Hortencia Soto López

Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
98/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Hortencia Soto López

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. EXHORTOS DILIGENCIADOS. Agréguense los oficios y anexos de cuenta. Se tiene a las Juezas Tercera y Decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, devolviendo diligenciados los exhortos 88/2022-III-A y 130/2022-III-A, del índice de este juzgado federal, enviados a fin de notificar de forma personal a Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 Hortencia Soto López, los proveídos de tres y dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Dense de baja los comunicados de referencia en el libro de gobierno. Realícese la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA. Del estado de autos se advierte que ha concluido el plazo concedido a la quejosa Hortencia Soto López, a efecto de que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad o zona conurbada. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto la quejosa señale nuevo domicilio para tal efecto. CAUSA ESTADO EL DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dieciséis de febrero de dos mi veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, y toda vez que, el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...III

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de marzo de dos mil veintidós. EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese el oficio y anexo de cuenta. Se tiene al Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, devolviendo diligenciado el exhorto 53/2022-III-A, del índice de este juzgado federal, enviado a fin de notificar de forma personal a Hortencia Soto López, el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós. Dese de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno. Realícese la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de febrero de dos mil veintidós. CUMPLE ACLARACIÓN. Agréguese el escrito signado por la quejosa Hortensia Soto López a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada por proveído de tres de febrero del año en curso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta juzgadora advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar de plano la demanda. Esto es así, porque atendiendo a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII, y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5, de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previsto en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. (.) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De la interpretación de los numerales transcritos, se desprende que las personas podrán promover la acción de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, siempre y cuando exista una afectación a su interés jurídico o legítimo. Es decir, en un juicio de derechos fundamentales, es necesario que el acto o ley reclamado cause un perjuicio a la parte quejosa. Por perjuicio debe entenderse la afectación que recae sobre un derecho, derivada del actuar de una autoridad o de la ley, que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ese derecho quebrantado. Existe también la posibilidad de acudir a juicio cuando se tenga un interés legítimo, consistente en la pretensión personal, individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, susceptible de traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso de que se trate, derivado de un ataque a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pero que de anularse le reportará una ventaja, por hallarse en una situación especial o cualificada respecto de ese acto de autoridad. Asimismo, resulta indispensable que dicho perjuicio sea actual, por referirse a una situación que ocasiona agravio en el momento de promover la acción constitucional, estar pronta a ocurrir o que inminentemente se le causará, pues por el contrario, cuando dicha afectación solo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos de la vía constitucional. Aplica al respecto, la jurisprudencia 232192, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sétima Época, página 135, del volumen 199-204, registro 232192, de rubro y texto: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Ahora bien, la afectación al interés jurídico o legítimo, con relación al juicio de amparo, surge cuando la actuación de la autoridad que se combate causa perjuicio a la esfera legal del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de prerrogativas y obligaciones de los que es titular o, como ya se dijo, a partir de su específica pretensión cualificada frente al acto. Por tanto, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de jurídicos o legítimos, es menester que la norma o que los actos de autoridad cuyo contenido normativo, aunque no esté dirigido directamente a afectar los derechos del quejoso, por sus efectos legales irradiados colateralmente, pueda ocasionarle un perjuicio o privación de un beneficio, justamente por la especial situación que esta tiene en relación a aquéllos o en el ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102, Primera Parte, Materia Común, en la página 123, Séptima Época, que establece: PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos. Para establecer los elementos constitutivos del interés jurídico y del legítimo, debe invocarse el criterio 2a. LXXX/2013, visible en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, Décima Época, del tenor literal siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. El aludido criterio señala que los elementos constitutivos del interés jurídico son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el acto u omisión de autoridad afecte ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Mientras que el interés legítimo se acredita cuando: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, b) El acto u omisión reclamada transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectivo, y c) En su caso, el promovente pertenezca a esa colectividad. Así, es jurídico aquel interés que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, que genere un detrimento en sus derechos posesorios o de cualquier otra clase, en la inteligencia de que un acto de autoridad causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente su esfera jurídica. El interés legítimo es aquel cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. De esta forma, es factible establecer la diferencia entre interés jurídico y legítimo, pues el primero deriva del ejercicio de un derecho fundamental del que el reclamante es titular; mientras que el último es personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y legalmente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio legal en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera de derechos en acepción amplia, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Por otra parte, debe señalarse que para efectos del juicio de amparo, existe una tercera clasificación que se refiere al interés simple, el cual es entendido como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un provecho personal para el interesado, pues no supone perjuicio a su esfera legal en algún orden. Lo expuesto, conlleva a señalar que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar, por ese solo hecho, que se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico o legítimo del quejoso, pues para ello es necesario se demuestre que el acto u omisión reclamada lesiona su esfera de derechos o que le depara un perjuicio que de anularse habrá de reportarle un beneficio en función de su específica posición frente al acto de autoridad. En ese tenor, la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación al interés jurídico o legítimo por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues indudablemente, un acto reclamado en vía de amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos o legítimos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando emerge, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de derechos fundamentales. Por tanto, de conformidad con lo expuesto con antelación, es factible concluir que el criterio general al que debe atenderse para determinar la procedencia del juicio de amparo, es la afectación a su interés jurídico o legítimo; es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos en los términos anteriormente anotados. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad expresa la quejosa, se advierte que el seis de enero del año en curso formuló una petición ante la autoridad responsable, sin que a la fecha haya obtenido respuesta. Sin embargo, esa omisión no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, porque hasta el momento de la presentación de la demanda, el silencio de la autoridad se justifica en la medida que legalmente aún no le es exigible brindar una respuesta, al encontrarse transcurriendo el tiempo que la ley le concede para tal efecto. Esto es así, porque el artículo 15 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo dispone: CAPÍTULO III DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO "Artículo 15. Las autoridades administrativas, deberán atender las peticiones que les sean formuladas dentro de los términos establecidos en la presente Ley. La respuesta o resolución al escrito inicial y a las promociones subsecuentes, que en su caso, se presenten, relativas al fondo de la petición, deberá dictarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, obligándose la autoridad a resolver positiva o negativamente, transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido positivo en los términos solicitados por el promovente, salvo que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario y sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por su inactividad. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. En los casos en que la resolución del fondo de la petición dependa de una instancia colegiada, en la que intervengan dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública y que por la naturaleza de la normatividad aplicable en relación a sus reglas de operación o estatutos, no permitan emitir una resolución en el término señalado en el párrafo anterior, éste podrá ampliarse hasta 45 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del escrito inicial. Los escritos que no se refieran al fondo, deberán contestarse o resolverse dentro del término de diez días hábiles, la presentación o resolución de los mismos, no interrumpen o suspenden los términos de resolución al fondo del asunto establecidos en el presente Artículo." Como se advierte, para establecer un parámetro de regularidad en la atención de las peticiones que los particulares plantean a las autoridades administrativas la potestad legislativa estableció plazos que estimó razonables de acuerdo con la importancia o complejidad de las mismas. Esto, con la finalidad de dar contenido al derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional. Así, la obligación de dar respuesta escrita y en breve tiempo, a las peticiones que plantean los particulares, no es absoluta o exigible de manera inmediata, porque la respuesta brindada, para ser congruente y adecuada, requiere de un tiempo razonable en el que la autoridad pueda allegarse de la información necesaria para dar respuesta a la petición. De manera que, el plazo mínimo, cuando se trate de escritos de fondo, según el ordenamiento legal invocado, es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud; lapso durante el cual la autoridad pueda dar respuesta según lo requerido, pero sin que se le pueda considerar omisa por no responder de inmediato, porque se insiste, dicho término es el que estimó el legislador adecuado como oportunidad para que la respuesta sea completa y congruente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Ahora