Horacio Abraham Sanchez Santos

Expediente 1578/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1578/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Horacio Abraham Sanchez Santos
  • Miguel Alemán Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1578/2022-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I al IV; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, a la parte tercera interesada Miguel Alemán Velasco y Arnulfo Sánchez López, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe Sentencia que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, por las razones señaladas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1578/2022-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el uno de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dos de diciembre del dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a una diversa, al no haber dado cumplimiento a la prevención formulada, mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de la anualidad pasada, se admitió a trámite la demanda únicamente por cuanto a la autoridad señala en el escrito inicial, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se reservó el emplazamiento a la parte tercera interesada. Por auto de treinta de enero del año en curso, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados ********************, ********************, por conducto de su apoderado legal ******************** y al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Seguida la secuela procesal, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse un acto de autoridad con ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La orden de desocupación dictada en el juicio ordinario civil ********************, respecto del bien inmueble ubicado en ********************; y su ejecución que afectan su derecho de posesión. Actos que se reclaman en el ámbito de su competencia a la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora con las constancias que el Juez responsable anexó a su informe justificado consistente en copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio ordinario civil ********************. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio del concepto de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. Resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar, que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra obligado a demostrar que tiene interés jurídico, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2ª./J. 51/2019 (10ª.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 1/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Por otra parte, atendiendo a las particularidades del caso, destaca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, precisó diversos supuestos en los cuales se puede acudir al amparo como persona extraña al procedimiento de origen, a saber: a) Cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos, subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; podrá reclamar todo lo actuado a partir del emplazamiento. b) Cuando los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado. c) Cuando ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del tercero extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados. Es fundamento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 5/98, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." Precisado lo anterior, se concluye que en el presente asunto el solicitante de amparo carece de interés jurídico para reclamar la orden de desocupación respecto del bien inmueble ubicado en ********************, que, dice, afecta su derecho de posesión. Esto, pues para que la titularidad de un bien sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrar su origen, esto decir, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo para dar lugar a la protección constitucional solicitada; así, aun cuando en el juicio de amparo no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete el derecho fundamental de audiencia. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." De dicho criterio jurisprudencial se advierte que a efecto de dilucidar si el solicitante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la idoneidad de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la titularidad del derecho defendido, aun cuando la determinación vertida solamente tenga efectos para el juicio de amparo y no la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión o propiedad a favor de la parte quejosa. En el caso, para reclamar el acto aquí combatido, el quejoso no acreditó con medio de convicción idóneo, tener la posesión del bien inmueble ubicado en ********************, como lo aduce en el presente sumario. Sin que pase desapercibido para la suscrita la prueba ofrecida por la parte quejosa, consistente en el contrato original de arrendamiento. Sin embargo, dicha probanza no es suficiente para acreditar la posesión del bien inmueble materia del acto reclamado que se analiza. Ahora, el contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble ubicado en ******************** celebrado entre el aquí quejoso ******************** y ********************, el cual solo acredita la existencia de un acuerdo de voluntades entre ******************** en su carácter arrendatario y ******************** como arrendador, respecto del bien inmueble materia de la litis, puesto que el citado contrato de arrendamiento, carece de fecha cierta, por lo cual únicamente se acredita la existencia de un acuerdo de voluntades celebrado entre dos particulares, ante dos testigos, respecto de un bien inmueble, pero no su oponibilidad ante terceros, pues al no encontrarse registrado únicamente puede ser oponible a los suscriptores. Es importante señalar que para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, y esto, acontece a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, o bien desde la muerte de los que firmaron; por lo que si no se dan estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico contra terceros. En el caso en estudio se advierte que el contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble ubicado en ******************** celebrado entre el aquí quejoso ******************** en su carácter arrendatario y ******************** como arrendador, carece de fecha cierta, es decir, no contiene constancia fehaciente de la fecha de su elaboración, ya que no se advierte que haya sido presentado ante el registro público, ni ante un funcionario público por razón de su oficio; mucho menos el deceso de alguno de sus signantes. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 1ª./J. 24/2008, de rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 293, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL." Asimismo, es aplicable, por identidad de razones, la tesis VI.2º.700C, de rubro: "DOCUMENTAL PRIVADA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. ES INEFICAZ PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UNA NEGOCIACIÓN." Por tanto, si bien dicho consenso de voluntades surte efectos entre las partes que lo celebraron, no puede válidamente oponerse en perjuicio de terceros, como lo pretende la parte quejosa, pues la fecha cierta tiene como finalidad dar certeza jurídica al pacto contractual que recae sobre el bien inmueble, a fin de evitar actos dolosos o fraudulentos en perjuicio de terceros de buena fe, lo que significa que garantiza la legalidad y seguridad jurídica de la ciudadanía en general que se ve involucrada en la celebración de esta clase de operaciones, en las cuales siempre debe imperar la buena fe de los contratantes; de ahí la exigencia de satisfacerse tal requisito. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." No obsta a lo anterior, que el peticionario quejoso acude al presente juico de amparo en calidad de tercero extraño a juicio; sin embargo, como se indicó, no acredita su interés jurídico con documento idóneo, y por ende, tampoco demuestra la afectación a su esfera jurídica; por lo tanto, se insiste, al carecer de interés jurídico no demostró detentar un derecho público subjetivo que deba protegerse en esta vía. Lo anterior, pues tratándose del juicio de amparo promovido por un tercero extraño a la controversia de origen, cuando aduce violación a un presunto derecho de propiedad respecto, basta que acredite el interés jurídico que dice tener con un título o figura jurídica de los previstos en alguna norma general, y que éste sea oponible a las partes en el juicio, lo que en la especie no acontece. En este tenor, es evidente que el dicho de la parte quejosa en el sentido de tener la posesión del bien inmueble ubicado en ********************, es insuficiente para acreditar tal extremo, así, se concluye que no cumplió con la obligación de probar en forma fehaciente la afectación de su interés jurídico, pues no basta para tenerlo por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, sino que también debió ofrecer las pruebas idóneas y suficientes para acreditarlo, en consecuencia, al no haberlo hecho así, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con los numerales 61, fracción XII, y 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 16/94, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." QUINTO. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos.. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, por las razones señaladas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.

  4. Principal

    Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos (Firma electrónica) Jadilson Alonso Navarro Secretario (Firma electrónica)

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