Hortencia Maria Castillo Espinosa

Expediente 1516/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1516/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Hortencia Maria Castillo Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintitrés Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado procesal de los autos se provee, en razón de que ha transcurrido el plazo concedido mediante auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que la respectiva parte, manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento del fallo protector; por tanto, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. I. Antecedentes. El treinta de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, cumpliera con lo siguiente: "VII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós y, en su lugar emita uno diverso, en el que tomando en consideración lo expuesto en la presente sentencia de amparo, prescinda de considerar como motivo para desconocer la personalidad de los órganos de representación y vigilancia de la tercera con interés Comunidad de Ahua********************, Municipio de Cuernavaca, Morelos, así como para la suspensión del procedimiento, el hecho notorio de que existe controversia respecto a la elección de tales órganos de representación en los expedientes 569/2022 y 570/2022 de su índice; y, resuelva lo que en derecho corresponda." Dicha sentencia causó ejecutoria el uno de marzo del año en curso, por lo que en esa misma fecha se requirió su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido el nueve de marzo de dos mil veintitrés, registrado por este juzgado de distrito con folio 04303, el Secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Decimoctavo transcribió el acuerdo emitido el siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ******************** del índice de la citada autoridad, del cual se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Proveyó que, al considerar que en los autos del juicio de origen, obran dos actas de asamblea de elección, ambas de diez de julio de dos mil veintidós, en las cuales cada una señala a diferentes personas para integrar al Comisariado de Bienes Comunales de Ahua********************, Morelos, determinó designar a la Procuraduría Agraria como representante de la Comunidad de Ahua******************** para la substanciación del juicio agrario ********************, en términos de lo dispuesto por los artículos 134, 135 y 136 de la Ley Agraria. Determinó continuar con el desahogo del juicio de origen y señaló fecha para la continuación de la audiencia de ley. Tales constancias fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por lo que se consideran documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. II. Determinación. Bajo esas premisas, resulta evidente que se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, ya que como se apuntó, se restituyó a ********************, en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. III. Archivo y devolución de documentos En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que: 1. El presente asunto es susceptible de ser depurable, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 18, de ese Acuerdo, toda vez que en el juicio se otorgó la protección constitucional. 2. Asimismo, se precisa que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. 3. Se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el artículo 21 del citado acuerdo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. 4. Por otra parte, pónganse a disposición de las partes los documentos que, en su caso, exhibieron durante la sustanciación del juicio; por tanto, requiéraseles para que en el término de noventa días por sí o a través de alguno de sus autorizados comparezcan a recogerlos, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos en el momento procesal oportuno. IV. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). V. Se agrega oficio. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, mediante el cual remite copia certificada del acta de audiencia de doce de abril de dos mil veintitrés, misma que se difirió y se señalaron las once horas del once de mayo de dos mil veintidós, para su celebración; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, sin que se dicte mayor proveído por lo plasmado en líneas que anteceden. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil veintitrés.********************Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica.********************Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, mediante en el cual transcribe el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 249/2020, en el que deja insubsistente el acuerdo emitido el veinte de septiembre de dos mil veintidós; asimismo determinó nombrar a la Procuraduría Agraria en el Estado de Morelos, como representante de la Comunidad de Ahuatepec, del municipio de Cuernavaca, Morelos, y seguir con el desarrollo de dicho juicio.********************Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, documental anexa y las constancias relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. ********************En la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. ********************Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. ********************Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ". Deje insubsistente el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós y, en su lugar emita uno diverso, en el que tomando en consideración lo expuesto en la presente sentencia de amparo, prescinda de considerar como motivo para desconocer la personalidad de los órganos de representación y vigilancia de la tercera con interés Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, así como para la suspensión del procedimiento, el hecho notorio de que existe controversia respecto a la elección de tales órganos de representación en los expedientes 569/2022 y 570/2022 de su índice; y, resuelva lo que en derecho corresponda." