Hortencia Jimón de la Luz

Expediente 523/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
523/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Hortencia Jimón de la Luz
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitieron los recursos de revisión planteados por la parte quejosa y tercero interesado, en autos del juicio de amparo indirecto 523/2022, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, al que le fue asignado el número 356/2023, de su índice, de lo cual queda enterado este Juzgado, para los efectos legales conducentes y a la espera de que la superioridad resuelva dicho recurso. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Emigdio Casarrubias Nava, en su carácter de Síndico Procurador y representante legal del tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de treinta de junio del año en curso, y exhibiendo cuatro copias más del escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión planteado contra de la sentencia definitiva en el presente juicio; por tanto, con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, las restantes, distribúyanse entre las partes procesales y una vez hechas las notificaciones correspondientes, remítase el original de dicho escrito y copia del mismo, así como los autos originales del presente juicio, con tres tomos de pruebas al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, para la substanciación del citado recurso. Háganse las anotaciones que corresponden en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E".

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por Emigdio Casarrubias Nava, en su carácter de Síndico Procurador del tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero, mediante el cual plantea el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio. Ahora bien, y toda vez que el recurrente no exhibe copias para notificar a todas las partes de la interposición de dicho recurso; con fundamento en el artículo 88, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérasele al promovente, para que dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos legales la notificación del presente proveído, exhiba cuatro copias más de su escrito de agravios; en virtud de que el original será enviado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo que corresponda, y de copias se distribuyen de la siguiente manera, una es para el Ministerio Público adscrito a dicho cuerpo colegiado; una para la autoridad responsable, una más para la parte quejosa, y otra para que se agregue al expediente principal en que se actúa; con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, se tendrá por no interpuesto el recurso en mención, y se proveerá lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de Los Bravo, remitido el treinta de mayo siguiente, por razón de turno a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Hortencia Jimón de la Luz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "1) LA OMISIÓN DE VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO, quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la responsable para hacer cumplir sus determinaciones, en la esfera de su competencia, PARA SOLICITAR Y PROPONER A LA SOBERANÍA ESTATAL LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, ASÍ COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO AL DEMANDADO PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2) El acuerdo ilegal del que deriva la NEGATIVA de la Autoridad Responsable para vincular al PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO, como medida necesaria para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo." La parte quejosa citó como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se tuvo recibido el escrito de demanda, se ordenó registrar en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento Integral de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo número 523/2022, y se admitió a trámite, por ende, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, corriéndoles traslado con copia de la demanda y anexos; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que los actos que se reclaman le son imputados a autoridades que tienen su residencia en el ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que la parte quejosa se duele de lo siguiente: * El auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 63/2010, en que la autoridad laboral responsable acordó el escrito de promoción presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, y negó a vincular a la ejecución del laudo al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y al Congreso del Estado de Guerrero. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y que ha quedado precisado en el segundo considerando de esta sentencia, por así haberlo expresado la referida autoridad al rendir el correspondiente informe justificado. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 749, consultable en la página 830, Tomo II, Primera Parte, SCJN, Sexta Sección, Quinta Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, documentales a las que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Página: 553, Materia Común, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, la autoridad responsable señaló que en términos del artículo 74 fracción IV, de la Ley de Amparo (abrogada), se debe declarar el sobreseimiento en el presente juicio, por lo que este órgano de control constitucional, procede a verificar si en efecto, procede aquella, con base en lo señalado por la aludida responsable. En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable al rendir el informe con justificación, señaló que es procedente sobreseer el presente juicio de amparo, invocando como fundamento