Horacio Culebro Borrayas

Expediente 2109/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2109/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Horacio Culebro Borrayas

Actuaciones

  1. Principal

    Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe lo que resuelva el tribunal colegiado sobre el conflicto planteado por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. En atención a lo anterior, infórmese a la autoridad oficiante, que mediante resolución de catorce de noviembre del año en curso, resolvió el conflicto competencial 44/2019, en el que determinó que el citado juzgado, era el competente para conocer del diverso juicio de amparo 1119/2019 promovido por Horacio Culebro Borrayas, lo que se comunica para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el Juez Raúl López Pedraza, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Arturo Gómez Castro, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 44/2019, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y este órgano jurisdiccional. Ahora bien, toda vez que el tribunal de alzada, resolvió que el similar es competente para conocer del juicio de amparo 1119/2019. Por tal motivo, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Cúmplase.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y anexos, que contiene la resolución de veintiséis de agosto del año en curso, en la que la titular de ese órgano de control constitucional determinó no ser competente para conocer del juicio de amparo indirecto 1119/2019 de su estadística, por las razones ahí expuestas, al que adjunta el citado juicio de amparo, promovido por Horacio Culebro Borrayas, contra actos del Secretario General de Gobierno, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2109/2019. Ahora, del auto de veintiséis de agosto del año en curso, dictado por la juez homologa, se tiene que determinó no ser legamente competente para conocer del juicio de amparo indirecto 1119/2019, por las razones expresadas en dicha determinación. Sin embargo, con todo respeto a la decisión de la Juez declinante, este juzgador no comparte su determinación, por las razones siguientes: Del contenido del auto que se atiende, se desprende que la Juez oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, al estimar que el acto reclamado requiere ejecución material, por lo que considerando que en la especie se actualiza la premisa del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, con el mayor de los respetos, este Juzgador estima que en la especie se actualiza un criterio adverso al sostenido por la Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior tomando en cuenta que de las constancias remitidas, entre ellas el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve del año en curso, dictado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, se advierte que se le decretó la suspensión del ejercicio de la función notarial al quejoso como titular de la Notaria Pública número ochenta y dos en el Estado de Chiapas, con sede en Frontera Comalapa, y se concedió el término de setenta y dos horas, a Horacio Culebro Borrayas, a efecto de que designe a quien corresponda en su representación y autorización, para que realice las diligencias necesarias para la entrega física de los sellos, protocolo y demás documentos relacionados con su función notarial que desempeñaba a cargo de la Notaría Pública ochenta y dos, en el Estado, con residencia en Frontera Comalapa, ante la Dirección de Archivo General y Notarias del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Esto es así, ya que ha sido criterio reiterado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Lo anterior, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como por su contenido, el diverso criterio de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese tenor, se establece que el acto reclamado en forma destacada consiste en la determinación de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el acuerdo de antecedentes CA/01/2019, emitido por la Secretaría General de Gobierno, en el que se decreta la suspensión del ejercicio de la función notarial al quejoso como titular de la Notaria Pública número ochenta y dos en el Estado de Chiapas, con sede en Frontera Comalapa y se ordenó la entrega física de los sellos, protocolo y demás documentos relacionados con su función notarial que desempeñaba a cargo de la Notaría Pública ochenta y dos, en el Estado, con residencia en Frontera Comalapa, sin embargo, tal entrega deberá llevarse a cabo ante la Dirección del Archivo General y Notariado del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Por lo cual, se estima que se está en presencia de actos que tendrán ejecución material, en todo caso en más de un distrito, y si ello es así, entonces la competencia recae en la Juez de distrito declinante, acorde a lo establecido por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo. Reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan de la siguiente manera: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución pueda tener más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigua ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional, al considerar que el acto reclamado empezó a ejecutarse materialmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; no se acepta la competencia planteada por la Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Máxime que al respecto, el más alto tribunal del país ha puntualizado que el artículo 37 de la Ley de Amparo alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por ello, refirió que la citada expresión debe entenderse en el sentido que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, refirió que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido que se establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, si no que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo factico o real. En ese orden de ideas, deberá tomarse en cuanta que el acto reclamado consiste en la determinación de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el cuaderno de antecedentes CA/01/2019, emitida por la Secretaría General de Gobierno, en la que se decreta la suspensión del ejercicio de la función notarial al quejoso como titular de la Notaria pública ochenta y dos en el Estado, con residencia en Frontera Comalapa, Chiapas y ordena la entrega física de los sellos, protocolos y demás documentos relacionados con la función notarial respectiva, entrega que debe hacerse ante la Dirección del Archivo General y Notaria del Estado con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es decir se trata de un acto que habrá de tener ejecución en más de un distrito, en la medida en que, si bien, al final tendrá ejecución en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, lugar de residencia de la notaría de la que es titular el quejoso, lo cierto es que la suspensión de la actividad que desempeña como fedatario público, comenzará a ejecutarse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en donde tiene su residencia la referida dirección que es ante la cual, se reitera, habrá de hacerse la entrega física de sellos, protocolos y demás documentos relacionados con la función notarial, ordenada en la resolución impugnada. Así, es inconcuso que los efectos de la determinación impugnada comenzaran a materializarse en el lugar que se emitió, misma que incluso se le notificó al quejoso en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 "EL AMATE", ubicado en carretera Panamericana kilómetro 1063, del ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de manera que es claro que el acto reclamado a empezado a ejecutarse fuera de esta jurisdicción, y desde entonces producirá efectos en el mundo factico. Por lo anterior, el Juez competente es donde ha comenzado a ejecutase el acto reclamado, conforme al segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, antes transcrito. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase el expediente 1119/2019, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes. Sin que sea el caso de ordenar la notificación personal del presente proveído al promovente de amparo, en virtud de que será el Juez declinante quien hará de su conocimiento el acuerdo que recaiga al emitido por este órgano de control constitucional.

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