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que en caso de desacato, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Se acuerda escrito presentado por la parte quejosa. En otro aspecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se declare que la sentencia ha causada ejecutoria, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, por lo plasmado en líneas que anteceden Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada Elia Ortiz Lagunas y Asamblea Ejidal de Comuneros del Núcleo Agrario Ahuatepec, por conducto de su Comisariado de Bienes Comunales, por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veintidós, que dice: Juicio de amparo: 1516/2022 Quejosa: Hortencia María Castillo Espinosa Encargado de Despacho: Mac Quetzin Murillón Duarte Secretaria: Erika de la Cruz Uribe Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1516/2022. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el seis de octubre siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Hortencia María Castillo Espinosa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, por el acto reclamado siguiente: "AUTO (sic) RECLAMADO: 1.- Se reclama el acuerdo dictado por la Magistrada del H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, de fecha 20 de septiembre de 2022 dentro del expediente agrario 249/2022, notificado por listas el 23 de septiembre de 2022, mediante el cual determina suspender el procedimiento indefinidamente, ya que con tal incalificable acto se vulneran mis derechos procesales y humanos contenidos en la Constitución Federal y tratados internacionales." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de siete de octubre de dos mil veintidós, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, reservó acordar el emplazamiento de terceros interesados, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós (fojas 155 y 156 del amparo indirecto), este juzgado ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados a Elia Ortíz Lagunas, José Socorro Montiel López y a la Asamblea de Comuneros del núcleo agrario de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, siendo emplazada la primera de las citadas el diez de noviembre de dos mil veintidós, la última de las mencionadas, por conducto del Comisariado de Bienes Comunales, el quince de noviembre siguiente y José Socorro Montiel López, mediante comparecencia de veinticinco de noviembre del año en curso (fojas 158 a 161 y 175 a 177 del amparo indirecto); y, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado es el acuerdo en el que se ordenó la suspensión del procedimiento de un juicio agrario, derivado de la existencia de la controversia en la elección de los órganos de representación de la comunidad agraria tercera con interés, atribuido a una autoridad administrativa jurisdiccional en materia agraria, con residencia en esta ciudad en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: Autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho. Acto reclamado El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario 249/2020 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, mediante el cual no se reconoció personalidad a los órganos de representación de la tercera con interés Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, por conducto del Comisariado y Consejo de Vigilancia respectivo -aquí tercera interesada-; en consecuencia, se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto se tuviera conocimiento de quién ostentaba la representación del citado núcleo agrario, toda vez que señaló la Magistrada responsable que constituía un hecho notorio que ante el referido tribunal agrario se encontraban en trámite los expedientes 569/20222 y 570/2022, en los que se controvertía la elección de tales órganos de representación, llevada a cabo mediante asamblea de comuneros de diez de julio de dos mil veintidós. lll. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, pues al rendir su informe justificado aceptó su existencia. Además, remitió copias certificadas de la totalidad de las constancias del juicio agrario 249/2020, en las que consta el acuerdo reclamado mediante el cual se determinó suspender el procedimiento del juicio agrario citado, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues el acuerdo reclamado se notificó a la quejosa el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, mediante lista de estrados, como se advierte a foja 153 reverso del amparo indirecto. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del tercer día hábil siguiente, esto es, del veintisiete de septiembre al dieciocho de octubre de dos mil veintidós, descontando el uno, dos, ocho, nueve, doce, quince y dieciséis de octubre del año citado, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el cinco de octubre de dos mil veintidós, séptimo día del plazo, es concluyente su oportunidad. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, éstas no hicieron valer alguna de ellas y no se advierte de oficio su actualización, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Estudio de los conceptos de violación. Se precisa que se abordará el estudio de los conceptos de violación en un orden diverso al planteado por la quejosa, al tener algunos argumentos relación estrecha, lo cual no vulnera sus derechos, toda vez que se emitirá respuesta integral a éstos. Así, en una parte de éstos la quejosa señala esencialmente que, con la suspensión del procedimiento del juicio agrario de origen, hasta en tanto se resuelva la controversia de la elección de los órganos de representación y vigilancia de la Comunidad de Ahutatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, la Magistrada responsable vulnera los derechos de justicia pronta y expedita, toda vez que la impetrante de amparo no demandó a dicho núcleo agrario, ya que no le reclamó prestación alguna; no obstante, el Actuario adscrito al tribunal agrario llevó a cabo su emplazamiento sin estar ordenado y la Magistrada responsable consintió dicho acto, sin considerar que en el juicio de origen la acción principal es la nulidad de documentos y el mejor derecho a poseer un bien inmueble, por lo que es innecesario llamar a la asamblea general de comuneros para emitir pronunciamiento respecto al derecho de posesión reclamado, porque no se afecta la propiedad del citado núcleo agrario. En consecuencia, aduce la quejosa, se ordenó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva la controversia de la elección de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad agraria, cuando ni siquiera debió ser llamada al juicio; además de que, la Magistrada responsable no señaló providencias precautorias necesarias para proteger los derechos de las partes (actora y demandada). Los conceptos de violación señalados son en parte inoperantes y en otra parte infundados. Son inoperantes en lo relativo a que en el juicio agrario cuya suspensión del procedimiento se ordenó por la Magistrada responsable, se llevó a cabo el emplazamiento de Comunidad de Ahutatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos aun cuando la actora -aquí quejosa-, no le reclamó prestación alguna; y, no obstante ello, la autoridad responsable consintió dicho acto sin considerar que en el juicio de origen la acción principal es la nulidad de documentos y el mejor derecho a poseer un bien inmueble, por lo que resultaba innecesario llamar a la asamblea general de comuneros para emitir pronunciamiento respecto al derecho de posesión reclamado, ya que no se afectaba la propiedad del citado núcleo agrario; es decir, refiere la impetrante de amparo que los órganos de representación y vigilancia de la comunidad agraria ni siquiera debieron ser llamados a juicio. Como se señaló, tal argumento es inoperante, en virtud de que lo alegado no es una cuestión que forme parte de lo resuelto en el acuerdo reclamado, toda vez que en éste no se analizó dicha circunstancia, sino que únicamente se advierte que a petición del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Morelos, se determinó no reconocer personalidad a las personas físicas que acudieron, a nombre de los órganos de representación y vigilancia de la citada comunidad, y se suspendió el procedimiento del juicio agrario de origen hasta en tanto se resolviera la controversia planteada respecto a la representación de dicho núcleo agrario; es decir, lo reclamado por la aquí quejosa, no fue analizado en el acuerdo impugnado ni fue planteado por alguna de las partes, por lo que se aleja de la litis del presente juicio de amparo, lo que clarifica el hecho de que tal cuestión fue definida en el diverso auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno en el que se le reconoció a tal comunidad el carácter de parte tercera con interés, resultando aplicable por ello la tesis 1a. LXXVIII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 167318, de rubro "AGRAVIOS EN LA RECLAMACIÓN. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES CUANDO SON AJENOS A LA LITIS DE ESE RECURSO, AUNQUE LO PROMUEVAN SUJETOS DE DERECHO AGRARIO." Además, tal argumento es inoperante porque dicho acto fue consentido por la aquí quejosa, al no impugnarlo en su momento oportuno; esto es, cuando se emitió la determinación de la Magistrada responsable en la que reconoció personalidad al núcleo agrario en su carácter de terceros con interés, pues si consideraba que no debía ser llamado a juicio, estuvo en condiciones de impugnar esa determinación, lo que no se advierte que haya realizado la impetrante de amparo. Es así, toda vez que de las copias certificadas del juicio de origen que fueron remitidas con el informe justificado rendido por la Magistrada responsable, se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 1 a 5 del anexo I), Hortencia María Castillo Espinosa -aquí quejosa-, presentó controversia agraria en contra de José Socorro Montiel López y Fernando Ortíz Lagunas (representado por su causahabiente Elia Ortíz Lagunas, por virtud del fallecimiento del citado demandado) -aquí terceros interesados-, en la que demandó como prestaciones principales la declaratoria de nulidad absoluta de diversos actos y contratos, así como el mejor derecho a poseer y la entrega física, real y material del predio comunal ubicado en el paraje "Ziltlaltepetl" o "Bajo el Cerro" y/o "Camino Real Ziltlaltepetl", con superficie total de 11,695.00 m2 (once mil seiscientos noventa y cinco metros cuadrados), con las medidas y colindancias señaladas en la demanda, la cual se amplió por la actora -aquí quejosa-, mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno (foja 48 del anexo I), en contra de Elia Ortíz Lagunas, en su carácter de causahabiente del de cujus Fernando Ortíz Lagunas; demanda y ampliación que fueron admitidas a trámite por la Magistrada responsable en autos de veintisiete de octubre de dos mil veinte y veintiuno de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, registrando el expediente con el número 249/2020, y se ordenó el emplazamiento de los demandados citados (fojas 37, 38 y 49 del anexo I). No obstante, de las constancias del juicio agrario se advierte que a través del escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno (fojas 54 y 55 del anexo I), se apersonaron a juicio Guillermo