Homero Orozco Alcaraz
Expediente 298/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Homero Orozco Alcaraz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo V-298/2023, promovido por Homero Orozco Alcaráz, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Homero Orozco Alcaráz promovió demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se formuló prevención a la parte quejosa; la cual se desahogó mediante escrito presentado el veintisiete de ese mes y año; sin embargo, en acuerdo de veintiocho siguiente, este Juzgado de Distrito determinó que no se cumplía cabalmente con la prevención. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja; mediante ejecutoria emitida en sesión ordinaria de ocho de junio de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito declaró fundado dicho recurso. En mérito de ello, por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías registrada bajo el número V-298/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad laboral residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: El auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el tribunal responsable en el juicio laboral 448/2016, mediante el cual determinó que no había lugar a la actualización de salarios caídos, en razón de que dicho concepto no fue ordenado en el laudo de veintiuno de febrero de dos mil veinte. El diverso auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que el tribunal responsable aclara y corrige los proveídos de catorce de enero de dos mil veintiuno y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para ahora determinar que no ha lugar a la actualización de salarios caídos en razón de que dicho concepto no fue ordenado en el laudo. La dilación en proveer el eficaz cumplimiento del laudo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo afirmado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado en su pedimento ministerial, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia de los actos reclamados, a cuyo efecto remitió las constancias de las que derivan los actos reclamados. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia respecto de los actos reclamados consistentes en los acuerdos de ocho de diciembre de dos mil veintidós. Ahora bien, quien suscribe estima que respecto de ambos acuerdos de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en los que se determinó la improcedencia de actualizar salarios caídos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de garantías fuera del término que para tales efectos prevé la ley de la materia, al haberse notificado por lista ambos acuerdos a la parte quejosa desde el ocho de diciembre de dos mil veintidós, según se evidencia del propio contenido de los proveídos reclamados (foja 73 y 74 de autos). En efecto, para quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en los referidos preceptos legales, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en dos acuerdos de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral 448/2016. Determinaciones que, como ya se dijo, fueron notificadas por lista a la parte quejosa el ocho de diciembre de dos mil veintidós, sin que dicha actuación haya sido declarada nula. Ahora bien, del penúltimo de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días hábiles, lapso que se contabilizará: a). A partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día hábil siguiente al en que la impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día hábil siguiente al en que la quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días hábiles dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días hábiles para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la parte quejosa no combate su nulidad o ilegalidad. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que sentido estricto, no corresponde al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado." La segunda manera para computar el plazo de quince días hábiles, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es aplicable también, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto enuncian: "ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la parte quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO), ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VÍA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo." a quienes ".en cualquier forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.". La expresión "en cualquier forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo." También es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, que son excluyentes entre sí. Ahora bien, como se precisó con antelación, en la foja 73 y 74 de autos, obran los acuerdos reclamados, los cuales fueron notificados por lista en su fecha según consta en la parte inferior de ambos proveídos, incluyéndose la leyenda "CONSTE" y unas rúbricas. Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente (nueve) de conformidad con los artículos 733, 745 bis y 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por disposición expresa de su artículo 8º. De tal forma que al haber presentado la demanda origen de este juicio el diez de marzo de dos mil veintitrés, transcurrió en exceso el término de quince días hábiles para promover el presente juicio de garantías, por ende, resulta evidente que tal interposición la realizó extemporáneamente. Ello es así ya que el plazo de quince días hábiles transcurrió del doce de diciembre de dos mil veintidós al trece de enero de dos mil veintitrés, descontándose de dicho periodo los días inhábiles correspondientes y el periodo vacacional de la autoridad responsable. En consecuencia, si como ya se dijo, la demanda de garantías a estudio fue presentada el diez de marzo de dos mil veintitrés, es claro que su presentación deviene extemporánea y, por ello, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de la fracción XIV del artículo 61 en relación con la fracción V del diverso 63 ambos de la Ley de Amparo. No obsta para lo anterior el hecho de que en su demanda de garantías la parte quejosa haya señalado, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los acuerdos reclamados hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, cuando su apoderada consultó en forma física el expediente, destacando que los acuerdos reclamados no le fueron notificados; sin embargo, como ya se