Horacio Martinez Lopez

Expediente 485/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
485/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Horacio Martinez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó un documento catalogado como original. Lo anterior, de conformidad con los artículos 15 interpretado a contrario sentido y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, respecto al documento exhibido en el presente juicio catalogado como original, se previene a la parte quejosa, para que, en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger dicha documental, que exhibió como prueba con su escrito inicial de demanda. En el entendido que de no hacerlo, se destruirá junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Devuélvase al Juez Tercero Civil de Partido con residencia en esta ciudad, las constancias que allegó al presente sumario, consistentes en copia certificada del expediente ************ de su índice, en tres tomos. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO ***, POR LO CUAL SE HACE DE SU CONOCIMIENTO EL PROVEÍDO DICTADO EL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS: ...Irapuato, Guanajuato, siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. - DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó un documento catalogado como original. Lo anterior, de conformidad con los artículos 15 interpretado a contrario sentido y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, respecto al documento exhibido en el presente juicio catalogado como original, se previene a la parte quejosa, para que, en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger dicha documental, que exhibió como prueba con su escrito inicial de demanda. En el entendido que de no hacerlo, se destruirá junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, yque su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Devuélvase al Juez Tercero Civil de Partido con residencia en esta ciudad, las constancias que allegó al presente sumario, consistentes en copia certificada del expediente *** de su índice, en tres tomos. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En el caso, se tiene que no son ciertos los actos reclamados al: Juez Primero Civil de Partido; Juez Segundo Civil de Partido; Juez Cuarto Civil de Partido; y, Juez Quinto Civil de Partido. Todos con residencia en esta ciudad. Lo anterior, toda vez que dichas autoridades, al momento de rendir sus informes justificados negaron los actos que se les atribuyen. En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Por ende, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la especie no acontece. Pues de las pruebas aportadas no se aprecia mandamiento de captura alguno. En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se atribuyen al Juez Tercero Civil de Partido y al actuario adscrito a la Central de Actuarios, ambos de esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, consistentes en la orden de restitución del inmueble litigioso al accionante en el juicio de origen, así como su ejecución. Se afirma lo anterior, toda vez que dichas autoridades así lo reconocieron al rendir sus informes justificados; lo cual además, se acredita con las constancias relativas al referido sumario, exhibidas por el referido juzgador, a las que se confiere valor probatorio pleno por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y no ser objetadas por las partes. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo a realizar el estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, para efectuar el análisis correspondiente, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se deducen de las constancias que obran en el juicio natural, a las que con anterioridad se concedió pleno valor probatorio y en lo que interesa, se advierte lo siguiente: 1. ***, presentó escrito con el que, en ejercicio de la acción reivindicatoria, demandó a *** y ***, el reconocimiento de ser propietario y, en consecuencia, la desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle ***; del cual correspondió conocer al Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, el que lo radicó bajo el expediente *** y se admitió a trámite, por lo que se ordenó el emplazamiento de los codemandados, mismo que se verificó el veintiuno y veinte de agosto de mil diecinueve, respectivamente. 2. Los demandados no dieron contestación a la demanda, por lo que se siguió el juicio en sus etapas procesales; luego, el dos de julio de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia final, y el dieciséis de julio siguiente, se dictó sentencia definitiva, en que, en lo que interesa, se absolvió a los codemandados de las prestaciones reclamadas. 3. Inconforme con dicha determinación, el actor interpuso recurso de apelación en su contra, del que tocó conocer a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la capital, el que lo radicó bajo el toca *** y por resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se confirmó el fallo impugnado. 4. Encontrándose en desacuerdo con lo anterior, el accionante promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, que lo radicó como JAD 695/2020 y por ejecutoria pronunciada el catorce de abril del año en curso, concedió el amparo solicitado por el actor. 5. En cumplimiento al fallo protector, la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la capital, emitió la resolución de once de mayo de dos mil veintiuno, en el toca ***, por la que revocó la resolución de primera instancia y determinó procedente la acción reivindicatoria ejercida por el actor, por lo que lo declaró propietario del bien y ordenó a los codemandados realizar su entrega al accionante. 6. A petición del accionante, por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el juez del conocimiento ordenó la restitución a la parte actora del inmueble ubicado en ***, autorizando el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Resolución que constituye el acto reclamado. De la narrativa de antecedentes, este juzgado, de oficio, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el numeral 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, dado que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar los actos impugnados porque la documental que exhibió para tal efecto no es de fecha cierta. En efecto, de la intelección del numeral 61, fracción XII, en relación con el numeral 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que sería la correcta, se advierte que, en caso de que los actos impugnados deriven de órganos materialmente jurisdiccionales, el juicio de amparo solo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva un derecho subjetivo que asiste a un particular, esto es, que tenga interés jurídico. El interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." sostuvo que, para la procedencia de la acción constitucional, el promovente debe acreditar que es titular del derecho que aduce transgredido por el acto reclamado y que éste produjo una afectación a su esfera de derechos. En el caso, el quejoso *** instó el presente juicio constitucional con la calidad de tercero extraño al juicio de origen, al aducir que no es parte en ese contradictorio; pero, con