Horacio Robles Torres
Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Horacio Robles Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Principal 16/2022-VI CUENTA. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: 1. El término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintinueve de agosto del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo, le transcurrió del cinco al veintiuno de septiembre del año en curso, sin contar los días diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho de septiembre del año que transcurre, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así, 2. No obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Doy fe. El Secretario Omar Tomás Velázquez López CUENTA. En la misma fecha, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste El Secretario Omar Tomás Velázquez López Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de agosto del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa Horacio Robles Torres, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DEPURABLE por virtud de que en el mismo SE NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que el veintinueve de agosto del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo; por tal virtud, intégrese a los mismos el cuaderno de antecedentes que se formó, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 16/2022, promovido por Horacio Robles Torres, contra actos de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en línea en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diez de enero de dos mil veintidós, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Horacio Robles Torres, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. (.). IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: Del JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, reclamo: a) Su auto de fecha de cinco de enero del año dos mil veintidós, mismo que desestima la excepción de COSA JUZGADA. El quejoso citó como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento y trámite del juicio. Por auto de once de enero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de derechos fundamentales intentada por el quejoso Horacio Robles Torres (fojas 21 a 23), inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de queja, el que por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, quien lo radicó bajo el número 25/2022 y en sesión de 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 24 veinticinco de marzo de dos mil veintidós, lo declaró fundado (fojas 41 a 59). En consecuencia, mediante auto de veinte de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda (fojas 60 a 64); pidió informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y solicitó al Delegado en el Estado de Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, designara un representante especial a los menores de identidad reservada R.R.R. y A.R.R; además, se tuvo como tercero interesada a Concepción Elba Alejandra Ramírez Gómez, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, quien fue emplazada y se apersonó al presente sumario constitucional mediante escrito registrado con número de folio número 7507 (fojas 108 a 125). De igual manera, por comparecencias de cuatro y auto de nueve, ambas de mayo del año en curso, se tuvo por designado al licenciado Laudencio Villanueva de la Luz, Asesor Jurídico Federal adscrito a la Delegación Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, como representante de los menores de iniciales R.R.R. y A.R.R. El diez de junio de dos mil veintidós, previos diferimientos de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, al reclamarse actos atribuidos a una autoridad judicial con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.3 TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000, página treinta y dos En ese sentido, de un análisis integral a la demanda de garantías, se advierte que el quejoso reclama de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad: ? El acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de alimentos 231/2008-1 de 3 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 25 Amparo Indirecto 16/2022-VI su índice, en el que no proveyó de conformidad la solicitud de extinción del juicio de alimentos 231/2008-1. La anterior delimitación se extrae de los capítulos de actos reclamados, antecedentes de los mismos, expuestos por la parte quejosa, así como de las constancias de autos, y responde al imperativo que contiene el invocado artículo 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. CUARTO. Oportunidad de la demanda. El proveído del cual se duele el quejoso, le fue notificado por lista, el seis de enero de dos mil veintidós (foja 602 vuelta del tomo de pruebas); y, por ende, de conformidad con el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, las notificaciones por lista se darán por hechas y surtirán sus efectos al día siguiente al que se fijó la lista, en los estrados del Juzgado o Tribunal; por tanto, si la demanda de amparo fue depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por las razones expuestas en el resultando primero de esta sentencia, el diez de enero del año en curso, se concluye que ello aconteció en el plazo que señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dado que este transcurrió del diez al veintiocho del mes y año de referencia, siendo inconcuso que su presentación es oportuna. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68, cuyo rubro reza: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". La autoridad responsable, Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, al reconocer que emitió el auto de cinco de enero de dos mil veintidós, en el juicio familiar de origen. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 749, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. ", visible en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, con registro electrónico 1002815. Certeza además que se corrobora con las copias certificadas del expediente 231/2008-1, que la mencionada autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado. Prueba documental a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su ordinal 2°. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 26 Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página ciento cincuenta y tres. SEXTO. Cuestión previa. De inicio, es dable precisar que en todos los casos donde estén involucrados derechos o intereses de menores de edad, tal como acontece en el supuesto que ahora se examina, los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio constitucional están obligados a velar por su interés superior. Sin que para ello se atienda a la naturaleza de los derechos cuestionados y el carácter del promovente, ya que lo trascendente es la minoría de edad, de modo que ante el riesgo de que en un juicio de amparo puedan resultar afectados directa o indirectamente los intereses o el bienestar físico y mental de un menor de edad o incapaz, procede aplicar la institución de la suplencia de la queja a efecto de salvaguardar su interés. Lo anterior, con independencia de la materia sobre la que verse el asunto, ya que no existen limitantes para la intervención oficiosa de los Tribunales que conocen del amparo. Postura que se fija, en virtud de que al tratarse de cuestiones que pueden afectar al orden y la estabilidad de la familia y particularmente en aquellas que atañen a menores o incapaces, el interés jurídico no corresponde exclusivamente a los padres del menor o incapaz, sino la sociedad en su conjunto tiene un interés primordial en que la situación de los hijos quede perfectamente definida, con el objeto de asegurar la protección de un interés que, se insiste, resulta preponderante el que corresponde a un menor de edad o incapaz. Lo anterior tiene su sustento en la jurisprudencia 1a./J.191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, correspondiente al mes de mayo de 2006, Tomo XXIII, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." A mayor abundamiento, el acto reclamado consiste en el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, en el que la responsable no proveyó de conformidad la solicitud de extinción del juicio de alimentos 231/2008-1, promovido por la Concepción Elva Alejandra Ramírez Gómez, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada R.R.R. y A.R.R. De ahí que, tomando en consideración la existencia de situaciones que pueden trastocar los intereses de menores de edad, en específico los relativos a los alimentos, debe prevalecer el interés superior de las personas menores de edad; por tanto, -de ser el caso-, en suplencia de la queja deficiente en favor de los menores de edad, la suscrita tiene facultades para resolver lo que proceda a fin de garantizar el respeto a esos intereses. SÉPTIMO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia del presente juicio de amparo y no se observa alguna de manera oficiosa en términos del artículo 62 de la ley de Amparo, por lo que procede al estudio de los conceptos de