Horacio Culebro Borrayas
Expediente 1021/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2022
Partes del expediente
- Horacio Culebro Borrayas
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Se deja de proveer al respecto, toda vez que no existen documentos que sea necesaria su devolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto, el estado que guardan los presentes autos del que se advierte que mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se desechó la demanda promovida por el quejoso ********************, y se ordenó notificarlo personalmente, asimismo, no obra en autos la constancia de notificación respectiva. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, se ordena realizar de inmediato la notificación respectiva a la parte quejosa. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1021/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto, el estado que guardan los presentes autos del que se advierte que mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se desechó la demanda promovida por el quejoso ********************, y se ordenó notificarlo personalmente, asimismo, no obra en autos la constancia de notificación respectiva. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, se ordena realizar de inmediato la notificación respectiva a la parte quejosa. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de agosto de dos mil veintidós. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por********************por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1021/2022-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que********************por propio derecho, reclama de la 1. Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: Notificación verbal hecha por empleados de la Comisión Federal de Electricidad el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que le advirtieron que si no cubre un ajuste de cuentas para el cinco de agosto del año en curso, le cortaran al energía eléctrica del domicilio ubicado en la ********************. Expuesto lo anterior, esta juzgado advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones, a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 690 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, con registro digital 2009938, de epígrafe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO." Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 5, fracción II, el juicio de amparo procedente en tratándose de actos u omisiones de autoridad, la cual para los efectos del juicio constitucional es todo ente que ejerce facultades decisorias atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, septiembre de 2011, con registro digital 161133, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por lo tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, por ende resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Constitución establece derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de derechos humanos frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora, conviene precisar que dada la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el Sistema Eléctrico Nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, de las cuales se desprende que la Comisión Federal de Electricidad se creó como nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales, así también que los actos de la industria eléctrica se consideran mercantiles y se regirán por el Código de Comercio, y de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y por ende las controversias suscitadas entre las partes generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en un juicio mercantil. De ahí que, la consecuencia lógica de que se considere que la naturaleza jurídica del contrato de suministro de energía eléctrica es comercial, se debe a que la relación entre los contratantes también lo es, de modo tal que los actos u omisiones de la Comisión Federal de Electricidad que deriven de dichos contratos, no deben considerarse como actos de autoridad. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hacen consistir en la notificación verbal decretada en contra del aquí quejoso, del posible corte del servicio de energía eléctrica en caso de no pagar el ajuste del pago respectivo. Como puede advertirse los actos reclamados derivan esencialmente, según lo advertido en la demanda, de un supuesto ajuste de pago, mismo que refiere el quejoso no efectúo. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones inherentes a un contrato de energía eléctrica y por ello debe decidirse a través de un juicio mercantil, pues las partes actúan en una relación de coordinación, sin que el eventual corte de energía eléctrica genere que esa relación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en el ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En este contexto, la controversia suscitada entre la parte quejosa y aquella que señaladas como responsables emanadas de los derechos y obligaciones por el contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en vía mercantil, de conformidad con los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Al efecto, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubro, "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." y Jurisprudencia 2a./J.156/2017 (10a.), de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." Ahora bien, no se soslaya que el primero de los criterios antes mencionados, prevé que cuando la Comisión Federal de Electricidad, realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable, cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó esos casos excepcionales a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, por ejemplo cuando la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, de manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Lo que en el caso particular no sucede, puesto que en el capítulo de antecedentes y en el de hechos de la demanda, la parte promovente aduce que el predio en cuestión, vive con una persona de noventa y siete, y treinta y un años de edad, -su madre e hijo- respectivamente, y que la primera de las mencionadas en ocasiones necesita oxígeno. No obstante a lo anterior, no aporta ninguna documental que señale encontrase dentro los supuesto reseñados supra líneas, de ahí que es inconcuso que no se ubica en los casos de excepción contemplados por la ejecutoria en comento. Finalmente, no pasa desapercibido para este juzgador la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan; empero, tal regla general encuentra un caso de excepción cuando existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -sea en Pleno o en Salas- en la que ya se haya definido el tema sobre el cual se pretende plantear una demanda de amparo, como ocurre en el caso concreto en el ya el Tribunal Supremo del País, ha definido a través de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 156/2017 (10a.), citados supra líneas, que cuando se reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, estos deben ventilarse a través de un juicio mercantil, ya en esos supuestos, la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J.2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Así como la diversa PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES-. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para efecto de recibir y oír notificaciones el que cita en su escrito. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12, de la ley de la materia únicamente a ********************por tener su cédula profesional debidamente registrada en el sistema del Registro Nacional de Profesionistas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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