Hortensia Guadalupe Justo Hernández

Expediente 390/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
390/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Hortensia Guadalupe Justo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de veinte de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto número de origen 364/2018 y de orden 642/2018, del índice de este Juzgado. Acúsese de recibo vía correo electrónico o interconexión, atento a lo dispuesto en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: "CORREO ELECTRONICO OFICIAL. LA INFORMACION COMUNICADA A TRAVES DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, SI ESTA CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCION, ASI COMO EL ORGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO" y dese de baja y hágase la anotación respectiva en el Libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, para los efectos procedentes. Ahora bien, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto del domicilio de la parte quejosa, toda vez que en proveído de cuatro del actual se tuvo apersonándose al juicio y señalando domicilio en esta ciudad. Notifíquese. II-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa HORTENSIA GUADALUPE JUSTO HERNÁNDEZ; en atención a su contenido, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 407, Planta Alta, centro, en esta ciudad, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a PEDRO CARLOS ZAMORA Y MARTÍNEZ, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, por así haberlo indicado. Notifíquese. IIA-A

  4. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, A VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite por incompetencia, los autos originales del juicio de amparo directo 630/2018 de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por HORTENSIA GUADALUPE JUSTO HERNANDEZ, por propio derecho, contra actos de los Magistrados que integran la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; al que adjunta también el original del toca civil 0141/2018, copias certificas del expediente civil 0048/2018, así como cinco copias de la demanda de amparo, al declinar competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Tomando en consideración los motivos legales que expone la autoridad oficiante, los cuales se comparten, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada, por lo que, acúsese recibo vía correo eléctrico o interconexión, atento a lo dispuesto en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese con el número 390/2018. Resulta oportuno analizar la aludida demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que prevén, el primero, que el juicio es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esa ley; y el segundo, que el amparo indirecto procede, contra actos en juicio cuyos efectos sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, la promovente señaló como actos reclamados: La resolución dictada con fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho en el toca civil número 141/2018 relativo al Recurso de Apelación interpuesto por la suscrita en contra de la determinación de fecha cinco de marzo del año en curso dictado por la Juez Primero de lo Civil de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el expediente 048/2018, correspondiente al Juicio Sumario Civil, promovido por la C. PETRA SALAZAR CASTILLO en mi contra, resolución que confirmó el auto apelado y concluye el toca civil número 141/2018.(SIC) Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, y de los anexos adjuntos, se advierte que por acuerdo dictado el cinco de mayo del dos mil dieciocho (fojas 1, 8 y 9 del anexo II), dictado por la Juez de lo Civil en esta Ciudad en el expediente número 48/2018, en lo que interesa, la autoridad judicial de oficio corrigió la vía propuesta por la actora PETRA SALAZAR CASTILLO, pues determino que los juicios que versan sobre cualquier contrato relativa a los contratos de arrendamiento o alquiler, deposito o comodato, aparcería, transportes y hospedajes, deben ventilarse en el juicio sumario y no en la vía ordinaria. La aquí quejosa por escritos fechados el dos y tres de abril del año en curso (fojas 19 al 41 del anexo II), interpuso recurso de apelación en contra del aludido acuerdo de cinco de marzo del dos mil dieciocho y dio contestación a la demanda entablada en su contra. Por resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (fojas 21 al 25 del anexo I), confirmaron el auto apelado (resolución que constituye el acto apelado). Atento a lo anterior, se advierte que en el caso en concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte el 107 de ley establece que el juicio de amparo procede: Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En la especie, la resolución que se reclama, no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la propiedad, la libertad, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quienes las sufren obtengan una sentencia definitiva favorable a sus intereses. En cambio, las violaciones a los derechos intraprocesales no tienen el carácter de actos de ejecución irreparable, ya que no lesionan por sí los derechos sustantivos del gobernado, puesto que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones puedan trascender al resultado del fallo y ocasionar que éste resulte adverso a los intereses del agraviado. En los términos expresados, se concluye que los actos en el juicio de imposible reparación son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo, no transgrede tales derechos. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que estos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio o en la ejecución en el trámite de ésta, con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Dentro de este último supuesto, se encuentra el acto reclamado, ya que únicamente tiene efectos intraprocesales que pueden o no trascender al resultado del fallo definitivo, toda vez que la determinación de la Sala responsable de confirmar el proveído en el cual la Juez de origen de oficio, corrigió la vía propuesta por la actora, no constituye una violación procesal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable a la quejosa, ya que el efecto de dicha determinación es que se continúe con la tramitación del juicio en la vía que indico, lo cual no vulnera derechos sustantivos de la promovente toda vez que puede obtener una sentencia favorable a sus intereses, y en caso, contrario se encuentra en aptitud de impugnar dicha resolución en el juicio de amparo directo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, con Numero de Registro 2012431, Tesis Aislada, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: III.2o.C.56 C (10a.)a Página: 2676. PROCEDENCIA DE LA VÍA. LA OBLIGACIÓN DE TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS EN LA IDÓNEA, PARA EMITIR UNA SENTENCIA VÁLIDA, NO TRANSGREDE DERECHOS FUNDAMENTALES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 25/2005 y 1a./J. 74/2005, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXI y XXII, abril y agosto de 2005, páginas 576 y 107, respectivamente, de rubros: PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.y PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.", sostuvo que el juzgador está facultado para examinar de oficio la vía elegida en la demanda, incluso en sentencia y, en caso de estimar que no es la que legalmente proceda, no podrá resolver el fondo del asunto, sino que declarará la improcedencia de la vía, dejando a salvo los derechos de las partes para que los ejerzan en la vía idónea; asimismo, estableció que la tramitación de un procedimiento en una vía incorrecta, causa un agravio a las partes por no respetar el derecho fundamental a la seguridad jurídica, dado que la vía no puede quedar a la voluntad de las partes, ni convalidarse. Por ende, quien inste un procedimiento debe someterse a las formalidades y condiciones que la ley disponga, como lo es tramitarlo en la vía idónea; formalidad procesal objetiva y razonable, que resguarda los derechos de tutela jurisdiccional, debido proceso y legalidad, evitando así que los demandados se vean sometidos a procedimientos irregularmente tramitados por elección de la actora; sin que ello implique denegación de justicia, ya que de esta forma es que se permite al gobernado acudir al juicio pues, de lo contrario, se violaría el derecho del demandado. No obsta que el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemple el derecho humano de ser oído en juicio con las debidas garantías (acceso a la justicia), ya que no es irrestricto, sino en atención a las normas que regulan la procedencia de cada juicio. Considerar lo contrario implicaría desconocer lo que dispone el artículo 27, numeral 2, de la citada convención, que prevé un bloque duro de protección de derechos humanos, el cual incluye el derecho a la legalidad y a garantías judiciales, por ello, es que no puede entenderse que el derecho de acceso a la justicia, ni la interpretación "progresiva" ni "pro personae", permitan que las controversias se resuelvan en la vía que arbitrariamente elija el actor, pues se llegaría al extremo de que con el pretexto de garantizar el derecho humano del actor, se resuelva un asunto sustanciado en una vía incorrecta, alterando las reglas del procedimiento en perjuicio del debido proceso y la equidad procesal entre las partes, lo que acarrearía actuar fuera de la normatividad, aspecto inaceptable pues se soslayarían disposiciones de orden público en perjuicio de la legalidad y certeza jurídicas; consecuentemente, la obligación de tramitar los procedimientos en la vía idónea, para emitir una sentencia válida, no transgrede derechos fundamentales. En ese entendido, la determinación de Juez Civil, en la que de oficio, corrigió la vía propuesta por la actora, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la quejosa, pues el efecto de dicha determinación es que se continúe con el trámite del juicio en la vía sumaria civil, motivo por el cual no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, al no darse el supuesto de procedencia que establece la fracción V, del artículo 107 de la citada Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos setenta y seis, tomo XXI, abril del dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con Numero de Registro 178665 que dice: PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente. En esas condiciones, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA promovida por HORTENSIA GUADALUPE JUSTO HERNANDEZ. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Lazaro Velazquez Moran y Olga Mora Villar, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y en el numeral 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca , para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notifique personalmente este proveído a la quejosa HORTENSIA GUADALUPE JUSTO HERNANDEZ, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Macedonio Alcalá número 305, Despacho 1, Centro Histórico en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFICACION A LA TERCERA INTERESADA. Toda vez que la tercera interesada PETRA SALAZAR CASTILLO, según se advierte del escrito de demanda que dio origen al Juico Civil 48/2018, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico "ORDAZ & MARTINEZ" el ubicado en Carretera Transistmica km 295, Colonia Granadillo en esta Ciudad; en consecuencia, por conducto del Actuario adscrito notifíquesele personalmente este proveído. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 27/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la quejosa por exhorto y a la tercera interesada. II-A

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