Horacio Rommel García Galeana
Expediente 1430/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1430/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Horacio Rommel García Galeana
- Horacio Rommel García Galeana y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de once de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó respecto del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de once de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó respecto del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de tres de octubre de dos mil veintidós, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio que se provee y córrase traslado con su anexo, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que fenecido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por *******************, por su propio derecho, contra actos del Agente Titular del Ministerio de la Unidad de Atención Integral del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla de Guerrero, Guerrero, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1430/2022 y fórmese el expediente respectivo. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En el caso se advierte que el promovente señala como acto reclamado "LA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O BÚSQUEDA". En ese sentido, con base en lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción tesis 2/2022, este juzgador se encuentra obligado a revisar exhaustivamente el escrito de demanda y sus anexos, con el fin de advertir si la acción del quejoso se encuentra justificada a través de un derecho subjetivo, o bien, se trata de una acción que carece de un interés jurídicamente relevante. Ello, mencionó la Primera Sala, guarda relación con el principio de reserva, con el cual se busca que los registros de la investigación guarden secrecía al público en general, hasta en tanto, se llame a comparecer al probable responsable. Una interpretación diversa, es decir, que cualquier persona pueda acceder a los registros de la investigación sin contar con un interés jurídicamente relevante, implicaría un riesgo patente al éxito de la investigación, pues se perdería el sigilo. Por tanto, no es pertinente que, en este tipo de casos, se dirima la litis hasta el dictado de la sentencia, pues al remitir los informes y desahogar pruebas, cualquier persona podría conocer los elementos que conforman una carpeta de investigación (nombres de los imputados, víctimas, datos de pruebas, etc.), sin que tuviera relación con la misma. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;..". Cabe precisar que se realizará el estudio del interés jurídico, puesto que cuando se reclamen actos dictados en un juicio, como en el presente asunto, el quejoso debe acreditar contar con dicho interés, quedando vedada la aceptación del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido, el concepto de interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Por tanto, el interés jurídico es un derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En tanto que el interés legítimo es aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Con base en esas premisas es posible determinar que el quejoso tiene un interés simple en el presente juicio de amparo. En efecto, en los hechos manifiesta que se "ha enterado" que la autoridad responsable la librado lo que hoy combate proveniente del hecho que la ley señala como robo de vehículo, la cual tilda de falsa. A la demanda no anexó documento alguno. Por tanto, es evidente que no ha sido detenido, llamado a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado. Entonces, con base en lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 2/2022, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se justifica en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. En consecuencia, el acto reclamado por la parte quejosa carece de interés jurídico para los efectos del amparo, ya que, sólo aduce que se "ha enterado", cuando la simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple. En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO Y AUTORIZADO. Se tiene como su domicilio procesal el que indica en el escrito que se provee; y, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas ************** y **********, toda vez que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Y, únicamente para oír y recibir notificaciones a ***********************, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el sistema aludido. Notifíquese personalmente.
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