Homero Heli Ibañez Matadamas

Expediente 628/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
628/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Homero Heli Ibañez Matadamas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Mesa de Amparo III-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se advierte que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo 628/2018; que se concedió la suspensión provisional y por una parte se concedió la definitiva; y que en el cuaderno original del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Como en este incidente se concedió la suspensión provisional y por una parte concedió la definitiva, pero carece de relevancia documental, es susceptible de depuración... Hágase del conocimiento de las partes, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deben conservarse el auto de veintiuno de junio de dos mil ocho y la interlocutoria de veintinueve de junio siguiente, en donde se concedió la suspensión provisional y por una parte la definitiva. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa de Amparo III-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. Archívese el expediente principal como asunto concluido. Debido a que en la sentencia dictada en este asunto por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    AMPARO INDIRECTO 628/2018 JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA El Secretario encargado del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 628/2018, promovido por Homero Helí Ibáñez Matadamas. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones de la Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, por ministerio de ley, para librar la orden de aprehensión dentro de la causa penal 19/2018 por el delito de tráfico de plazas y servicios, en perjuicio patrimonial de Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino. I. ANTECEDENTES 1. De los autos se desprende que, mediante pedimento sin número, de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho , el Agente del Ministerio Público del Sistema Mixto Tradicional adscrito a la Vicefiscalía General Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca consignó la averiguación previa 274(F.M.)2016, solicitando se librara la correspondiente orden de aprehensión en contra de Homero Helí Ibáñez Matadamas, como probable responsable en la comisión del delito de tráfico de plazas y servicios, en perjuicio patrimonial de Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino. 2. La Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, por ministerio de ley, radicó la averiguación previa consignada bajo el número 19/2018, y respecto a la solicitud de la autoridad ministerial, el cinco de junio de dos mil dieciocho, determinó librar orden de aprehensión en contra de Homero Helí Ibáñez Matadamas, como probable responsable en la comisión del delito de tráfico de plazas y servicios, en perjuicio patrimonial de Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 3. Homero Helí Ibáñez Matadamas presentó un escrito el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. 4. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 5. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 628/2018 y fue admitida el veintiuno de junio de dos mil dieciocho. 6. El dos y cinco de julio de dos mil dieciocho, se les reconoció el carácter de terceros interesados a Jorge Gallegos Aquino, Óscar Gallegos Aquino y a la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 7. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD 9. Se estima que la promoción del juicio es oportuna, debido a la naturaleza del acto reclamado, pues al tratarse de una orden de aprehensión cuya ejecución debe guardar sigilo, es inconcuso que el quejoso no tiene conocimiento cierto de ésta hasta que la autoridad responsable rinda su informe justificado y en su caso acepte la existencia de dicho mandamiento de captura. V. LEGITIMACIÓN 10. Homero Helí Ibáñez Matadamas, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque la orden de captura fue emitida en su contra, al considerarse que es probable responsable del delito de tráfico de plazas y servicios, perpetrado en perjuicio patrimonial de Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 11. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 12. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 13. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: 1. De los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del distrito Judicial del Centro y Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: La orden de aprehensión dictada en su contra. 2. Del Fiscal General, Vicefiscal General de la Zona Centro, Director de Averiguaciones Previas y Procesos, Coordinador y Comandante Encargado del Grupo de Aprehensiones adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones, todos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Oaxaca: El cumplimiento de la orden de captura mencionada. VII. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 14. Los Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, así como la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir sus informes justificados respectivamente, negaron los actos reclamados, sin que el quejoso hubiera desvirtuado dicha negativa con prueba alguna que se exhibiera al presente juicio constitucional. 