Honorio Sánchez Aparicio
Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Honorio Sánchez Aparicio
- Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la cuenta se advierte que el plazo de quince días con el que la denunciante contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en esta denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha transcurrido, sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplido dicho fallo. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que esta denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de relevancia documental, porque los actos que se denunciaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, debido a que no existen documentos considerados como originales en términos de lo dispuesto por el numeral 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y como esta denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró fundada, porque se detectó la aplicación de normas declaradas inconstitucionales por el Alto Tribunal del país y se acogió la pretensión del denunciante al dictarse un fallo estimatorio a su favor, por lo que fue restituido en el goce del derecho fundamental violado en una situación análoga a una sentencia dictada en un juicio constitucional en la que se otorga el amparo y la protección de la Justicia Federal a un gobernado, por lo que acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General se estima que este asunto es conservable en términos de lo estatuido por el diverso 17, fracción III, inciso a), del propio acuerdo de observancia general, aplicado por analogía en el caso, en razón al sentido de la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto. En ese contexto, hágase del conocimiento de las partes que la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resguardará íntegramente en este órgano jurisdiccional durante el plazo de tres años previsto por el ordinal 17, primer párrafo, del multicitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la notificación de este auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese lapso de conservación en términos de lo señalado por el diverso 26 del Acuerdo General indicado se solicitará la transferencia de este expediente al Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. En diverso aspecto, en cuanto al documento que el promovente exhibió con su denuncia, consistente en el original del oficio 223301EL355420 de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, devuélvase al denunciante el referido instrumento, por lo que se deja a su disposición para que acuda a recogerlo dentro de un plazo de noventa días previa copia fotostática simple que se deje en autos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo esa documental continuará glosada en el presente expediente y podría ser transferida al área coordinadora de archivos en términos de lo señalado por el normativo 26 del acuerdo de observancia general citado al formar parte de este cuaderno una vez cumplido el plazo de conservación. En tal sentido, se faculta al denunciante o a su autorizado para recibir la documental descrita, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. Notifíquese; personalmente al denunciante.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que los disidentes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, en cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando se sobreseyó en este juicio de amparo, lo cierto es que en el proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, se otorgó a los justiciables la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones combatidas; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos combatidos, la sentencia y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 11/2023 promovido por ***, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De los hechos que los titulares de la acción de amparo manifestaron en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que señalan que no han cometido algún delito; sin embargo, las autoridades que señalan como responsables dictaron en su contra las órdenes de aprehensión, de detención, de búsqueda y de restricción de su libertad personal, cuya ejecución material pretende realizar. Los justiciables aducen que los actos reclamados vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida el tres de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante la cual **promovieron el juicio constitucional en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que más adelante se indicarán. En el auto de tres de enero de dos mil veintitrés, se registró el escrito inicial con el consecutivo 11/2023; se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las responsables sus informes justificados; se dio la intervención que corresponde a la Fiscal Federal adscrita y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que los inconformes combaten los actos siguientes: Del Presidente Municipal, del Regidor de Hacienda, de la Síndica Municipal, de la Tesorera Municipal, del Presidente Municipal Suplente, del Delegado Municipal y de los Agentes Municipales de Benito Juárez, de Vicente Guerrero, de Ignacio de Zaragoza, de Iturbide, de Miguel Hidalgo, de Villa de Guadalupe Victoria, de Morelos, de Francisco I Madero y de Lázaro Cárdenas, todas esas autoridades de San Miguel El Grande, Oaxaca, combaten: Las órdenes de aprehensión, de detención, de búsqueda y de restricción de su libertad personal. De los Policías Municipales y de los Topiles de San Miguel El Grande, Oaxaca, y de las Agencias Municipales de Benito Juárez, de Vicente Guerrero, de Ignacio de Zaragoza, de Iturbide, de Miguel Hidalgo, de Villa de Guadalupe Victoria, de Morelos, de Francisco I Madero y de Lázaro Cárdenas, todas esas entidades públicas del citado municipio, impugnan: La ejecución de esos mandamientos. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades que los quejosos señalan como responsables, porque esos entes públicos en sus informes justificados negaron la existencia de las actuaciones que les fueron atribuidas. Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. En ese contexto, si los inconformes no desvirtuaron las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostraron con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprocharon es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. En atención al contenido de esos documentos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo se tiene a las responsables Presidente Municipal, Regidor de Hacienda, Síndica Municipal, Tesorera Municipal, Presidente Municipal Suplente, Delegado Municipal, Agentes Municipales de Benito Juárez, de Vicente Guerrero, de Ignacio de Zaragoza, de Iturbide, de Miguel Hidalgo, de Villa de Guadalupe Victoria, de Morelos, de Francisco I Madero, de Lázaro Cárdenas, todas esas autoridades de San Miguel El Grande, Oaxaca, y a los Policías Municipales y Topiles de esa localidad y de las Agencias Municipales de Benito Juárez, de Vicente Guerrero, de Ignacio de Zaragoza, de Iturbide, de Miguel Hidalgo, de Villa de Guadalupe Victoria, de Morelos, de Francisco I Madero y de Lázaro Cárdenas, todas esas entidades públicas del citado municipio, por rendidos sus informes relativos a la suspensión de oficio y de plano que fue concedida a favor de los quejosos y se toma conocimiento de lo que las oficiantes exponen en sus ocursos respectivos; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de tales informes. Notifíquese.
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