Hortencia Flores Navarrete
Expediente 33/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos
- Hortencia Flores Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 33/2022-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades responsables y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, analizando en forma integral la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos: a) La discusión, aprobación, promulgación, publicación y expedición de los artículos 123 y 124, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Presidente Ejecutor e Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: b) Como primer acto de aplicación de la norma reclamada, el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitido, en el expediente 01/1013/16. Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Presidente Ejecutor e Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: c) La omisión de hacer efectivo el laudo dictado en el juicio 01/1013/16. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados las omisiones y dilaciones procedimentales suscitadas en la etapa de ejecución del laudo. Ello, pues aun cuando están incluidos en el apartado respectivo, lo cierto es que materialmente son conceptos de violación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En lo concerniente al acto reclamado en el inciso c) consistente en la omisión de hacer efectivo el laudo dictado en el juicio 01/1013/16, que reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Presidente Ejecutor e Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. No es cierto el acto reclamado. Lo anterior, en el entendido que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en el que además manifestó que ha llevado a cabo las diligencias de requerimiento de pago, así como diversa medida de apremio, para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó con su informe justificado, relativas a las actuaciones que integran el juicio de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efectos, dado que la solicitante de amparo reclama la omisión de hacer efectivo el laudo emitido el seis de abril de dos mil once, en el expediente 01/1013/16; en el entendido que combaten dicha omisión de forma genérica, pues no señalaron acto u omisión en concreto; ya que se limitaron a referir genéricamente la inejecución de dicha determinación. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se aprecia lo siguiente Auto de veintitrés de febrero dos mil dieciocho emitido en atención a la petición formulada por la parte actora -aquí quejosa- (de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete y nueve de febrero de dos mil dieciocho), auto de ejecución con efectos de mandamiento por cuanto a la condena establecida en el laudo. En diligencia de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno el actuario adscrito al Tribunal responsable, requirió infructuosamente a la parte demandada el cumplimiento al laudo definitivo. Por escrito de seis de junio y, la peticionaria de amparo solicitó la ejecución del laudo. De igual forma, previa petición de la parte actora de veintiocho mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó diverso auto el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por el cual despachó auto de ejecución, apercibiendo de nueva cuenta a la parte demandada y ordenó dar cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal responsable para que se pronunciaran sobre el apercibimiento consistente en una multa de quince unidades de medidas de actualización. En las apuntadas circunstancias, se colige que la autoridad responsable ha actuado dentro de la etapa ejecutiva del juicio laboral de origen, decretando medidas tendentes a la ejecución o cumplimiento del laudo; asimismo se ha pronunciado con relación a las solicitudes efectuadas por la parte actora y relativa a dicha ejecución. De ahí, que el último pronunciamiento realizado por la autoridad fue el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, sin que de las constancias agregadas en el expediente de origen se advierta que la parte actora haya dado impulso a la ejecución del laudo, y ante tal panorama es evidente que la responsable ha actuado para lograr su ejecución, con independencia que a la fecha en que se resuelve no se haya logrado su cumplimiento. Al respecto, el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de conformidad con su artículo 11, que regula la ejecución de los laudos, dispone lo siguiente Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior. En ese contexto, debe decirse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone que la parte que obtuvo una resolución favorable, será la encargada de impulsar las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución. Luego, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de dicha parte, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, de lo cual se colige que el impulso de la ejecución no corresponde a la junta responsable o presidente ejecutor en su caso, sino a la parte actora, pues -se insiste- es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. Al caso tiene aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 16/2011 (10a.), de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Así como la tesis XVIII. 1o.2 L (10ª), de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de laparte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." En razón de lo expuesto, no podría constreñirse al Tribunal responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues como se dijo, ese impulso precisamente corresponde a la parte que obtuvo y no al Presidente ejecutor del Tribunal; por tanto, dada la necesaria intervención del actor, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecutar el laudo que se reclama. En ese contexto, el presente juicio es improcedente en términos la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de constitucional (dieciséis de agosto de dos mil veintiuno). Asimismo, da sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Décima Época, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En esas condiciones, al actualizarse la causal prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se debe sobreseer en el presente juicio. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de sus competencia, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 123 y 124 fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Además, la certeza de los actos reclamados se advierte de la publicación de la citada disposición de carácter general el seis de septiembre del dos mil, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", pues esa divulgación constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta esta consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". De Igual forma, son ciertos los actos reclamados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente Ejecutor e integrantes del Pleno de dicho Tribunal, consistentes en el auto emitido el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el expediente 01/1013/16, a través de la cual se apercibió a la autoridad demandada para el caso de no dar cumplimiento al requerimiento de pago se le apercibiría con una media de apremio prevista en el numeral 124 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada de diversas constancias del juicio de origen, a las que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia que se actualizan. Ahora bien, el estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. De autos se advierte que el presente juicio es improcedente respecto del acuerdo emitido el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el expediente laboral 01/1013/16, y, por consecuencia, en cuanto a las normas reclamadas de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas A efecto de explicar la improcedencia del juicio, se estima conveniente puntualizar que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio que se ha citado está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En ese orden de ideas debe precisarse que respecto al acuerdo emitido el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 01/1013/16, a través de la cual se requirió a la autoridad demandada diera cumplimiento al laudo emitido en el juicio referido, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento se le aplicaría una media de apremio prevista en el numeral 124 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la promoción de la demanda resulta extemporánea, en razón de la fecha de notificación de dicho acuerdo. Para demostrar lo anterior, se destaca que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]." Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, prevé los siguientes plazos: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De igual modo, el numeral 18 de la Ley de Amparo, contiene las reglas generales de temporalidad de la presentación de la demanda de amparo, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Dicho numeral prevé las diversas reglas para computar el plazo de quince días dentro en los cuales debe presentarse la demanda para tenerla oportunamente recibida, según el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la legal notificación del acto o resolución que reclame, conforme a ley que lo rija; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso la parte quejosa reclama el acuerdo emitido el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el juico laboral de origen, la cual le fue notificada personalmente el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en las instalaciones que ocupa el Tribunal responsable, tal como se advierte de las constancias que obra en autos. Ahora bien, dicha notificación fue practicada en términos del artículo 749, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 733 de la referida Ley Federal dicha notificación surtió sus efectos el día en que fue practicada y los plazos comenzaron a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. De lo anterior se obtiene que la quejosa fue notificada el trece de septiembre de dos mil diecinueve, surtió sus efectos ese mismo día y el plazo para promover el juicio de amparo comenzó a transcurrir a partir del catorce de septiembre siguiente por lo que si presentó su demanda de amparo hasta el catorce de enero de dos mil veintidós; es inconcuso que el término legal de quince días transcurrió en exceso. Por tanto, es claro que la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de la Amparo y, por ello, debe estimarse consentida tácitamente el acuerdo reclamado. En consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto del acuerdo emitido el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitida en el juicio laboral de origen, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Pues como se indicó al inicio del presente considerando, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no es factible desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que al sobreseer el juicio por resultar improcedente respecto del acto de aplicación, dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo a las normas reclamadas. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Hortencia Flores Navarrete por las razones expuestas en las consideraciones tercera y última de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que da fe, hoy veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite las constancias relativas al expediente laboral 01/1013/16, a partir del laudo dictado el doce de octubre de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, toda vez que la documental remitida se trata de una constancia enviada en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cuestión, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que la suscrita Juzgadora está obligada a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a este juzgado copia certificada, completa y legible de las constancias que obran en el expediente de origen 01/1013/2016 a partir del laudo dictado en éste. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo que así lo permite. Data que se señala, debido a la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales en virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos de los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, se precisa que en caso de que alguna de las partes requiera estar presente en el desahogo de dicha diligencia, como lo establece el Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico para que a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, se realicen las gestiones necesarias ante la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal y se proporcionen los elementos técnicos necesarios su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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