violación. OCTAVO. Estudio de fondo. No existe obligación legal de transcribir los conceptos de violación, como así se estableció en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", visible en el Semanario 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 27 Amparo Indirecto 16/2022-VI Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página ochocientos treinta. En el único concepto de violación el quejoso esencialmente argumenta que: ? Se transgrede en su perjuicio los artículos 14, 17 y 23 constitucionales, en virtud de que la responsable falta a las formalidades de ley que exigen que las resoluciones se encuentren debidamente fundadas y motivadas, ya que basa su determinación en analogías sin sustento, además de que ninguna disposición o principio jurídico sostiene que un juicio no se puede extinguir cuando existe otra sentencia que resolvió la materia de la litis.? La responsable tiene la obligación de observar la cosa juzgada al resolver. ? El juicio de alimentos del que deriva el acto reclamado, se inició en el año dos mil ocho y, a la fecha no se ha resuelto. ? De conformidad con el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 constitucional, nadie puede ser juzgado en dos instancias por los mismos hechos. Precepto que afirma, transgredió la responsable al fallar equivocadamente y sin fundamento sobre la figura procesal de cosa juzgada, con base en la que se encuentra impedida para resolver en definitiva, lo que ya fue resuelto en otro juicio. Conceptos de violación infundados . Los artículos 367 y 372 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, disponen lo siguiente: "Artículo 367.- Cosa juzgada. Se considera pasada en autoridad de cosa juzgada, la sentencia que no está sujeta a impugnación por haber causado ejecutoria." "Artículo 372.- Resoluciones que pueden alterarse o modificarse. Las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y las dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien estas circunstancias." La interpretación de los preceptos transcritos permite deducir que la cosa juzgada se considera la sentencia que no está sujeta a impugnación por haber causado ejecutoria. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias Asimismo las resoluciones que pueden alterarse o modificarse, son aquellas que se encuentran firmes sobre prestaciones futuras, y en los negocios de alimentos, solo tiene autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, y podrán alterarse o 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 28 modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien esas circunstancias. Ello, en razón de que siendo la finalidad de éstos proveer respecto a la subsistencia cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la obligación y el derecho correlativos se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento, disminución o modificación de la pensión si existen factores al respecto. Inclusive, de acuerdo con el artículo 225 del Código Procesal Civil del Estado,4 cualquier reclamación sobre el derecho de percibir alimentos se sustanciará en un juicio distinto y lo relativo a su monto, se sustanciará en la vía incidental. Lo anterior, corrobora que en el juicio familiar de origen no precluye el derecho de cuestionar la legalidad de los alimentos en cualquier etapa, se hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de los alimentos en los que se encuentren involucrados menores, toda vez que en las determinaciones susceptibles de adoptarse por el juzgador debe privilegiarse el interés superior del menor en aras de que le sean propinados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, para lo cual también es menester tomar en cuenta los derechos y deberes, entre otros, de sus padres, para, de ese modo, garantizar, en la medida posible, la supervivencia, el desarrollo y el derecho del niño a ser criado y cuidado por éstos. Apoya a lo anterior, la tesis número XVIII.4o.1 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con número de registro digital 162048, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS CONVENIOS JUDICIALES RELATIVOS SON MUTABLES, Y PARA DETERMINAR SU MODIFICACIÓN, DEBE ATENDERSE AL DERECHO A RECIBIRLA. El derecho a alimentos es una cuestión de orden público e interés social, y se traduce en la obligación de proporcionar, entre otros, casa, comida, vestido y educación. Tal institución es aplicable a las personas que se encuentran vinculadas por matrimonio, concubinato o parentesco; así, la obligación de dar alimentos se establece en la ley y se determina según la posibilidad del que deba darlos y las necesidades del que deba recibirlos y, por lo general, cesa cuando el alimentista cumple su mayoría de edad o no los necesita. Lógicamente, el incumplimiento de tal obligación puede reclamarse en juicio, el cual puede culminar en una forma autocompositiva, o sea, a través de un convenio celebrado por las partes, que debe ser autorizado por el Juez que conoce del asunto, quien podrá elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada. Empero, tales convenios no mantienen autoridad de cosa juzgada de manera permanente, pues puede solicitarse en juicio su modificación, de cambiar las circunstancias que dieron origen a las obligaciones alimentarias pactadas y a los términos en que se estableció ya que, de suceder ello, habrá lugar a la acción de mutación del convenio judicial, en la que debe considerarse el origen de la obligación pactada, máxime si en tales pactos se reputan como alimentos aquellos que se otorgan a terceros, a quienes no les asistía tal derecho, como será la madre de hijos nacidos fuera de matrimonio, cuyo progenitor estuviere casado con diversa persona, aun cuando una autoridad jurisdiccional los hubiera calificado de 4 "Artículo 225.- Reclamaciones. En la providencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir alimentos. Cualquier reclamación sobre este derecho se substanciará en juicio distinto y entre tanto se seguirá abonando la suma señalada para alimentos. Las cuestiones que se susciten sobre el monto de los alimentos se substanciarán en la vía incidental." 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 29 Amparo Indirecto 16/2022-VI esa manera, porque ello podría funcionar en menoscabo de aquellos que tuvieren derecho a ellos, como el cónyuge o descendientes del obligado. Es inadmisible que se exija el pago de tal obligación "alimentaria", autoimpuesta y sancionada legalmente, como limitación para cubrir dicha prestación a quienes les corresponde legalmente; lo anterior, con el fin de asegurar el interés social de que los alimentos se sufraguen a quien tiene un derecho legítimo a recibirlos, evitando la posibilidad de que una persona que se encuentra obligada a darlos, eluda su responsabilidad, aduciendo que ha contraído obligaciones con un tercero por ese concepto. Por tanto, en los casos en que se asuma tal obligación, para justificar su modificación, no puede exigirse un juicio de proporcionalidad o análisis de los supuestos legales de cese de la obligación alimentaria, si tuvo su origen en una liberalidad." Asimismo, la tesis número XXXI.12 C (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con número de registro digital 2003913, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS DE MENORES EN EL JUICIO SUMARIO CIVIL. NO PRECLUYE EL DERECHO DE CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE ÉSTOS EN CUALQUIER ETAPA, SE HAYAN IMPUGNADO O NO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). Del estudio sistemático de los artículos 130 bis del Código de Procedimientos Civiles, así como 327 y 337 del Código Civil, ambos del Estado de Campeche, se infiere que en materia de alimentos no opera la caducidad de la instancia, ni el principio de cosa juzgada, en razón de que siendo la finalidad de éstos proveer respecto a la subsistencia cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la obligación y el derecho correlativos se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento, disminución o modificación de la pensión si existen factores al respecto. Por mayoría de razón, en el juicio sumario civil no precluye el derecho de cuestionar la legalidad de éstos en cualquier etapa, se hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de los alimentos de menores. Esto es así, en atención al artículo 4o., párrafos sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los diversos numerales 3, 6, 7, 18 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Nueva York, Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, ratificada el diez de agosto del mismo año, por el Ejecutivo Federal, depositada el veintiuno de septiembre posterior, ante el secretario general de las Naciones Unidas, promulgada el veintiocho de noviembre ulterior y publicada el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que en las determinaciones susceptibles de adoptarse por el juzgador debe privilegiarse el interés superior del menor en aras de que le sean propinados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, para lo cual también es menester tomar en cuenta los derechos y deberes, entre otros, de sus padres, ante la ley para, de 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 30 ese modo, garantizar, en la medida posible, la supervivencia, el desarrollo y el derecho del niño a ser criado y cuidado por éstos." Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia constitucional, es del tenor siguiente: "(.) Auto. Acapulco, Guerrero, a cinco de enero de dos mil veintidós. "Visto el escrito del Licenciado HORACIO ROBLES TORRES, quien promueve en su carácter de demandado, personalidad que tiene debidamente acreditada y reconocida en autos, atenta a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 fracción IV y 177 fracción III del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se le tiene al promovente por hechas las manifestaciones que vierte en el ocurso de cuenta, sin embargo, cabe destacar que en último de los arábigos en cita, establecen que una de las causas de extinción del juicio es derivada sustancialmente la materia de litigio. Bajo ese contexto, el promovente motiva su pretensión en el hecho de que este órgano jurisdiccional reconoció el contenido de la sentencia de divorcio del expediente 343/2010 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro de la cual entre otras cosas fue resuelta la cuestión alimenticia en los términos establecidos en el resolutivo quinto del cual refiere lo siguiente: ".QUINTA.- Se condena a las partes a estar y pasar en todo tiempo y lugar por el convenio celebrado y aprobado en este procedimiento." En atención a ello, cabe destacar que la parte relativa a los alimentos pactada en el convenio aprobado en el resolutivo quinto de la sentencia antes aludida refiere lo siguiente: ".SEGUNDA.- Ambas partes estamos de acuerdo en que al señor Horacio Robles Torres se le continúe descontando de su sueldo y demás prestaciones la cantidad resultante del 40 por ciento del total de ellas; descuento ordenado por el Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero desde el 13 de mayo de 2009, mediante oficio numero 288 expediente 231/2008-I del que acompañamos copia simple. Dicho descuento se deposita quincenalmente en la cuenta número 1410771910 del Banco BBVA Bancomer, cuya titular es la señora Concepción Elva Ramírez Gómez. CUARTA.- Del mismo modo, manifestamos a su señoría que respecto a la garantía que un cónyuge debe otorgar al otro por concepto de alimentos por el mismo tiempo que dure el procedimiento y después de decretarlo el mismo, hemos resuelto de común acuerdo exentarnos de esa obligación, en términos del artículo 419 del Código civil en vigor para el Estado de Jalisco." De la transcripción que precede, se evidencia que en el referido procedimiento las partes se sometieron a la pensión alimenticia decretada dentro del presente sumario, ante ello, la pretensión medular del promovente es extinguir el presente procedimiento ante tal acuerdo de voluntades ya que a su consideración se actualiza la figura procesal de la Cosa Juzgada. Ante tal circunstancias cabe destacar que nuestra codificación procesal, en su arábigo 372 estable que las 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 31 Amparo Indirecto 16/2022-VI determinaciones judiciales que sean dictadas en aquellos negocios de orden familiar en donde se vean inmersos de menores, tales como convivencias, guarda y custodia, alimentos, etcétera, las sentencias definitivas podrán ser modificadas siempre y cuando hayan cambiado las circunstancias en las cuales hayan sido previamente resuelto, por ende, el hecho de que en el juicio de divorcio tramitado bajo el número de expediente 343/2010 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ambos divorciantes hayan manifestado su conformidad en que se siguiera descontando la pensión alimenticia decretada en el juicio que nos ocupa, esto no vincula a este Juzgado a llevar a decretar la extinción del presente asunto por los razonamiento que expone en su ocurso de cuenta puesto que en el mismo nunca se especificó si dicha pensión alimenticia tendría el carácter de definitiva, pues como se advierte de constancias que integran los presentes autos la pensión decretada tiene el carácter de provisional. En consecuencia, y en atención a lo narrado en párrafos que precede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 fracción IV del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se le dice al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de extinción del presente juicio." Transcripción de la que se observa que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, no proveyó de conformidad la petición del aquí quejoso de extinguir el juicio de origen, con sustento en la configuración de la cosa juzgada, derivada de la sentencia que pronunció el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el veintitrés de septiembre de dos mil diez, en el expediente 343/2010, relativo al juicio de divorcio por mutuo consentimiento, en el cual se estableció que al propio quejoso, se le continuaría descontando el cuarenta por ciento de las percepciones que recibe, con la finalidad de cubrir la pensión alimenticia en relación con sus hijos menores de edad. Además, se puntualizó que en tal sentencia no se especificó si la pensión alimenticia tendría el carácter de definitiva, dado que, de las constancias del sumario familiar de origen, la pensión tiene el carácter de provisional . Determinación que se comparte, dado que en los juicios donde se encuentran vinculados intereses de menores de edad, en específico los relativos a los alimentos no opera la caducidad de la instancia, ni el principio de cosa juzgada, en razón de que su finalidad es vigilar y proveer lo necesario para garantizar la subsistencia cotidiana a que tienen derecho. Así es, pues la obligación y el derecho correlativos relacionados con los alimentos, se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento, disminución o modificación de la pensión si existen factores al respecto, dado que los convenios celebrados en los juicios de divorcio voluntario que se elevan a cosa juzgada en la parte que trasciende a la ministración de alimentos de los hijos menores de edad, no tienen validez invariable y son susceptibles de alterarse y modificarse, de conformidad a lo establecido en el artículo 225 del Código Procesal Civil del Estado. Es por ello que se insiste, en el juicio familiar de origen no precluye el derecho de cuestionar la legalidad de los alimentos en cualquier etapa, se hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de los alimentos de menores, toda vez que en las determinaciones susceptibles de adoptarse por el juzgador debe privilegiarse el interés superior del menor en aras de que le sean propinados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, para lo cual también es menester tomar en cuenta los derechos y deberes, entre otros, de sus padres para 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 32 garantizar la supervivencia, el desarrollo y el derecho del niño a ser criado y cuidado por éstos. Aunado a lo anterior, como adecuadamente lo estableció la Juez responsable, la sentencia emitida por el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el veintitrés de septiembre de dos mil diez, en el expediente 343/2010, relativo al juicio de divorcio por mutuo consentimiento, en la cual, los allá divorciantes (aquí quejoso y tercera interesada), establecieron en la cláusula segunda del convenio aprobado por ese Juez, lo siguiente; "SEGUNDA: Ambas partes estamos de acuerdo en que la señor Horacio Robles Torres se le continúe descontando de su sueldo y demás prestaciones, la cantidad resultante del 40 por ciento del total de ellas; descuento ordenado por el juez tercero de lo familiar del partido judicial de Tabares, con sede en Acapulco Guerreo desde el 13 de mayo del 2009, mediante oficio número 288, expediente 231/2008-I del que acompañamos copia simple. Dicho descuento se deposita quincenalmente en la cuenta número 1410771910 del Banco BBVA Bancomer, cuya titular es la señora Concepción Eva Alejandra Ramírez Gómez.", de lo que se desprende, que no se especificó que la pensión por alimentos propuesta tuviera el carácter de definitiva, pues en el juicio de alimentos de origen la pensión decretada tiene el carácter de provisional. A mayor abundamiento, debe tener presente, que de acuerdo con el principio de territorialidad de la ley consagrado en el artículo 121, fracción I, de la Constitución Federal, el ámbito de aplicación de los códigos sustantivos y adjetivos civiles, de todas las entidades de la República mexicana, se limita al propio territorio de cada entidad política, por lo que sus disposiciones no pueden ser obligatorias fuera de ellas, a pesar de que en materia de alimentos revistan cierta uniformidad en cuanto a la determinación de los acreedores y deudores alimentarios, a la forma de regular los requisitos que deben satisfacerse para que se tengan esos caracteres, a las condiciones conforme a las