15. No debe de perderse de vista que uno de los presupuestos de la acción del amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. 16. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta a los actos reclamados a las referidas autoridades. 17. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 284 localizable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice dos mil, de epígrafe y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 18. Asimismo, cobra aplicación al caso la tesis aislada VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." VIII. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 19. La existencia del acto reclamado al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado que rindió la secretaria encargada del referido órgano jurisdiccional . En dicho informe, dicha funcionaria reconoció que en la causa penal 19/2018 se emitió orden de aprehensión en contra de Homero Helí Ibáñez Matadamas, por el delito de tráfico de plazas y servicios, perpetrado en perjuicio patrimonial de Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino. 20. Lo que se corrobora, con las constancias que anexó la propia autoridad a su informe con justificación consistentes en la copia certificada de la causa penal 19/2018, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. 21. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, materia común, página ciento cincuenta y tres, de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 22. También se considera cierto el acto reclamado a las autoridades ejecutoras Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones y el servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. 23. Las diversas autoridades ejecutoras Director de Averiguaciones Previas y Procesos, Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado y Vicefiscal General Zona Centro de la Fiscalía General del Estado, aunque negaron el acto que les fue reprochado, dicha negativa queda desvirtuada en razón de que la Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro aceptó la existencia de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional, de ahí que por razón de jerarquía aquéllas tienen obligación de darle cumplimiento a aquélla, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto que se les reprocha. 24. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y seis, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". 25. Ahora solamente falta verificar la procedencia del juicio de amparo. IX. PROCEDENCIA 26. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración del suscrito, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. X. ESTUDIO DE FONDO 27. En los conceptos de violación el quejoso señala en esencia, que las autoridades responsables: a) Transgreden en su perjuicio el derecho fundamental consagrado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que pretenden privarlo de su libertad sin que previamente haya tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. b) Vulneran en su perjuicio el derecho fundamental previsto por los dispositivos 16 de la Ley Suprema, en razón de que la orden de captura impugnada no se encuentra fundada ni motivada. c) Infringen en su perjuicio el derecho humano tutelado por el numeral 20 de la Carta Magna, porque durante la averiguación previa debieron observarse las garantías que prevén las fracciones I, V, VII y IX, así como que lo dispuesto por la fracción II no está sujeto a condición alguna. 28. El motivo de disenso marcado bajo el inciso a), resulta ineficaz. 29. En efecto, el suscrito considera que no asiste la razón al peticionario del amparo, toda vez que si bien en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de autoridad, también lo es que tratándose de un mandamiento de captura se actualiza una excepción a la regla, ya que el numeral 16 del propio ordenamiento establece las condiciones para su libramiento y, previo a su emisión, no exige que se escuche al indiciado en defensa, sino que únicamente provenga de una autoridad judicial, precedida por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. 30. Apoya lo anterior la tesis IX.1o.33 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil ochocientos veinticuatro, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." 31. Incluso, se estima que el referido derecho del quejoso no se ve limitado por el libramiento de la orden de aprehensión, en la medida de que durante la secuela del proceso tendrá el derecho de rendir su declaración preparatoria en relación con los hechos que se le imputan y tendrá oportunidad para aportar las pruebas que estime pertinentes y formular alegatos en la etapa respectiva, con lo cual se respetará dicha prerrogativa. 32. En esa tesitura, se justifica la calificativa del planteamiento expuesto por el quejoso en el sentido de que con el dictado del mandamiento de captura reclamado se vulneró en su perjuicio el derecho fundamental que consagra el artículo 14 Constitucional, ya que como se indicó tratándose de órdenes de aprehensión no rige la garantía de previa audiencia. 