Horacio Nazaret Carvajal Sánchez

Expediente 1045/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1045/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Horacio Nazaret Carvajal Sánchez
  • Cristopher Olazaba Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se les NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a Horacio Nazaret Carvajal Sánchez y Cristopher Olazaba Sánchez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, el disco versátil digital (DVD) del audio y video que contiene las audiencias de cinco y diez de enero de dos mil veinte, el cual remitió como apoyo a su informe justificado y se manejó por cuerda separada. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. MESA Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. Se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa

  3. Principal

    MESA 7 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 1045/2020-7, promovido por Horacio Nazaret Carvajal Sánchez y Cristopher Olazaba Sánchez, a través de su defensor particular Juan Ignacio Zermeño Cervantes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las rendidas por parte de la autoridad responsable, Juez de Control de la Región Judicial Seis d Nacajuca, Tabasco: Un DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de la audiencia inicial de cinco de enero de dos mil veinte y continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veinte; de la audiencia de solicitud de prórroga de plazos de cierre de investigación de ocho de julio de dos mil veinte; así como las copias certificadas de las respectivas actas mínimas. [Fojas 42 a 47] Copia certificada del escrito de petición de prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria de veintiséis de octubre de dos mil veinte. [Fojas 26 a 29] Copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictado dentro de la causa 665/2019; así como sus respectivos oficios y constancias de notificación. [Fojas 30 a 32] Copia certificada del escrito donde se interpone recurso de revocación de cuatro de noviembre de dos mil veinte. [Fojas 33 a 35] Copia certificada del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veinte que declaró improcedente el recurso de revocación intentado, dictado dentro de la causa 665/2019; así como sus respectivos oficios y constancias de notificación. [Fojas 36 a 39] Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1045/2020-7, promovido por Horacio Nazaret Carvajal Sánchez y Cristopher Olazaba Sánchez a través de su defensor particular Juan Ignacio Zermeño Cervantes, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Seis en Nacajuca, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 20 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Horacio Nazaret Carvajal Sánchez y Cristopher Olazaba Sánchez a través de su defensor particular Juan Ignacio Zermeño Cervantes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO A) La negativa de otorgar ampliación del término de investigación complementaria en su resolución de 04 de Noviembre del año en curso, solicitado por la defensa, dentro de la causa penal 665/2019." AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Control de la Región Seis en Nacajuca, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El treinta de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1045/2020-7; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado y además remitiera la certificación correspondiente en la que se haga constar que el promovente es defensor de los quejosos; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En auto de once de enero de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a las licenciadas Esmeralda Zacarías Damián y Esmeralda Narez Plancarte, Fiscales del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía para el Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General del Estado, ordenándose su emplazamiento vía oficio, el cual fue recepcionado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno como se advierte del acuse de recibo dl correspondiente del oficio 294/2021. Por auto de dos de febrero de dos mil veintiuno se tuvo al licenciado Weisle Francisco Palma Canepa, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de Estado cómo tercero interesado en este sumario constitucional, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficio. Tal diligencia se llevó a cabo el cinco de febrero siguiente como se desprende del sello original de acuse de recibo del oficio 2937/2021. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El acuerdo dictado por la Juez de Control de la Región Judicial Seis en Nacajuca, Tabasco dentro de la causa penal 665/2019 el cuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual desechó el recurso de revocación intentado por la defensa y declaró no procedente revocar el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte que determinó como no favorable la solicitud de prrroga de plazo de cierre de investigación complementaria. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Afirmación que guarda sustento con la copia certificada del acto reclamado -acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veinte que declaró improcedente el recurso de revocación intentado-, dictado dentro de la causa 665/2019; así como sus respectivos oficios y constancias de notificación. [Fojas 36 a 39]; así como con el resto de las probanzas relacionadas en la audiencia constitucional; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia, tampoco se advierta de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la causa penal 665/2019 que se acompañaron al informe justificado, las cuales consisten en la copia certificada de los acuerdos de veintisiete de octubre [Foja 30] y cuatro de noviembre, ambos de dos mil veinte [Fojas 36 y 37]; además del audio y video de la audiencia inicial de cinco de enero de dos mil veinte y continuación de audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veinte; de la audiencia de solicitud de prórroga de plazos de cierre de investigación de ocho de julio de dos mil veinte; así como las copias certificadas de las respectivas actas mínimas. [Fojas 42 a 47] Además se observara el contenido del juicio de amparo 174/2020-9 del índice de este Juzgado, dado que guarda relación directa con la materia de este sumario, lo cual se invoca como hecho notorio. Soporta lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12 sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Enero de 1997, página 295, novena época, materia común, registro 199531, de rubro y texto: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. Ahora, para abordar de manera más clara el sentido de la decisión que se toma en esta ejecutoria, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: El cinco de enero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación y medida cautelar en la causa penal 665/2019, en la que se estableció prisión preventiva como medida cautelar a los aquí quejosos. [Fojas 44 y 46] El diez de enero de dos mil veinte, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial en la fase de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación, en contra de los aquí impetrantes de amparo, por la comisión del delito de secuestro agravado; donde la Juez responsable señaló que el plazo de cierre de la investigación sería de tres meses -del diez de enero al diez de abril de dos mil veinte-. [Fojas 42 y 43] El ocho de julio de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia relativa a la solicitud de prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria que solicitó el Fiscal de la causa; donde la Juez del conocimiento autorizó la prórroga por un plazo de tres meses -del ocho de julio al ocho de octubre de dos mil veinte-. [Foja 47] Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, la Juez responsable no acordó favorable la solicitud de prórroga de la defensa de los quejosos, en atención a que ya se había aprobado tal aplazamiento en los términos del párrafo que antecede. [Foja 30] Inconformes, los quejosos por medio de su defensor, recurrieron la determinación anterior que, en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte fue resuelta por la Juez responsable, quien desechó de plano el recurso de revocación intentado puesto que la petición de prórroga se encontraba fuera de los parámetros establecidos por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales; acto que es la materia de la controversia constitucional y que se reproduce a continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEXTO. ESTUDIO. Previo al análisis de los conceptos de violación expresados por los peticionarios de amparo, conviene señalar que se analizarán en atención a los hechos, puntos debatidos y al extraer de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el 17 constitucional, dado que se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional. Dicho proceder se fundamenta en la tesis 1a. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible en la página 793, registro 172517. Acotado lo anterior, se procede al examen de motivos de disenso expresados por los peticionarios de amparo. En su primer concepto de violación, los peticionarios de amparo plantean que la responsable debió señalar fecha de audiencia para el efecto de escuchar a la defensa y poder determinar sobre la procedencia de la ampliación del término de la investigación complementaria planteada. Sostienen que tal condición es procedente, puesto que los elementos y datos de prueba sobre los cuales se sostiene la imputación no reúnen los requisitos previstos por la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; a lo cual se suma que los medios de convicción solicitados por la defensa no han sido desahogados por la representación social. Insiste que la responsable ha vulnerado sus derechos humanos, dado que no ha considerado las dificultades que la pandemia del virus SARS-COVID-II ha generado para la obtención de información y desahogo de diversas pruebas, lo cual vulnera el derecho a la defensa adecuada prevista en la fracción VIII del apartado B del artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, los aludidos motivos de disenso devienen por un lado infundados y por otro inoperantes; sin que en el caso se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, como ya quedó asentado, el acto reclamado en la presente controversia lo constituye el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual la Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación que interpuso la defensa contra el diverso proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte que negó la solicitud de prórroga al plazo de cierre de investigación complementaria dentro de la causa 665/2019. Pevio al análisis de la determinación reclamada, resulta relevante destacar que el sistema de justicia penal acusatorio vigente a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tiene como objeto adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos y en diferentes etapas (investigación, intermedia y de juicio oral), con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen en él una situación de igualdad; preponderando el respeto al debido