a dicha argumentación para que se sobresea en el juicio constitucional, el artículo 74 fracción IV, de la Ley de Amparo (abrogada), 63, fracción IV, vigente, dispositivo legal que establece que procede el sobreseimiento en los casos en que no exista el acto reclamado. En ese sentido, se tiene que no le asiste la razón jurídica a la señalada autoridad responsable, debido a que, en el caso en análisis quedó demostrada la certeza de aquél, pues reconoció que efectivamente en auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, emitió acuerdo en el que acordó improcedente la petición de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso. En ese orden, al no haberse hecho valer alguna otra causa de improcedencia, ni advertirse de oficio, se procede al análisis de los motivos de desacuerdo planteados por el impetrante. QUINTO. Análisis de fondo. Para comenzar, se prescindirá de hacer una transcripción de los conceptos de violación, teniéndolos por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, pues además de inexistir disposición legal obligatoria en ese sentido, ello no le causa perjuicio a la parte quejosa ni lo deja en estado de indefensión. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Establecido lo anterior, se tiene que resulta fundado el único concepto de violación vertido, ello aunque, suplido en su deficiencia, pues al directo quejoso le reviste el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen, de ahí que opere en su favor la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de manera total, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Como se adelantó, deviene fundado el concepto de violación vertido por el impetrante del amparo, en razón de lo siguiente: La parte quejosa, en síntesis, refiere que la responsable vulnera lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en razón de que al negarse a vincular a las autoridades denominadas Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado de Guerrero, le provoca daños de imposible reparación en su perjuicio, pues al no haber fijado apercibimientos y hacer efectivas las multas de apremio que corresponde, para que dentro del plazo que establece el artículo 91 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, la demandada cumpla con la condena establecida en el laudo ejecutoriado, es procedente dicha vinculación. Alega además, que el acto reclamado (negativa de vincular) obstaculiza la ejecución del laudo y afecta sus derechos consagrados en el referido artículo 17, y que la vinculación que solicita es a fin de vencer la contumacia del demandado; y dentro de sus límites de competencia realicen los actos necesarios para el cumplimiento del Laudo. Lo anterior, a criterio de este órgano de control constitucional, es suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En esas condiciones, la parte quejosa alega violación al artículo 17 Constitucional, que prevé que la justicia debe ser pronta y expedita, principio que debe imperar en el juicio laboral; resulta conveniente mencionar lo establecido en el precepto 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reproducción se cita enseguida: "Artículo 17... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En efecto, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Ahora, es pertinente señalar que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, emitió el acto que en esta vía se combate y en lo que interesa, dijo: "Chilpancingo, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Por recibidos ante este Tribunal el día dieciocho de abril del año en curso, un oficio signado por el C. Licenciado Salvador Vázquez Galeana, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, del juicio de amparo número 266/2017, esto en relación al expediente laboral 63/2010, promovido por los CC. FORTUNATO ESTEBAN JIMÉNEZ Y OTRO, en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO, así como un escrito presentado el día veinticinco de marzo del año en curso, signado por el C. JOSÉ MANUEL MOLINA GATÍCA, apoderado legal de la C. HORTENCIA JIMÓN DE LA LUZ, beneficiaria del actor FORTUNATO ESTEBAN JIMÉNEZ, con que el C. ELPIDIO OJENDIS ACALCO, Secretario de Audiencias, da cuenta se acuerda: (.) Por cuanto hace al escrito del apoderado de la C. HORTENCIA JIMÓN DE LA LUZ, beneficiaria del actor FORTUNATO ESTEBAN JIMÉNEZ, dígasele que ya se está requiriendo al Presidente y Síndico Procurador del Cumplimiento del laudo, quienes son los directamente responsables de la comuna municipal, sobre lo que solicita de que se vincule al cumplimiento del laudo al PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, dígasele que no ha lugar en acordar de conformidad lo solicitado, ya que las antes nombradas no son partes en el asunto que nos ocupa, por ello no se puede obligar a que cumplan el laudo, (.)" [foja 161 de autos] En esas condiciones, de la transcripción que antecede se aprecia que la autoridad si bien dijo que no es procedente vincular a las autoridades que solicita el promovente, por no ser partes y que no les puede obligar a cumplir el laudo; sin embargo, a consideración de este Juzgado, no acordó fundada y motivadamente lo relativo a dicha vinculación, en los términos que le solicitó la parte actora -aquí quejosa- en el escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Para evidenciar lo anterior, se hace necesario tener presente en lo que interesa lo pedido por la parte actora -aquí quejosa-. "(.) En virtud de que las medidas de apremio establecidas por ésta Autoridad con la finalidad de que la demandada cumpliera el laudo dictado NO HAN SIDO SUFICIENTES y el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero, ha sido CONTUMAZ completamente en la