Homero Martínez Zarate
Expediente 1304/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/10/2023
Partes del expediente
- Homero Martínez Zarate
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por********************, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo número 1304/2023-l. Ahora, del contenido integral de la demanda que se atiende, se advierte que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, carece de competencia legal para conocer de la misma; a fin de evidenciar la incompetencia de este órgano jurisdiccional, resulta menester conocer el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se desprende que para las dos primeras reglas competenciales, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere. Así, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que la litis planteada por el quejoso en este juicio de derechos fundamentales, lo constituye la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición realizada el quince de septiembre de dos mil veintitrés, relativa a la solicitud del incidente de reconocimiento de inocencia dentro del toca penal ********************, del índice de los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California. Por tanto, el acto reclamado -de naturaleza omisiva- sí trae aparejada una ejecución material, pues al no proveer sobre la petición de reconocimiento de inocencia presentada por el quejoso, se vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso; ya que la referida omisión, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados, motivo por el cual, se actualiza la primera de las reglas para la fijación de competencia; y, como consecuencia, el conocimiento de la demanda corresponde al Juez que ejerza jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto al órgano jurisdiccional que ha omitido resolver sobre la petición realizada el quince de septiembre de dos mil veintitrés, relativa a la solicitud del incidente de reconocimiento de inocencia dentro del toca penal ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, con independencia del lugar en el que se encuentre privado de libertad el quejoso. Para avalar la anterior postura, es preciso destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2018 -que más adelante se citará-, estableció que las autoridades jurisdiccionales en materia penal, tienen la obligación constitucional, convencional y legal de dictar sus resoluciones en un plazo razonable. Lo que constituye una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional; por lo que, al tenor del derecho de acceso a la justicia, se busca que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. Por tanto, determinó que la omisión de dictar sentencia en el proceso penal, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material, en la medida que, al no dictar una sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso; es decir, que dicha omisión, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. Asimismo, la Primera Sala sostuvo que, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra la omisión de dictar sentencia en un proceso penal, conforme al artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por tanto, el conocimiento de la demanda en este tipo de asuntos, corresponde al Juez que ejerza su jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto aquel órgano jurisdiccional que ha omitido dictar la determinación correspondiente. Lo anterior debido a que la unidad y concentración del procedimiento son aspectos que permiten la emisión de criterios generales y evitan la concurrencia de múltiples resoluciones. Ello con independencia -se precisó- que la omisión de pronunciar sentencia sea susceptible de incidir de manera indirecta en la libertad personal del procesado, la cual se concretiza en el lugar donde se encuentra recluido. Sin embargo -puntualizó-, dicha circunstancia es insuficiente para afirmar la competencia de las autoridades residentes en su lugar de internamiento, fundamentalmente porque el procesado se encuentra sometido a la potestad del Juez de la causa, cuya jurisdicción no necesariamente coincide con aquella en la que se ejecuta la prisión preventiva. En ese sentido, concluyó que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva, pues ésta es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un juzgado que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interno el proceso y posteriormente sea trasladado a otro centro de reclusión, lo cual traería más problemáticas al respecto. Consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 478/2018 que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada el 17 de septiembre de 2021, registro 2023548, cuyo rubro y texto son: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. PRIMERA SALA Contradicción de tesis 478/2018. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito. 2 de septiembre de 2020. Mayoría de tres votos de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Ramón Eduardo López Saldaña. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2018 y por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2017, en los que se sostuvo que el hecho de que el Juez no dicte sentencia constituye un acto omisivo, pero que tiene efectos positivos, ya que dicha omisión vulnera los derechos de seguridad jurídica, acceso a la justicia y libertad, por lo que, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, esto es, donde se lleva a cabo su proceso penal; y El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2018, en el que consideró que la naturaleza jurídica del acto reclamado es la de una omisión que no requiere ejecución material; por tanto, de conformidad con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo. Tesis de jurisprudencia 24/2021 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno." En tales condiciones, si bien es cierto que el quejoso actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Reinserción Social, EL Hongo, en Tecate de Baja California -como lo señaló el quejoso en su demanda de amparo-, también cierto es que, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, es decir, la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición realizada el quince de septiembre de dos mil veintitrés, relativa a la solicitud del incidente de reconocimiento de inocencia dentro del toca penal ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, la regla para la fijación de la competencia legal se define por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Por tanto, toda vez que la autoridad responsable que conoce la causa penal de origen tiene su residencia en Mexicali, Baja California, lugar donde tiene ejecución material el acto reclamado; este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para resolver el presente asunto, motivo por el cual resulta procedente declinar la competencia legal por razón de territorio al Juez de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Mexicali, en turno, para que conforme a sus atribuciones legales resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, previa formación del cuaderno de antecedentes relativo, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, para que se realice el turno correspondiente y solicítese de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del presente asunto, el acuse de recibo y el informe correspondiente a la competencia planteada. En otro contexto, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro de reclusión en el que se encuentra interno; por tanto, se instruye al Actuario de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este juicio, se realicen en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. En consecuencia, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
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