bien, si en la especie la quejosa presentó su petición el seis de enero de dos mil veintidós, es inconcuso que no se puede estimar que la autoridad responsable ha incumplido con el mandato constitucional que le impone el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque desde la fecha de presentación del escrito hasta la data de promoción de la demanda (veinticuatro de enero de dos mil veintidós), no mediaron los treinta días hábiles que el artículo 15 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, otorga para dar respuesta, sino únicamente transcurrieron doce días. Luego, el plazo legal apuntado es el parámetro dentro del cual la autoridad responsable puede determinar la respuesta que debe brindar, sin que pueda considerarse que es incumplida por el hecho de no responder inmediatamente. Por ende, será hasta que transcurra el término aludido, sin que se dé respuesta a la quejosa, cuando pueda estimarse que hay una afectación a su interés jurídico, pues a la fecha de presentación de la demanda el silencio de la autoridad está justificado legalmente; criterio que no podrá cambiar aun superadas las exigencias probatorias en este juicio, ya que no debe soslayarse que el acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en que se presentó la demanda y, para ese momento, la omisión atribuida es inexistente, porque sólo podrá afirmarse un silencio injustificado cuando haya transcurrido el lapso de treinta días apuntado. Entonces, al ser notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede desechar la demanda en relación con el acto consistente en la omisión a dar contestación a la solicitud de seis de enero de dos mil veintidós, atribuida al Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida José María Castorena, 537, colonia El Molino, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, código postal P05240, Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en domicilio mencionado con anterioridad, a fin de buscar a la quejosa de mérito y notificarle personalmente el presente acuerdo. En el entendido que se agrega a la comunicación oficial agrega, copia autorizada de este acuerdo. Asimismo, lo requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Pachuca de Soto, o en Mineral de la Reforma, ambos del Estado de Hidalgo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se tendrán por señaladas las listas que se fijan en este juzgado federal y las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por dicho medio. Hágase del conocimiento del juez que le corresponda desahogar las diligencias antes mencionada que se le faculta para que, en caso de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo lo encomendado; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Además, se solicita al juez exhortado para que una vez que se realice la diligencia encomendada, devuelva por la misma vía la comunicación que se envía, a fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda...III

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de enero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Hortencia Soto López, contra actos del Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 98/2022-III-A. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Conforme a la norma reproducida, el órgano de control constitucional debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta; se omita 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 2 alguno de los requisitos que establece el numeral 108 de la misma legislación; no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera; no se exprese con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional. Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.)". IRREGULARIDAD RELACIONADA CON LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La disposición reproducida previamente, establece la obligación a cargo de la parte quejosa en un juicio de amparo de señalar correctamente a las autoridades responsables. En el caso, el quejoso señaló como autoridad responsable al "Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo", a quien atribuye la falta de expedición de certificados parcelarios, pues aduce que el Registro Agrario Nacional con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, no cuenta con citas disponibles para dar atención. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes, manifestó 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 3 bajo protesta de decir verdad, que el veintiuno de enero de este año se presentó en la Delegación en Hidalgo del Registro Agrario Nacional, a fin de obtener los certificados parcelarios a nombre de su padre. Lo cual genera incertidumbre respecto de la autoridad que desea señalar como autoridad responsable en este juicio; por lo que, a fin de lograr una eficaz administración de justicia y atender lo que en la demanda se pretende en su aspecto material, se debe requerir al quejoso a fin de que precise el nombre correcto y completo de la autoridad o autoridades a la que es su voluntad señalar como responsables. IRREGULARIDAD RELACIONADA CON LA PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Tomando en cuenta que el requisito previsto en el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, se traduce en un hacer, no hacer o incluso una omisión por parte de la autoridad responsable. Por tanto, no es factible tener como acto reclamado actuaciones genéricas, ya que al momento de dictar sentencia se debe señalar con precisión cuál es el acto impugnado, de acuerdo con la verdadera voluntad de la parte quejosa, lo que no sería posible si únicamente se cuenta con manifestaciones imprecisas. En efecto, debe tenerse en cuenta que la intervención a los derechos fundamentales del gobernado, por lo general, ocurre mediante actos de naturaleza positiva o negativa, así como también omisivos o prohibitivos, pero siempre claramente determinados; de ahí que la parte quejosa