33. Por su contenido, tiene aplicación la jurisprudencia VII. P. J/40 localizable en la página 81, Volumen 77, Mayo de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento". 34. En diverso orden, este órgano jurisdiccional considera que los motivos de inconformidad expuestos por el solicitante de la protección constitucional en los incisos b) y c) resultan infundados. 35. Es así, porque por lo que hace al argumento expuesto en el primero de los incisos, el suscrito advierte que en la emisión de la orden de captura de cinco de junio de dos mil dieciocho, se cumplieron con los requisitos que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho-, y el precepto 227 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en razón de que fue emitida por la Secretaria encargada del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, por ministerio de ley, dentro del expediente 19/2018, quien se considera competente por razón de la materia (penal), grado (primera instancia), fuero y territorio (ya que los hechos acontecieron en la ciudad Oaxaca), esto es, dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción. 36. Asimismo, a la orden de captura impugnada le precede la denuncia presentada por Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino de diez de junio de dos mil dieciséis, ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa Cinco adscrito a la Vicefiscalía General Zona Centro, mediante la cual hizo de su conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tráfico de plazas y servicios, previsto por el artículo 240 Ter del Código Penal del Estado de Oaxaca y sancionado con pena privativa de libertad; además, se estima se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, toda vez que de la indagatoria se advierte que hasta este momento procesal existen probanzas suficientes que demuestran esos extremos, como a continuación se justificará. 37. En efecto, en lo concerniente a la comprobación de la materialidad de la conducta típica debe estarse a la acreditación de los elementos materiales y objetivos externos del antijurídico de tráfico de plazas y servicios, cometido en perjuicio patrimonial de Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino, por el que se emitió la orden de captura reclamada. 38. Con la finalidad de explicar la afirmación que antecede, se cita el precepto 240 Ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca: "240 Ter.- Se impondrá pena de tres a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario mínimo, a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio público. Si el sujeto activo es servidor público, se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 39. De lo anterior se desprende que el delito de tráfico de plazas y servicios se surte cuando ocurran las circunstancias siguientes: a. Que el sujeto activo prometa falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio público; b. Que con dicha promesa falsa obtenga un beneficio económico o lucro indebido; y c. La lesión al bien jurídico tutelado, que en el caso resulta ser la afectación en el patrimonio del sujeto pasivo. 40. Para tener por demostrado el primero de los elementos del sector corporal en estudio, la resolutora tomó en consideración la denuncia de Jorge Gallegos Aquino, rendida ante el Agente del Ministerio Público Investigador el diez de junio de dos mil dieciséis, en la que esencialmente relata: que aproximadamente hace veintidós años que conoce al sujeto activo, que en los primeros días de enero de dos mil dieciséis, aquél le preguntó que si le interesa obtener una concesión de taxi del sitio Libre del Rosario de los de color azul con blanco, ya que iban a realizar una ampliación de la Zona Metropolitana e iban a salir varias y que tendría la oportunidad de apoyar a dos amigos, porque tiene un "conecte" en "Sevitra", precisamente en esa área, que de hecho a él ya le habían otorgado cuatro, las cuales tenía a su nombre, de su esposa y otras dos con unos familiares, pero -indicó el denunciante- que en esa ocasión no le dio importancia a su comentario, sino hasta mediados del propio mes, como vive cerca de su casa, en la colonia Odisea, se lo encontró y le volvió a sugerir que le "entrara a la adquisición de una concesión de taxi del sitio Libre del Rosario" ahora que se podía, a lo que respondió que no le convencía porque se han dado muchos casos en que nada más prometen y no cumplen, pero él dijo que el cuate que tiene es uno de los "meros meros" en "Sevitra", de los que deciden a quién se le otorga y a quién no; que le enseñó la concesión del taxi que llevaba en ese momento, la cual estaba a su nombre y amparaba la circulación sin placas del taxi el sitio el Rosario, de los azules con blancos, de los foráneos, razón por la cual le contestó que tenía razón, que le fue bien al menos a él sí le cumplieron, a lo que el sujeto pasivo volvió a insistir que la propuesta era seria, que se animara porque le convenía pues cuántos años tenía ya de chofer y no le había tocado alguna concesión; le dijo que en ese momento tenía un compromiso pero que después pasaba por su casa y le explicaba. 