Horacio López Martínez
Expediente 245/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Horacio López Martínez
Actuaciones
- Principal
Causa Estado Desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso en términos del proveído de veintiuno de abril del dos mil veintidós. "...Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo..."
- Principal
-Desechamiento- La parte quejosa reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a autoridades administrativas y una jurisdiccional. Contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Incluso, tratándose de una orden de traslado que hubiere sido aprobada o validada por la autoridad jurisdiccional, derivado de la tramitación de la citada controversia judicial, en contra de dicha determinación, se reitera, procede el recurso de apelación, en términos 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe ser agotado previamente a la promoción del amparo indirecto. Sin embargo de la relatoría de antecedentes narrado por el defensor privado del quejoso, se advierte que no se ha gestionado dicha controversia y que, por tanto, no fue agotado dicho medio de impugnación. En ese sentido, el quejoso, previo acudir al amparo, debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues al tener noticia de la orden de traslado aludida tiene la posibilidad de impugnarla mediante la vía de controversia judicial que prevé la Ley Nacional especial, de conformidad con el artículo 52 de la propia ley, De esa forma, en el caso de que la resolución que recaiga a dicho medio de defensa le sea adversa, podrá interponer recurso de apelación en contra de la misma, y sólo en el caso de que dicho medio de impugnación no favorezca sus pretensiones, podrá acudir al juicio de amparo indirecto a efecto de que se analice la regularidad constitucional del procedimiento que la motivó y de las resoluciones jurisdiccionales que hubieren recaído al respecto. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos a Cesario Ornelas Gamiño, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Horacio López Martínez en términos del proveído de treinta y uno de marzo del dos mil veintidós que dice: La parte quejosa reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a autoridades administrativas y una jurisdiccional. Contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Incluso, tratándose de una orden de traslado que hubiere sido aprobada o validada por la autoridad jurisdiccional, derivado de la tramitación de la citada controversia judicial, en contra de dicha determinación, se reitera, procede el recurso de apelación, en términos 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe ser agotado previamente a la promoción del amparo indirecto. Sin embargo de la relatoría de antecedentes narrado por el defensor privado del quejoso, se advierte que no se ha gestionado dicha controversia y que, por tanto, no fue agotado dicho medio de impugnación. En ese sentido, el quejoso, previo acudir al amparo, debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues al tener noticia de la orden de traslado aludida tiene la posibilidad de impugnarla mediante la vía de controversia judicial que prevé la Ley Nacional especial, de conformidad con el artículo 52 de la propia ley, De esa forma, en el caso de que la resolución que recaiga a dicho medio de defensa le sea adversa, podrá interponer recurso de apelación en contra de la misma, y sólo en el caso de que dicho medio de impugnación no favorezca sus pretensiones, podrá acudir al juicio de amparo indirecto a efecto de que se analice la regularidad constitucional del procedimiento que la motivó y de las resoluciones jurisdiccionales que hubieren recaído al respecto. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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