Honorio Higuera Castro
Expediente 1165/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Honorio Higuera Castro
- Honorio Higuera Castro y Otros.
- Rita Loredo Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Imposibilidad para crear versión digital. Debido a la voluminosidad de las constancias anexas, con fundamento en los artículo 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que quedarán disponibles para consulta en la secretaría del órgano, para lo cual se ordena formar por separado el legajo de pruebas identificado como Tomo I. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de improcedencia del juicio. En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." -Precisión del acto reclamado- En la especie, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa es la omisión de acordar los escritos de veinte de abril y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 1238/2021. Ahora bien, por lo que respecta al escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, de las constancias que el presidente de la Junta responsable anexó a su informe con justificación, se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, corrigió el procedimiento y atendió el mencionado ocurso en el juicio arbitral que nos ocupa. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de acordar el escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintitrés, lo cierto es que, como se destacó, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la responsable dio contestación al mismo, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Inexistencia del acto reclamado. Por otra parte, respecto el escrito presentado el veinte de abril de dos ml veintitrés, con apoyo en lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y a la fecha de la presentación del presente amparo indirecto (siete de agosto del año en curso) resultó ser inexistente el acto consistente en la omisión de dictar proveído respecto el escrito presentado el veinte de abril de dos ml veintitrés, en el juicio arbitral 1238/2021, promovido por el aquí quejoso, por ende procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que del contenido de las documentales remitidas por la autoridad responsable que adjuntó a su informe justificado, se advierte que con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (siete de agosto del año en curso, la autoridad responsable ya había dictado el proveído -veinticuatro de abril de dos mil veintitrés- en el que se pronunció sobre el escrito recibido por la responsable el veinte de abril anterior; de ahí, que el reclamo haya resultado inexistente y proceda sobreseer al respecto, conforme lo establece el supra dicho numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las doce horas con quince minutos del veintinueve de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexos provenientes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas el doce de septiembre del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompañan; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Finalmente dese vista a las partes con su contenido. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy en virtud de que no se encuentra debidamente integrado. Requerimiento de constancias. Por ello, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible, de las siguientes constancias: Auto de veintitrés de abril de dos mil veintitrés. Promoción de veinte de abril de dos mil veintitrés. Las promociones de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Constancias que obran en el juicio laboral 1238/2021; toda vez que este juzgador las considera necesarias para resolver el presente asunto, o bien comunique la imposibilidad que tiene para ello. Bajo el apercibimiento que de incumplir sin causa justificada, conforme lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, tomo: V, febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con quince minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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