Honorio Clemente Rodríguez

Expediente 750/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
750/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Honorio Clemente Rodríguez
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de octubre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 13/10/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de octubre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Honorio Clemente Rodríguez, por propio derecho, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 750/2021-V, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos precedentes que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En el presente caso, de un estudio integral del escrito de demanda que se provee, se observa que el solicitante del amparo esencialmente reclama: "La negativa y/u omisión de ser citado en calidad de investigado dentro de las carpetas de investigación abiertas por las autoridades responsables en las que me consideren probable responsable de los supuestos hechos atribuidos a los suscritos (sic) y que la ley señala como delito" Así, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 5, fracción I, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, como a continuación se expone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público. (.)" De la interpretación sistemática de las disposiciones normativas en cuestión, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades; y que debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada; esto es, aquella que acredite su interés jurídico o legítimo. Luego, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En la inteligencia que, por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma subjetiva. Para la mejor comprensión de dichas figuras es conveniente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: I. la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; II. que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y III. que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, localizable en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico. Ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que de lo que se duele el quejoso es la omisión o negativa de citar al quejoso a comparecer en su calidad de investigado dentro de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra por las autoridades señaladas como responsables. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la responsabilidad del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En ese sentido, en relación con dicha negativa de citarlo a comparecer reclamada, debe señalarse que la notificación de la existencia de la carpeta de investigación al indiciado, así como la cita para que este comparezca a la misma no constituyen actos o requisitos indispensables para que aquélla se integre, dado que el arábigo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cita, no lo establece así, como se evidencia a continuación: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]". Asimismo, si dicha institución, por disposición constitucional, tiene permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del imputado; entonces, dentro de dicha facultad se comprende la de recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación; ordenar la citación o comparecencia del imputado, recibir su entrevista con asistencia de un defensor, y llegado el momento, ejercitar acción penal ante los tribunales para solicitar, en su caso, la recepción de una carpeta de investigación, el auto de inicio de un proceso penal con la consecuente citación a fin de formularle imputación, o bien, orden de aprehensión, sin la garantía de audiencia del imputado. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo que se promueve en contra de la omisión o negativa de citar al quejoso a comparecer en su calidad de investigado dentro de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra; dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público y sus fiscalías, conferidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos constitutivos de posibles delitos, aun cuando la parte quejosa sea considerada como probable responsable, pues estimar lo contrario sería anteponer el interés particular al de la sociedad. Así, la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la investigación de hechos que posiblemente configuran un delito, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público y a los tribunales del País. Aunado a lo anterior, el dispositivo 218 Código Nacional de Procedimientos Penales contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del cual se observa que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta en tanto el imputado sea detenido, citado a comparecer, o sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el precepto 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Máxime que el fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un hecho tipificado en la ley como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles para allegarse de datos para su esclarecimiento; empero, ello no implica necesariamente la citación del inculpado, pues inclusive el ordinal 129, último párrafo, del citado código adjetivo indica que el Ministerio Público podrá solicitar la comparecencia del imputado y ordenar su declaración cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, esto es, no constituye una obligación. De ahí que se afirme que en la primera fase de la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público no tiene la obligación legal de notificar ni citar al imputado para comparecer a la carpeta de investigación a fin de rendir su entrevista; por tanto, al no ser una obligación, ni encontrarse tal derecho incorporado a la esfera jurídica del peticionario de amparo, esa negativa no le causa perjuicio y, por ende, no puede reclamarse vía amparo indirecto, aunque se aduzca que con ello se restringe su derecho a tener una adecuada defensa y debido proceso. Bajo ese tenor, como ya se dijo, el cardinal 218 del citado cuerpo normativo contiene el principio de reserva en los actos de investigación; de ahí que si el quejoso no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el párrafo tercero de dicho numeral, esto es, que haya sido detenido, citado para comparecer con el carácter de imputado, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; entonces, aun cuando le pudiera recaer el carácter de imputado en la carpeta de investigación, no existe obligación del fiscal de expedirle copias de la misma. Lo anterior tiene sustento en las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Tomo I, de octubre de dos mil diecinueve, Décima Época, registro digital 2020891, que dice: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido". Ahora bien, el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, en sus antecedentes de la demanda de amparo lo siguiente: Que ha tenido conocimiento de que existe una investigación en su contra en la cual aún no ha sido citado. Que se presentaron en el domicilio de su negocio diversas personas que dijeron trabajar en la fiscalía solicitando información sobre su persona. Que al desconocer que fiscalía es la que se encuentra realizando la indagatoria en su contra compareció ante cada una de ellas a efecto de allegarse de información solicitando se le permitiera tener acceso a la carpeta de investigación correspondiente. De lo anterior, se advierte que el Ministerio Público no lo ha citado ni pretendido obtener su declaración; a su vez, el hecho de que, personas que dijeron trabajar en la fiscalía haya acudido a domicilio comercial y solicitado información sobre su persona, no implica que el Ministerio Público pretendiera recabar su declaración, sino sólo se trata de un acto de investigación contemplado en el dispositivo 132, fracción X, del código adjetivo de la materia, por lo que dicha actuación no constituye un acto de molestia, puesto que, por sí misma, no restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger un determinado bien jurídico, que es lo que tutela el primer párrafo del cardinal 16 de la Ley Fundamental. Además, dicha actuación tampoco se ubica en el supuesto que prevé el arábigo 266 del referido cuerpo adjetivo legal, que dice: "Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación". En ese contexto, si bien el inculpado goza del derecho de defensa que le otorga la Constitución, lo cierto es que, como ya se dijo, ello no implica que la representación social, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación; de ahí que incluso cuando el investigado tenga conocimiento de la existencia alguna indagatoria en su contra, ello no vincula al órgano investigador a citarlo para comparecer. Apoya lo anterior, la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito I.4o. P.20 P (10a.), de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2016911, con que a la letra dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL QUEJOSO DE ACCEDER A AQUÉLLA Y QUE SE LE RECONOZCA EL CARÁCTER DE IMPUTADO, PORQUE AÚN NO SEA HA DEFINIDO QUE TIENE ESA CALIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. Si en la carpeta de investigación no se ha definido que el quejoso tiene la calidad de imputado en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el contenido de la investigación le es ajeno por no ser parte en aquélla; por tanto, la negativa del Ministerio Público de proveer de conformidad su petición para acceder a la carpeta de investigación y de reconocerle el carácter de imputado, no afecta su esfera jurídica, pues esa calidad y los derechos a que alude el diverso artículo 113 del propio código surgen cuando está detenido, si es citado a comparecer con dicho carácter, si se pretende entrevistarlo, o bien, cuando en su contra se ejecuta un acto de molestia. Así, al no ser parte en la carpeta de investigación, resulta clara y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico; declaratoria de improcedencia que procede realizar desde el auto inicial, toda vez que la situación jurídica será la misma, incluso, de resolverse el amparo en la audiencia constitucional". Así como la diversa, jurisprudencia con número de registro 175142, de la Novena Época, sustentada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, en su página 49, que en su rubro y texto dicen lo siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Asimismo, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a que se haya observado previamente el principio de instancia de parte agraviada, lo que significa que sólo el titular de un derecho legítimamente protegible es quien puede acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese su transgresión, es decir, quien demuestre que el acto reclamado le ocasiona un agravio real, actual, inmediato y directo, lo que obviamente supone la existencia de dos requisitos: que el promovente sea el directamente agraviado con el acto de autoridad y que sea titular del derecho fundamental que alega como afectado. De lo que se sigue que, como en el particular no existe algún precepto legal que disponga que necesariamente tiene que citarse al indiciado a una carpeta de investigación en la que se le imputen hechos, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado por la omisión o negativa del representante social de llevar a cabo esa citación, máxime que se desconoce si en el trámite de la indagatoria que dice el quejoso se inició en su contra, realmente se afectará algún derecho, pues el promovente manifiesta que no ha sido llamado a comparecer a la carpeta de investigación que dice se sigue en su contra. Apoya a lo anterior, la tesis II.2o.P.51 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Honorio Clemente Rodríguez....Notifíquese y por vía electrónica a la parte quejosa....