cuales los alimentos deben cuantificarse, ministrarse y asegurarse, al tiempo que dura la obligación alimentaria y a la forma en que ésta puede modificarse o aun extinguirse. De acuerdo con tales premisas, cuando en aplicación de determinada legislación civil se dicta una sentencia que al concretar y exteriorizar la función jurisdiccional decreta una condena al pago de alimentos o aprueba un convenio al respecto, sea en un juicio de alimentos, divorcio o cualquier otro posible, se crea una situación jurídica concreta a consecuencia de la cual puede constreñirse al obligado al cumplimiento de su deber, pero regida no sólo conforme a lo ordenado en dicha sentencia por el Juez respectivo, sino también a lo convenido por las partes en los consensos correspondientes y, necesariamente, a lo dispuesto en la legislación aplicada que dada la variabilidad de las relaciones familiares que la obligación alimentaria genera y la permanencia del estado civil que implica que sus efectos se prolonguen en el tiempo, impide que las determinaciones dictadas en esa clase de asuntos adquieran el carácter de cosa juzgada, y es la que suple, en todo caso, las omisiones en que hayan incurrido las partes o el juzgador, sea respecto a las formas de modificación (reducción o aumento) o extinción (cese) del deber de proporcionar alimentos. Por consiguiente, debe establecerse que dicha situación jurídica sólo puede ser ajustada, modificada o extinguida, en la medida que así lo permita la legislación conforme a la cual se creó y en la forma y términos que en su caso establezca, pues no habría seguridad jurídica ni para el acreedor alimentario ni para el deudor alimentista, si se permitiera que las obligaciones y derechos alimentarios ya constituidos se modificaran o extinguieran de tantas formas como códigos civiles existen en la República mexicana, máxime que una sola relación jurídica no puede regirse al mismo tiempo por dos legislaciones locales distintas. Tales consideraciones guardan armonía con el indicado principio de territorialidad de la ley y no entrañan ningún desacato a la obligación que el referido artículo 121 constitucional establece en su párrafo primero, en cuanto a que cada Estado de la Federación otorgue 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 33 Amparo Indirecto 16/2022-VI entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de otros, dado que no constituye desconocimiento a los efectos de la sentencia dictada por el Juez que previno, sino, por lo contrario, representa el respeto y reconocimiento de esas consecuencias jurídicas derivadas del contenido normativo de una entidad, al determinar que la situación jurídica creada a través de esa resolución no puede ser modificada mediante la aplicación de una legislación ajena a la que se tuvo en cuenta para su creación y por tribunales a los que compete la aplicación de esa legislación diversa, por más que se trate de un aspecto socialmente tan relevante como lo es la cuestión del cumplimiento de la obligación alimentaria. Las anteriores consideraciones, dieron origen a la tesis número I.3o.C.343 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 186681, de rubro; "ALIMENTOS. EL CONVENIO O SENTENCIA EN QUE SE HAYAN DECRETADO, SÓLO PUEDEN MODIFICARSE AL TENOR DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE REGULÓ ESOS ACTOS." Por último, de igual manera resulta infundado el argumento, expuesto por el quejoso en el sentido de que la Juez responsable, contravino el principio de non bis in idem, al ser juzgado en dos instancias por los mismos hechos. Ello es así, dado que como se ha precisado en párrafos que anteceden, en el juicio de origen, materia del auto aquí combatido, es relativo al juicio especial de alimentos que dio origen al juicio 231/2008-I, del índice de la autoridad aquí responsable; y, el diverso expediente 343/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se resolvió lo relativo al divorcio por mutuo consentimiento . De ahí que, no se le está juzgando dos veces por los mismos hechos, dado que en el juicio de origen generador del presente sumario constitucional, se ventila lo relativo a los alimentos de los menores relacionados en ese juicio, y en el diverso del juicio del índice del Juzgado de Jalisco, se resolvió, lo inherente al divorcio por mutuo consentimiento, ya que como adecuadamente lo precisó la Juez responsable, son hechos y derechos diversos los ventilados en ambos juicios. Además de que en el convenio celebrado entre las partes (aquí quejoso y tercera interesada), no se especificó que la pensión por alimentos propuesta tuviera el carácter de definitiva, pues en el juicio de alimentos de origen la pensión decretada tiene el carácter de provisional, dado que no se ha dictado sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, como fue precisado en párrafos que antecenden, los juicio relativos a alimentos no opera la caducidad de la instancia, ni el principio de cosa juzgada, en razón de que siendo la finalidad de éstos proveer respecto a la subsistencia cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la obligación y el derecho correlativos se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento, disminución o modificación de la pensión si existen factores al respecto, de ahí que en el juicio de alimentos de origen no precluye el derecho de cuestionar la legalidad de éstos en cualquier etapa, se hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de los alimentos de menores. En ese contexto, conforme a las consideraciones que han sido plasmadas en párrafos que anteceden, quien ahora resuelve llega al convencimiento de que, fue apegado a derecho el proceder de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, al no proveer de conformidad acordar la extinción del juicio de alimentos 231/2008-1 de su índice, promovido por la aquí tercera interesada, por ser improcedente. Por los motivos expresados en el presente fallo, no existe inobservancia de la tesis invocada por la parte quejosa en el escrito constitucional de demanda. Decisión. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 34 En las condiciones expuestas, ante lo infundado del único concepto de violación planteado por el quejoso Horacio Robles Torres, sin que se advierta queja que suplir, se impone negar el amparo y protección que de la justicia de la Unión solicitó. Finalmente, no son inadvertidas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, tercera interesada y el represente especial de los menores de identidad reservada R.R.R. y A.R.R, en vía de alegatos; sin embargo, como es de explorado derecho que los alegatos no forman parte de la litis constitucional en el juicio de amparo y por tanto esta juzgadora no tiene obligación de efectuar un pronunciamiento expreso en torno a esos alegatos. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia número P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Número 80, Agosto de 1994, página catorce. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Horacio Robles Torres por propio derecho, contra el acto reclamado de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esa ciudad, consistente en el proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio especial de alimentos 231/2008-I de su índice, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy veintinueve de agosto de dos mil veintidós, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe."
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 16/2022, promovido por Horacio Robles Torres, contra actos de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en línea en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diez de enero de dos mil veintidós, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Horacio Robles Torres, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. (.). IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: Del JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, reclamo: a) Su auto de fecha de cinco de enero del año dos mil veintidós, mismo que desestima la excepción de COSA JUZGADA. El quejoso citó como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento y trámite del juicio. Por auto de once de enero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de derechos fundamentales intentada por el quejoso Horacio Robles Torres (fojas 21 a 23), inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de queja, el que por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, quien lo radicó bajo el número 25/2022 y en sesión de 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 24 veinticinco de marzo de dos mil veintidós, lo declaró fundado (fojas 41 a 59). En consecuencia, mediante auto de veinte de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda (fojas 60 a 64); pidió informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y solicitó al Delegado en el Estado de Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, designara un representante especial a los menores de identidad reservada R.R.R. y A.R.R; además, se tuvo como tercero interesada a Concepción Elba Alejandra Ramírez Gómez, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, quien fue emplazada y se apersonó al presente sumario constitucional mediante escrito registrado con número de folio número 7507 (fojas 108 a 125). De igual manera, por comparecencias de cuatro y auto de nueve, ambas de mayo del año en curso, se tuvo por designado al licenciado Laudencio Villanueva de la Luz, Asesor Jurídico Federal adscrito a la Delegación Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, como representante de los menores de iniciales R.R.R. y A.R.R. El diez de junio de dos mil veintidós, previos diferimientos de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, al reclamarse actos atribuidos a una autoridad judicial con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.3 TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000, página treinta y dos En ese sentido, de un análisis integral a la demanda de garantías, se advierte que el quejoso reclama de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad: ? El acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de alimentos 231/2008-1 de 3 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 25 Amparo Indirecto 16/2022-VI su índice, en el que no proveyó de conformidad la solicitud de extinción del juicio de alimentos 231/2008-1. La anterior delimitación se extrae de los capítulos de actos reclamados, antecedentes de los mismos, expuestos por la parte quejosa, así como de las constancias de autos, y responde al imperativo que contiene el invocado artículo 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. CUARTO. Oportunidad de la demanda. El proveído del cual se duele el quejoso, le fue notificado por lista, el seis de enero de dos mil veintidós (foja 602 vuelta del tomo de pruebas); y, por ende, de conformidad con el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, las notificaciones por lista se darán por hechas y surtirán sus efectos al día siguiente al que se fijó la lista, en los estrados del Juzgado o Tribunal; por tanto, si la demanda de amparo fue depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por las razones expuestas en el resultando primero de esta sentencia, el diez de enero del año en curso, se concluye que ello aconteció en el plazo que señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dado que este transcurrió del diez al veintiocho del mes y año de referencia, siendo inconcuso que su presentación es oportuna. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68, cuyo rubro reza: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". La autoridad responsable, Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, al reconocer que emitió el auto de cinco de enero de dos mil veintidós, en el juicio familiar de origen. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 749, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. ", visible en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, con registro electrónico 1002815. Certeza además que se corrobora con las copias certificadas del expediente 231/2008-1, que la mencionada autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado. Prueba documental a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su ordinal 2°. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 26 Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página ciento cincuenta y tres. SEXTO. Cuestión previa. De inicio, es dable precisar que en todos los casos donde estén involucrados derechos o intereses de menores de edad, tal como acontece en el supuesto que ahora se examina, los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio constitucional están obligados a velar por su interés superior. Sin que para ello se atienda a la naturaleza de los derechos cuestionados y el carácter del promovente, ya que lo trascendente es la minoría de edad, de modo que ante el riesgo de que en un juicio de amparo puedan resultar afectados directa o indirectamente los intereses o el bienestar físico y mental de un menor de edad o incapaz, procede aplicar la institución de la suplencia de la queja a efecto de salvaguardar su interés. Lo anterior, con independencia de la materia sobre la que verse el asunto, ya que no existen limitantes para la intervención oficiosa de los Tribunales que conocen del amparo. Postura que se fija, en virtud de que al tratarse de cuestiones que pueden afectar al orden y la estabilidad de la familia y particularmente en aquellas que atañen a menores o incapaces, el interés jurídico no corresponde exclusivamente a los padres del menor o incapaz, sino la sociedad en su conjunto tiene un interés primordial en que la situación de los hijos quede perfectamente definida, con el objeto de asegurar la protección de un interés que, se insiste, resulta preponderante el que corresponde a un menor de edad o incapaz. Lo anterior tiene su sustento en la jurisprudencia 1a./J.191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, correspondiente al mes de mayo de 2006, Tomo XXIII, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." A mayor abundamiento, el acto reclamado consiste en el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, en el que la responsable no proveyó de conformidad la solicitud de extinción del juicio de alimentos 231/2008-1, promovido por la Concepción Elva Alejandra Ramírez Gómez, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada R.R.R. y A.R.R. De ahí que, tomando en consideración la existencia de situaciones que pueden trastocar los intereses de menores de edad, en específico los relativos a los alimentos, debe prevalecer el interés superior de las personas menores de edad; por tanto, -de ser el caso-, en suplencia de la queja deficiente en favor de los menores de edad, la suscrita tiene facultades para resolver lo que proceda a fin de garantizar el respeto a esos intereses. SÉPTIMO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia del presente juicio de amparo y no se observa alguna de manera oficiosa en términos del artículo 62 de la ley de Amparo, por lo que procede al estudio de los conceptos de violación. OCTAVO. Estudio de fondo. No existe obligación legal de transcribir los conceptos de violación, como así se estableció en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", visible en el Semanario 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 27 Amparo Indirecto 16/2022-VI Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página ochocientos treinta. En el único concepto de violación el quejoso esencialmente argumenta que: ? Se transgrede en su perjuicio los artículos 14, 17 y 23 constitucionales, en virtud de que la responsable falta a las formalidades de ley que exigen que las resoluciones se encuentren debidamente fundadas y motivadas, ya que basa su determinación en analogías sin sustento, además de que ninguna disposición o principio jurídico sostiene que un juicio no se puede extinguir cuando existe otra sentencia que resolvió la materia de la litis.? La responsable tiene la obligación de observar la cosa juzgada al resolver. ? El juicio de alimentos del que deriva el acto reclamado, se inició en el año dos mil ocho y, a la fecha no se ha resuelto. ? De conformidad con el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 constitucional, nadie puede ser juzgado en dos instancias por los mismos hechos. Precepto que afirma, transgredió la responsable al fallar equivocadamente y sin fundamento sobre la figura procesal de cosa juzgada, con base en la que se encuentra impedida para resolver en definitiva, lo que ya fue resuelto en otro juicio. Conceptos de violación infundados . Los artículos 367 y 372 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, disponen lo siguiente: "Artículo 367.- Cosa juzgada. Se considera pasada en autoridad de cosa juzgada, la sentencia que no está sujeta a impugnación por haber causado ejecutoria." "Artículo 372.- Resoluciones que pueden alterarse o modificarse. Las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y las dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien estas circunstancias." La interpretación de los preceptos transcritos permite deducir que la cosa juzgada se considera la sentencia que no está sujeta a impugnación por haber causado ejecutoria. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias Asimismo las resoluciones que pueden alterarse o modificarse, son aquellas que se encuentran firmes sobre prestaciones futuras, y en los negocios de alimentos, solo tiene autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, y podrán alterarse o 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 28 modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien esas circunstancias. Ello, en razón de que siendo la finalidad de éstos proveer respecto a la subsistencia cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la obligación y el derecho correlativos se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento, disminución o modificación de la pensión si existen factores al respecto. Inclusive, de acuerdo con el artículo 225 del Código Procesal Civil del Estado,4 cualquier reclamación sobre el derecho de percibir alimentos se sustanciará en un juicio distinto y lo relativo a su monto, se sustanciará en la vía incidental. Lo anterior, corrobora que en el juicio familiar de origen no precluye el derecho de cuestionar la legalidad de los alimentos en cualquier etapa, se hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de los alimentos en los que se encuentren involucrados menores, toda vez que en las determinaciones susceptibles de adoptarse por el juzgador debe privilegiarse el interés superior del menor en aras de que le sean propinados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, para lo cual también es menester tomar en cuenta los derechos y deberes, entre otros, de sus padres, para, de ese modo, garantizar, en la medida posible, la supervivencia, el desarrollo y el derecho del niño a ser criado y cuidado por éstos. Apoya a lo anterior, la tesis número XVIII.4o.1 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con número de registro digital 162048, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS CONVENIOS JUDICIALES RELATIVOS SON MUTABLES, Y PARA DETERMINAR SU MODIFICACIÓN, DEBE ATENDERSE AL DERECHO A RECIBIRLA. El derecho a alimentos es una cuestión de orden público e interés social, y se traduce en la obligación de proporcionar, entre otros, casa, comida, vestido y educación. Tal institución es aplicable a las personas que se encuentran vinculadas por matrimonio, concubinato o parentesco; así, la obligación de dar alimentos se establece en la ley y se determina según la posibilidad del que deba darlos y las necesidades del que deba recibirlos y, por lo general, cesa cuando el alimentista cumple su mayoría de edad o no los necesita. Lógicamente, el incumplimiento de tal obligación puede reclamarse en juicio, el cual puede culminar en una forma autocompositiva, o sea, a través de un convenio celebrado por las partes, que debe ser autorizado por el Juez que conoce del asunto, quien podrá elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada. Empero, tales convenios no mantienen autoridad de cosa juzgada de manera permanente, pues puede solicitarse en juicio su modificación, de cambiar las circunstancias que dieron origen a las obligaciones alimentarias pactadas y a los términos en que se estableció ya que, de suceder ello, habrá lugar a la acción de mutación del convenio judicial, en la que debe considerarse el origen de la obligación pactada, máxime si en tales pactos se reputan como alimentos aquellos que se otorgan a terceros, a quienes no les asistía tal derecho, como será la madre de hijos nacidos fuera de matrimonio, cuyo progenitor estuviere casado con diversa persona, aun cuando una autoridad jurisdiccional los hubiera calificado de 4 "Artículo 225.- Reclamaciones. En la providencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir alimentos. Cualquier reclamación sobre este derecho se substanciará en juicio distinto y entre tanto se seguirá abonando la suma señalada para alimentos. Las cuestiones que se susciten sobre el monto de los alimentos se substanciarán en la vía incidental." 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 29 Amparo Indirecto 16/2022-VI esa manera, porque ello podría funcionar en menoscabo de aquellos que tuvieren derecho a ellos, como el cónyuge o descendientes del obligado. Es inadmisible que se exija el pago de tal obligación "alimentaria", autoimpuesta y sancionada legalmente, como limitación para cubrir dicha prestación a quienes les corresponde legalmente; lo anterior, con el fin de asegurar el interés social de que los alimentos se sufraguen a quien tiene un derecho legítimo a recibirlos, evitando la posibilidad de que una persona que se encuentra obligada a darlos, eluda su responsabilidad, aduciendo que ha contraído obligaciones con un tercero por ese concepto. Por tanto, en los casos en que se asuma tal obligación, para justificar su modificación, no puede exigirse un juicio de proporcionalidad o análisis de los supuestos legales de cese de la obligación alimentaria, si tuvo su origen en una liberalidad." Asimismo, la tesis número XXXI.12 C (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con número de registro digital 2003913, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS DE MENORES EN EL JUICIO SUMARIO CIVIL. NO PRECLUYE EL DERECHO DE CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE ÉSTOS EN CUALQUIER ETAPA, SE HAYAN IMPUGNADO O NO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). Del estudio sistemático de los artículos 130 bis del Código de Procedimientos Civiles, así como 327 y 337 del Código Civil, ambos del Estado de Campeche, se infiere que en materia de alimentos no opera la caducidad de la instancia, ni el principio de cosa juzgada, en razón de que siendo la finalidad de éstos proveer respecto a la subsistencia cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la obligación y el derecho correlativos se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento, disminución o modificación de la pensión si existen factores al respecto. Por mayoría de razón, en el juicio sumario civil no precluye el derecho de cuestionar la legalidad de éstos en cualquier etapa, se hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de los alimentos de menores. Esto es así, en atención al artículo 4o., párrafos sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los diversos numerales 3, 6, 7, 18 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Nueva York, Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, ratificada el diez de agosto del mismo año, por el Ejecutivo Federal, depositada el veintiuno de septiembre posterior, ante el secretario general de las Naciones Unidas, promulgada el veintiocho de noviembre ulterior y publicada el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que en las determinaciones susceptibles de adoptarse por el juzgador debe privilegiarse el interés superior del menor en aras de que le sean propinados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, para lo cual también es menester tomar en cuenta los derechos y deberes, entre otros, de sus padres, ante la ley para, de 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 30 ese modo, garantizar, en la medida posible, la supervivencia, el desarrollo y el derecho del niño a ser criado y cuidado por éstos." Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia constitucional, es del tenor siguiente: "(.) Auto. Acapulco, Guerrero, a cinco de enero de dos mil veintidós. "Visto el escrito del Licenciado HORACIO ROBLES TORRES, quien promueve en su carácter de demandado, personalidad que tiene debidamente acreditada y reconocida en autos, atenta a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 fracción IV y 177 fracción III del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se le tiene al promovente por hechas las manifestaciones que vierte en el ocurso de cuenta, sin embargo, cabe destacar que en último de los arábigos en cita, establecen que una de las causas de extinción del juicio es derivada sustancialmente la materia de litigio. Bajo ese contexto, el promovente motiva su pretensión en el hecho de que este órgano jurisdiccional reconoció el contenido de la sentencia de divorcio del expediente 343/2010 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro de la cual entre otras cosas fue resuelta la cuestión alimenticia en los términos establecidos en el resolutivo quinto del cual refiere lo siguiente: ".QUINTA.- Se condena a las partes a estar y pasar en todo tiempo y lugar por el convenio celebrado y aprobado en este procedimiento." En atención a ello, cabe destacar que la parte relativa a los alimentos pactada en el convenio aprobado en el resolutivo quinto de la sentencia antes aludida refiere lo siguiente: ".SEGUNDA.- Ambas partes estamos de acuerdo en que al señor Horacio Robles Torres se le continúe descontando de su sueldo y demás prestaciones la cantidad resultante del 40 por ciento del total de ellas; descuento ordenado por el Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero desde el 13 de mayo de 2009, mediante oficio numero 288 expediente 231/2008-I del que acompañamos copia simple. Dicho descuento se deposita quincenalmente en la cuenta número 1410771910 del Banco BBVA Bancomer, cuya titular es la señora Concepción Elva Ramírez Gómez. CUARTA.