motivo de su substanciación, que puede resentir una afectación en el derecho de propiedad que aduce tener sobre el inmueble ubicado en calle ***. De ahí que se duele de la eventual privación de la propiedad y entrega de dicho bien a un tercero, así como su ejecución, que se ordenó en aquél sumario. Sobre esa base, se precisa que el tercero extraño a una controversia -en estricto sentido- es aquella persona que no figuró como parte en sentido material en un juicio o procedimiento, pero sufre un perjuicio en su tramitación o en la ejecución de sus resoluciones, al no haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer sus actuaciones. Luego, para que una persona sea considerada tercero extraño, necesita reunir las siguientes características: a) Que no figurara como parte en sentido material en un juicio o procedimiento; b) Sufrir un perjuicio en su substanciación o en ejecución de sus resoluciones; y, c) Que no haya tenido oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer sus actuaciones. Ahora, a fin de corroborar que la solicitante del amparo tiene la calidad de tercero extraño, se tiene que, de acuerdo con los antecedentes reseñados del expediente ***, no se advierte que se hubiera enderezado alguna prestación en su contra. Así, se obtiene que a la promovente le asiste el carácter de tercero extraño y por ello, su legitimación para instar el presente juicio de amparo debe analizarse a partir de su interés jurídico dado que el acto reclamado proviene de una autoridad jurisdiccional. En ese sentido, se precisa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 sostuvo que la parte quejosa que acudía al amparo aduciendo interés jurídico debía resentir un perjuicio directo sobre sus intereses con motivo de un acto de autoridad; lo que tradujo en: I. Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos en una persona o en su patrimonio; II. Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; III. Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, IV. Que los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando la parte quejosa acredita una afectación en su persona o sus bienes, lo cual debe acreditar en forma fehaciente. Por tanto, para verificar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, procede analizar las documentales que la quejosa exhibió para demostrar su interés jurídico, como lo dispone la tesis 2a. LII/97 de rubro "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Para acreditar su interés jurídico, el quejoso exhibió el original del contrato de compraventa celebrado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, entre Isidro Martínez López como vendedor y el quejoso como comprador del inmueble litigioso. Sin embargo, dicha documental del ningún modo acredita el interés jurídico del quejoso, pues para que ello ocurriera, requiere ser de fecha cierta, toda vez que así se garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 21/2010 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un documento adquiere fecha cierta a partir de que: a) Se incorpore o se inscriba en el Registro Público de la Propiedad; b) Se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; o, c) Muere cualquiera de los que lo firmaron. El cumplimiento de cualquiera de las hipótesis que anteceden genera, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la certeza de la existencia del documento con el que se pretende demostrar el interés para pedir la protección constitucional. En principio podría pensarse que el contrato de compraventa exhibido por el quejoso es de fecha cierta, pues fue exhibido en original; sin embargo, no cumple con ninguno de los tres requisitos reseñados para que sea considerado de fecha cierta, pues no se aprecia que haya sido incorporado o inscrito en un Registro Público de la Propiedad; que haya sido presentado ante un funcionario público por razón de su oficio; ni se hizo referencia, ni mucho menos se demostró que haya fallecido cualquiera de los firmantes. Entonces, no puede considerarse como documental pública, por lo que no procede otorgarle valor probatorio para acreditar el derecho que dice tener el quejoso sobre el bien inmueble que defiende, y por ende, para demostrar su interés jurídico para la procedencia de esta instancia constitucional. Así, el medio de convicción antes relacionado no tiene el alcance para acreditar el derecho que refiere tener el quejoso respecto del bien inmueble que defiende, que dice se ve afectado por el acto de autoridad. Esto, porque al tener la parte quejosa la calidad de tercero extraño al juicio natural, a fin de poder obtener la protección constitucional que solicitó, se encontraba obligada a demostrar que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el inmueble como propietaria; lo que en la especie no aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Luego entonces, la documental exhibida por el quejoso que previamente fue analizada, resulta ser de carácter privado para efectos del presente juicio de amparo, al carecer de fecha cierta, por lo que, por sí solo, es insuficiente para acreditar su interés jurídico; lo que en el caso resulta necesario tomando en consideración que se ostenta como tercera extraño al procedimiento de origen. Ello, máxime que el interés jurídico en el juicio de amparo debe probarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones. Sin embargo, la decisión asumida sobre la eficacia del documento exhibido por la quejosa solo tiene efectos exclusivos en este juicio de amparo, sin que en esta instancia se pueda resolver sobre el derecho sustantivo que constituye, esto es, respecto de la propiedad que el quejoso defiende, en tanto que su revisión se realizó a fin de verificar la actualización de la causa de improcedencia expuesta y con ello determinar la procedencia del juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público. Es así, porque las cuestiones sobre la validez, existencia o nulidad que pudieran derivar de ese pacto volitivo deben ser dilucidadas ante la potestad común, con independencia de lo resuelto en el presente sumario constitucional. En consecuencia, al no haber acreditado el peticionario de amparo el interés jurídico necesario para ocurrir a la instancia constitucional procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, primera parte, página 236, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro es "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985)". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito a la Central de Actuarios de esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acuerdo reclamado. Robustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, localizable en la página 50, del Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, no se inadvierte la intervención ministerial realizada por la representante social y las manifestaciones formuladas por el tercero interesado ***; sin embargo, este juzgado se abstiene de analizarlas, toda vez que no se encuentra obligada a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Vista la cuenta, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes. Notifíquese.

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