Aldama Rojas, Zenón Barón López y Evelia Madera Duque, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorera del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, y acreditaron dicha representación con copia certificada del acta de asamblea de elección celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por lo que en auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (foja 73 del anexo I), la Magistrada responsable tuvo al órgano de representación de la comunidad agraria por apersonado al juicio, en su carácter de terceros con interés, al considerar que en el juicio agrario de origen se reclamaban terrenos presuntamente comunales, localizados dentro de dicho núcleo agrario, por lo que dejó los autos a disposición de dicha parte tercera con interés a efecto de que manifestaran lo que conviniera a los intereses de la comunidad agraria que representaban. Entonces, es precisamente en contra de dicha determinación (auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno), que la aquí quejosa debió inconformarse en su momento procesal oportuno, toda vez que fue en éste donde se reconoció el carácter de tercera con interés a la Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos y que a su decir, le provoca afectación por considerar que no les revestía dicho carácter; lo cual impugna hasta el presente juicio de amparo, sin que pueda ser analizado por haber sido consentida tal determinación al no impugnarla en su oportunidad; de ahí que como se dijo, resulta inoperante el concepto de violación que se analiza. Ahora bien, respecto a que la Magistrada responsable ordenó la suspensión del procedimiento en el juicio agrario de origen sin haber señalado providencias precautorias necesarias para proteger los derechos de las partes (actora y demandada), ese argumento es infundado. Es así, pues de las constancias del juicio agrario se advierte que el acuerdo reclamado se emitió por virtud del escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós (fojas 134 y 135 del amparo indirecto), por José Luis Paredes Vargas, Verónica Pérez Rojas y Héctor Gregorio Salas Villamil, en su carácter de Presidente, Secretaria suplente y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, a través del cual se apersonaron a juicio en representación de la comunidad agraria de referencia y solicitaron la suspensión del procedimiento, hasta en tanto fuera resuelta en definitiva la controversia de la representación del núcleo agrario comunal; asimismo, señalaron asesor legal y domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, y medios electrónicos de contacto, sin que en tal escrito los promoventes solicitaran se dictara medida precautoria alguna -ni la quejosa lo hubiera peticionado-, por lo cual la autoridad responsable no estaba obligada a emitir un pronunciamiento al respecto. Ello aunado a que en todo caso, se tiene también que en el auto de admisión de la demanda emitido el veintisiete de octubre de dos mil veinte (fojas 37 y 38 del anexo I), a solicitud de la parte actora -aquí quejosa-, en términos del artículo 166 de la Ley Agraria, se decretaron medidas precautorias a efecto de conservar la materia del juicio y salvaguardar los derechos de las partes, para lo cual se requirió a los demandados para que se abstuvieran de realizar actos traslativos de dominio respecto del predio reclamado, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se les impondría una medida de apremio, consistente en la cantidad de cinco unidades de medida y actualización, precisando además, que las inversiones que realizaran sobre el predio controvertido eran a riesgo sobre las resultas del juicio, por lo que todas las mejoras y construcciones pasarían a ser propiedad de quien resultara con sentencia favorable en el juicio, ésta última medida precautoria se reiteró en el diverso auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (fojas 45 y 46 del anexo I), relativo a la admisión de la ampliación de la demanda, en el que además se exhortó a las partes para que se guardaran el respeto debido, bajo apercibimiento de multa en la misma cantidad decretada (cinco unidades de medida y actualización). En consecuencia, es infundado el argumento del quejoso, ya que en el juicio agrario de origen fueron decretadas medidas precautorias para proteger los derechos de los interesados (partes en el juicio), y si bien se suspendió el juicio sin hacer pronunciamiento al respecto -a lo cual no estaba obligada la responsable a falta de petición expresa-, lo cierto es que tales medidas ya habían sido decretadas desde los autos de admisión de la demanda y su ampliación; sin que la suspensión del procedimiento decretado implique dejar sin efectos tales medidas dictadas, sino que por el contrario, precisamente a efecto de proteger los intereses de las partes en el juicio y de conservar la materia del juicio, es que continúan vigentes, pues en el acuerdo reclamado no se estableció que se levantaban tales medidas precautorias; por tanto, como se dijo, son infundados los conceptos de violación analizados. Ahora bien, en otra parte de los conceptos de violación, la quejosa refiere que se vulneran en su perjuicio los derechos de acceso a la justicia pronta y expedita, establecidos en los artículos 1 y 17 constitucionales, al determinar la Magistrada responsable, en el acuerdo reclamado, la suspensión indefinida del procedimiento del juicio agrario 249/2020, pues se desconoce el tiempo que durará el conflicto entre quienes se ostentan como órganos de representación del núcleo agrario de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con la consecuente violación a los derechos de posesión reclamados y, que en su caso, le pudieran corresponder a la quejosa, pues se vulnera