proceso, dado que dichas formalidades revisten certeza a las partes sometidas a jurisdicción sobre la prosecución del enjuiciamiento punitivo, obligando además a las autoridades a fundar y motivar su actuación. En el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Además, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Ahora, en la especie el acto que por esta vía se reclama atendió, como ya se afirmó, las formalidades esenciales del procedimiento y está debidamente fundado y motivado, toda vez que siguió los lineamientos establecidos por el CAPÍTULO II, SECCIÓN I del Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige la prosecución del recurso de revocación en sus artículos 465 y 466, a disponen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. De la transcripción anterior se advierte que el recurso de revocación es procedente dentro de cualquier etapa del proceso punitivo en las que intervenga autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que deban resolverse sin sustanciación particular -artículo 465. Además, el medio de impugnación podrá presentarse de manera oral dentro de audiencia o bien, por escrito. Para el primer caso, el recurso deberá interponerse antes de que concluya la audiencia de que se trate y su resolución será inmediata. Mientras que la vía escrita deberá ejercerse dentro de los dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada; entonces el juzgador deberá resolver de plano dentro de los tres días siguientes a su interposición. La norma prevé la facultad discrecional al órgano jurisdiccional para que, en el caso de considerar que la cuestión planteada reviste especial complejidad, pueda citar a las partes para oír su postura, resolviendo en consecuencia -artículo 466-. Al respecto del recurso de revocación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 331/2019 estableció que, en efecto el su procedencia es válida dentro de cualquier etapa del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico. En ese contexto, una resolución sin sustanciación se refiere a que se trate de determinaciones de mero trámite emitidas de plano, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un trámite específico a seguir previo a la emisión de su determinación, esto es, no contempla la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición de la solicitante y, por tanto, el juzgador resuelve lo pedido de plano. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que, si bien el principio de contradicción que rige el procedimiento de justicia penal acusatorio, prevé la intervención de las partes, no en todas las actuaciones debe otorgárseles audiencia. De tal suerte que resulta indudable que la sustanciación del medio de impugnación en estudio, faculta al juzgador de conocimiento a resolver de plano, dado que no existe dentro de la norma adjetiva que rige el procedimiento, tramite específico para su resolución. Del análisis anterior derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, Décima Época, materia penal, registro 2022001, de rubro: RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Deviene igualmente aplicable en lo conducente la tesis I.9o.P.264 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2662, Décima Época, materia penal, registro 2021508, de rubro y texto: RESOLUCIÓN "DE MERO TRÁMITE" EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO LA CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE SUSPENDER EL TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN POR HABERSE DECRETADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO COMO FORMA DE SOLUCIÓN ALTERNA. El recurso de revocación, regulado en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede en cualquier etapa del procedimiento penal en el que intervenga la autoridad judicial, contra resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, del cual conocerá el mismo órgano que las emitió. Ahora bien, resoluciones de "mero trámite" son aquellas que no determinan el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, esto es, son aquellas en las que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o el estudio concienzudo propio de una resolución y no de un acuerdo de mero trámite. En estas condiciones, la determinación del tribunal de alzada de suspender el trámite del recurso de apelación por haberse decretado en la carpeta de investigación la suspensión condicional del proceso como forma de solución alterna, no puede considerarse llanamente como una resolución de mero trámite, pues por virtud de ella se paraliza la sustanciación del procedimiento y, por ende, se impide la conclusión del asunto con el dictado de la resolución correspondiente e, incluso, puede dar lugar a la extinción de la acción penal, acorde con los artículos 191 y 485, fracción X, del código citado, pues la suspensión condicional del proceso es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere el capítulo de esa codificación donde se encuentra contenida esa solución alterna, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal." Una vez descrito lo anterior se procede al análisis del acto reclamado en el presente juicio. Así, la juzgadora responsable determinó en primer lugar que el recurso se interpuso en tiempo, por lo cual admitió su trámite, con arreglo a lo dispuesto en la fracción II del artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y acto seguido procedió a resolver el medio de impugnación. Declaró no procedente revocar el proveído de veintisiete de octubre de dos mil vente y soportó su proceder en el hecho que la prórroga solicitada se encuentra fuera de los parámetros establecidos en el artículo 321 del citado código adjetivo, puesto que dentro del asunto no existe tal posibilidad de ampliar el plazo de la investigación complementaria, puesto que en la audiencia de diez de enero de dos mil veinte se otorgó inicialmente un término de tres meses para tal etapa indagatoria, el cual se prorrogó por tres meses más a solicitud del fiscal en audiencia de ocho de julio de dos mil veinte, con lo cual se alcanzó el máximo de seis meses establecido en el mismo articulado. Por lo anterior resulta infundado lo referido por los impetrantes de amparo al señalar que la Juez responsable debió fijar hora de audiencia para escuchar a la defensa, pues, como quedó asentado en párrafos precedentes, la citación o no a audiencia para resolver el recurso se sujeta a la discrecionalidad que la norma procesal le confiere a la Juez de Control, de tal suerte que si consideró que no era necesario escuchar a las partes para resolver el medio de impugnación, tal condición no resulta ilegal. Máxime que la sustanciación del recurso no reclama necesariamente la presencia de las partes, dado que en el caso concreto su resolución se trataba de una situación de trámite y sin la necesidad de cumplir mayor requisito para su resolución, más que la de fundar y motivar su actuación, lo cual en efecto el acuerdo reclamado contiene. Aunado a lo anterior, el acto se encuentra debidamente fundado y motivado, puesto que en efecto la Juez responsable citó los fundamentos legales exactamente aplicables al caso y dio contestación a los motivos de agravios presentados por la defensa, previo al análisis de la procedencia del medio de impugnación; además puntualizó las razones y motivos por los cuales estableció que en la especie no resulta procedente prorrogar la investigación complementaria, dado que ya se habían alcanzado la temporalidad máxima establecida en la norma que rige el procedimiento. Ahora, en cuanto hace a la porción del concepto de violación tendiente a indicar que los medios de prueba con los cuales se les imputó no reúnen los requisitos procesal y que las probanzas solicitadas por la defensa no han sido desahogados por la representación social dadas las dificultades que la pandemia del virus SARS-COVID-II ha generado para la obtención de información y desahogo, es inoperante, puesto que tal argumento no combate las consideraciones de la resolución reclamada, es decir, no endereza razonamiento tendiente a evidenciar los fundamentos y motivos en los que la autoridad responsable basó su proceder. Máxime que los señalamientos de los peticionarios de amparo indican que es la representación social quien no ha desahogado las pruebas presentadas por la defensa, por lo que tales actuaciones podrían sujetarse a diversa revisión constitucional, en el entendido que su procedencia estará sujeta a los requisitos, presupuestos y cargas establecidos en el marco legalmente establecido y conforme al caso concreto. Adicionalmente, respecto de los criterios invocados por la parte quejosa siguientes: DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA QUE SE REPARE LA VIOLACIÓN A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL -EN ORDEN PREFERENTE EN SU ESTUDIO RESPECTO DE LAS TRANSGRESIONES PROCESALES DE FORMAPROPUESTAS EN LA DEMANDA O ADVERTIDAS DE OFICIO-, GARANTIZA MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO, EN TANTO QUE DICHA REPARACIÓN GENERARÁ QUE QUIEN SE HAGA CARGO DE SU DEFENSA TÉCNICA, DADO EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO, PUEDA HACER VALER TODAS AQUELLAS VIOLACIONES PRESENTES EN EL PROCEDIMIENTO COMETIDAS EN PERJUICIO DE SU DEFENDIDO. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LOS DATOS DE PRUEBA ANUNCIADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR DURANTE EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA RESOLVERLO, DEBEN ADMITIRSE Y DESAHOGARSE POR EL JUEZ DE CONTROL ANTE QUIEN FUE PUESTO A DISPOSICIÓN AQUÉL Y NO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURIDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONIST A EN DERECHO. DERECHOS HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Se advierte que tales criterios no guardan relación con la materia que impulsa la prosecución de la presente controversia constitucional por lo cual devienen inaplicables; caso contrario con el criterio de rubro: RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL TRATARSE DE UN ACTO CON EFECTOS IRREPARABLES, EXCEPCIONALMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, el cual si bien establece la posibilidad de atender el reclamo de la resolución adversa del recurso de revocación, en nada conduce a este juzgador para resolver en favor a la pretensión de los quejosos. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los argumentos de disenso propuestos por los quejosos, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Horacio Nazaret Carvajal Sánchez y Cristopher Olazaba Sánchez, en contra del acto que reclamó a la Juez de Control de la Región Judicial Seis en Nacajuca, Tabasco por las razones y fundamentos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de dos de febrero actual, se ordenó emplazar por oficio al tercero interesado Weisle Francisco Palma Canepa, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General del Estado; sin que obre en autos constancia de entrega, en obviedad de la data del citado acuerdo, dado que se considera en vía de entrega la citada comunicación. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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