Horacio Javier Bocanegra Velazquez

Expediente 1443/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1443/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Horacio Javier Bocanegra Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    El veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós al nueve de enero de dos mil veintitrés; sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto dictado en este juicio en el que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia constitucional; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por último, devuélvase al Juez responsable el tomo de pruebas que en su momento adjunto en apoyó a su informe justificado. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos la promoción signada por el Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, por el que informa que tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, en auto de catorce de diciembre del año en curso, decretó el levantamiento de medida cautelar. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la mencionada responsable la documental que anexa a su oficio, la que dada su propia y especial naturaleza se admite y desahoga. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos, así como las constancias que remite la autoridad de mérito, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama: Del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del distrito judicial de la Capital: La orden de embargo, inmovilización, congelamiento, disposición de numerario y bloqueo, respecto de la cuenta bancaria número 2667714882, de la Institución BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA. De la institución mencionada: El cumplimiento a la orden de embargo de la citada cuenta bancaria. A su vez, la autoridad responsable Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el reclamado, ya que en el expediente número 151/2022 relativo a las Providencias Precautorias promovidas por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Horacio Javier Bocanegra Velázquez, se dictó el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se ordenó la retención de dinero en efectivo, para lo cual se giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que se bloqueara la cuenta de ahorro 2667714882 con un saldo de $59,966.66 (Cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y seis mil pesos con sesenta y seis centavos); sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto, en primer término es necesario precisar que de la constancia que anexó el Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, con su oficio de cuenta, recibido en este Juzgado el dieciséis de diciembre del año en curso, se informó que tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, en auto de catorce de diciembre del año en curso, decretó el levantamiento de medida cautelar, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós), como se obtiene de las constancias que remitió la autoridad responsable en mención. Documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Así, el acto relativo al embargo de la cuenta bancaria número 2667714882, de la Institución BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA del que se dolía la parte quejosa ha quedado subsanado con la emisión del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que se tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, se decretó el levantamiento de medida cautelar, esto es, el embargo practicado en dicha cuenta bancaria. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse levantado la medida cautelar de embargo precautorio, dentro de las providencias precautorias número 151/2022, pues no es factible que el acto reclamado pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a la institución bancaria que materializó el embargo precautorio. Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de enero de dos mil veintitrés); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ATENDIERON AL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO MEDIANTE AVISO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ A LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL DOMICILIO QUE SEÑALÓ PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE HACE POR MEDIO DE LISTA, QUE DICE: "Agréguese a los presentes autos la promoción signada por el Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, por el que informa que tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, en auto de catorce de diciembre del año en curso, decretó el levantamiento de medida cautelar. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la mencionada responsable la documental que anexa a su oficio, la que dada su propia y especial naturaleza se admite y desahoga. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos, así como las constancias que remite la autoridad de mérito, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama: Del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del distrito judicial de la Capital: La orden de embargo, inmovilización, congelamiento, disposición de numerario y bloqueo, respecto de la cuenta bancaria número 2667714882, de la Institución BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA. De la institución mencionada: El cumplimiento a la orden de embargo de la citada cuenta bancaria. A su vez, la autoridad responsable Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el reclamado, ya que en el expediente número 151/2022 relativo a las Providencias Precautorias promovidas por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Horacio Javier Bocanegra Velázquez, se dictó el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se ordenó la retención de dinero en efectivo, para lo cual se giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que se bloqueara la cuenta de ahorro 2667714882 con un saldo de $59,966.66 (Cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y seis mil pesos con sesenta y seis centavos); sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto, en primer término es necesario precisar que de la constancia que anexó el Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, con su oficio de cuenta, recibido en este Juzgado el dieciséis de diciembre del año en curso, se informó que tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, en auto de catorce de diciembre del año en curso, decretó el levantamiento de medida cautelar, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós), como se obtiene de las constancias que remitió la autoridad responsable en mención. Documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Así, el acto relativo al embargo de la cuenta bancaria número 2667714882, de la Institución BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA del que se dolía la parte quejosa ha quedado subsanado con la emisión del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que se tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, se decretó el levantamiento de medida cautelar, esto es, el embargo practicado en dicha cuenta bancaria. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse levantado la medida cautelar de embargo precautorio, dentro de las providencias precautorias número 151/2022, pues no es factible que el acto reclamado pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a la institución bancaria que materializó el embargo precautorio. Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de enero de dos mil veintitrés); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...".

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA Y/O AUTORIZADOS NO ATENDIERON AL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO MEDIANTE AVISO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ A LAS QUINCE HORAS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL DOMICILIO QUE SEÑALÓ PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE HACE POR MEDIO DE LISTA, QUE DICE: "Agréguese a los presentes autos la promoción signada por el Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, por el que informa que tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, en auto de catorce de diciembre del año en curso, decretó el levantamiento de medida cautelar. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la mencionada responsable la documental que anexa a su oficio, la que dada su propia y especial naturaleza se admite y desahoga. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos, así como las constancias que remite la autoridad de mérito, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama: Del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del distrito judicial de la Capital: La orden de embargo, inmovilización, congelamiento, disposición de numerario y bloqueo, respecto de la cuenta bancaria número 2667714882, de la Institución BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA. De la institución mencionada: El cumplimiento a la orden de embargo de la citada cuenta bancaria. A su vez, la autoridad responsable Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el reclamado, ya que en el expediente número 151/2022 relativo a las Providencias Precautorias promovidas por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Horacio Javier Bocanegra Velázquez, se dictó el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se ordenó la retención de dinero en efectivo, para lo cual se giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que se bloqueara la cuenta de ahorro 2667714882 con un saldo de $59,966.66 (Cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y seis mil pesos con sesenta y seis centavos); sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto, en primer término es necesario precisar que de la constancia que anexó el Juez Especializado en Materia de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, con su oficio de cuenta, recibido en este Juzgado el dieciséis de diciembre del año en curso, se informó que tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, en auto de catorce de diciembre del año en curso, decretó el levantamiento de medida cautelar, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós), como se obtiene de las constancias que remitió la autoridad responsable en mención. Documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Así, el acto relativo al embargo de la cuenta bancaria número 2667714882, de la Institución BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA del que se dolía la parte quejosa ha quedado subsanado con la emisión del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que se tuvo por denunciado el pago materia de las providencias, promovidas por el licenciado Rubén Dávila del Real, en su calidad de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y como consecuencia, se decretó el levantamiento de medida cautelar, esto es, el embargo practicado en dicha cuenta bancaria. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse levantado la medida cautelar de embargo precautorio, dentro de las providencias precautorias número 151/2022, pues no es factible que el acto reclamado pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a la institución bancaria que materializó el embargo precautorio. Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de enero de dos mil veintitrés); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...".

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