el principio de celeridad procesal, no obstante que el juicio agrario es un procedimiento sumario, predominantemente oral y ágil, que se limita a una sola audiencia, pues se condiciona la prosecución del juicio a que se resuelvan las controversias de los diversos juicios 569/2022 y 570/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, que no se sabe cuánto tiempo durarán. Asimismo, refiere la impetrante de amparo que se vulnera lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el 167 de la Ley Agraria y 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues éste último establece que el estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de parte o de oficio y que cuando verse sobre la representación de un procurador, dicha suspensión no puede prolongarse más de un mes. Por tanto, señala la quejosa, atendiendo a que un procurador es aquella persona que representa a una parte en un juicio y los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, son los representantes legales de la comunidad agraria, lo que podría equipararse a un procurador, es por ello que la suspensión del procedimiento del juicio agrario reclamado, no puede prolongarse por más de un mes; por tanto, la Magistrada responsable debió requerir a la asamblea de comuneros para que nombrara a un apoderado legal que la representara, hasta en tanto se resuelve la personalidad de su órgano de representación; es por ello que lo determinado se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues no debió fundarse dicha suspensión en el artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino en el diverso 367 del citado ordenamiento legal. Los conceptos de violación precisados son en parte fundados y suficientes para conceder el amparo, en suplencia de que queja a favor de la quejosa, en términos del artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que ésta tiene el carácter de comunera de la Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. Es así, pues el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece el derecho a favor de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; entonces, el derecho a la tutela judicial implica además, la obligación de las autoridades de evitar trabas excesivas, innecesarias o carentes de razonabilidad o proporcionalidad, que obstaculicen la resolución de los asuntos y se cumpla con lo determinado. Por su parte, los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de la persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a la autoridad la obligación de fundar y motivar los actos que emita; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De igual forma, el principio de legalidad establece que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Por ello, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, pues consagra uno de los principios que mayor protección otorgan al particular dentro del orden constitucional, considerado como el derecho fundamental de "exacta aplicación de la ley" o "fundamentación y motivación", pilar fundamental del Estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad, que solo puede actuar si la ley le faculta para ello; su eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al particular de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento al que éste pertenezca; o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Asimismo, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria de su acto y el caso específico en el que opere o resulte aplicable. Si no se realiza objetivamente dicha adecuación, se viola, por ende, el requisito de motivación que, con el de debida fundamentación integran la garantía de legalidad. En el caso, de las constancias del juicio agrario de origen, se advierte que mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós (fojas 134 y 135 del amparo indirecto), José Luis Paredes Vargas, Verónica Pérez Rojas y Héctor Gregorio Salas Villamil, en su carácter de Presidente, Secretaria suplente y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, se apersonaron a juicio en representación de la comunidad agraria de referencia y solicitaron la suspensión del procedimiento, hasta en tanto fuera resuelta en definitiva la controversia de la representación del núcleo agrario comunal; asimismo, señalaron asesor legal y domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, así como medios electrónicos de contacto. Escrito al cual adjuntaron copias simples -las cuales solicitaron fueran cotejadas con las copias certificadas que obraba en el diverso juicio agrario 69/2022 del índice de la Magistrada responsable-, del acta de asamblea de comuneros celebrada por primera convocatoria, en la Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos el diez de julio de dos mil veintidós, así como del oficio 17-01-2052/2022, de doce de julio siguiente, signado por el Representante Estatal de la Procuraduría Agraria, Delegación Morelos, con las que refirieron acreditar la representación del núcleo agrario; documentales de las que se advertía que el Representante Estatal de la Procuraduría Agraria, Delegación Morelos, informó los hechos ocurridos en la elección de los órganos de representación comunal, específicamente en la asamblea de diez de julio del año en curso, en la que resultó vencedora de la elección la planilla roja, con un total de 81 (ochenta y un) votos a favor (fojas 138 a 141 del amparo indirecto). En atención al citado escrito, mediante el acuerdo reclamado de veinte de septiembre de dos mil veintidós (foja 153 del amparo indirecto), la Magistrada responsable determinó no reconocer personalidad a los órganos de representación de la tercera con interés Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, por conducto del Comisariado