Horacio Antonio Alba Camacho y Otros.
Expediente 376/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Horacio Antonio Alba Camacho y Otros.
Actuaciones
- Principal
Certificación.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado... Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido... Dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Dado que resulta innecesaria su retención, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo
- Principal
.... De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el incidente de daños y perjuicios que promovió el tercero interesado Juan Manuel Nájera Danieli; sin que lo hubieren hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena la apertura de un término probatorio de diez días, a efecto de que las partes ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Concluido ese plazo, señálese fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos y túrnese los autos para la resolución correspondiente.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno que en resumen dice: "SE DESECHA LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *** y ***, por conducto de su apoderado legal ***, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos, aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes relevantes del caso, según el escrito de demanda, así como las constancias anexas: Mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve, la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, admitió la demanda promovida por ***, por conducto de ***, contra *** y ***, sobre el pago de diversas prestaciones, la que radicó con el expediente ***; asimismo, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó el emplazamiento de la parte demandada; El diez de enero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de conciliación en que la autoridad tuvo a las partes inconformes con todo arreglo conciliatorio, declaró agotada la referida etapa y por contestada la demanda; finalmente, señaló hora y fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; El siete de febrero de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que las partes ofrecieron medios convictivos de su intención y objetaron los de su contraparte; así, mediante proveído de diez de febrero siguiente, la Junta responsable se pronunció respecto de la admisión y desechamiento de los referidos medios probatorios y señaló hora y fecha para su desahogo; Mediante proveido de uno de julio de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el artículo 734 de la Ley Federal del Trabajo y ante la contingencia sanitaria derivada del virus Covid-19, la autoridad responsable dejó sin efectos la hora y fecha previamente señaladas para la audiencia de desahogo de pruebas -ocho de julio de dos mil veinte-, y en su lugar fijó las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de octubre de ese año para su verificativo; asimismo, ordenó la notificación del citado acuerdo a las partes; El ocho de octubre de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas; asimismo, se concedió a las partes un plazo de dos días para que formularan su alegatos, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendría perdido su derecho a hacerlo; Por escrito recibido por la Junta responsable el catorce de octubre de dos mil veinte, la parte demandada (aquí quejosa) promovió incidente de nulidad contra la notificación practicada el trece de agosto de ese año, respecto del acuerdo de uno de julio del año pasado; Por resolución interlocutoria de dos de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones indicado en el punto que antecede. La determinación señalada en el último inciso constituye el acto reclamado. Se considera entonces que el acto que se impugna a través de este juicio de amparo, tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Esto es, la decisión reclamada no incide en derechos sustantivos de los peticionarios sino sólo y, eventualmente, en un aspecto procedimental como lo es, la notificación del acuerdo a través de cual la autoridad responsable señaló nueva hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de pruebas. Luego, será hasta en tanto se dicte el fallo correspondiente en el procedimiento laboral de origen, cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no, de la notificación realizada respecto del citado proveído de uno de julio de dos mil veinte, y será hasta entonces cuándo la quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión; no debe perderse de vista que, de obtener fallo favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua. Sin que se soslaye la jurisprudencia 2ª./J.71/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo no es aplicable al caso pues analiza la Ley de Amparo abrogada y, como se señaló, en la ley vigente, procede el juicio constitucional en contra de actos intraprocesales solo cuando se afecten derechos sustantivos, lo que no sucede en el caso. De ese modo es que el acto reclamado constituye una eventual violación procesal reclamable en el amparo directo, que se haga valer contra el laudo si es que este es desfavorable a los intereses de los quejosos, en términos del artículo 172, fracciones III, V y XII, de la Ley de Amparo. Máxime que no se está en el supuesto de ejecución irreparable a que refieren las jurisprudencias que respectivamente han emitido la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo biinstancial, respecto de actos intraprocesales, concretamente en lo tocante a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas, cuyos rubros son "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA"; "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO" y "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA". Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la presente demanda. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Sustenta la anterior determinación la tesis de jurisprudencia, cuyos rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera."
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