Hortensia Guevara Ramírez

Expediente 787/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
787/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Hortensia Guevara Ramírez
  • Hortensia Guevara Ramírez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa Hortensia Guevara Ramírez, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales L.A.R.G., J.D.R.G., J.G.R.G. y J.W.R.G, no interpuso recurso de queja contra el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: LUIS DANIEL HERNANDEZ ORTIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a2.9f 28/07/22 13:59:29 "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de ****, contra actos del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 787/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o, al presentarse por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de la parte quejosa. Al respecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, prevén el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por el directo quejoso, representante legal o apoderado, de forma impresa o por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por Firma Electrónica a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el caso en concreto, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por ****, carece de su firma electrónica. Se dice lo anterior, pues, al escrito inicial de demanda únicamente se adjuntó una impresión criptográfica corresponde a José Eugenio García Sánchez, persona distinta a la directa quejosa, de ahí que, no se considere satisfecho el requisito desarrollado en la presente determinación, pues como ha quedado precisado, la firma electrónica debe pertenecer al promovente, lo que en el caso no aconteció. Luego entonces, conforme a lo antes expuesto es claro que no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) de la directa quejosa. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro sesenta y dos, Enero de dos mil diecinueve, Tomo I, página cinco, que indica: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". Tampoco resulta inadvertido que al final del escrito inicial de amparo, se encuentre asentada una firma autógrafa, aparentemente de la quejosa Hortensia Guevara Ramírez, sin embargo, ello no es suficiente para subsanar el requisito de procedencia, pues la reproducción electrónica de una firma, no permite tener certeza sobre la voluntad del directo quejoso, pues se reitera, sin su firma autógrafa o electrónica, no puede considerarse que el escrito que se presenta contenga la manifestación de la voluntad de Hortensia Guevara Ramírez, con la que se pueda tener por colmado el requisito de instancia de parte agraviada. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En efecto, de la demanda de amparo se advierte en esencia que la parte quejosa reclama: La emisión del oficio por el que se ordenó requerir a todo el personal médico y empleados del sector salud, entre ellos la quejosa, se incorporen a sus actividades generales de supervisión a todas las áreas del Hospital General "Dr. José María Rodríguez", dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de México, inclusive en el área de COVID-19. Al respecto, sin desconocer la magnitud y la gravedad del fenómeno de salud pública, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no ocasiona, per se, un daño inminente a la vida de la quejosa, ni la coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, constitucional, o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Por lo que, es claro que los actos de autoridad (de naturaleza laboral) en el que se reclama la incorporación de la quejosa a las labores en el hospital en el que presta sus servicios, no es un acto expresamente previsto en el artículo 15, de la Ley de Amparo o en el diverso 22, párrafo primero, de la Constitución, respecto del cual se excluya el requisito de la firma electrónica. Por tanto, a criterio de este órgano jurisdiccional, en atención a la naturaleza de los actos reclamados, no configura ninguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la agraviada, al grado de equipararse tal situación a un tormento, así como tampoco puede estimarse que se pone en riesgo su vida, pues si bien, en sus antecedentes expone que en el mes de diciembre de dos mil veinte, padeció de COVID-19, dejándola con una afectación inicial de más del 60%, además de ser asmática, empero, ello, no es una circunstancia que la coloque en alguno de los supuestos referidos, pues incluso del propio oficio que señala como acto reclamado, se desprende que los trabajadores que cuenten con algún grado de vulnerabilidad, podrán realizar trabajo a distancia, lo que evidencia que las premisas de las que parte la quejosa pueden o no llegar a presentarse, pero que en este momento no hay un dato objetivo que permita suponer por lo menos ese riesgo a la vida o a la integridad personal; por lo que, como se dijo, sin desconocer la gravedad del COVID-19, lo cierto es que no se concreta un acto en el que se excluya el requisito de la firma electrónica. En este punto, es importante mencionar, que este órgano jurisdiccional, sabe y reconoce que la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es una situación extraordinaria que coloca a las y los operadores jurídicos en un terreno completamente novedoso por la afectación global que ha tenido consecuencias en absolutamente todos los ámbitos, incluyendo el de impartición de justicia, sin embargo, ello no es justificación para que no se observen los requisitos que establece la Ley de Amparo, para instar la acción constitucional, ni ampliar las excepciones que igualmente establece; aunado a que proveer en forma distinta, implicaría resolver en contra de un criterio jurisprudencial emitido por el Máximo Tribunal del país. Aunado a lo anterior, atendiendo a la situación actual con motivo de la pandemia, el Consejo de la Judicatura Federal ha implementado diversas herramientas que permitan al gobernado tener pleno acceso a la impartición de justicia, aun ante las adversidades que se han generado, ejemplo de ello, es la tramitación de la Firma Electrónica (FIREL) en linea, esto es, se ha dado mayores facilidades a efecto de evitar las barreras que generan el cierre de actividades de diversas dependencias, la limitación de personal, así como el riesgo a la salud que se pudiera generar al no respetar el distanciamiento social; de ahí que, actualmente existe la posibilidad de tramitar el certificado señalado sin la necesidad de salir de casa, tal como se desprenden del documento emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, denominado Manual para realizar la solicitud del certificado digital FIREL en el Portal Web de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, visible en la página https://www.firel.pjf.gob.mx/MANUAL%20SOLICITUD%20Y%20REQUERIMIENTO%20V.F.2020.pdf. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, por tanto, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por Hortensia Guevara Ramírez, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales L.A.R.G., J.D.R.G., J.G.R.G. y J.W.R.G., con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 107, fracción I de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, se autoriza a José Eugenio García Sánchez, Arturo Altamirano Gonzalez, Óscar Sánchez Terrones y Gilberto Vladimir Montalvo González, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a los pasantes que refiere se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, por así haberlo precisado; como lo solicita, acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de medios electrónicos digitales. Por otro lado, toda vez que el quejoso proporciona el nombre de usuario "COSEJA", para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase a la analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que realice las gestiones necesarias. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ****. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente asunto aún en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se hace del conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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