y Consejo de Vigilancia respectivo -aquí tercera interesada-; y, ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto se tuviera conocimiento de quién ostentaba la representación del citado núcleo agrario, toda vez que señaló que constituía un hecho notorio que ante el referido tribunal agrario se encontraban en trámite los expedientes 569/2022 y 570/2022, en los que se controvertía la elección de tales órganos de representación, llevada a cabo mediante asamblea de comuneros de diez de julio de dos mil veintidós; determinación que sustentó en el artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria en términos del artículo 2. Determinación que se considera se encuentra indebidamente fundada y motivada, como lo aduce la parte quejosa, por las razones siguientes: El artículo 365 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, relativo al TÍTULO TERCERO, denominado "Suspensión, interrupción y caducidad del proceso", CAPÍTULO I "Suspensión", señala lo siguiente: "ARTÍCULO 365.- El proceso se suspende cuando el tribunal del juicio no está en posibilidad de funcionar por un caso de fuerza mayor, y cuando alguna de las partes o su representante procesal, en su caso, sin culpa alguna suya, se encuentra en la absoluta imposibilidad de atender al cuidado de sus intereses en el litigio. Los efectos de esta suspensión se surtirán de pleno derecho, con declaración judicial o sin ella." Supuesto legal que se considera no es aplicable a la determinación reclamada -suspensión del procedimiento del juicio agrario 249/2020-; es así, pues el artículo de referencia señala que el tribunal podrá decretar la suspensión del juicio cuando no está en posibilidad de funcionar por un caso de fuerza mayor, y cuando alguna de las partes o su representante procesal, en su caso, sin culpa alguna suya, se encuentre en la absoluta imposibilidad de atender al cuidado de sus intereses en el litigio, lo cual como se dijo, no se actualiza en el caso. Lo anterior, porque la Magistrada responsable no tomó en consideración lo previsto en los artículos 21, 22, 23, 28, 31 y 37 de la Ley Agraria, que señalan que los órganos del ejido -comunidad agraria en este caso concreto-, son la asamblea, el comisariado comunal y el consejo de vigilancia, de los cuales el órgano supremo de la comunidad es la asamblea, en la que participan todos los comuneros; asimismo, que serán competencia exclusiva de la asamblea, entre otros: "III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros". Mientras que, el artículo 37 de la Ley Agraria de referencia, prevé que los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes serán electos en asamblea, mediante voto secreto, escutrinio público e inmediato; en caso de empate, se repetirá la votación y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos. Por su parte, el artículo 31 de la citada legislación, señala que "de toda asamblea" se levantará el acta correspondiente, que será firmada por el comisariado ejidal y consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo, y si existe inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Y finalmente, los artículos 28, 150 y 152 de la citada Ley Agraria, prevén formalidades específicas para aquellos casos en que se se trate de los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del diverso ordinal 23 de dicha normatividad -entre los que no se encuentra la fracción III del mismo precepto relativa a la elección de los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia-. Entonces, de los artículos reseñados se advierte que conforme a la Ley Agraria, la elección de los órganos de representación y vigilancia de un núcleo agrario, es competencia exclusiva de la asamblea de comuneros que determina sobre dicha elección, como se encuentra previsto en la fracción III del artículo 23 de la Ley Agraria. Además, de que en el artículo 28 de la Ley Agraria, solo prevé su nulidad en los casos detallados en las fracciones VII a XIV del diverso ordinal 23 de dicha legislación, sin que para el supuesto previsto en la fracción III, de éste último precepto, exista disposición expresa que establezca supuestos en los que resulten nulas sin la necesidad de seguir un procedimiento judicial, por lo que tales nulidades deben ser declaradas por la autoridad competente, no así de pleno de derecho, al no existir disposición legal que reste o nulifique el valor de las asambleas en dicha forma -de pleno derecho-. Tal como lo dispuso en sus consideraciones la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la jurisprudencia 2a./J. 119/2008, con registro 168993, del contenido siguiente: "ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS EJIDALES QUE REALICE EN CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD NO ACTUALIZA UNA NULIDAD DE PLENO DERECHO Y, POR TANTO, EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si no hay disposiciones expresas en las leyes, no se autoriza reconocer la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que éstas deben ser declaradas por la autoridad judicial en todos los casos y previo procedimiento formal correspondiente. En congruencia con lo anterior, si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares y el Código Civil Federal, de aplicación supletoria acorde con el artículo 2o. de la Ley citada, no establecen expresamente que las asignaciones parcelarias realizadas por la asamblea ejidal en contravención al principio de indivisibilidad previsto en el artículo 27 constitucional, a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 46/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PARCELA EJIDAL. ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR.", son nulas de pleno derecho, es indudable que la declaración de su nulidad debe hacerse por la autoridad competente previo procedimiento formal correspondiente y, en consecuencia, el plazo para ejercer el derecho a que las asignaciones sean modificadas o nulificadas es el previsto en el artículo 61 de la Ley Agraria, de 90 días naturales para la impugnación de los acuerdos de la asamblea ejidal en que se asignan tierras, pues de lo contrario, éstos quedarán firmes y serán definitivos al haberse extinguido el derecho del actor sobre las tierras ejidales." Entonces, como se dijo, el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós reclamado en este juicio, se encuentra indebidamente fundado y motivado, toda vez que en éste, la Magistrada responsable, con sustento en el artículo 365 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, determinó suspender el procedimiento hasta en tanto se tuviera conocimiento de quién ostentaba la representación del núcleo agrario de Ahuatepec, Morelos, toda vez que señaló que constituía un hecho notorio que ante el referido tribunal agrario se encontraban en trámite los expedientes 569/2022 y 570/2022, en los que se controvertía la elección de tales órganos de representación, llevada a cabo mediante asamblea de comuneros de diez de julio de dos mil veintidós, e incluso con base en dicha circunstancia no le reconoció personalidad. Sin embargo, el precepto legal invocado en el acuerdo reclamado (365 del Código Federal de Procedimientos Civiles), prevé la suspensión del juicio cuando entre otro supuesto, alguna de las partes o su representante procesal (sin culpa alguna suya), se encuentre en absoluta imposibilidad de atender al cuidado de los intereses en el juicio, supuesto que no se justificó por la Magistrada responsable con las razones establecidas en el acuerdo reclamado. Es así, toda vez que el motivo por el que se negó a reconocer personalidad al órgano de representación de la comunidad agraria tercera con interés en el juicio agrario de origen y por la que ordenó la suspensión del procedimiento, fue debido a que refirió como hecho notorio que existe controversia respecto de la elección de los órganos de representación y vigilancia del núcleo agrario, en los expedientes 569/2022 y 570/2022, lo que no implica que exista una absoluta imposibilidad de los órganos de representación electos para el cuidado de los intereses del núcleo agrario, pues tales controversias precisamente son a efecto de determinar si en su caso, existen motivos legales que actualizan la nulidad de la asamblea celebrada el diez de julio de dos mil veintidós, lo cual se determinará en la sentencia que se emita en los citados juicios agrarios, con los efectos legales que allí se precisen; pues como se explicó, los preceptos de la Ley Agraria analizados en párrafos que anteceden, no prevén la nulidad de pleno derecho de las asambleas de elección de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad agraria, sino que requiere una declaración de nulidad emitida por autoridad competente para que se le reste eficacia legal. Por tanto, no se considera que se actualice una absoluta imposibilidad para atender el cuidado de los intereses en el litigio por parte de los órganos de representación y vigilancia de la Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, pues éstos mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós (fojas 134 y 135 del amparo indirecto), por José Luis Paredes Vargas, Verónica Pérez Rojas y Héctor Gregorio Salas Villamil, en su carácter de Presidente, Secretaria suplente y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, se apersonaron a juicio en representación de la comunidad agraria de referencia y adjuntaron copias simples -la cuales solicitaron fueran cotejadas con las copias certificadas que obraban en el diverso juicio agrario 69/2022-, del acta de asamblea de comuneros celebrada por primera convocatoria, en la Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos el diez de julio de dos mil veintidós, así como, del oficio 17-01-2052/2022 de doce de julio de dos mil veintidós, signado por el Representante Estatal de la Procuraduría Agraria, Delegación Morelos, con los que refirieron acreditar la representación que ostentaban del núcleo agrario de referencia para efectos del juicio de origen. Y si bien la autoridad responsable analizó tales documentos, no ajustó su actuar a lo previsto en los artículos 21, 22, 23, 28, 31 y 37 de la Ley Agraria, ya que conforme a lo señalado en esos preceptos legales, resulta facultad de la asamblea general de la comunidad, la elección de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, lo cual se hace constar en el acta que se emita de la misma; mientras que para nulificar dicha acta se requiere declaración judicial, pues como se dijo, ésta no opera de pleno derecho. Por tanto, no resulta motivo suficiente para desconocer la representación del núcleo agrario y suspender el procedimiento en el juicio agrario de origen, el que se encuentre controvertida la elección del comisariado y consejo de vigilancia comunal; pues como se dijo, será hasta que se emita sentencia en los juicios de los que derivan tales impugnaciones, cuando se cuente con una determinación definitiva, que en su caso, anule la citada elección y desconozca la representación del comisariado y consejo de vigilancia electos, con los efectos que allí se indiquen. Sin que ello implique prejuzgar sobre la validez del acta de elección, sino que lo que aquí se sostiene es que resulta factible considerar dicha acta de elección para efectos exclusivos del juicio agrario de origen y que la misma no puede ser nulificada de pleno derecho, porque para ello se requiere una declaración judicial, tal como ilustra al respecto la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 