Homero Portillo García y Otros.

Expediente 521/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
521/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Homero Portillo García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que transcurrió el plazo de diez días otorgados a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante acuerdo de cuatro dos mil veintitrés para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la totalidad de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, que la obliga a lo siguiente: ".2. Hecho lo anterior, el Concejo deberá presentar petición al Congreso del Estado para la adecuación de las partidas presupuestarias para cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral 145/2013. 3. Recibida en el Congreso del Estado la solicitud, éste deberá analizar la petición que se les efectúe y pronunciarse al respecto. La respuesta que se dé a la referida petición deberá informarse tanto al Municipio responsable como a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que este último, proceda a requerir al citado Municipio para que dé continuidad al cumplimiento del laudo y la responsable se pronuncie en el sentido de si el juicio ordinario laboral se encuentra o no cumplido. 4. En caso de que la respuesta del Congreso del Estado sea negativa, la responsable deberá analizar el por qué no se consideró procedente la petición, de darse el supuesto de que la determinación relativa no se encuentre debidamente fundada y motivada, procederá a requerir al Congreso del Estado autorice la adecuación relativa. Asimismo, deberá vincular al cumplimiento del laudo a las autoridades que de alguna forma se requiere su actuar para obtener el cumplimiento al mismo, entre ellas, al Congreso del Estado, debiendo hacer del conocimiento de todas las autoridades implicadas en el cumplimiento de la sentencia de amparo, que de no cumplir con la actuación que corresponda a cada una ellas, se harán acreedoras a la multa máxima que prevé la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero." Cabe precisar que únicamente se transcriben los efectos que se consideran faltan por cumplirse. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le hará efectivo el apercibimiento inserto en el auto de veinte de enero de dos mil veintitrés. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que obre como corresponda la boleta de turno con número de folio electrónico 4916710, recibida vía correo electrónico, relativa al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de suspensión al rubro citado. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Homero Portillo García, por propio derecho, contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla, Guerrero.  Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 521/2023-D y fórmese el expediente respectivo con copia de la demanda. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al Expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. ? Incompetencia De la lectura del mencionado escrito de demanda, se advierte que el promovente del amparo hace consistir su acto reclamado en la sentencia definitiva de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente familiar 15/2023. De lo anterior, la suscrita juzgadora arriba a la convicción de que el conocimiento de la presente demanda de amparo corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente familiar 15/2023, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla, Guerrero, constituye una resolución definitiva en términos de lo que dispone el numeral 47 de legislación en cita. Para así considerarlo, se presenta a continuación el contenido de los precisados numerales de la Ley de Amparo. "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en el que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." Preceptos que en el caso concreto, nos permiten establecer los siguientes postulados: I. Por sentencias definitivas debe entenderse aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y II. La competencia para conocer del amparo en contra de tales sentencias definitivas, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, desde luego en la vía directa; debiendo incluso ser presentado ante la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de Amparo. En tal contexto, se arriba a la convicción de que la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente familiar 15/2023, constituye una resolución definitiva porque resolvió el juicio en lo principal, como se advierte del anexo que exhibió el quejoso y que constituye el acto reclamado. De ahí que su legalidad sólo pueda ser examinada mediante el juicio de amparo directo, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad capital, en términos del Acuerdo General 72/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito. En tal virtud, este juzgado federal se declara incompetente para conocer de la demanda interpuesta y determina que sea remitida el original de la misma y sus respectivas copias de la citada demanda, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados, para lo que tenga a bien determinar. Tiene aplicación al caso, aplicada en sentido contrario la Jurisprudencia por contradicción de tesis 21/96 P./J., sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado y los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo, en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Sesión de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, visible a página seis, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." ? Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. ? Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yovani Chegue Ambrosio y Ángel Giovanni Almazán Nava, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ? Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. ? Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ? Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a la parte quejosa que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrá consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las determinaciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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