Horacio Gabriel Nagore Hernández

Expediente 1229/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1229/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2018

Partes del expediente

  • Horacio Gabriel Nagore Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    "Xalapa, Veracruz, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del ***********; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 1229/2018. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil trescientos dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de dos mil uno, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, contra los actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la Materia, por las consideraciones siguientes: El acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya jurídico, ya legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a los derechos fundamentales de los quejosos. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente. Pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio, lo que de otra forma sería ocioso. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la foja quinientos cincuenta y nueve, libro XXII, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de dos mil trece, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Tratándose del interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. Esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo requerido para promover el juicio de amparo indirecto, previsto en el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, versa sobre una afectación producida al quejoso en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, mismo concepto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Es decir, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en sus derechos fundamentales, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere una afectación en ciertos derechos -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. Así, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 50/2014 (10a.), de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)" Ahora bien, en el caso concreto, el peticionario de amparo comparece a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: "1. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO DE SUPRESIÓN DE NOTARÍAS, DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO." En ese sentido, del acto reclamado reclamados se advierte que no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo del peticionario de amparo para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dicho acto una afectación real, actual y objetivamente apreciable en sus derechos fundamentales susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Lo anterior es así, ya que en sus conceptos de violación, el quejoso alega en esencia, que cuenta con patente de aspirante al ejercicio del notariado y que la supresión de las notarías le causa un agravio, toda vez que limita su posibilidad para acceder al notariado en el Estado. Sin embargo, dichas afectaciones alegadas, no suponen un daño diferenciado a la del resto de los habitantes del Estado de Veracruz, pues el hecho de contar con patente de aspirante al ejercicio del notariado, no debe entenderse como el reconocimiento de un derecho que pueda verse afectado con la supresión de las notarías. Por tanto, dichas manifestaciones no son suficientes para determinar que el acto reclamado afecta materialmente algún derecho sustantivo, pues la limitante que alega sufrir en su posibilidad de obtener una Notaría vacante, como sería en el caso, alguna de las cuales se ordenó suprimir en el acuerdo reclamado, se traduce en una mera expectativa. Por lo que no puede configurar un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del impetrante de amparo frente al orden jurídico, dado que en este contexto, la supresión de las Notarías es de tal importancia que atañe al interés general. En tales condiciones, resulta evidente que el acuerdo impugnado no ocasiona afectación alguna en los derechos fundamentales del promovente, al no advertirse que cuente con un interés legítimo, por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada. En tales condiciones, al haberse acreditado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la Materia, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho. DOMICILIO Y REPRESENTACIÓN Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Así mismo, como autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, como autorizados en términos del artículo 12 párrafo segundo de la citada ley, a ***********, por así solicitarlo el aquí quejoso. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,087 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano