva resolución, sobre todo en lo que respecta a la acreditación del segundo elemento del delito, lo que escapa de la materia y límite del estudio del cumplimiento, pues cuestiona aspectos respecto de los cuales se le dejó a la Sala responsable con libertad de jurisdicción y que, en todo caso, constituyen un nuevo acto de autoridad, lo que no puede ser objeto de análisis en la presente resolución, ya que equivaldría a abordar cuestiones propias de un nuevo juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces".
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