41. Menciona que el domingo veinticuatro de enero de la propia anualidad, el inculpado se presentó a su domicilio como a las nueve horas con treinta minutos, como eran amigos, lo dejó ingresar; empezaron a platicar cosas relacionadas con el trabajo, le insistió que es real que su amigo de Sevitra los iba a apoyar con las concesiones, que en mayo va otorgar seis, de las cuales dos son para que aquél las designe, que ya le había dicho a él que como conoce a varios taxistas que le propusiera a dos que tuvieran historial en el ramo para que nadie las objetara, ya que si se designan a personas que no tienen que ver, la base trabajadora de choferes puede oponerse, porque las concesiones salen por lo regular cada seis años, pero como jefes podían otorgarlas en diversos tiempos; que por esa razón, como lo considera su "carnal" le ofrecía esas dos concesiones para él y su hermano Óscar que también tiene tiempo de taxista; luego, al preguntarle que a cambio de qué se les otorgarían aquéllas, respondió que por ser su "cuate" sólo le cobraría ciento cincuenta mil pesos a cada uno, sólo tendrían que dar una primera aportación de setenta y cinco mil pesos y cuando se les diera cita para firmar entregarían la restante; que no se trataba de un pago como tal, ya que por una concesión piden unos setecientos mil pesos. 42. Refiere que el inculpado le indicó que era urgente subir al sistema los nombres y las solicitudes de las personas para que se diera inicio a sus expedientes, mostrándole nuevamente la concesión que estaba a su nombre, por lo que pensar que era cierto le contestó que le comentaría a su hermano a ver si le interesaba. El denunciante menciona que ese mismo día se comunicó vía telefónica con su hermano y le platicó que el sujeto activo quería hablar con ellos dos respecto a la adquisición de una concesión de taxis del sitio Libre del Rosario de los azules con blanco, que los había citado para que le dieran una respuesta; que siendo las dieciocho horas llegó su hermano a su domicilio y como a los dos minutos el sujeto pasivo, por lo que le explicó a aquél todo lo ya mencionado y le preguntaron los dos que qué garantía les daba que iba a ser realidad lo planteado y contestó que su amigo trabaja en Sevitra, que les firmaba un recibo del dinero de su aportación para la gestión de dichas concesiones y que en caso de que no se llegara a dar el resultado prometido se les devolvería, aunado a que con el recibo podrían proceder ante las instancias correspondientes, por lo que su hermano y él le mencionaron que si era posible que le dieran el dinero el siete de febrero de ese año y respondió que sí pero que no le quedaran mal. 43. Indica el denunciante que se quedaron de ver el domingo siete de febrero a las dieciocho horas, que el inculpado se presentó a su domicilio y le entregó la cantidad de setenta y cinco mil pesos, mientras que a su hermano como no le fue posible reunir en su totalidad la cantidad requerida (sólo entregó cincuenta mil pesos) le dijo que el domingo catorce de febrero siguiente le entregaría el resto; al recibir dichas cantidades les firmó unos recibos a mano en hojas blancas (todo esto en presencia de su padre Aquilino Gallegos Caballero y su esposa Felipa Reyes Rojas) les dijo que en un mes y medio tendrían sus concesiones. Posteriormente, el catorce de febrero se comunicó su hermano con el declarante y le pidió que le llamara al inculpado para que le avisara que ya tenía el dinero y que a las seis de la tarde se lo podría entregar; que a esa hora llegó el sujeto activo a su domicilio, en el que se encontraba con su hermano, su padre y su esposa y se le entregó la cantidad de veinticinco mil pesos, quien después de recibirlos lo contó, le firmó un recibo a mano en una hoja blanca y les dijo que se fueran preparando porque una vez que firmaran las concesiones tendrían que dar el resto de la aportación acordada, contestándole que no se preocupara por eso; sin embargo, que pasaron dos meses y no se comunicaba con ellos, fue que decidió hablarle por teléfono el tres de abril del propio año y le preguntó por el trámite de las concesiones a lo que respondió que hubo un pequeño contratiempo en Sevitra, pero que ya estaba por resolverse y en cuanto eso sucediera su amigo les daría trámite; le manifestó que ya lo diera por hecho, que ya investigaran sobre el trámite de un crédito para que sacaran un vehículo de modelo reciente y lo tuvieran listo para cuando les dieran "el banderazo", que él se comunicaba con el denunciante. 44. Manifiesta que el veinticuatro de abril de esa anualidad volvió a comunicarse con el sujeto activo a su celular y este último le refirió que faltaba poco tiempo, que sólo faltaba la firma de aprobación, razón por la cual le pidieron hablarlo de manera personal y aceptó mencionándoles que los esperaba a las ocho de la noche en su casa; que una vez que llegaron al lugar (su hermano y él), el inculpado les volvió a insistir que no se preocuparan, que era cosa de una firma para que quedaran las concesiones, que no desconfiaran y para que vieran que no se trataba de una mentira, les dejó en garantía las facturas de sus dos taxis (una expedida por Nissan y la otra por Volkswagen), uno a nombre de su esposa y el otro de un presta nombres, para que en caso de que no se realizaran sus concesiones les devolvía sus setenta y cinco mil pesos a cada uno y ellos a su vez las facturas, a lo que respondieron que estaba bien; después de eso les dijo que les marcaría el quince de mayo y nuevamente les insistió que agilizaran los trámites de sus créditos automotrices. 45. Luego, pasó todo el mes de mayo y fue el cinco de junio cuando fueron él y su hermano a buscarlo a su domicilio y al llegar les refirió: "fíjense carnales que sus trámites no prosperaron" "pues no se hizo lo de sus concesiones y pues ya no hay vuelta de hoja, sus expedientes están iniciados (sic) solo que no fueron aprobados, y pues no se hizo" a lo que manifestaron que les devolviera el dinero que le dieron como habían quedado al principio y aquél respondió "no pues deben de saber que el trámite se hizo y pues ya se invirtió y nimodos que yo pierda para reponerles su dinero, o mi cuate, no amigos el dinero ya se invirtió y fue mala suerte la que tuvieron y pues ya denlo como dinero invertido y perdido" a lo que exclamaron que en eso no habían quedado, que les devolviera su dinero íntegramente, contestándoles el inculpado "ya les dije el dinero ya se perdió y háganle como quieran pero no les voy a devolver nada del dinero, pues como ya les dije, ya se invirtió y pues les tocó mala suerte, ya no quedó de mí, pues sus expedientes se iniciaron pero no salieron sus concesiones" y cerró su puerta. Agregó el denunciante que el dinero que entregó lo obtuvo de los ahorros que le genera el taxi en el cual es chofer (treinta mil pesos) y de una aportación que hizo su esposa (cuarenta y cinco mil pesos), ya que esta última se dedica a la venta de productos por catálogos y tienen una tienda de abarrotes que aquélla administra; mientras que su hermano lo consiguió en partes, la primera aportación se la prestó su padre (quien es empleado pensionado y tiene ahorros) y el resto la reunió con sus ahorros y unas cosas que vendió. 46. El medio de convicción que antecede fue relacionado con la denuncia de Óscar Gallegos Aquino ante la autoridad ministerial, en la que narró que el veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, su hermano Jorge Gallegos Aquino le habló a su número celular y al contestarle le dijo que el inculpado (quien era amigo suyo) le estaba ofreciendo gestionarle dos concesiones de taxis foráneos, de los azules con blanco, del sitio El Rosario, que el sujeto activo le dijo que era seguro porque tenía un buen "conecte" en "Sevitra" y que por una cantidad de setenta y cinco mil pesos las otorgarían, a lo que le respondió que se escuchaba bien pero que tal vez era mentira y él le comentó que si podía acudir a su domicilio para que su amigo le explicara, acordaron que lo haría a las seis de la tarde. Que llegó a tal hora y el sujeto activo le preguntó si le interesaba obtener una concesión de taxi del sitio libre del Rosario, ya que iban a autorizar una ampliación de la Zona Metropolitana e iban a salir varias concesiones; que su amigo que trabaja en Sevitra, quien -dijo- era un buen conecte en esa área, iba a tener la oportunidad de apoyar a cinco personas y que éste a su vez le permitió que ayudara a dos amigos que tuvieran historial en ese ramo; que ya le había otorgado a él cuatro concesiones (una a su nombre, otra al de su esposa y otras dos con unos familiares), que incluso les enseñó la que estaba a su nombre y le insistió que se animara, que ya cuántos años tenía de chofer y no se veía para cuándo le tocaba alguna; le dijo que como le había mencionado a su hermano "cariño quiere cariño" por lo que tenían que compensar el favor que les haría su "cuate de SEVITRA" y que por el simple hecho de tratarse de ellos, únicamente les pediría la aportación de ciento cincuenta mil pesos a cada uno, la aportación inicial sería de setenta y cinco mil pesos y el resto cuando se les diera cita para que se presentaran a firmar; que no se trataba de un pago, pues si comparaban con una concesión, por esta última pedían seiscientos mil pesos, mientras que la aportación que se hace sólo es para el trámite de la gestión. 47. Indicó que el sujeto activo le manifestó que era urgente subir al sistema los nombres de los que resultarían designados y las solicitudes de las personas para que se diera inicio a sus expedientes; que al ver la concesión que llevaba aquél en la mano y la explicación que les dio pensó que era real, al igual que su hermano Jorge, por lo que le preguntaron acerca de la garantía que les daba de que se trataba de algo cierto y éste les contestó que su amigo trabajaba en "Sevitra", que les expediría un recibo del dinero de su aportación y que en caso de que no se diera el resultado prometido, se les devolvería el dinero, aunado a que con ese documento estarían en posibilidad de proceder ante las autoridades correspondientes; que pactaron la entrega de setenta y cinco mil pesos para el siete de febrero de dos mil dieciséis, manifestándoles el inculpado que no le fueran a quedar mal; llegada la fecha el sujeto activo acudió al domicilio de su hermano en donde le entregó dicha cantidad, mientras que él sólo consiguió cincuenta mil pesos, pero acordó con aquél que el domingo catorce del propio mes le entregaría el resto (veinticinco mil pesos), luego, al recibir las referidas cantidades les firmó unos recibos a mano (todo esto en presencia de su padre Aquilino Gallegos Caballero y su esposa Felipa Reyes Rojas, a quienes les pidieron los acompañara a la entrega del dinero, porque se trataba de una fuerte cantidad) y les reveló que en un mes y medio salían las concesiones. 48. El denunciante también exteriorizó que el catorce de febrero de la propia anualidad se comunicó con su hermano Jorge para que a su vez le comentara al inculpado que ya tenía la cantidad faltante y que se la podía entregar a las seis de la tarde en la casa del primero de los mencionado; que al llegar a dicho domicilio ya se encontraban presentes su padre Aquilino Gallegos Caballero, su hermano y la esposa de este último Felipa Reyes Rojas, a quienes nuevamente se les pidió que atestiguaran la entrega del dinero, posteriormente, llegó el sujeto pasivo quien después de recibirlo lo contó, se lo guardó, le firmó un recibo a mano en una hoja blanca y les dijo que se prepararan porque una vez que se firmaran las concesiones tendrían que dar la segunda aportación, a lo que manifestaron que no se preocupara por eso, retirándose aquél de ese lugar. Una vez que transcurrieron dos meses y tomando en cuenta que no se comunicaba con ellos, su hermano Jorge lo llamó a su celular y el sujeto activo mencionó que hubo un pequeño imprevisto en Sevitra, pero que ya estaba por resolverse, que en cuanto esto pasara, su amigo les daría trámite a sus concesiones, que no se preocupara ya que era serio, que de hecho ya vieran lo de un crédito para que sacaran un vehículo de modelo reciente para que lo tuvieran listo para cuando les dieran el "banderazo"; que él se comunicaba en unos diez días, que todo esto lo escuchó porque su hermano tenía el teléfono en altavoz. 49. Refiere el declarante que esperaron hasta el día domingo veinticuatro de abril del propio año y como el inculpado no se reportaba con ellos, decidieron volverle a llamar a celular, cuando les contestó les manifestó que ya estaban por firmarse las concesiones, que era cosa de una firma de aprobación, preguntándole que si podían ir a hablarlo personalmente, a lo que respondió que los esperaba a las ocho de la noche de ese mismo día; al llegar a su casa, les dijo que no se preocuparan porque sólo faltaba una firma y quedaban las concesiones, que no desconfiaran y para que estuvieran seguros que era verdad les entregó en garantía las facturas de sus dos taxis (una expedida por Nissan y la otra por Volkswagen), uno a nombre de su esposa y el otro de un presta nombres, para que en caso de que no se realizaran sus concesiones les devolvía sus setenta y cinco mil pesos a cada uno y ellos a su vez las facturas, a lo que respondieron que estaba bien; hecho lo anterior, el inculpado acordó que llamaría a su hermano Jorge el quince de mayo, además, nuevamente les insistió que agilizaran los trámites de sus créditos automotrices. 50. Luego, transcurrió todo el mes de mayo y fue el cinco de junio cuando fueron él y su hermano a buscarlo a su domicilio y al llegar y verlos les dijo: "fíjense carnales que sus trámites no prosperaron" y al preguntarle el motivo, él respondió "pues no se hizo lo de sus concesiones y pues ya no hay vuelta de hoja, sus expedientes están iniciados (sic) solo que no fueron aprobados, y pues no se hizo" a lo que manifestó su hermano que les devolviera el dinero que le dieron como habían quedado al principio y él contestó "no pues deben de saber que el trámite se hizo y pues ya se invirtió y nimodos que yo pierda para reponerles su dinero, o mi cuate, no amigos el dinero ya se invirtió y fue mala suerte la que tuvieron y pues ya denlo como dinero invertido y perdido" a lo que exclamaron que en eso no habían quedado, que él dijo que si no llegaban a realizar las concesiones les devolviera su dinero íntegramente, mencionando el inculpado "ya les dije el dinero ya se perdió y háganle como quieran pero no les voy a devolver nada del dinero, pues como ya les dije, ya se invirtió y pues les tocó mala suerte, ya no quedó de mí, pues sus expedientes se iniciaron pero no salieron sus concesiones" y cerró su puerta. Añadió el denunciante que el dinero que entregó una parte la consiguió mediante un préstamo que le hizo su padre (cuarenta mil pesos), respecto de esta cantidad refiere que le paga una aportación voluntaria equivalente al ocho por ciento, mientras que otra parte la obtuvo de sus ahorros y de unos objetos personales que vendió. 51. Denuncias que se estiman correctamente valoradas como indicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca , por reunir los requisitos previstos por los numerales 8 y 9 del propio ordenamiento , a saber, porque hicieron del conocimiento de la autoridad ministerial de la comisión de un ilícito en su perjuicio, lo que dio origen a la averiguación previa de origen, por ello, se estima que dichos testimonios pueden conducir lógicamente a la demostración de la verdad que se busca, en términos del precepto 352 del código adjetivo penal; asimismo, porque cumplieron las formalidades que prevén los ordinales 412, 413, 415 y 417 del propio ordenamiento, ya que fue emitida por personas capaces de declarar; que por su edad (refirieron contar con cuarenta y cuatro y treinta y un años de edad), capacidad física e intelectual e instrucción tienen criterio indispensable para comprender el hecho sobre el cual depusieron; saben leer y escribir por haber cursado el primero el bachillerato, mientras que el segundo la licenciatura; por su probidad e independencia de su posición y sus antecedes personales fueron imparciales al declarar sobre el hecho delictivo -ya que hasta el momento no se ha demostrado lo contrario-; narraron los hechos en la forma en la que los percibieron de manera espontánea, clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya que ellos los resintieron y los conocieron por sí mismos -porque se trata de los propios ofendidos-, dieron detalles de la forma en que conocieron al inculpado, las horas, fechas y lugares en donde se entrevistó con ellos, las conversaciones que tuvieron, el domicilio donde le entregaron la cantidad acordada por las concesiones, lo que denota que resultan confiables. 52. Aunado a lo anterior, hasta ese momento no obra probanza alguna que patentice que los deponentes hayan declarado con el único afán de perjudicar al sujeto activo, que hayan sido obligados a declarar, por fuerza o miedo, ni impulsados por error engaño o soborno, por el contrario, los testimonios se tornan confiables, ya que lo hicieron con la finalidad de que se castigue al culpable. 53. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.1o. J/46 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 105, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "OFENDIDO. SU DECLARACION MERECE VALOR DE INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante.". 54. Otra probanza que fue ponderada por la responsable es la declaración de Felipa Reyes Rojas de veinte de octubre de dos mil dieciséis, en la que en síntesis manifestó que es testigo real y presencial de que su esposo Jorge Gallegos Aquino y su cuñado Óscar Gallegos Aquino le entregaron al sujeto activo la cantidad de setenta y cinco mil pesos en efectivo; que sabe perfectamente por el dicho de su esposo, que aquél les insistió que entraran a la gestión que él realizaría de unas concesiones de taxis del sitio El Rosario, foráneos, de los azul con blanco; que aproximadamente a las dieciocho horas del siete de febrero de dos mil dieciséis, se presentó el inculpado a su domicilio y su esposo le entregó setenta y cinco mil pesos y su cuñado cincuenta mil pesos, ya que este último le indicó que no pudo conseguir la cantidad total, pero que el próximo domingo le entregaría el resto, a lo que respondió aquél que no le fuera a quedar mal, que fuera serio; una vez que recibió dichas cantidades, el inculpado les firmó unos recibos a mano en hojas blancas (todo esto ante su presencia y la de su suegro Aquilino Gallegos Caballero, ya que al igual que a ella, su esposo y su cuñado les pidieron que los acompañara para la entrega del dinero acordado) y les dijo que en un mes y medio ya tendrían las concesiones en las manos. 55. Señala que una vez que llegó el catorce del citado mes y año, su esposo le pidió que nuevamente los acompañaran en la tarde, porque su cuñado Óscar le entregaría al sujeto activo veinticinco mil pesos que restaban de su aportación, que también estaría presente su suegro; que a las dieciocho horas llegó el acusado a su domicilio, después de que terminaron de bromear, Óscar le entregó veinticinco mil pesos y una vez que contó el dinero, les dijo que se fueran preparando porque una vez que fueran a firmar las concesiones tendrían que dar la otra parte de la aportación, contestándole que no se preocupara, razón por la cual procedió a retirarse de ese lugar. La ateste menciona que pasaron los meses sin que les cumpliera, por ese motivo se presentaron su denuncia y agregó que la cantidad que su esposo entregó proviene por una parte de los ahorros que aquél obtiene como chofer de un taxi del centro y por otra, ella se lo prestó de las ganancias que tiene de la venta de productos de belleza por catálogo y de la tienda de abarrotes que tienen; que no tiene necesidad de mentir al respecto, ya que no es su interés causarle un mal o perjudicar al inculpado, sólo quiere que se haga responsable del compromiso que asumió con su esposo y su cuñado. 