debe determinar cuáles son los actos que le causan agravio. Es aplicable la jurisprudencia IV.3o.A. J/18, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, registro 160485, cuyos rubro y texto son los siguientes: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 4 IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Lo anterior, en virtud de que de la lectura del capítulo del acto reclamado se advierte que la parte quejosa señala como tales: "La falta de expedición de certificados parcelarios. Ya que el Registro Agrario Nacional con sede en Pachuca Hidalgo no cuenta con citas disponibles para dar atención a mi petición". No obstante, como se dijo, de los antecedentes que narro bajo protesta de decir verdad la parte quejosa, se advierte que el veintiuno de enero de dos mil veintidós, el accionante del amparo se presentó ante el Registro Agrario Nacional con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, para obtener los certificados parcelarios a nombre de Esteban Soto o Esteban Soto Pelcastre, donde le señalaron que no hay atención presencial, y que habría de conseguir cita en línea; posteriormente, al buscar dicha cita en internet, advierte que no cuentan con citas disponibles. Entonces, en este aspecto también se torna irregular la demanda en comento, ya que no se aprecia realmente cuál es acto que se pretende someter a escrutinio constitucional; pues si bien la consecuencia ultima es que el quejoso no puedo obtener los certificados que pretendía, es necesario que precise que acto u omisión es el que considera lo afecta en su esfera de derechos, 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 5 si lo es, la omisión de expedición de certificados parcelarios, la negativa de hacerlo, o bien, que la Delegación del Registro Agrario Nacional en Hidalgo no cuente con citas disponibles para atenderlo. En el entendido de que, lo anterior no es limitativo, sino que se señala a manera de ejemplificación; en todo caso, el quejoso debe ser preciso en el acto u omisión que desea reclamar a la o las autoridades que señale como responsables. Por ello, a fin de integrar debidamente el presente juicio, se hace necesaria tal aclaración. REQUERIMIENTOS. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir de aquel en que quede legalmente notificada de este proveído y atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, aclare su demanda en los siguientes términos: 1. Precise el nombre correcto y completo de la autoridad o autoridades a las que desea señalar como responsables; y, 2. Determine de manera concreta y rigurosamente exacta el acto que le atribuye a las autoridades responsables. 3. Exhiba cinco copias de su escrito aclaratorio, con la finalidad de correr traslado a las partes, mismas que serán distribuidas de la siguiente manera: una para cada autoridad responsable, que en el presente caso serian dos, dos para el incidente de suspensión, y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal. APERCIBIMIENTO. Se le apercibe que, en caso de no cumplir con lo requerido en los puntos 1 y 2, se proveerá el escrito de demanda en los términos en que originalmente se planteó, 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 6 esto es, se tendrán como autoridad responsable y acto reclamado los que expresamente se señalar en los apartados correspondientes. En el caso de que no se cumpla con el ultimo requerimiento, con fundamento en lo dispuesto en el dispositivo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Felipe Erick Pérez Segura, Germán Villa Juárez y José Luis Morales Delgadillo, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ma. Hermelinda Luna Acosta; por no acreditar esta última que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada; además, no se encontró inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFONICO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la quejosa proporcionando el correo electrónico abooadomerman.villaa@hotmailcom, y como número telefónico 0445521347938 para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dicho medio no sustituye el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida José María Castorena, 537, colonia El Molino, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, código postal P05240, Ciudad de Mexico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, en 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 7 relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto vía electrónica por única ocasión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en domicilio mencionado con anterioridad, a fin de buscar a la quejosa de mérito y notificarle personalmente el presente acuerdo. En el entendido que se agrega a la comunicación oficial agrega, copia autorizada de este acuerdo. Asimismo, lo requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Pachuca de Soto, o en Mineral de la Reforma, ambos del Estado de Hidalgo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se tendrán por señaladas las listas que se fijan en este juzgado federal y las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por dicho medio. Hágase del conocimiento del juez que le corresponda desahogar las diligencias antes mencionada que se le faculta para que, en caso de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo lo encomendado; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Además, se solicita al juez exhortado para que una vez que se realice la diligencia encomendada, devuelva por la misma vía la comunicación que se envía, a fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 8 públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 9 PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 10 necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizado el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna 11 Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...III

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