Homero Perez de la Rosa

Expediente 1456/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1456/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Homero Perez de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, expídansele las copias certificadas que pide, previa toma de razón y entrega que se deje en autos para su constancia legal; asimismo, se autoriza a quienes menciona en su escrito, para recoger las mismas. Notifíquese.

  3. Principal

    En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con diez minutos del ocho de abril de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, ofrecidas por el fiscal federal. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes realizaron manifestaciones en esta vía; a lo que el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día siguiente a este Juzgado Federal, Homero Pérez de la Rosa, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA. EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA. EL C. ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN DE TORREÓN, DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA. Las primeras dos autoridades antes señaladas con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Saltillo, Coahuila; y la última con domicilio conocido en esta Ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS Del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, le reclamo la aprobación, expedición, promulgación y aplicación de los artículos 54 fracción II y 60 fracción II y 60 fracción II inciso 3, 169, TERCERO transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que se refieren al cobro del derecho por registro de acuerdo al DECRETO 923/2020 reformado, para el ejercicio fiscal 2021. Del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, le reclamo la promulgación y publicación del ordenamiento impugnado. Del Administrador Local de Recaudación de Torreón de la Administración Central de Recaudación de la Administración Fiscal General órgano desconcentrado de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, en su calidad de exactora, el cobro del derecho de Registro Público de la Propiedad y del Comercio (Primer acto de aplicación) de los artículos 54 fracción II, 60 fracción II inciso 3). A todas y a cada una de las autoridades responsables les reclamo las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas, directas e indirectas que se derivan de los actos de aplicación y de los actos reclamados en esta controversia que se plantea." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1456/2021-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición, promulgación y publicación, de los artículos 54, fracción II, inciso 1), 60, fracción II, inciso 3), 169 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2021. Del Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de folio 765803582 y 765803602, fechados el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, a nombre del peticionario de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dicha autoridad reconoció los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de la precitada autoridad sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por el justiciable fue espontánea, sin que ello implicara la participación de la mencionada autoridad responsable, de ahí que, el pago por concepto de derechos de registró se realizó en acatamiento a las obligaciones fiscales del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la citada autoridad, es decir, simplemente el quejoso se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con los recibos con números de referencia 765803582 y 765803602, documentales cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a la citada autoridad responsable, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ella, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por la quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, al rendir su informe justificado invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que las pruebas de la quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma, dado que exhibió formatos de pago y no los comprobantes de liquidación en institución bancaria. Al respecto, son infundados los motivos de improcedencia invocados por las autoridades en comento, pues basta observar las constancias del juicio para advertir que la quejoso sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, allegó los recibos electrónicos con números de referencia 765803582 y 765803602, expedidos por la Administración General de Recaudación, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si tratara de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila; por ende, los indicados recibos tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, por lo que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice lo siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." En otro entorno, este juzgador advierte oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, concerniente al acto de aplicación de los artículos 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, toda vez que no se demostró su aplicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, por lo que debe entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. La procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, desde el momento mismo de su expedición, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, la presencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Pues bien, la quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 54, fracción II, inciso 1), 60 fracción II, inciso 3), 169 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en los recibos de pago de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, identificados con los números de referencia 765803582 y 765803602, correspondientes a la inscripción de transmisión de dominio y modificación de crédito, expedidos por la Administración General de Recaudación; documentales que se adjuntaron a la demanda de amparo. No obstante ello, las referidas documentales únicamente acreditan la incidencia en la esfera jurídica de la quejosa, respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, esto es, el pago de derechos por inscripción de las operaciones mencionadas en el párrafo que precede. Sin que al efecto se advierta que la aplicación de los artículos 169 y Tercero Transitorio de la precitada legislación, en tanto que dichos numerales se refieren al pago de las contribuciones accesorias de "fomento a educación y seguridad" e "impuesto adicional", las cuales no aparecen liquidados en los precitados recibos. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, y por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, respecto al artículo 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 3ª./J. 9/94, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo 76, abril de 1994, página 17, que señala lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, ni otra hecha valer por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Pues bien, la parte quejosa expone medularmente los siguientes conceptos de violación: 1) Sostiene que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, trasgreden en su perjuicio el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las normas en cita vulneran en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad tributaria , al prever como determinación del derecho que se causa un elemento ajeno a la prestación del servicio de inscripción de documentos, ello, pues en el monto se incluyen como elementos de la contribución los impuestos adicionales, lo que no constituye el costo del servicio. 2) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100) por servicios del Registro Público, es desproporcional pues no guarda relación con el costo que para el Estado representa, ya que, sostiene que por actos registrales análogos se establecen diversas tarifas en la propia ley, por lo que no atiende al costo real del servicio prestado por el Estado, el cual debe ser el mismo para todos los que hagan uso de un servicio igual. 3) Sostiene que en la reforma a la ley para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el legislador aumentó la cuota a pagar por inscripción de documentos sin haber justificado las razones para ello. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación. De inicio habría de considerar que la contribución que se analiza en el presente asunto es un derecho, la cual define el Código Fiscal del Estado de Coahuila, en su artículo 3°, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Luego, la contribución que se combate se encuentra prevista en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ejercicio dos mil veintiuno, los cuales disponen: "DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD ARTICULO 54.- Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. [.] SEGUNDA PARTE DEL COMERCIO (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) (REUBICADO [N. DE E. ANTES ARTÍCULO 82], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTICULO 60.- Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: [.] 3). La inscripción (sic) actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración." De acuerdo con dichas disposiciones, el legislador coahuilense estableció el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio. Además, los preceptos en cita también disponen que la cuota fija establecida atiende a los costos generados por revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Establecido el origen de las contribuciones reclamadas, se procede al estudio de los conceptos de violación, de conformidad con los siguientes apartados. INTRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO AJENO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL PAGO DEL DERECHO. Resulta infundado el argumento del promovente consistente en que los numerales 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, contemplan un elemento ajeno para la determinación del derecho por el servicio de inscripción de documentos. Para demostrar dicha aseveración, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos deben fijarse de acuerdo con el costo que para el Estado represente el servicio administrativo que presta a los particulares, de modo que las cuotas impuestas para los derechos deben ser fijas e iguales para todos aquéllos que reciban el mismo servicio. Dicho razonamiento se encuentra inmerso en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen 169-174, Primera Parte, página 23, registro digital 232409, con rubro: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." De tal manera que, cuando la cuota correspondiente no atienda exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio -monto de la operación, medidas de un bien, tipo de documento a registrar, entre otras-, se estaría en presencia de la violación a los principios de proporcionalidad y equidad. Pues en tal situación fáctica, los contribuyentes enterarían mayor o menor cantidad de numerario en dependencia directa de ese elemento extraño incorporado a esa relación de correspondencia íntima entre el costo del servicio y la cuota, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas. Situación que en el presente asunto no se actualiza, pues atento al contenido de los numerales 54 fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, correspondiente el ejercicio fiscal de 2021, se advierte que dichos preceptos no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, (como es el valor de lo que ha de inscribirse), toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, al fijar una cantidad para todos los casos en donde se solicite el registro de un contrato de compraventa, títulos de propiedad, resoluciones judiciales, así como cualquier otra en virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique, extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles o se registren créditos hipotecarios, se cubrirá la misma cuota de -$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)-, independientemente del monto de la operación. En efecto, la parte quejosa parte de una premisa equivocada, puesto que, se insiste, de la lectura de los citados preceptos, se advierte que el derecho por servicios de inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio no se cobra con base algún elemento ajeno, sino que el legislador estableció una cuota fija. De tal manera que si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnado no adolece del vicio de inconstitucionalidad aducido por la parte quejosa. Por tanto, en las condiciones anotadas, como se mencionó es infundado el concepto de violación en que señala que dicha contribución trasgrede los referidos principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a lo anterior, resulta inoperante el argumento hecho valer por el quejoso en el sentido de que en la cuota fija -$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)- señalada en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, se establecen como elementos ajenos a la contribución los conceptos de impuestos de fomento a la educación y seguridad e impuestos adicionales, pues afirma que los mismos forman parte de los elementos esenciales que integran la contribución establecida por el pago de servicios de inscripción y se determinan atendiendo al monto de la operación. Como se dijo, dicho argumento resulta inoperante por partir de una premisa falsa, pues contrario a lo que sostiene el quejoso, los impuestos adicionales señalados no son parte de los elementos que constituyen la contribución en estudio (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago), pues no se incorporan como parte de la misma, si no que se trata de impuestos diversos e independientes del concepto de pago de derechos registrales. Lo anterior, pues en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) y, posteriormente, se aplican los impuestos adicionales (que en el caso no le fueron aplicados). Por lo que dichos impuestos no inciden o repercuten en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, porque éstos no integran ni forman parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo los impuestos referidos, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, en virtud de que los impuestos adicionales no están adheridos a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa, por lo que se considera que tales contribuciones no constituyen o determinan un elemento extraño a tomar en consideración al momento de realizarse el cobro de la cuota fija por servicios de inscripción, pues no forman parte de la misma. Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando afirma que por tratarse de un servicio simple, el costo del mismo debe agotarse en la inscripción del documento sin incluir otros conceptos, lo cual resulta incorrecto, pues como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un servicio simple no se distingue porque la actuación del Estado se agote con un solo acto que constituye el servicio mismo, sino, porque el servicio siempre resulta ser el mismo, es decir, que el objeto respecto del cual se solicita no requiere modificaciones por cada vez que se presta o un cambio en la intensidad o especialización para realizarlo. Es decir, es simple porque el Instituto Registral y Catastral efectúa siempre la misma actividad para efecto de la inscripción, por tanto, cualquier acto que se inscriba pasará por el mismo procedimiento, a diferencia de un servicio complejo, en el que cada vez que se solicite el servicio, la actividad del Estado podrá modificarse según el objeto y por tanto el costo podrá variar. Consecuentemente si los preceptos impugnados establecen una cuota fija para todos los casos de inscripción que contemplan, es claro que el costo del servicio atiende únicamente a la cantidad fija y al número de veces que el mismo sea utilizado y no a un monto gradual que aumenta no obstante tratarse del mismo servicio como incorrectamente concluye el quejoso, aunado a que dicho servicio, como se ha señalado, no se agota en la simple inscripción, sino que, implica una serie de actividades que el estado requiere desarrollar para su correcta inscripción y conservación. Resulta ilustrativa a lo anterior la tesis P.V/2012, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, visible en el Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 227, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso." (TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA CUOTA PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, es inoperante el argumento de la parte quejosa referente a que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, al no presentar prueba alguna que acredite su manifestación. En el caso, el solicitante del amparo fue omiso en aportar medios de convicción a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en los preceptos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanzas al respecto, las documentales consistentes en los recibos de pago 765170844 y 765170950, de dos de julio de dos mil veintiuno, expedidos por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, a nombre de la parte quejosa, los cuales si bien, tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no son idóneas para que en el presente juicio se configure un parámetro que permita a este juzgador determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. En efecto, como lo señala el máximo Tribunal del país la sola afirmación de que el monto por el servicio del derecho es desproporcionado no basta para que este juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta la quejosa su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional. El referido criterio fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005254, con el contenido siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." En consecuencia, la afirmación de que el costo del servicio es desproporcional, no