237179, del contenido siguiente: "AGRARIO. ELECCIÓN DE AUTORIDADES EJIDALES. NULIDAD DE LA ASAMBLEA EN QUE SE EFECTÚA; NO PROCEDE DECLARARLA DIRECTAMENTE EN JUICIO DE AMPARO. Es legal que los quejosos se apersonen ostentándose como representantes de la comunidad ofendida con base en un oficio del director general de Bienes Comunales, en el que se haga constar que dichas personas fueron electas en asamblea general para los cargos con que promueven; por lo que resultan fundados los acuerdos del Juez del conocimiento en que les reconoce la personalidad con que se ostentan y la improcedencia de la queja en su contra declarada por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Independientemente de lo anterior, la nulidad o validez de la asamblea y la nominación correspondiente, no debe ser declarada de primera mano en el juicio de amparo." En consecuencia, en el acuerdo reclamado la Magistrada responsable deberá prescindir de las consideraciones que señaló, toda vez que no resulta motivo debidamente fundado y motivado para desconocer la representación del núcleo agrario ni para suspender el procedimiento hasta en tanto se resuelvan tales controversias, ya que esa determinación implícitamente equivale a que de pleno derecho se desconozca el acta de asamblea de elección, sin contar con sentencia ejecutoriada que declare su nulidad, así como que se considere que mientras exista la impugnación de dicha asamblea de comuneros, el núcleo agrario carece de representación legal, lo cual no se desprende de los artículos reseñados de la Ley Agraria ni de los documentos que obran en autos del juicio agrario de origen, que adjuntaron el Comisariado de Bienes Comunales -acta de asamblea de elección y oficio 17-01-2052/2022 de doce de julio de dos mil veintidós, signado por el Representante Estatal de la Procuraduría Agraria, Delegación Morelos-. Además, como lo refiere la parte quejosa, se desconoce el tiempo que se tarden en resolver las controversias en tales juicios 569/2022 y 570/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, sin que durante ese lapso pueda dejarse inaudita la representación legal del núcleo agrario, máxime que cuentan con el acta de asamblea de elección de diez de julio de dos mil veintidós, de la cual no se advierte que exista sentencia ejecutoriada que haya declarado su nulidad ni que en su caso, en los juicio agrarios citados, se hubiese emitido medida precautoria que suspenda la representación legal del núcleo agrario tercero con interés en el juicio de origen. Máxime que todo procedimiento es orden de público y se debe resolver sin trabas u obstáculos innecesarios a efecto de cumplir con los derechos de justicia pronta que establece el artículo 17 constitucional; y, en especial, el juicio agrario se prevé como un procedimiento sumario, predominantemente oral, que se limita generalmente a una sola audiencia en la que se deberá resolver a verdad sabida y buena fe guardada sin sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según los tribunales lo estimen debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, tal como lo señalan los artículos 185 y 189 de la Ley Agraria. En consecuencia, al ser fundados parte de los conceptos de violación analizados, resulta innecesario abordar el estudio de los demás argumentos relativos a que resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que el estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de parte o de oficio y que cuando verse sobre la representación de un procurador, dicha suspensión no puede prolongarse más de un mes, así como que la Magistrada responsable debía requerir a la asamblea de comuneros para que nombrara a un apoderado legal que la representara, hasta en tanto se resolviera la personalidad de su órgano de representación, toda vez que en nada cambiaría el resultado obtenido, porque al decretarse fundado parte de ellos es suficiente para conceder la protección constitucional. Apoya este razonamiento la jurisprudencia II.3o.J/5, Octava Época, con registro digital 220006, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo." Respecto a las manifestaciones realizadas por la quejosa en vía de alegatos; tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis. En consecuencia, ante la indebida fundamentación y motivación observada en el acuerdo reclamado, procede conceder el amparo solicitado, para los efectos precisados en el considerando siguiente. VII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós y, en su lugar emita uno diverso, en el que tomando en consideración lo expuesto en la presente sentencia de amparo, prescinda de considerar como motivo para desconocer la personalidad de los órganos de representación y vigilancia de la tercera con interés Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, así como para la suspensión del procedimiento, el hecho notorio de que existe controversia respecto a la elección de tales órganos de representación en los expedientes 569/2022 y 570/2022 de su índice; y, resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Hortencia María Castillo Espinosa, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada y por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el treinta de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. La secretaria Erika de la Cruz Uribe certifica: que la presente resolución se emitió en la fecha precisada en el párrafo que antecede, la cual es diversa a la de la celebración de la audiencia constitucional desarrollada en términos del acta correspondiente, por virtud la carga de trabajo del juzgado y en la data que así lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. (Firmado electrónicamente)

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano