Honorio Galindo Santiago

Expediente 766/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
766/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Honorio Galindo Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, informa el contenido del auto dictado el quince de julio del año en curso, de cuyo contenido se desprende que acusa recibo del original del escrito de demanda promovida por Honorio Galindo Santiago y copias de traslado, además que se avoca a su conocimiento, en virtud de la competencia se declinada por este Juzgador el veintinueve de junio de la presente anualidad, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos el oficio de mérito, para que surta los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de TRÁMITE dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso J) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 10, del Manual referido, toda vez que se trata de asunto concluido con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por el representante legal de la moral quejosa, por medio del cual, solicita le sean devueltos los documentos que fueron exhibidos en original como pruebas de su parte en el presente juicio de amparo, así como que se expida a su costa copia certificada del acta constitutiva con la que acreditó su interés jurídico, autorizando para recoger los mismos a Edgar Peña Cabrera. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, debiéndose estar a lo acordado en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se autorizó la devolución de los documentos que refiere previo desglose de los mismos. Asimismo, se autoriza a la persona que menciona en el escrito de cuenta, para efecto de recoger los documentos cuya devolución solicita. Por otra parte, en relación a las copias certificadas que solicita hágase de su conocimiento que con motivo de la contingencia sanitaria que actualmente se encuentra atravesando el país, y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 13 y 14, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este órgano jurisdiccional se encuentra laborando de manera presencial únicamente con el treinta por ciento del personal de su plantilla y el resto labora bajo el esquema de trabajo remoto o a distancia, así como las cargas excesivas de trabajo y el horario restringido para el desarrollo de las actividades de este juzgado, hace que resulte física y humanamente imposible expedirle las copias certificadas que refiere, pues el personal que acude a laboral de manera presencial se encuentra dedicada a la labor jurisdiccional y quienes laboral a distancia se encuentran imposibilitados para imponerse físicamente de las constancias que integran el presente asunto. Lo anterior, ya que para lograr dicha expedición es necesario que la parte solicitante ingrese al edificio que ocupa este órgano jurisdiccional, se presente en el centro de copiado correspondiente, pague las aludidas copias y hecho lo anterior, se continúe con el trámite de entrega; centro de copiado que sólo labora hasta las quince horas con motivo de la referida emergencia sanitaria; por tanto, este juzgado se encuentra temporalmente impedido para expedir las copias solicitadas. Máxime que el documento cuya copia certificada solicita, le será devuelto en atención a lo acordado en líneas que anteceden, por lo que al contar con dicho documento puede acudir ante el fedatario público de su elección a fin de obtener la reproducción que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, promovida por Honorio Galindo Santiago, por su propio derecho, en contra de actos del Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 766/2021-III. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que prevé: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) Del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución definitiva de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de apelación RAJ.62808/2020, interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución que recayó al recurso de reclamación presentado en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mi veinte, que desechó la demanda de nulidad por extemporánea, relativa al juicio de nulidad TJ/I-31517/2020, radicado en la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Nueva Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En ese sentido, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, pues estima que su estudio corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: En primer término, cabe destacar que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, el concepto de competencia en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, se puede distinguir los siguientes criterios de competencia: I) Por materia. II) Por territorio. III) Por grado. En ese contexto, únicamente se analizará la competencia por grado, la cual se estima aplicable al presente asunto. Debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos órganos jurisdiccionales han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Es así, que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese tenor, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sentando lo anterior, cabe traer a colación el contenido de los artículos 170 y 34, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." De lo transcrito se desprende que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Las últimas entendidas como aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. En ese sentido, atendiendo a la pretensión del quejoso en reclamar la resolución definitiva de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de apelación RAJ.62808/2020, deducido del juicio de nulidad TJ/I-31517/2020, del índice estadístico de la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Nueva Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que es inconcuso que tal resolución constituye una resolución que pone fin al juicio natural, que evidentemente no lo decide en lo principal pero sí lo da por concluido. En consecuencia, en contra de dicho acuerdo no procede ningún recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificado o revocado y, por ende, es reclamable ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI, del artículo 107 Constitucional, en relación con los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas noventa y cinco, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, correspondiente al mes de abril de dos mil quince, Tomo I, de la Décima Época, de rubro siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por lo que, en cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por razón de grado y ordena enviarla vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que en caso de que exista concordancia con las consideraciones expuestas en este acuerdo, provea lo conducente, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

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