resulta ser un elemento objetivo de valoración para sostener el argumento de inconstitucionalidad planteado por el impetrante. Por otra parte, señala el quejoso que el legislador fue omiso en justificar los motivos por lo que la cuota para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, fue aumentada respecto de la del año anterior. Dicho concepto de violación es infundado, ya que, en primer lugar, debe señalarse que el Alto Tribunal Constitucional ha determinado que el incremento considerable de una contribución de un ejercicio fiscal a otro, incluso en más del cien por ciento, por sí, no puede dar lugar a estimar que se viola la garantía de proporcionalidad tributaria, toda vez que en la configuración del tributo, son múltiples los factores que se deben tomar en cuenta, desde la dinámica microeconómica hasta las propias finanzas públicas del Estado. Consecuentemente, la sola afirmación de que los incrementos anuales se encuentran injustificados y son desproporcionales, no evidencian la inconstitucionalidad aludida, pues el quejoso no sustenta de forma alguna sus afirmaciones. Encuentra sustento lo anterior en las jurisprudencias sustentadas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que respectivamente se leen bajo los rubros: "IMPUESTOS, EL AUMENTO CONSIDERABLE EN EL MONTO DE LOS, NO DEMUESTRA NECESARIAMENTE QUE SEAN DESPROPORCIONADOS E INEQUITATIVOS. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, las contribuciones deben reunir los requisitos de proporcionalidad y equidad, sin embargo, no se puede estimar que el aumento considerable en el monto de un impuesto demuestre que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, pues, en la determinación del mismo, son múltiples los factores que se deben tener en cuenta, como la capacidad contributiva, las necesidades colectivas que deben satisfacerse, la redistribución de la riqueza, etcétera, por lo que el que un impuesto sea elevado, incluso considerablemente, de un año a otro, no significa, necesariamente, que se incurra en violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución." "IMPUESTOS, INCREMENTO EN MAS DE CIEN POR CIENTO A LOS, NO LOS CONVIERTE EN DESPROPORCIONADOS E INEQUITATIVOS. La circunstancia de que el impuesto especial sobre consumo de energía eléctrica decretado en el artículo 32, transitorio, de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1982, sea superior al cien por ciento a la cantidad designada en años anteriores, no demuestra que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, ya que un tributo puede superar, en mucho, a las cantidades cubiertas en ocasiones anteriores por determinados conceptos, sin que se incurra, por ese solo hecho, en violación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución." Aunado a lo anterior, respecto a la justificación de la modificación a la norma impugnada, es de considerarse que, como se ha estudiado en la presente ejecutoria, las leyes gozan de la presunción de validez formal que las hace constitucionales a partir de la legitimidad de su proceso de creación, por lo que, si se reclama la inconstitucionalidad de las mismas, es preciso aportar los elementos que permitan realizar el estudio de esa inconstitucionalidad material que les es atribuida, elementos que no pueden considerarse razonablemente justificados con la sola expresión de que la norma resulta desproporcional o que la autoridad responsable omitió en la expresión de motivos aportar toda la fundamentación y motivación necesaria que justifique la creación de la porción normativa impugnada. Resultan aplicables las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 232351 y 389599, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." En consecuencia, la afirmación de que el incremento anual del costo del servicio es desproporcional y que la autoridad fue omisa en justificar en la fundamentación y motivación de la ley las razones del costo del servicio de inscripción, no resulta ser un elemento objetivo de valoración para sostener el argumento de inconstitucionalidad planteado por el impetrante, toda vez que no proporciona un parámetro razonable que pueda utilizarse para realizar el estudio correspondiente. En diverso concepto de violación, el quejoso refiere que la desproporcionalidad de la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por la inscripción de documentos se patentiza al existir en el artículo 60 fracción I, de la misma legislación, tarifas inferiores por actos registrales análogos como lo son los del examen de documentos para su inscripción, que sean devueltos y se rehúse su inscripción por no ser procedente. Sin embargo, es de precisarse, que contrario a lo manifestado por el justiciable los servicios establecidos en el citado precepto son distintos, pues en tanto los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, establecen la inscripción de documentos relativos a la transmisión de propiedad y créditos, respecto de los cuales procede su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan; el diverso 60, fracción I, dispone el costo únicamente de la revisión que no concluye en el registro, y por tanto no se inscribe, ni se asigna un asiento registral y tampoco implica el sistema de archivo y conservación perene, pues como el propio precepto lo dispone, son solicitudes de inscripción que no logran concluirse por no haberse cumplido con los requisitos legales para tal efecto, por lo que no es posible equiparar la actividad y costos de los servicios previstos en dichos numerales. En esa medida, de acuerdo con el principio de tracto sucesivo que, entre otros, rigen la función del Registro Público de la Propiedad, la inscripción de un contrato de traslación de propiedad de inmueble o relativo a un crédito, requiere constatar previamente que el objeto de ese contrato no esté ya inscrito a nombre de persona distinta al solicitante, por lo que, es evidente que aquel no amerita una simple inscripción como lo sostiene el quejoso, sino un análisis exhaustivo para determinar la procedencia y validez de aquel, aunado al registro, asignación de asiento registral, resguardo y conservación tanto digital como material perene de los registros resguardados. En cambio, en las demás revisiones que no constituyen un registro, su realización sólo implica localizar la inscripción principal relativa, no conllevan el mismo procedimiento a realizar para la oficina registral, el cual implica el procedimiento completo de inscripción y no solamente la revisión. Expuesto lo anterior, se puede advertir con claridad que el sólo hecho de que existan cuotas distintas ante el Registro Público de la Propiedad, no implica que ello torne inconstitucional la legislación combatida, como incorrectamente señala la parte quejosa, en la medida de que, son distintos los procedimientos a efectuar. Esto es así, porque aun cuando pueda apreciarse de un análisis preliminar una contraposición de cuotas, ello no es suficiente para determinar que la cuota contenida en la aplicación de la norma reclamada sobrepasa los gravámenes que la prestación del servicio de inscripción ocasiona al Estado, esto es, la simple comparativa que hace la parte quejosa no patentiza la inconstitucionalidad debatida. En otro entorno, la parte quejosa refiere que para los artículos aquí analizados, resulta aplicable jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de rubro y que, con motivo de ello, debería de suplirse la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En ese sentido, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 25/2006-PL, sostuvo que es deber de los órganos de control constitucional suplir la deficiencia de la queja cuando las normas combatidas se ubiquen en un tema ya resuelto por ese Alto Tribunal a través de una jurisprudencia temática, siendo innecesario el estudio de los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo ante la obligación del juez constitucional, entre otras cosas, de hacer prevalecer la Constitución en cuanto a la ley suprema; de privilegiar el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido por la Suprema Corte; y, de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas. En ese contexto, se concluye que el presente caso no existe jurisprudencia temática que haga concluir la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, pues si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se trata de derechos existe vulneración a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria cuando en la mecánica de su pago dependa del monto de la operación contenida en el documento motivo de la inscripción, y no por el costo real del servicio que presta el Estado, generando con ello, un trato desigual a los que reciben servicios análogos, pues se produce el efecto que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, no obstante que se trata de la misma función registral. Lo que se evidencia, pues como se desarrolló en el cuerpo de la presente sentencia, en la legislación en estudio no se establece un elemento extraño para determinar el costo del servicio que presta el Estado, como lo podría ser, el valor de la operación o el tipo de documento a inscribir, por el contrario, en la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente, se estableció una cuota fija para el pago de derechos registrales; tema disímil que trata la jurisprudencia relativa que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en ella se estableció como inconstitucional cuando el cobro es desigual no obstante que se trata del mismo servicio; mientras que, en la ley que nos ocupa, precisamente existe el mismo costo para todos los que reciben idéntico servicio. En ese sentido, si bien las jurisprudencias temáticas son de aplicación obligatoria para los Jueces de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la ley de la materia, para ello es necesario que los supuestos que se prevén en éstas sean efectivamente aplicables al caso concreto, lo que no se satisface en la especie; de tal suerte que, contrario a lo solicitado, no procede suplir la deficiencia de la queja en los términos que refiere la parte quejosa y, por tanto, los conceptos de violación deben analizarse conforme al principio de estricto derecho que rige a la acción de amparo. Aunado a lo anterior, y contrario a lo referido por el quejoso la interpretación más favorable a la persona en el orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia, sino que ello sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Consecuentemente, no es dable relevar al quejoso de la carga de acreditar la inconstitucionalidad de las normas que tilda de inconstitucionales pues la aplicación de los principios nacidos del artículo 1° de la Constitución, no implica que este juzgador pierda de vista las condiciones constitucionales y legales de procedencia del juicio de amparo. Máxime si se trata de la inconstitucionalidad de una ley que por su proceso de creación fundado constitucionalmente, tiene la presunción de ser constitucional, por lo que el que asevera lo contrario tiene la carga de acreditarlo, al no ser la norma impugnada por si misma inconstitucional, por no advertirse la aplicación de categorías sospechosas que ameriten un escrutinio estricto de constitucionalidad. En apoyo, se invoca la jurisprudencia clave 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicaba en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa fueron calificados como inoperantes e infundados, es que, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Homero Pérez de la Rosa, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Homero Pérez de la Rosa, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a siete de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de veintidós de febrero del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con diez minutos del ocho de abril de dos mil veintidós. Notifíquese.

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