Horacio Mondragón González
Expediente 1273/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1273/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Horacio Mondragón González
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ténganse por recibido el comunicado 28758/2023 (auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés), dirigido a Tesorero Municipal del Municipio de Mártir de Cuilapán, Guerrero del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que fue devuelto por el servicio de mensajería "Estafeta", por los motivos que se advierten de la misiva correspondiente; por lo que, para evitar mayores dilaciones procesales, túrnense de nueva cuenta a la sección de actuaría para su entrega. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados de la Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1273/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este Juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: "Auto de fecha 28 de septiembre de 2023 emitido por el Juez de Control de Cuautitlán México dentro de la carpeta administrativa 218/2023 mediante el cual se niega a autorizar LA ENTREGA DE COPIA DE LA BATERÍA DE PRUEBAS DE LA IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA APLICADA A LA NIÑA DE INICIALES D.I.M.S. de fecha 15 de febrero de 2023." 4. Causal de improcedencia advertida. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo, esta Juzgadora de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se advierte que la disposición legal y constitucional transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo, es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. De lo anteriormente citado, se estima que, respecto del acto reclamado, consistente en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez de Control de Cuautitlán México, dentro de la carpeta administrativa 218/2023, mediante el cual se niega a autorizar la entrega de copia de la batería de pruebas de la impresión diagnóstica aplicada a la niña de iniciales D.I.M.S; la parte quejosa debió haber agotado el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, del análisis del precepto legal antes transcrito, la suscrita arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez de Control de Cuautitlán México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (recurso de revocación), previo a la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Control de Cuautitlán México, dentro de la carpeta administrativa 218/2023. Por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes, de ahí que resulta exigible que el peticionario de amparo, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, hubiese agotado el recurso previsto por la ley que rige la controversia de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la página 648, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE LOS, PREVIO AL JUICIO DE GARANTIAS AUN Y CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. Aun y cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, lo cierto es que, substancialmente se impugnan violaciones a las leyes ordinarias e indirectamente los de la garantía de legalidad que contemplan los preceptos supraindicados, esto es, al lado de las violaciones directas a la Constitución, se alegan violaciones al procedimiento seguido por la responsable para imponer multas, por no cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, así como no instalar comisión mixta de capacitación en la empresa y pretende también que no le sea aplicable la Ley Federal del Trabajo, sino "un reglamento de aplicación federal", por tratarse de una empresa minera; de lo anterior, es claro que contrario a lo alegado, sí estaba obligado el hoy recurrente a intentar, previo al juicio de garantías el recurso que establece el artículo 23 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; en consecuencia, no hay razón para pretender, que por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones de garantías de legalidad por estimar que se vulneran preceptos de leyes secundarias violación a la garantía de audiencia, no debe agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; lo contrario, esto es, de estimar procedente el juicio de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio del quejoso para optar, entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." 5. Desechamiento. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por **********. 6. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "**********" 7. Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR."1. 8. Autorizados. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raúl Campos Velázquez, Ruben Moreno Álvarez y Carolina Paola Mancilla González, quienes cuentan con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de los correos electrónicos y números telefónicos que refiere la parte quejosa, dígasele que, no ha lugar a autorizar dichos medios de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 10. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónica
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