Horacio Cornejo Guzmán
Expediente 616/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Horacio Cornejo Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de junio de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Horacio Cornejo Guzmán, por conducto de sus apoderados jurídicos, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otro lado, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiese exhibido, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Cumplimiento de prevención Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Epigmenio Cornejo Chávez y Mario Alan Cornejo Almanza, en cuanto apoderados jurídicos del quejoso Horacio Cornejo Guzmán; atento a su contenido, téngaseles cumpliendo con la prevención formulada en proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve al acreditar su personalidad de apoderados jurídicos del promovente de amparo. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por el citado quejoso contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otra autoridad, no ha lugar a registrarla en el libro de gobierno ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número II-616/2019. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, revela que el acto reclamado por el promovente de amparo es el siguiente: La resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca de apelación I-127/2019, en la que confirma la determinación del juez de origen y desecha la prueba testimonial ofertada por el aquí quejoso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Improcedencia de la demanda de amparo En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, que respectivamente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo;.". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente contra la resolución citada en párrafos precedentes, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la integridad personal, entre otros; sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando el tribunal de alzada responsable determina confirmar el auto del juez de origen que deniega la admisión de una prueba ofertada por las partes, a saber, la testimonial. En virtud de lo anterior, el acto de autoridad que reclama la parte quejosa tiene el carácter de un acto meramente intraprocesal, el cual sólo trae como consecuencia que no sea admitida la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa [aquí quejosa]. Para una mejor apreciación del motivo de improcedencia invocado, conviene señalar que la parte promovente se duele de una resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca de apelación I-127/2019; en la cual se confirmó el auto de veintidós de marzo del año en curso, el cual deniega la admisión de la prueba testimonial ofertada por Horacio Cornejo Guzmán; prueba a cargo del Notario Público número 19, con residencia y ejercicio en esta ciudad, así como su secretaria. De lo anterior, se colige que la determinación que constituye el acto reclamado no es de aquellas que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alega el quejoso únicamente trae como consecuencia que el juicio civil continúe sin que se desahogue la prueba testimonial que ofreció la parte quejosa. Cabe referir que, de estimar ilegal la resolución que combate, podría inconformarse contra el mismo en amparo directo, para el caso de que dicha violación procesal afecte la defensa del quejoso y trascienda al resultado del fallo, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, y obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. Por tanto, el acto que reclama en esta vía constitucional, no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que el acto combatido tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, ello es así, ya que se debe considerar que la determinación del tribunal de alzada responsable en el sentido de confirmar el auto que no admite la prueba ofertada por la parte quejosa, no le reviste la característica de ser un acto de imposible reparación. Así pues, por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En ese sentido, el efecto de dicha determinación por la autoridad responsable no produce una situación material o de derecho, que lesiona el interés del peticionario de amparo y que perdure cualquiera que pudiera ser el sentido de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales De igual modo, es de invocarse, en vía de orientación, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, número de registro 2006589, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". No obsta a lo anterior, que los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de una violación procesal de la misma envergadura. Desechamiento Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Digitalización Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EPIGMENIO CORNEJO CHÁVEZ Y MARIO ALAN CORNEJO ALMANZA, QUIENES SE OSTENTAN APODERADOS JURIDICOS DE HORACIO CORNEJO GUZMAN EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO; Cumplimiento de prevención Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Epigmenio Cornejo Chávez y Mario Alan Cornejo Almanza, en cuanto apoderados jurídicos del quejoso Horacio Cornejo Guzmán; atento a su contenido, téngaseles cumpliendo con la prevención formulada en proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve al acreditar su personalidad de apoderados jurídicos del promovente de amparo. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por el citado quejoso contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otra autoridad, no ha lugar a registrarla en el libro de gobierno ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número II-616/2019. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, revela que el acto reclamado por el promovente de amparo es el siguiente: La resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca de apelación I-127/2019, en la que confirma la determinación del juez de origen y desecha la prueba testimonial ofertada por el aquí quejoso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Improcedencia de la demanda de amparo En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, que respectivamente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo;.". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente contra la resolución citada en párrafos precedentes, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la integridad personal, entre otros; sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando el tribunal de alzada responsable determina confirmar el auto del juez de origen que deniega la admisión de una prueba ofertada por las partes, a saber, la testimonial. En virtud de lo anterior, el acto de autoridad que reclama la parte quejosa tiene el carácter de un acto meramente intraprocesal, el cual sólo trae como consecuencia que no sea admitida la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa [aquí quejosa]. Para una mejor apreciación del motivo de improcedencia invocado, conviene señalar que la parte promovente se duele de una resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca de apelación I-127/2019; en la cual se confirmó el auto de veintidós de marzo del año en curso, el cual deniega la admisión de la prueba testimonial ofertada por Horacio Cornejo Guzmán; prueba a cargo del Notario Público número 19, con residencia y ejercicio en esta ciudad, así como su secretaria. De lo anterior, se colige que la determinación que constituye el acto reclamado no es de aquellas que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alega el quejoso únicamente trae como consecuencia que el juicio civil continúe sin que se desahogue la prueba testimonial que ofreció la parte quejosa. Cabe referir que, de estimar ilegal la resolución que combate, podría inconformarse contra el mismo en amparo directo, para el caso de que dicha violación procesal afecte la defensa del quejoso y trascienda al resultado del fallo, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, y obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. Por tanto, el acto que reclama en esta vía constitucional, no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que el acto combatido tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, ello es así, ya que se debe considerar que la determinación del tribunal de alzada responsable en el sentido de confirmar el auto que no admite la prueba ofertada por la parte quejosa, no le reviste la característica de ser un acto de imposible reparación. Así pues, por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En ese sentido, el efecto de dicha determinación por la autoridad responsable no produce una situación material o de derecho, que lesiona el interés del peticionario de amparo y que perdure cualquiera que pudiera ser el sentido de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales De igual modo, es de invocarse, en vía de orientación, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, número de registro 2006589, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". No obsta a lo anterior, que los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de una violación procesal de la misma envergadura. Desechamiento Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Digitalización Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: EPIGMENIO CORNEJO CHÁVEZ Y MARIO ALAN CORNEJO ALMANZA, QUIENES SE OSTENTAN APODERADOS JURÍDICOS DE HORACIO CORNEJO GUZMÁN. Con la demanda de amparo, se tiene a Epigmenio Cornejo Chávez y Mario Alan Cornejo Almanza, quienes se ostentan apoderados jurídicos de Horacio Cornejo Guzmán, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuyen al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número II-616/2019. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a los promoventes para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. ? Consideraciones previas. Inicialmente, conviene destacar que el artículo 108, fracción I, en relación con los numerales 10 y 11, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.] Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." Es decir, los preceptos legales en cita disponen que quien promueva en nombre del quejoso deberá acreditar su representación. Asimismo, se precisa que la representación en el juicio constitucional tanto del quejoso como del tercero interesado deberá acreditarse en los términos previstos por la Ley de Amparo. De igual modo, en los casos no previstos, dicha personalidad se justificará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y, cuando ésta no lo prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, el último de los numerales referidos precisa que quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado y afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el caso que nos ocupa, Epigmenio Cornejo Chávez y Mario Alan Cornejo Almanza, en su demanda, señalaron que comparecen a esta vía constitucional en cuanto apoderados jurídicos del quejoso Horacio Cornejo Guzmán. Empero, los promoventes de amparo no exhibieron el documento idóneo con el cual acrediten la personalidad con la que se ostentan, esto es, como apoderados jurídicos del quejoso Horacio Cornejo Guzmán. Sin que obste que hayan adjuntado a su demanda de amparo copia simple del poder para pleitos y cobranzas de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho y de algunas constancias relativas al toca I-127/2019, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en virtud de que dichas documentales, si bien no carecen de valor probatorio, lo cierto es que sólo constituyen un indicio al arbitrio de este juzgador, las cuales no acreditan plenamente la personalidad de los promoventes. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 32/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles". De ese modo, la personalidad tiene que estar acreditada plenamente, de lo contrario tal omisión impide a este órgano jurisdiccional realizar el pronunciamiento respecto a la procedencia o no de la demanda de amparo, pues la acreditación de la personalidad de los promoventes de amparo es un requisito que constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, el cual no puede analizarse en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo." De ahí que, por tal motivo, sea necesario imponer la siguiente: ? Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción I, así como 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, subsanen su demanda de amparo en los términos siguientes: ÚNICO. Acrediten la personalidad con la que se ostentan en el presente asunto, a saber, como apoderados jurídicos del quejoso Horacio Cornejo Guzmán, esto es, deberán exhibir el documento idóneo y suficiente para tal efecto. ? Apercibimientos. Se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones indicadas en el único punto preventivo, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley en la materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Además, se les indica que deberán exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y del documento con el que acrediten su personalidad para correr traslado a las partes, ya que, al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que indica: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". De igual manera, apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que indica: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." ? Domicilio procesal y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal. ? Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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