etapa de ejecución, solicito LA VINCULACIÓN de la Autoridad denominada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, como coadyuvante en el pago del juicio laboral en que se actúa; lo anterior en virtud de que no se ha logrado la ejecución del juicio a pesar de todos los intentos realizados y con efectos de salvaguardar los derechos humanos de la beneficiaria del actor, por lo que la vinculación solicitada deberá der (sic) con efectos de RETENCIÓN DEL PRESUPUESTO Y PUESTA A DISPOCISIÓN DE LA CVANTIDAD REQUERIDA, precisamente de las partidas presupuestales destinadas al Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, ya que es la dependencia que administra el presupuesto destinado a los Municipios y por ello con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, solicito respetuosamente se vincule a dicha secretaría (.) En el caso que nos ocupa es importante destacar que el demandado no ha cumplido con el laudo y su actuar se ha hecho evidente, ya que se han realizado diversos requerimientos de pago sin que se llegue al objetivo que es cubrir el laudo en su integridad, por ello es que con fundamento en los artículos IV, XV, XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, SOLICITO SE VINCULE NUEVAMENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y a su superior jerárquico GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO C. EVELIN CECIA SALGADO PINEDA, a efecto de que la dependencia y su superior Jerárquico retengan la cantidad del presupuesto otorgado a Municipio demandado y la pongan a disposición de la beneficiaria del actor ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y con ello se cumpla con el laudo dictado en el juicio antes señalado. (.)" [fojas 154 a la 160 de autos] [Énfasis añadido] En ese orden de ideas, ha quedado evidenciado, que la autoridad responsable en auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós (acto reclamado), no vertió argumentos lógico jurídicos debidamente razonados respecto de la procedencia o improcedencia de vincular a las autoridades Estatales, como coadyuvantes del directo demandado y así lograr vencer la contumacia de éste último, a fin de lograr el cumplimiento del laudo, sino que únicamente se limitó a expresar que éstas no son parte en el juicio laboral de origen; así pues, no debe perderse de vista que la pretensión de la parte obrera -aquí quejosa- es la de obtener el cumplimiento del laudo condenatorio, por ende, resulta sea necesario que la responsable emita acuerdo en el que cumpliendo con los requisitos esenciales de fundamentación y motivación provea respecto de si procede o no la coadyuvancia o auxilio de autoridades diversas a las que forman parte del juicio laboral, para que en su carácter de vinculadas, realicen actos tendentes a lograr el cumplimiento de una resolución declarada firme en un expediente de su estadística. Entonces, ante la omisión de verter argumentos lógico jurídicos respecto de la procedencia o improcedencia de la vinculación solicitada en los términos precitados por la parte actora en el juicio natural -aquí quejosa-, la responsable evadió la obligación establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone cuáles son los requisitos que todo acto de molestia debe contener; numeral que es de la literalidad siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Precepto que precisa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, como la obligación de la autoridad que lo emite para citar el precepto aplicable al caso, en que se apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, que se expresen con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, además de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; o lo que es lo mismo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Se apoya lo anterior, en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 166, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Es aplicable además al caso, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos nueve, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Es ese tenor, es menester precisar los alcances por los que se otorga la protección constitucional, mismos que deben limitarse en función del acto reclamado, y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo. SEXTO. Efectos del amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, y al haberse considerado procedente OTORGAR LA PROTECCIÓN FEDERAL SOLICITADA, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad capital, para que: a). Dicte un acuerdo en cual atendiendo a los lineamientos de la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, emita pronunciamiento respecto a la procedencia o improcedencia de la vinculación a las autoridades Estatales, como coadyuvantes del directo demandado, a fin de lograr el cumplimiento del laudo ejecutoriado, como lo solicitó la parte actora en el juicio de origen, en el escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, debiendo fundar y motivar su decisión. SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, mismo que fue notificado personalmente a través de su autorizado el uno de junio siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluyan sus nombres y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 63, fracción V, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Hortencia Jimón de la Luz, por propio derecho, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos del diverso sexto de este fallo. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerativo de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento Integral de Expedientes "S.I.S.E", asimismo, anótese en el libro de registro.

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