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 17/09/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Boca del Río, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Honorio Clemente Rodríguez, por propio derecho, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 750/2021-V, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos precedentes que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En el presente caso, de un estudio integral del escrito de demanda que se provee, se observa que el solicitante del amparo esencialmente reclama: "La negativa y/u omisión de ser citado en calidad de investigado dentro de las carpetas de investigación abiertas por las autoridades responsables en las que me consideren probable responsable de los supuestos hechos atribuidos a los suscritos (sic) y que la ley señala como delito" Así, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 5, fracción I, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, como a continuación se expone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público. (.)" De la interpretación sistemática de las disposiciones normativas en cuestión, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades; y que debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada; esto es, aquella que acredite su interés jurídico o legítimo. Luego, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En la inteligencia que, por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma subjetiva. Para la mejor comprensión de dichas figuras es conveniente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: I. la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; II. que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y III. que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, localizable en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico. Ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que de lo que se duele el quejoso es la omisión o negativa de citar al quejoso a comparecer en su calidad de investigado dentro de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra por las autoridades señaladas como responsables. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la responsabilidad del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En ese sentido, en relación con dicha negativa de citarlo a comparecer reclamada, debe señalarse que la notificación de la existencia de la carpeta de investigación al indiciado, así como la cita para que este comparezca a la misma no constituyen actos o requisitos indispensables para que aquélla se integre, dado que el arábigo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cita, no lo establece así, como se evidencia a continuación: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]". Asimismo, si dicha institución, por disposición constitucional, tiene permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del imputado; entonces, dentro de dicha facultad se comprende la de recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación; ordenar la citación o comparecencia del imputado, recibir su entrevista con asistencia de un defensor, y llegado el momento, ejercitar acción penal ante los tribunales para solicitar, en su caso, la recepción de una carpeta de investigación, el auto de inicio de un proceso penal con la consecuente citación a fin de formularle imputación, o bien, orden de aprehensión, sin la garantía de audiencia del imputado. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo que se promueve en contra de la omisión o negativa de citar al quejoso a comparecer en su calidad de investigado dentro de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra; dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público y sus fiscalías, conferidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos constitutivos de posibles delitos, aun cuando la parte quejosa sea considerada como probable responsable, pues estimar lo contrario sería anteponer el interés particular al de la sociedad. Así, la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la investigación de hechos que posiblemente configuran un delito, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público y a los tribunales del País. Aunado a lo anterior, el dispositivo 218 Código Nacional de Procedimientos Penales contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del cual se observa que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta en tanto el imputado sea detenido, citado a comparecer, o sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el precepto 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Máxime que el fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un hecho tipificado en la ley como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles para allegarse de datos para su esclarecimiento; empero, ello no implica necesariamente la citación del inculpado, pues inclusive el ordinal 129, último párrafo, del citado código adjetivo indica que el Ministerio Público podrá solicitar la comparecencia del imputado y ordenar su declaración cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, esto es, no constituye una obligación. De ahí que se afirme que en la primera fase de la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público no tiene la obligación legal de notificar ni citar al imputado para comparecer a la carpeta de investigación a fin de rendir su entrevista; por tanto, al no ser una obligación, ni encontrarse tal derecho incorporado a la esfera jurídica del peticionario de amparo, esa negativa no le causa perjuicio y, por ende, no puede reclamarse vía amparo indirecto, aunque se aduzca que con ello se restringe su derecho a tener una adecuada defensa y debido proceso. Bajo ese tenor, como ya se dijo, el cardinal 218 del citado cuerpo