Horacio Culebro Borrayas
Expediente 1465/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1465/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Horacio Culebro Borrayas y Otros.
- Horacio Culebro Borrayas
- Humberto Suastegui Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por el cual hace diversas manifestaciones y solicita que por ser un efecto reflejo dentro del juicio de garantías, se otorgue el mismo beneficio que se le concedió a la quejosa ****, en el expediente *** del índice de este órgano jurisdiccional. Con apoyo en el artículo 124 de la normativa en comento, ténganse por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en esta instancia constitucional. Atento a lo anterior, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, por las consideraciones siguientes: Uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de relatividad de los efectos de la sentencia, que se establecen en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 de la Ley de Amparo, el cual consiste, esencialmente, en que las resoluciones que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos que lo hayan solicitado. Así, tenemos que la esencia de este postulado radica en que la sentencia que conceda el amparo, únicamente protege los intereses jurídicos del quejoso, sin poder realizar una declaración general de inconstitucionalidad. Esto es, destaca el carácter individualista del amparo, el cual no constituye una defensa directa de la constitucionalidad, sino sólo la del gobernado frente al Estado. En esos términos, aun cuando exista una sentencia de amparo ejecutoriada pronunciada previamente y emitida en relación con un coinculpado del quejoso en la que en determinado tiempo se avaló su apego a la Máxima Ley, tal determinación sólo afecta la condición jurídica de quien promovió aquella acción de amparo, pero no puede hacerse extensivos sus efectos o limitar el criterio del juzgador al resolver la situación de un sujeto diverso, quien demandó el amparo, aun cuando ambos juicios emanen del mismo procedimiento penal e, incluso, pueda ser el caso que para la emisión del acto reclamado (el mismo, en los dos juicios) se haya ponderado idéntico material probatorio, porque de acuerdo con el principio de relatividad, la sentencia dictada en un juicio de amparo sólo es eficaz en relación con el gobernado que lo demandó. Ahora, en el caso en particular, el quejoso refiere que se le debe otorgar el mismo beneficio otorgado en la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo ***, ordenando al Juez Primero Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, deje sin efectos la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictada en la audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada en la causa penal ***; sin embargo, como se indicó, en el controvertido constitucional citado, la sentencia que concedió la protección constitucional se emitió en favor de una persona distinta al aquí amparista, por ello, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el accionante del juicio constitucional, toda vez que el efecto de la sentencia se constriño a proteger los intereses jurídicos de la quejosa en aquel. Sin que obste a lo anterior, que tanto el acto combatido por aquella y el impugnado por el aquí justiciable deriven del mismo juicio penal, lo cierto es que, ambos actos atienden a cuestiones distintas, pues en uno se reclamó la resolución que resolvió el incidente de revisión de medidas cautelares, en tanto que en el otro se impugnó el acuerdo donde se negó la libertad provisional, así como la inconstitucionalidad del artículo 15 Bis, del Código Penal para el Estado de Chiapas. Tal consideración tiene sustento en el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1º.P.87 P (10ª.) , cuyo rubro es: "PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS. LO DECIDIDO EN ÉSTAS SÓLO AFECTA LA CONDICIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR LO QUE SUS EFECTOS NO PUEDEN EXTENDERSE O LIMITAR EL CRITERIO DEL JUZGADOR AL RESOLVER LA SITUACIÓN DE DIVERSO QUEJOSO (COSENTENCIADO), AUN CUANDO AMBOS JUICIOS EMANEN DEL MISMO PROCEDIMIENTO PENAL Y PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE HAYAN PONDERADO IDÉNTICAS PRUEBAS." Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *** por el cual hace diversas manifestaciones y solicita que la audiencia constitucional programada, se celebre en la fecha y hora señalada. Con apoyo en el artículo 124 de la normativa en comento, ténganse por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en esta instancia constitucional. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de diciembre actual (foja 108), durante el cual debe hacerse de su conocimiento el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por consiguiente, dado que el mencionado plazo de ocho días es irrenunciable, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con veintidós minutos del ocho de enero de dos mil veinte, para su celebración. Sin que pase desapercibido para quien esto determina, las manifestaciones vertidas por el accionante del juicio de amparo en el ocurso y notificación que se atiende, pues más allá de vulnerar los derechos que refiere, el diferimiento de la audiencia tiene como objeto evitar una violación al procedimiento, que dicho sea de paso, resultaría perjudicial para el justiciable, considerando que si la resolución que se emita fuera recurrida, se tendría que tomar en cuenta el plazo que en su caso se tardaría en resolverse el medio de impugnación. Para corroborar lo anterior, es preciso indicar que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, relativo a las notificaciones, dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones." De la mencionada porción normativa, se desprende que la razón del mismo radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. En efecto, con esa norma, el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación, la cual además, tratándose de la materia penal, es acorde al derecho de una defensa adecuada. Como complemento de lo anterior, el diverso numeral 