- Del mismo modo, manifestamos a su señoría que respecto a la garantía que un cónyuge debe otorgar al otro por concepto de alimentos por el mismo tiempo que dure el procedimiento y después de decretarlo el mismo, hemos resuelto de común acuerdo exentarnos de esa obligación, en términos del artículo 419 del Código civil en vigor para el Estado de Jalisco." De la transcripción que precede, se evidencia que en el referido procedimiento las partes se sometieron a la pensión alimenticia decretada dentro del presente sumario, ante ello, la pretensión medular del promovente es extinguir el presente procedimiento ante tal acuerdo de voluntades ya que a su consideración se actualiza la figura procesal de la Cosa Juzgada. Ante tal circunstancias cabe destacar que nuestra codificación procesal, en su arábigo 372 estable que las 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 31 Amparo Indirecto 16/2022-VI determinaciones judiciales que sean dictadas en aquellos negocios de orden familiar en donde se vean inmersos de menores, tales como convivencias, guarda y custodia, alimentos, etcétera, las sentencias definitivas podrán ser modificadas siempre y cuando hayan cambiado las circunstancias en las cuales hayan sido previamente resuelto, por ende, el hecho de que en el juicio de divorcio tramitado bajo el número de expediente 343/2010 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ambos divorciantes hayan manifestado su conformidad en que se siguiera descontando la pensión alimenticia decretada en el juicio que nos ocupa, esto no vincula a este Juzgado a llevar a decretar la extinción del presente asunto por los razonamiento que expone en su ocurso de cuenta puesto que en el mismo nunca se especificó si dicha pensión alimenticia tendría el carácter de definitiva, pues como se advierte de constancias que integran los presentes autos la pensión decretada tiene el carácter de provisional. En consecuencia, y en atención a lo narrado en párrafos que precede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 fracción IV del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se le dice al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de extinción del presente juicio." Transcripción de la que se observa que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, no proveyó de conformidad la petición del aquí quejoso de extinguir el juicio de origen, con sustento en la configuración de la cosa juzgada, derivada de la sentencia que pronunció el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el veintitrés de septiembre de dos mil diez, en el expediente 343/2010, relativo al juicio de divorcio por mutuo consentimiento, en el cual se estableció que al propio quejoso, se le continuaría descontando el cuarenta por ciento de las percepciones que recibe, con la finalidad de cubrir la pensión alimenticia en relación con sus hijos menores de edad. Además, se puntualizó que en tal sentencia no se especificó si la pensión alimenticia tendría el carácter de definitiva, dado que, de las constancias del sumario familiar de origen, la pensión tiene el carácter de provisional . Determinación que se comparte, dado que en los juicios donde se encuentran vinculados intereses de menores de edad, en específico los relativos a los alimentos no opera la caducidad de la instancia, ni el principio de cosa juzgada, en razón de que su finalidad es vigilar y proveer lo necesario para garantizar la subsistencia cotidiana a que tienen derecho. Así es, pues la obligación y el derecho correlativos relacionados con los alimentos, se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento, disminución o modificación de la pensión si existen factores al respecto, dado que los convenios celebrados en los juicios de divorcio voluntario que se elevan a cosa juzgada en la parte que trasciende a la ministración de alimentos de los hijos menores de edad, no tienen validez invariable y son susceptibles de alterarse y modificarse, de conformidad a lo establecido en el artículo 225 del Código Procesal Civil del Estado. Es por ello que se insiste, en el juicio familiar de origen no precluye el derecho de cuestionar la legalidad de los alimentos en cualquier etapa, se hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de los alimentos de menores, toda vez que en las determinaciones susceptibles de adoptarse por el juzgador debe privilegiarse el interés superior del menor en aras de que le sean propinados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, para lo cual también es menester tomar en cuenta los derechos y deberes, entre otros, de sus padres para 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 32 garantizar la supervivencia, el desarrollo y el derecho del niño a ser criado y cuidado por éstos. Aunado a lo anterior, como adecuadamente lo estableció la Juez responsable, la sentencia emitida por el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el veintitrés de septiembre de dos mil diez, en el expediente 343/2010, relativo al juicio de divorcio por mutuo consentimiento, en la cual, los allá divorciantes (aquí quejoso y tercera interesada), establecieron en la cláusula segunda del convenio aprobado por ese Juez, lo siguiente; "SEGUNDA: Ambas partes estamos de acuerdo en que la señor Horacio Robles Torres se le continúe descontando de su sueldo y demás prestaciones, la cantidad resultante del 40 por ciento del total de ellas; descuento ordenado por el juez tercero de lo familiar del partido judicial de Tabares, con sede en Acapulco Guerreo desde el 13 de mayo del 2009, mediante oficio número 288, expediente 231/2008-I del que acompañamos copia simple. Dicho descuento se deposita quincenalmente en la cuenta número 1410771910 del Banco BBVA Bancomer, cuya titular es la señora Concepción Eva Alejandra Ramírez Gómez.", de lo que se desprende, que no se especificó que la pensión por alimentos propuesta tuviera el carácter de definitiva, pues en el juicio de alimentos de origen la pensión decretada tiene el carácter de provisional. A mayor abundamiento, debe tener presente, que de acuerdo con el principio de territorialidad de la ley consagrado en el artículo 121, fracción I, de la Constitución Federal, el ámbito de aplicación de los códigos sustantivos y adjetivos civiles, de todas las entidades de la República mexicana, se limita al propio territorio de cada entidad política, por lo que sus disposiciones no pueden ser obligatorias fuera de ellas, a pesar de que en materia de alimentos revistan cierta uniformidad en cuanto a la determinación de los acreedores y deudores alimentarios, a la forma de regular los requisitos que deben satisfacerse para que se tengan esos caracteres, a las condiciones conforme a las cuales los alimentos deben cuantificarse, ministrarse y asegurarse, al tiempo que dura la obligación alimentaria y a la forma en que ésta puede modificarse o aun extinguirse. De acuerdo con tales premisas, cuando en aplicación de determinada legislación civil se dicta una sentencia que al concretar y exteriorizar la función jurisdiccional decreta una condena al pago de alimentos o aprueba un convenio al respecto, sea en un juicio de alimentos, divorcio o cualquier otro posible, se crea una situación jurídica concreta a consecuencia de la cual puede constreñirse al obligado al cumplimiento de su deber, pero regida no sólo conforme a lo ordenado en dicha sentencia por el Juez respectivo, sino también a lo convenido por las partes en los consensos correspondientes y, necesariamente, a lo dispuesto en la legislación aplicada que dada la variabilidad de las relaciones familiares que la obligación alimentaria genera y la permanencia del estado civil que implica que sus efectos se prolonguen en el tiempo, impide que las determinaciones dictadas en esa clase de asuntos adquieran el carácter de cosa juzgada, y es la que suple, en todo caso, las omisiones en que hayan incurrido las partes o el juzgador, sea respecto a las formas de modificación (reducción o aumento) o extinción (cese) del deber de proporcionar alimentos. Por consiguiente, debe establecerse que dicha situación jurídica sólo puede ser ajustada, modificada o extinguida, en la medida que así lo permita la legislación conforme a la cual se creó y en la forma y términos que en su caso establezca, pues no habría seguridad jurídica ni para el acreedor alimentario ni para el deudor alimentista, si se permitiera que las obligaciones y derechos alimentarios ya constituidos se modificaran o extinguieran de tantas formas como códigos civiles existen en la República mexicana, máxime que una sola relación jurídica no puede regirse al mismo tiempo por dos legislaciones locales distintas. Tales consideraciones guardan armonía con el indicado principio de territorialidad de la ley y no entrañan ningún desacato a la obligación que el referido artículo 121 constitucional establece en su párrafo primero, en cuanto a que cada Estado de la Federación otorgue 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 33 Amparo Indirecto 16/2022-VI entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de otros, dado que no constituye desconocimiento a los efectos de la sentencia dictada por el Juez que previno, sino, por lo contrario, representa el respeto y reconocimiento de esas consecuencias jurídicas derivadas del contenido normativo de una entidad, al determinar que la situación jurídica creada a través de esa resolución no puede ser modificada mediante la aplicación de una legislación ajena a la que se tuvo en cuenta para su creación y por tribunales a los que compete la aplicación de esa legislación diversa, por más que se trate de un aspecto socialmente tan relevante como lo es la cuestión del cumplimiento de la obligación alimentaria. Las anteriores consideraciones, dieron origen a la tesis número I.3o.C.343 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 186681, de rubro; "ALIMENTOS. EL CONVENIO O SENTENCIA EN QUE SE HAYAN DECRETADO, SÓLO PUEDEN MODIFICARSE AL TENOR DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE REGULÓ ESOS ACTOS." Por último, de igual manera resulta infundado el argumento, expuesto por el quejoso en el sentido de que la Juez responsable, contravino el principio de non bis in idem, al ser juzgado en dos instancias por los mismos hechos. Ello es así, dado que como se ha precisado en párrafos que anteceden, en el juicio de origen, materia del auto aquí combatido, es relativo al juicio especial de alimentos que dio origen al juicio 231/2008-I, del índice de la autoridad aquí responsable; y, el diverso expediente 343/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se resolvió lo relativo al divorcio por mutuo consentimiento . De ahí que, no se le está juzgando dos veces por los mismos hechos, dado que en el juicio de origen generador del presente sumario constitucional, se ventila lo relativo a los alimentos de los menores relacionados en ese juicio, y en el diverso del juicio del índice del Juzgado de Jalisco, se resolvió, lo inherente al divorcio por mutuo consentimiento, ya que como adecuadamente lo precisó la Juez responsable, son hechos y derechos diversos los ventilados en ambos juicios. Además de que en el convenio celebrado entre las partes (aquí quejoso y tercera interesada), no se especificó que la pensión por alimentos propuesta tuviera el carácter de definitiva, pues en el juicio de alimentos de origen la pensión decretada tiene el carácter de provisional, dado que no se ha dictado sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, como fue precisado en párrafos que antecenden, los juicio relativos a alimentos no opera la caducidad de la instancia, ni el principio de cosa juzgada, en razón de que siendo la finalidad de éstos proveer respecto a la subsistencia cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la obligación y el derecho correlativos se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento, disminución o modificación de la pensión si existen factores al respecto, de ahí que en el juicio de alimentos de origen no precluye el derecho de cuestionar la legalidad de éstos en cualquier etapa, se hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de los alimentos de menores. En ese contexto, conforme a las consideraciones que han sido plasmadas en párrafos que anteceden, quien ahora resuelve llega al convencimiento de que, fue apegado a derecho el proceder de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, al no proveer de conformidad acordar la extinción del juicio de alimentos 231/2008-1 de su índice, promovido por la aquí tercera interesada, por ser improcedente. Por los motivos expresados en el presente fallo, no existe inobservancia de la tesis invocada por la parte quejosa en el escrito constitucional de demanda. Decisión. 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 34 En las condiciones expuestas, ante lo infundado del único concepto de violación planteado por el quejoso Horacio Robles Torres, sin que se advierta queja que suplir, se impone negar el amparo y protección que de la justicia de la Unión solicitó. Finalmente, no son inadvertidas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, tercera interesada y el represente especial de los menores de identidad reservada R.R.R. y A.R.R, en vía de alegatos; sin embargo, como es de explorado derecho que los alegatos no forman parte de la litis constitucional en el juicio de amparo y por tanto esta juzgadora no tiene obligación de efectuar un pronunciamiento expreso en torno a esos alegatos. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia número P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Número 80, Agosto de 1994, página catorce. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Horacio Robles Torres por propio derecho, contra el acto reclamado de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esa ciudad, consistente en el proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio especial de alimentos 231/2008-I de su índice, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy veintinueve de agosto de dos mil veintidós, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
... Cuaderno de antecedentes 16/2022-VI CUENTA. El quince de junio de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito con evidencia criptográfica, y registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 10469, y CERTIFICA: Que en el juicio de amparo 16/2022-VI, a las once horas con cuarenta minutos del diez de junio del año en curso, se celebró la audiencia constitucional; de igual manera; Que, al realizar la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), en específico en el apartado "Expediente", subapartado "Autorizados", se desprende que Horacio Robles Torres, parte quejosa, se encuentra autorizado para acceder al expediente electrónico ya sea para consultarlo, o bien, para notificarse de los proveídos ordenados de manera personal, tal como se aprecia de la impresión de pantalla, siguiente: De igual forma, cuenta con acceso a los archivos del expediente electrónico relativo al citado juicio de amparo, mismo que se encuentra debidamente actualizado, como se advierte de la captura de pantalla, siguiente: OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 Lo que se certifica para los efectos legales conducentes. Doy fe. El Secretario Omar Tomás Velázquez López Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de junio de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y como se desprende de la certificación secretarial, que a las once horas con cuarenta minutos del diez de junio del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 16/2022-VI y sólo se encuentra pendiente de dictar la sentencia correspondiente; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con el escrito que se provee y en el momento procesal oportuno glósese al expediente principal. Por otra parte, del ocurso con evidencia criptográfica del quejoso Horacio Robles Torres, mediante el cual solicita nuevamente el acceso al expediente y notificaciones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, e informa que no tiene acceso al expediente electrónico desde el acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, por lo que solicita que en términos de cualquier resolución que se haya dictado desde entonces, comiencen a correr a partir de que se le tenga por notificado. En atención a su contenido, dígase al promovente que no es procedente ordenar nuevamente la alta del usuario que proporciona para la consulta y notificación electrónica del expediente en que se actúa, ello, en virtud que como fue ordenado en auto de once de enero de dos mil veintidós, se autorizó la consulta del expediente electrónico y se ordenó la notificación electrónica de las actuaciones de carácter personal, al usuario "horobles", que corresponde al promovente. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 WordSISE ??????????????? Asimismo, el expediente electrónico se encuentra debidamente actualizado, y que cuenta con los permisos correspondientes para su visualización, como se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, máxime que de las propias capturas que inserta en su ocurso, se aprecia que puede ingresar y consultar el mismo, en el entendido que se ordenó la notificación personal de manera electrónica únicamente de las notificaciones que fueran de carácter personal. Orienta a lo anterior, la tesis II.1o.19 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CASOS EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN POR LISTA. Si del informe justificado rendido por la autoridad responsable no se advierte la existencia de un nuevo acto reclamado, de una diversa autoridad no señalada inicialmente por el agraviado o que mediante él se den a conocer los fundamentos y motivos del acto que impugna y alegó desconocer, el Juez de Distrito deberá ordenar su notificación por lista de acuerdos, ya que sólo si se actualiza alguno de los referidos supuestos tendría que efectuarse personalmente porque, de no hacerlo así, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, pues no tendría otro momento para impugnar esos aspectos, cobrando aplicación, en ese caso, la fracción I, inciso k), del artículo 26 de la Ley de Amparo, que consigna la facultad del juzgador para hacerlo así cuando lo amerite." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, página 2309) Por lo que respecta, a lo manifestado en relación a los alegatos de su parte, con fundamento en el artículo 124, ténganse por formulados los alegatos correspondiente, mismos que podrán ser ponderados al momento del dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
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