normativo contiene el principio de reserva en los actos de investigación; de ahí que si el quejoso no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el párrafo tercero de dicho numeral, esto es, que haya sido detenido, citado para comparecer con el carácter de imputado, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; entonces, aun cuando le pudiera recaer el carácter de imputado en la carpeta de investigación, no existe obligación del fiscal de expedirle copias de la misma. Lo anterior tiene sustento en las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Tomo I, de octubre de dos mil diecinueve, Décima Época, registro digital 2020891, que dice: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido". Ahora bien, el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, en sus antecedentes de la demanda de amparo lo siguiente: Que ha tenido conocimiento de que existe una investigación en su contra en la cual aún no ha sido citado. Que se presentaron en el domicilio de su negocio diversas personas que dijeron trabajar en la fiscalía solicitando información sobre su persona. Que al desconocer que fiscalía es la que se encuentra realizando la indagatoria en su contra compareció ante cada una de ellas a efecto de allegarse de información solicitando se le permitiera tener acceso a la carpeta de investigación correspondiente. De lo anterior, se advierte que el Ministerio Público no lo ha citado ni pretendido obtener su declaración; a su vez, el hecho de que, personas que dijeron trabajar en la fiscalía haya acudido a domicilio comercial y solicitado información sobre su persona, no implica que el Ministerio Público pretendiera recabar su declaración, sino sólo se trata de un acto de investigación contemplado en el dispositivo 132, fracción X, del código adjetivo de la materia, por lo que dicha actuación no constituye un acto de molestia, puesto que, por sí misma, no restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger un determinado bien jurídico, que es lo que tutela el primer párrafo del cardinal 16 de la Ley Fundamental. Además, dicha actuación tampoco se ubica en el supuesto que prevé el arábigo 266 del referido cuerpo adjetivo legal, que dice: "Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación". En ese contexto, si bien el inculpado goza del derecho de defensa que le otorga la Constitución, lo cierto es que, como ya se dijo, ello no implica que la representación social, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación; de ahí que incluso cuando el investigado tenga conocimiento de la existencia alguna indagatoria en su contra, ello no vincula al órgano investigador a citarlo para comparecer. Apoya lo anterior, la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito I.4o. P.20 P (10a.), de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2016911, con que a la letra dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL QUEJOSO DE ACCEDER A AQUÉLLA Y QUE SE LE RECONOZCA EL CARÁCTER DE IMPUTADO, PORQUE AÚN NO SEA HA DEFINIDO QUE TIENE ESA CALIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. Si en la carpeta de investigación no se ha definido que el quejoso tiene la calidad de imputado en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el contenido de la investigación le es ajeno por no ser parte en aquélla; por tanto, la negativa del Ministerio Público de proveer de conformidad su petición para acceder a la carpeta de investigación y de reconocerle el carácter de imputado, no afecta su esfera jurídica, pues esa calidad y los derechos a que alude el diverso artículo 113 del propio código surgen cuando está detenido, si es citado a comparecer con dicho carácter, si se pretende entrevistarlo, o bien, cuando en su contra se ejecuta un acto de molestia. Así, al no ser parte en la carpeta de investigación, resulta clara y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico; declaratoria de improcedencia que procede realizar desde el auto inicial, toda vez que la situación jurídica será la misma, incluso, de resolverse el amparo en la audiencia constitucional". Así como la diversa, jurisprudencia con número de registro 175142, de la Novena Época, sustentada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, en su página 49, que en su rubro y texto dicen lo siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Asimismo, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a que se haya observado previamente el principio de instancia de parte agraviada, lo que significa que sólo el titular de un derecho legítimamente protegible es quien puede acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese su transgresión, es decir, quien demuestre que el acto reclamado le ocasiona un agravio real, actual, inmediato y directo, lo que obviamente supone la existencia de dos requisitos: que el promovente sea el directamente agraviado con el acto de autoridad y que sea titular del derecho fundamental que alega como afectado. De lo que se sigue que, como en el particular no existe algún precepto legal que disponga que necesariamente tiene que citarse al indiciado a una carpeta de investigación en la que se le imputen hechos, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado por la omisión o negativa del representante social de llevar a cabo esa citación, máxime que se desconoce si en el trámite de la indagatoria que dice el quejoso se inició en su contra, realmente se afectará algún derecho, pues el promovente manifiesta que no ha sido llamado a comparecer a la carpeta de investigación que dice se sigue en su contra. Apoya a lo anterior, la tesis II.2o.P.51 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Honorio Clemente Rodríguez....Notifíquese y por vía electrónica a la parte quejosa...

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