dijo, las tres hipótesis para el cómputo para la presentación de la demanda son excluyentes entre sí y no tienen un orden de preferencia, de tal modo que al estar evidenciado que los acuerdos reclamados de ocho de diciembre de dos mil veintidós, fueron notificados a la parte quejosa mediante lista en aquella fecha, es a partir de ahí que debe computarse el término para la presentación de la demanda de garantías. Finalmente, lo aquí determinado no es obstáculo para que la parte actora pueda solicitar nuevamente la actualización de los salarios caídos y su ejecución en el juicio natural; en tanto es evidente que en el considerando quinto del laudo se condenó expresamente a la reo al pago de salarios caídos desde la fecha del despido injustificado hasta la reinstalación (página 12 del laudo); y son los considerandos los que rigen a los resolutivos. Al no advertir que se actualice una diversa causal de improcedencia, quien resuelve considera que procede en análisis del fondo materia controvertido. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En los conceptos de violación, en esencia, se reclama del Tribunal responsable, con residencia en esta ciudad, el violentar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones para obtener administración de justicia pronta, particularmente, la dilación en el cumplimiento del laudo, dado que la autoridad ha sido omisa en dictar medidas efectivas para lograr el cumplimiento del laudo. Actos omisivos que -estimó la parte quejosa- vulneran en su perjuicio su derecho fundamental a una administración de justicia dentro de los plazos legales. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa efectivamente resultan fundados. A efecto de expresar claramente las razones que llevan al que suscribe a sostener que asiste razón a la parte quejosa, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. En conclusión, el artículo 17 constitucional tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. En el mismo sentido se prevé el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a la plena ejecución de los fallos firmes, lo que también se adminicula a la seguridad jurídica que sustentan los fallos que tienen la categoría de cosa juzgada. En este sentido, los artículos 119, 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establecen: "ARTÍCULO 119. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no admitirán recurso y deberán ser cumplidas por las autoridades correspondientes. Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará a las partes personalmente." "ARTICULO 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes." "ARTICULO 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente." Como se puede apreciar, en la parte que interesa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado está obligado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para el cumplimiento efectivo de sus laudos; también se advierte que una vez que se solicite la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado con la parte solicitante, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo. Ahora bien, en el particular, desde el veintiuno de febrero de dos mil veinte, se dictó laudo en el que se condenó al Ayuntamiento Constitucional de Pátzcuaro, Michoacán, a reinstalar al trabajador en su fuente de trabajo en los mismos términos y condiciones, así como al pago de $182,043.36 (ciento ochenta y dos mil cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.); asimismo, en dicho acto se concedió a la parte demandada el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con el laudo (foja 62 a 70 de autos). Mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en lo que aquí interesa, se despachó auto de ejecución (foja 73 de autos). En diverso acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se señalaron las diez hora del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación señalada en el laudo (foja 75 de autos). Llegada la fecha, no fue posible que se verificara dicha reinstalación en razón de que el actor, aquí quejoso, no compareció a la diligencia; en mérito de ello, su apoderado señaló que la incomparecencia se debía que el trabajador tiene su domicilio fuera de la ciudad, por lo que solicitó se señalara una nueva fecha para tal efecto; en uso de la palabra su contraria destacó que el trabajador había sido oportunamente notificado y que por tanto debía entenderse como no aceptada la reinstalación; en mérito de ello, el diligenciario dio vista al tribunal responsable para que se acordara lo que en derecho procediera (foja 79 de autos). De igual forma, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se verificó la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo; en dicho acto la parte demandada manifestó que estaba impedida para realizar el pago al carecer de recursos económicos, dada la precaria situación en que se encuentra el Municipio; por lo que en uso de la voz, la parte actora solicitó al tribunal vinculara a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como al Congreso del Estado, para que realizaran la aprobación de presupuesto o recursos destinados a los ayuntamientos, en particular al de Pátzcuaro, Michoacán, a fin de que el monto del crédito laboral motivo de la condena fuera descontado de los recursos asignados al ayuntamiento. En mérito de ello, el diligenciario dio vista al tribunal para que acordara lo que en derecho procediera. Siendo estas las únicas actuaciones tendentes a la ejecución del laudo que se aprecian de las constancias remitidas por el tribunal responsable. Por tanto, si en el caso, como se advierte de autos, a la fecha en que la responsable rindió su informe justificado -catorce de julio de dos mil veintitrés - e, incluso, hasta la fecha en que se emite la presente determinación, el tribunal responsable ha omitido proveer lo conducente respecto del resultado de las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago, ello ha provocado un retraso en el procedimiento ejecutivo del laudo dictado por la responsable, lo cual efectivamente vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues evidentemente el laudo fue dictado desde hace más de tres años, sin que la autoridad responsable haya actuado en consecuencia pese a las solicitudes de las parte actora en las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago que datan del dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Por ello se estima que tal omisión deja ver que la responsable incumple con su obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución plena del laudo según lo establece el numeral 120 de la legislación burocrática anteriormente citada, máxime si se tiene en consideración que el laudo data del año dos mil veinte y aún está sin cumplimentarse. Así, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales de la quejosa, específicamente, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 Constitucional, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente, circunstancia que como se acaba de demostrar no aconteció en el caso a estudio. De ahí que si se tiene en cuenta que la parte quejosa compareció a reclamar en la presente instancia constitucional, substancialmente, la dilación por parte del tribunal responsable en el cumplimiento del laudo, dado que no se han decretado medidas efectivas para lograrlo pese a que la demandada y la parte actora, aquí quejosa, realizaron diversas manifestaciones en las diligencias de requerimiento de pago y la de reinstalación, además de que no está acreditado en autos que la demandada hubiera dado cumplimiento al laudo y que, ante tal omisión, el tribunal hubiera hecho efectivo algún apercibimiento y formulara diverso requerimiento con su respectiva medida de apremio, quien suscribe estima que no se han realizado los actos necesarios para el cumplimiento del laudo. Por lo que, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, realice siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya acordado lo procedente con relación a lo solicitado en las diligencias de requerimiento de pago y reinstalación, deberá emitir de inmediato un auto en el que provea lo conducente en relación con las manifestaciones vertidas por las partes en las diligencias de dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el entendido de que la determinación que emita deberá procurar el pronto cumplimiento del laudo de manera eficaz, para lo cual podrá realizar las gestiones que estime necesarias, lo que deberá hacer, desde luego, fundando y motivando adecuadamente su determinación, además de que podrá hacer uso de los medios de apremio que para tal efecto le concede la legislación aplicable. En la inteligencia de que el presente fallo se considerará cumplido con la emisión del acuerdo respectivo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Homero Orozco Alcaráz, respecto de los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuarto considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Homero Orozco Alcaráz, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo V-298/2023, promovido por Homero Orozco Alcaráz, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Homero Orozco Alcaráz promovió demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se formuló prevención a la parte quejosa; la cual se desahogó mediante escrito presentado el veintisiete de ese mes y año; sin embargo, en acuerdo de veintiocho siguiente, este Juzgado de Distrito determinó que no se cumplía cabalmente con la prevención. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja; mediante ejecutoria emitida en sesión ordinaria de ocho de junio de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito declaró fundado dicho recurso. En mérito de ello, por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías registrada bajo el número V-298/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad laboral residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: El auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el tribunal responsable en el juicio laboral 448/2016, mediante el cual determinó que no había lugar a la actualización de salarios caídos, en razón de que dicho concepto no fue ordenado en el laudo de veintiuno de febrero de dos mil veinte. El diverso auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que el tribunal responsable aclara y corrige los proveídos de catorce de enero de dos mil veintiuno y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para ahora determinar que no ha lugar a la actualización de salarios caídos en razón de que dicho concepto no fue ordenado en el laudo. La dilación en proveer el eficaz cumplimiento del laudo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo afirmado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado en su pedimento ministerial, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia de los actos reclamados, a cuyo efecto remitió las constancias de las que derivan los actos reclamados. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia respecto de los actos reclamados consistentes en los acuerdos de ocho de diciembre de dos mil veintidós. Ahora bien, quien suscribe estima que respecto de ambos acuerdos de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en los que se determinó la improcedencia de actualizar salarios caídos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de garantías fuera del término que para tales efectos prevé la ley de la materia, al haberse notificado por lista ambos acuerdos a la parte quejosa desde el ocho de diciembre de dos mil veintidós, según se evidencia del propio contenido de los proveídos reclamados (foja 73 y 74 de autos). En efecto, para quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en los referidos preceptos legales, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en dos acuerdos de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral 448/2016. Determinaciones que, como ya se dijo, fueron notificadas por lista a la parte quejosa el ocho de diciembre de dos mil veintidós, sin que dicha actuación haya sido declarada nula. Ahora bien, del penúltimo de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días hábiles, lapso que se contabilizará: a). A partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día hábil siguiente al en que la impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día hábil siguiente al en que la quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días hábiles dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días hábiles para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la parte quejosa no combate su nulidad o ilegalidad. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que sentido estricto, no corresponde al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado." La segunda manera para computar el plazo de quince días hábiles, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es aplicable también, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto enuncian: "ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la parte quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO), ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VÍA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo." a quienes ".en cualquier forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.". La expresión "en cualquier forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo." También es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, que son excluyentes entre sí. Ahora bien, como se precisó con antelación, en la foja 73 y 74 de autos, obran los acuerdos reclamados, los cuales fueron notificados por lista en su fecha según consta en la parte inferior de ambos proveídos, incluyéndose la leyenda "CONSTE" y unas rúbricas. Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente (nueve) de conformidad con los artículos 733, 745 bis y 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por disposición expresa de su artículo 8º. De tal forma que al haber presentado la demanda origen de este juicio el diez de marzo de dos mil veintitrés, transcurrió en exceso el término de quince días hábiles para promover el presente juicio de garantías, por ende, resulta evidente que tal interposición la realizó extemporáneamente. Ello es así ya que el plazo de quince días hábiles transcurrió del doce de diciembre de dos mil veintidós al trece de enero de dos mil veintitrés, descontándose de dicho periodo los días inhábiles correspondientes y el periodo vacacional de la autoridad responsable. En consecuencia, si como ya se dijo, la demanda de garantías a estudio fue presentada el diez de marzo de dos mil veintitrés, es claro que su presentación deviene extemporánea y, por ello, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de la fracción XIV del artículo 61 en relación con la fracción V del diverso 63 ambos de la Ley de Amparo. No obsta para lo anterior el hecho de que en su demanda de garantías la parte quejosa haya señalado, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los acuerdos reclamados hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, cuando su apoderada consultó en forma física el expediente, destacando que los acuerdos reclamados no le fueron notificados; sin embargo, como ya se dijo, las tres hipótesis para el cómputo para la presentación de la demanda son excluyentes entre sí y no tienen un orden de preferencia, de tal modo que al estar evidenciado que los acuerdos reclamados de ocho de diciembre de dos mil veintidós, fueron notificados a la parte quejosa mediante lista en aquella fecha, es a partir de ahí que debe computarse el término para la presentación de la demanda de garantías. Finalmente, lo aquí determinado no es obstáculo para que la parte actora pueda solicitar nuevamente la actualización de los salarios caídos y su ejecución en el juicio natural; en tanto es evidente que en el considerando quinto del laudo se condenó expresamente a la reo al pago de salarios caídos desde la fecha del despido injustificado hasta la reinstalación (página 12 del laudo); y son los considerandos los que rigen a los resolutivos. Al no advertir que se actualice una diversa causal de improcedencia, quien resuelve considera que procede en análisis del fondo materia controvertido. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En los conceptos de violación, en esencia, se reclama del Tribunal responsable, con residencia en esta ciudad, el violentar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones para obtener administración de justicia pronta, particularmente, la dilación en el cumplimiento del laudo, dado que la autoridad ha sido omisa en dictar medidas efectivas para lograr el cumplimiento del laudo. Actos omisivos que -estimó la parte quejosa- vulneran en su perjuicio su derecho fundamental a una administración de justicia dentro de los plazos legales. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa efectivamente resultan fundados. A efecto de expresar claramente las razones que llevan al que suscribe a sostener que asiste razón a la parte quejosa, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. En conclusión, el artículo 17 constitucional tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. En el mismo sentido se prevé el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a la plena ejecución de los fallos firmes, lo que también se adminicula a la seguridad jurídica que sustentan los fallos que tienen la categoría de cosa juzgada. En este sentido, los artículos 119, 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establecen: "ARTÍCULO 119. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no admitirán recurso y deberán ser cumplidas por las autoridades correspondientes. Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará a las partes personalmente." "ARTICULO 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes." "ARTICULO 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente." Como se puede apreciar, en la parte que interesa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado está obligado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para el cumplimiento efectivo de sus laudos; también se advierte que una vez que se solicite la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado con la parte solicitante, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo. Ahora bien, en el particular, desde el veintiuno de febrero de dos mil veinte, se dictó laudo en el que se condenó al Ayuntamiento Constitucional de Pátzcuaro, Michoacán, a reinstalar al trabajador en su fuente de trabajo en los mismos términos y condiciones, así como al pago de $182,043.36 (ciento ochenta y dos mil cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.); asimismo, en dicho acto se concedió a la parte demandada el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con el laudo (foja 62 a 70 de autos). Mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en lo que aquí interesa, se despachó auto de ejecución (foja 73 de autos). En diverso acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se señalaron las diez hora del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación señalada en el laudo (foja 75 de autos). Llegada la fecha, no fue posible que se verificara dicha reinstalación en razón de que el actor, aquí quejoso, no compareció a la diligencia; en mérito de ello, su apoderado señaló que la incomparecencia se debía que el trabajador tiene su domicilio fuera de la ciudad, por lo que solicitó se señalara una nueva fecha para tal efecto; en uso de la palabra su contraria destacó que el trabajador había sido oportunamente notificado y que por tanto debía entenderse como no aceptada la reinstalación; en mérito de ello, el diligenciario dio vista al tribunal responsable para que se acordara lo que en derecho procediera (foja 79 de autos). De igual forma, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se verificó la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo; en dicho acto la parte demandada manifestó que estaba impedida para realizar el pago al carecer de recursos económicos, dada la precaria situación en que se encuentra el Municipio; por lo que en uso de la voz, la parte actora solicitó al tribunal vinculara a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como al Congreso del Estado, para que realizaran la aprobación de presupuesto o recursos destinados a los ayuntamientos, en particular al de Pátzcuaro, Michoacán, a fin de que el monto del crédito laboral motivo de la condena fuera descontado de los recursos asignados al ayuntamiento. En mérito de ello, el diligenciario dio vista al tribunal para que acordara lo que en derecho procediera. Siendo estas las únicas actuaciones tendentes a la ejecución del laudo que se aprecian de las constancias remitidas por el tribunal responsable. Por tanto, si en el caso, como se advierte de autos, a la fecha en que la responsable rindió su informe justificado -catorce de julio de dos mil veintitrés - e, incluso, hasta la fecha en que se emite la presente determinación, el tribunal responsable ha omitido proveer lo conducente respecto del resultado de las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago, ello ha provocado un retraso en el procedimiento ejecutivo del laudo dictado por la responsable, lo cual efectivamente vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues evidentemente el laudo fue dictado desde hace más de tres años, sin que la autoridad responsable haya actuado en consecuencia pese a las solicitudes de las parte actora en las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago que datan del dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Por ello se estima que tal omisión deja ver que la responsable incumple con su obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución plena del laudo según lo establece el numeral 120 de la legislación burocrática anteriormente citada, máxime si se tiene en consideración que el laudo data del año dos mil veinte y aún está sin cumplimentarse. Así, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales de la quejosa, específicamente, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 Constitucional, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente, circunstancia que como se acaba de demostrar no aconteció en el caso a estudio. De ahí que si se tiene en cuenta que la parte quejosa compareció a reclamar en la presente instancia constitucional, substancialmente, la dilación por parte del tribunal responsable en el cumplimiento del laudo, dado que no se han decretado medidas efectivas para lograrlo pese a que la demandada y la parte actora, aquí quejosa, realizaron diversas manifestaciones en las diligencias de requerimiento de pago y la de reinstalación, además de que no está acreditado en autos que la demandada hubiera dado cumplimiento al laudo y que, ante tal omisión, el tribunal hubiera hecho efectivo algún apercibimiento y formulara diverso requerimiento con su respectiva medida de apremio, quien suscribe estima que no se han realizado los actos necesarios para el cumplimiento del laudo. Por lo que, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, realice siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya acordado lo procedente con relación a lo solicitado en las diligencias de requerimiento de pago y reinstalación, deberá emitir de inmediato un auto en el que provea lo conducente en relación con las manifestaciones vertidas por las partes en las diligencias de dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el entendido de que la determinación que emita deberá procurar el pronto cumplimiento del laudo de manera eficaz, para lo cual podrá realizar las gestiones que estime necesarias, lo que deberá hacer, desde luego, fundando y motivando adecuadamente su determinación, además de que podrá hacer uso de los medios de apremio que para tal efecto le concede la legislación aplicable. En la inteligencia de que el presente fallo se considerará cumplido con la emisión del acuerdo respectivo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Homero Orozco Alcaráz, respecto de los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuarto considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Homero Orozco Alcaráz, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 298/2023 promovido por Homero Orozco Alcaraz contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio, se le reconoció el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Pátzcuaro, Michoacán, quien se encuentra debidamente emplazado, como se obtiene de autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe diversas documentales relativas al juicio laboral de origen, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que tener por desahogadas, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, a través del pedimento 459/2023, presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de junio pasado. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; y al no existir más alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. *lsm.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veinte de octubre del presente año, no fue posible llevarla a cabo, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para la fecha antes mencionada y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy FeCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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