Homero Vargas Regalado

Expediente 469/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
469/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2016

Partes del expediente

  • Homero Vargas Regalado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso Homero Vargas Regalado, no impugnó el proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (fojas 14-17), dentro del plazo de cinco días que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó su demanda de garantías, queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de garantías, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Homero Vargas Regalado; mediante el cual en atención al requerimiento de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, precisa el acto reclamado y aclara la denominación de las autoridades responsables. Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, acorde con lo ordenado en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que se cita a continuación: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. " En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente Homero Vargas Regalado, reclama del Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, la abstención de dar respuesta a su petición formulada en escrito de doce de septiembre de dos mil dieciséis, y del actuario adscrito al citado Juzgado Familiar llevador del expediente familiar 135/2016, reclama la negativa de notificarle la resolución que recaiga a su escrito de petición de doce de septiembre de dos mil dieciséis. Además, como antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejoso manifestó que su aludida promoción fue presentada en el expediente familiar 135/2016, ante el Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, en el cual el quejoso es actor reconvencional, y que a través de la misma solicitó la apertura del juicio a prueba, y seguir así con la substanciación del juicio en todas y cada una de sus partes. Precisado lo anterior, este juzgado advierte que en contra de los citados actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, y 217, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: . De los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; al respecto, el propio precepto legal señala qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a saber, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Atinente al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".../os que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"] que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, verbigracia la falta de respuesta a una petición expresa de alguna de las partes. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Luego, toda vez que en la especie el promovente reclama de las citadas autoridades responsables, la abstención de dar respuesta a su petición formulada en escrito de doce de septiembre de dos mil dieciséis, y del actuario adscrito al citado Juzgado Familiar llevador del expediente familiar 135/2016, reclama la negativa de notificarle la resolución que recaiga a su escrito de petición de doce de septiembre de dos mil dieciséis; es evidente que los actos reclamados no afectan materialmente derechos sustantivos, en la medida que no es una omisión autónoma al procedimiento; por tanto, el juicio de amparo indirecto interpuesto en su contra resulta improcedente. . Sin soslayar que los artículos 697, fracción IV, y 699 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca , establecen que el recurso de queja tiene lugar en los casos de denegación de justicia y que dicho recurso que se haga valer contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. Asimismo, el artículo 20 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, vigente , establece que las Salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, conocerán de los recursos y medios de impugnación que la ley de la materia determine, en los procesos seguidos en los Juzgados de todo el Estado, exceptuando los que correspondan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De ahí que se advierte que corresponde a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dado que el acto reclamado surge con motivo de la tramitación de un juicio civil, instruir al juez responsable para que dé cumplimiento a su deber constitucional de impartir justicia pronta, expedita y completa. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se traduce en la denegación de acceso a la impartición de justicia en el juicio de divorcio 135/2016, porque la responsable no ha emitido pronunciamiento alguno en cuanto a la petición del ahora quejoso, en el que solicitó se apertura el juicio a prueba; es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, ya que la peticionaria del amparo puede interponer recurso de queja contra la denegación de justicia de la que se duele ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, en su caso, ésta obligar a la juez del proceso para tome las medidas que en derecho procedan. . En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo

  3. Principal

    Vista la demanda de garantías que promueve Homero Vargas Regalado, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, y de otra autoridad; fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, como se advierten omisiones en la demanda de amparo de que se trata, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en los artículos 114, fracción IV y V en relación con el 108, fracción IV, 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes para correr traslado a las partes, aclare su demanda en los siguientes términos: 1. Precise los actos reclamados, toda vez que en los antecedentes refiere como tal, la falta de acuerdo a su escrito de doce de septiembre de dos mil dieciséis, y en los actos reclamados señala la negativa de acordar su demanda familiar de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince. Luego entonces, no cumple con lo previsto en el artículo 108 fracción IV de la Ley de Amparo, pues no es coherente en el señalamiento de los actos reclamados. 2. Asimismo, requiérasele para que aclare la denominación exacta de la autoridad responsable que señala como "Actuario llevador del expediente 135/2016 del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca", dado que de la propia demanda se advierte que la autoridad ordenadora es el Juez Primero Familiar de esta ciudad. Lo anterior a fin de estar en aptitud de solicitar a las responsables sus respectivos informes, así como de proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. . Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Diana Chévez Martínez, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no acredita contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaba obligado en la medida que se trata de un juicio de amparo en materia familiar, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como tampoco en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado.

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