Honorio José Gutiérrez Mondragón

Expediente 354/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
354/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2017

Partes del expediente

  • Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México
  • Honorio José Gutiérrez Mondragón

Actuaciones

  1. Principal

    I.- Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el quejoso no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 24 a la 26), por el que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    I.- Para conocimiento de las partes y para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el comunicado de cuenta mediante el cual la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado al presente sumario constitucional y remite copia certificada de diversas constancias para acreditar su dicho. Atento a lo anterior, téngase por rendido el informe de mérito para los efectos legales procedentes; y, tomado en consideración que de autos se advierte que el acto reclamado por el quejoso Honorio José Gutiérrez Mondragón, se hace consistir en la abstención por parte de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de emitir el acuerdo en relación al escrito de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en virtud del cual solicitó en vía de ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 569/2006, se dictara auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México; así como, que se impusiera a dicha secretaría la multa con la que fue apercibida, derivado de no haber dado cumplimiento al citado laudo de manera voluntaria. Ahora, del informe justificado acordado en párrafos que anteceden, se advierte que la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, aceptó parcialmente la existencia de la omisión que se le reprocha, agregando además que el ocho del actual mes y año, dictó el auto de requerimiento de pago y embargo solicitado por el quejoso. Asimismo, para acreditar su dicho remitió copia certificada de la citada determinación de ocho del actual mes y año, así como de la constancia de notificación realizada al quejoso respecto de éste, cuyo contenido adquiere valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. En atención a lo anterior y tomando en consideración que de tales constancias, este Órgano Jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que los actos que reclama el quejoso han dejado de afectar su esfera jurídica, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, como a continuación se estudiará: En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es pertinente precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo; y, el término "efecto", significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que motivó el amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental trasgredido. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. Por lo que, tal causa de improcedencia, en el presente juicio de amparo se actualiza, pues el acto reclamado fue destruido en todos sus efectos en forma total e incondicional, al haberse dictado el proveído de ocho de marzo de dos mil diecisiete, en el cual la autoridad responsable dio contestación al escrito del quejoso en virtud del cual solicitó en vía de ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 569/2006, se dictara auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y se impusiera a dicha secretaría la multa con la que fue apercibida, derivado de no haber dado cumplimiento al citado laudo de manera voluntaria; omisión o abstención en la que a decir del quejoso, incurrió la autoridad responsable. Sin embargo, de lo anterior se evidencia objetivamente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen vulnerado la esfera jurídica del particular; habida cuenta que de las copias certificadas que remitió la Presidente del Tribunal responsable, cuyo valor probatorio quedó establecido en párrafos que anteceden, se advierte que el ocho de marzo del año en curso, se dio contestación al escrito cuya abstención a dar respuesta constituye el acto reclamado en la presente instancia. Por su aplicación al caso es de citarse por analogía la Jurisprudencia 2a/J. 59/99, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". También brinda apoyo la diversa Jurisprudencia 2a./J.9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del cinco de abril de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    I.- Por recibida la demanda de amparo promovida por Honorio José Gutiérrez Mondragón, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 354/2017-I. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues, la parte inconforme no lo solicitó expresamente. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y en atención al contenido del inciso k), del artículo 26 de la Ley de la materia, notifíquesele por oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda para los efectos legales conducentes. Se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del cinco de abril de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. En atención al contenido de los artículos 117 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, el cual deberá de rendir dentro del plazo de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del presente asunto en términos de lo establecido en el diverso artículo 61 de la Ley de la materia, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; de igual forma, requiérase a la responsable en comento para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron como base para emitir el acto que se le atribuye, haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues, resulta indispensable que este órgano de control constitucional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículo 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, Tomo I, en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente asunto, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo haga saber así a este Juzgado Tercero de Distrito, apercibida que en caso de ser omisa se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el diverso precepto 251 de la Ley de la materia, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberá comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso ser omisa a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, quien tiene como domicilio el ubicado en Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, número trescientos (300), Poniente en el Palacio de Gobierno, Segundo Piso, Puertas trescientos veintiséis (326) y trescientos veintinueve (329), Colonia Centro, en Toluca, Estado de México. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de la materia, la presente y las subsecuentes notificaciones realícense a la citada tercera interesada por oficio, adjuntando copia simple de la demanda. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que en el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista con la denominación que indica en la demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales; además, de que en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija dicha denominación hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo establecido en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin necesidad de diligencia previa, se tiene por admitida y desahogada la prueba documental que la parte quejosa adjuntó en un anexo a su demanda de amparo. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Se tienen por autorizados del promovente a las personas que señala en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley de Amparo. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), con el uso de su firma electrónica, y con los respectivos anexos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.

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