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo, prevé la obligación de rendir su informe justificado en el plazo de quince días, así como que dentro de la fecha de notificación de dicho informe al de la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, debe mediar al menos ocho días para que el quejoso se imponga de su contenido; incluso si el informe se rinde de manera extemporánea a los plazos establecidos en el primer párrafo del citado numeral podrán ser tomados en cuenta siempre que el quejoso tenga la posibilidad de conocerlos. El segmento normativo antes aludido, permite concluir la importancia de que en el juicio constitucional, el impetrante del amparo tenga conocimiento del contenido de los informes justificados con el tiempo suficiente para alegar o probar lo que entre ellos estime conducente; circunstancia que se justifica si se considera que en el juicio de amparo la litis se conforma con la demanda y los informes justificados, pues mediante la primera, el peticionario pretende demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, para lo cual puede apoyarse en los diversos medios de prueba autorizados en la ley de la materia. De ahí, que se considere que la intención del legislador fue la de respetar al quejoso su derecho al efectivo acceso a la justicia, contradicción y el de igualdad procesal reconocidos, respectivamente, en los artículos 14, 1 y 3, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numerales 1 y 2, inciso e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo contenido está encaminado a garantizar que las partes contendientes en el juicio tengan los mismos derechos a ser escuchadas, ofrecer pruebas, alegar y recurrir las resoluciones que no les resulten favorables. Por tanto, el juez constitucional debe respetar las reglas del procedimiento del juicio de amparo indirecto, procurando medien ocho días entre la fecha en que se ponen en conocimiento de las parte los informes justificados y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso concedido con el fin de que las partes aporten pruebas que consideren necesarias de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, lo anterior, pues esa prerrogativa es relevante para el quejoso, de ahí la necesidad de que en el juicio constitucional se agoten todas las etapas, ya que la audiencia constitucional es el último momento procesal en que el quejoso puede aportar las probanzas necesarias con el fin de desvirtuar lo señalado por las responsables, así como alegar lo que a su derecho convenga, para demostrar que el acto probablemente es violatorio de sus derechos fundamentales. De ahí, que los derechos a que se ha hecho referencia en este proveído, sean irrenunciables, pues lo que se pretende con ellos, es garantizar el acceso a la justicia, y una defensa adecuada, en beneficio de quien acude a esta instancia constitucional. Actuar de manera contraria, esto es, celebrar la audiencia del juicio sin que medie el plazo a que alude el párrafo segundo del antes mencionado artículo 117, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo, dejar en estado de indefensión al quejoso; pues el argumentar que se actúa en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme al artículo 17 constitucional, no constituye una justificación válida, dado que está por encima el derecho de defensa, como lo establece el citado numeral constitucional, así como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es aplicable, en cuanto a su contenido, la tesis: XXVI I .3o.7K (10a.), de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO)" A lo anterior, se incorpora la circunstancia de que el ahora justiciable se encuentra privado de su libertad, y respecto del cual, la prerrogativa de respetar las reglas del procedimiento son más exigentes, partiendo de la desventaja en que se encuentra, dada su condición, lo que se corrobora con el contenido del mencionado artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; de ahí, que se deba respetar ese derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, con lo cual, se garantizaría la tutela judicial efectiva. Por ello, es que no se vulnera derecho fundamental del accionante, pues como se indicó, el derecho a una impartición de justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional, no puede considerarse superior al derecho de defensa. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****, por el cual hace diversas manifestaciones y solicita que la audiencia constitucional programada, se celebre en la fecha y hora señalada. Con apoyo en el artículo 124 de la normativa en comento, ténganse por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en esta instancia constitucional. Finalmente, en relación a la petición del promovente en el sentido de que se celebre la audiencia constitucional del juicio en la fecha y hora programada, dígasele que este órgano jurisdiccional analizará con base en las actuaciones que integran este sumario, si el juicio se encuentra debidamente integrado y será en la fecha y hora fijada para su verificativo, en que se proveerá lo procedente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****por el cual solicita que se apliquen las medidas de apremio correspondientes a las autoridades responsables que en el presente asunto, toda vez que no han rendido los informes justificados requeridos. En atención a ello, dígase al quejoso que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que a la fecha obran en autos la totalidad de los informes justificados solicitados a las autoridades responsables (fojas 38 a 41, 61, 67 a 78 y 102). Por tanto, toda vez que el quejoso ****, se encuentra recluido en el ****; comisiónese al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio de su reclusión y le notifique la presente determinación, haciéndole entrega de copia autorizada de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para el efecto de que se imponga de su contenido y esté en condiciones de manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
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