Horacio Roberto Esponda Ordóñez

Expediente 1368/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1368/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Horacio Roberto Esponda Ordóñez

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que el Actuario Judicial de este Juzgado, no pudo notificar de manera personal a la parte quejosa ... el proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete (3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: la resolución interlocutoria de trece de noviembre del año en curso, al resolver el recurso de revocación que interpuso contra el auto de veintisiete de septiembre del presente año, dictado en el expediente civil 316/2016, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; resolución en la cual señala que la autoridad responsable consideró que carecía de legitimación activa para promover el recurso de revocación en comento. Asimismo, se estima necesario dejar transcrito como lo hizo el promovente, el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, contra el que interpuso el recurso de revocación en cuestión, mismo que es de la literalidad siguiente: "SE TIENE PR PRESENTADO AL LICENCIADO JOSÉ ALBERTO VILLAFUERTE VAQUERIZO PERITO EN GRAFOSCOPIA y 'DOCUMENJOSCOPIA DESIGNADO POR LA PARTE DEMANDADA, CON SU ESCRITO Y ANEXOS QUE ACOMPANA AL MISMO, RECIBIDOS EL DlA 18 DIECIOCHO DEL ACTUAL, POR MEDIO DEL CUAL VIENE A ACEPTAR EL CARGO QUE LE LE FUE CONFERIDO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE DE LOS PUNTOS CUESTIONADOS Y POR MENORES, RELATlVOS A LA PERICIAL; ASI MISMO, DE QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EMITIR DICTAMEN SOBRE EL PARTICULAR. AL EFECTO, SE LE TIENEN POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES, PARA LOS EFECTOS, LEGALES A QUE HAYA LUGAR; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1253 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN MERITO AL DOCUMENTO QUE EXHIBE, TÉNGASE COMO PERITO EN GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA DE LA PARTE DEMANDADA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES; PROCEDIENDO EL SUSCRITO JUEZ A DISCERNIRLE DEL CARGO CONFERIDO EN SU PERSONA, CON TODAS LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, QUEDANDO OBLIGADO A RENDIR SU DICTAMEN PERICIAL DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA ACEPTADO EL CARGO ANTE LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE JUZGADO. POR CUENTO EL PROMOVENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBE, PREVIO COTEJO Y CERTlFICACIÓN QUE SE REALICE CON LA COPIA FOTOSTÁTlCA SIMPLE EXHIBIDA, HÁGASELE DEVOLUCIÓN DE LOS REFERIDOS DOCUMENTOS, DEBIENDO DEJAR EN AUTOS, CONSTANCIA DE SU RECEPCIÓN. POR EL MOMENTO GUÁRDESE EN EL SECRETO DEL JUZGADO LOS DOCUMENTOS QUE ANEXA.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE." Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En ese contexto, existen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. Y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, con la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en las que también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante el procedimiento; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Esto es así, toda vez que el acto impugnado consistente en la resolución interlocutoria de trece de noviembre del año en curso, al resolver el recurso de revocación que interpuso contra el auto de veintisiete de septiembre del presente año, dictado en el expediente civil 316/2016, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Bajo esa óptica jurídica, el acto reclamado no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando el auto reclamado como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia; aunado a que en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, no se advierte que se haya dictado sentencia definitiva. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la citada ley. Tiene aplicación al caso, la tesis 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, de la extinta Tercera Sala de nuestro máximo Tribunal de control constitucional. De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia IX.1º.J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Así como apoya lo determinado, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes mencionada...), dictado en el presente juicio de amparo, por los motivos que expone. Notificación por lista. en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista el citado proveído, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, hasta en tanto realicen designación de domicilio para oír y recibir notificaciones.

  3. Principal

    3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: la resolución interlocutoria de trece de noviembre del año en curso, al resolver el recurso de revocación que interpuso contra el auto de veintisiete de septiembre del presente año, dictado en el expediente civil 316/2016, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; resolución en la cual señala que la autoridad responsable consideró que carecía de legitimación activa para promover el recurso de revocación en comento. Asimismo, se estima necesario dejar transcrito como lo hizo el promovente, el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, contra el que interpuso el recurso de revocación en cuestión, mismo que es de la literalidad siguiente: "SE TIENE PR PRESENTADO AL LICENCIADO JOSÉ ALBERTO VILLAFUERTE VAQUERIZO PERITO EN GRAFOSCOPIA y 'DOCUMENJOSCOPIA DESIGNADO POR LA PARTE DEMANDADA, CON SU ESCRITO Y ANEXOS QUE ACOMPANA AL MISMO, RECIBIDOS EL DlA 18 DIECIOCHO DEL ACTUAL, POR MEDIO DEL CUAL VIENE A ACEPTAR EL CARGO QUE LE LE FUE CONFERIDO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE DE LOS PUNTOS CUESTIONADOS Y POR MENORES, RELATlVOS A LA PERICIAL; ASI MISMO, DE QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EMITIR DICTAMEN SOBRE EL PARTICULAR. AL EFECTO, SE LE TIENEN POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES, PARA LOS EFECTOS, LEGALES A QUE HAYA LUGAR; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1253 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN MERITO AL DOCUMENTO QUE EXHIBE, TÉNGASE COMO PERITO EN GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA DE LA PARTE DEMANDADA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES; PROCEDIENDO EL SUSCRITO JUEZ A DISCERNIRLE DEL CARGO CONFERIDO EN SU PERSONA, CON TODAS LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, QUEDANDO OBLIGADO A RENDIR SU DICTAMEN PERICIAL DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA ACEPTADO EL CARGO ANTE LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE JUZGADO. POR CUENTO EL PROMOVENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBE, PREVIO COTEJO Y CERTlFICACIÓN QUE SE REALICE CON LA COPIA FOTOSTÁTlCA SIMPLE EXHIBIDA, HÁGASELE DEVOLUCIÓN DE LOS REFERIDOS DOCUMENTOS, DEBIENDO DEJAR EN AUTOS, CONSTANCIA DE SU RECEPCIÓN. POR EL MOMENTO GUÁRDESE EN EL SECRETO DEL JUZGADO LOS DOCUMENTOS QUE ANEXA.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE." Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En ese contexto, existen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. Y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, con la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en las que también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante el procedimiento; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Esto es así, toda vez que el acto impugnado consistente en la resolución interlocutoria de trece de noviembre del año en curso, al resolver el recurso de revocación que interpuso contra el auto de veintisiete de septiembre del presente año, dictado en el expediente civil 316/2016, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Bajo esa óptica jurídica, el acto reclamado no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando el auto reclamado como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia; aunado a que en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, no se advierte que se haya dictado sentencia definitiva. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la citada ley. Tiene aplicación al caso, la tesis 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, de la extinta Tercera Sala de nuestro máximo Tribunal de control constitucional. De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia IX.1º.J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Así como apoya lo determinado, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes mencionada...

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