56. La resolutora también tomó en cuenta la declaración de Aquilino Gallegos Caballero rendida ante el Agente del Ministerio Público el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la que manifestó que recuerda que su hijo Jorge Gallegos Aquino, a principios del año dos mil dieciséis, le comentó que necesitaba que estuviera presente en la entrega de un dinero por parte de él y su hermano Óscar Gallegos Aquino a uno de sus amigos; que aproximadamente las dieciséis horas del siete de febrero de dos mil dieciséis, el inculpado se apersonó hasta el domicilio de su hijo Jorge, lugar a donde él llegó unas horas antes; que después de que platicaron y se rieron un poco, Jorge Gallegos Aquino le entregó setenta y cinco mil pesos y Óscar Gallegos Aquino cincuenta mil pesos, pues este último le dijo que no le fue posible juntar la cantidad en su totalidad, pero que el próximo domingo (catorce del citado mes y año) le daría el resto, a lo que respondió que no le quedara mal; que al recibir el dinero referido, el sujeto activo les firmó unos recibos a mano, en hojas blancas, todo esto en presencia del propio testigo y de su nuera Felipa Reyes Rojas, pues a esta última también le pidieron sus hijos que los acompañara para la entrega del dinero pactado; que después pudo escuchar que el encausado señaló que en un mes y medio tendrían sus concesiones en las manos. 57. Adicionó el testigo que sus hijos le pidieron que estuviera presente el catorce de febrero de la propia anualidad, para la entrega de los veinticinco mil pesos restantes que haría su hijo Óscar al sujeto activo; que en la fecha pactada, llegó este último al domicilio de su hijo Jorge Gallegos Aquino y como eran amigos echaron relajo un rato, después su hijo Óscar le entregó la referida cantidad y al recibirla le firmó un recibo a mano, en una hoja blanca, esto, en su presencia, de su otro hijo y de su nuera Felipa; que después de guardarse el dinero les dijo que se fueran preparando, porque una vez que firmaran las concesiones tendrían que dar la segunda parte de la aportación, a lo que respondieron que no se preocupara, retirándose el inculpado de ese lugar; que por el dicho de sus hijos, sabe que aquél no cumplió con las concesiones, ya que pasaron los meses y no se las entregó, por esa razón lo denunciaron. El ateste refirió que a su hijo le prestó la cantidad de cuarenta mil pesos y el resto la obtuvo él de sus ahorros y de la venta de algunas de sus pertenencias, además, que estuvo presente en la entrega del dinero que hicieron sus hijos al sujeto activo, de quien manifiesta no tiene rencor alguno o mala fe, que sólo declara lo que vio y le consta, para que sea la justicia la que se encargue de castigarlo si así lo amerita. 58. A las declaraciones previamente descritas, válidamente les confirió valor probatorio indiciario, en términos de lo dispuesto por los artículos 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, porque reúnen los requisitos previstos por los preceptos 412, 413, 415 y 417, de la propia codificación , en la medida de que declaran sobre los hechos de manera clara y precisa, se trata de personas capaces para declarar, por su edad, capacidad física e intelectual e instrucción, tienen el criterio suficiente para juzgar sobre los hechos que deponen, ya que refirieron contar con cuarenta y cinco y setenta y ocho años de edad, respectivamente, la primera de ocupación al hogar y el segundo empleado jubilado, que saben leer y escribir, por haber cursado la primera la instrucción primaria, mientras que el segundo la secundaria, por su probidad e independencia de su posición y antecedentes personales se consideran imparciales -ya que hasta este momento no se ha demostrado lo contrario-; fueron percibidos por medio de sus sentidos -porque estuvieron presentes en el lugar de los acontecimientos-; precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución, y de forma categórica señalan la persona que desplegó la acción punible que produjo el resultado material, sin que se advierta prueba alguna que evidencie que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsada por engaño, error o soborno. 59. Además, como lo estableció la responsable, para declarar en relación a los hechos no se requiere de conocimientos especiales en alguna ciencia o materia, ya que es suficiente que tengan capacidad auditiva y de visión y no se encuentra demostrado que tengan algún problema en ese sentido. 60. Se cita por ilustrativa la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, Volumen 84, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "PRUEBA TESTIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Si bien es cierto que la prueba testimonial es una de las más frecuentes y delicadas en su apreciación, pues la mendacidad de los testigos constituye un serio peligro y por ello dicha probanza generalmente produce una profunda desconfianza en el juzgador, sin embargo, tales circunstancias obligan a un análisis acucioso de la misma, para estar en condiciones de poder concluir sobre su eficacia o ineficacia, con base en lo que previene el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, que señala las reglas fundamentales que deban observarse para aquilatar debidamente las declaraciones de mérito, precisando, entre otras, que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro, y que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales, además de que el testigo por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar del acto y que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales tenga completa imparcialidad, dándose, en teoría, la exigencia de que el testimonio, para que pueda valorarse debidamente, debe emanar de persona digna de fe, que sea persistente, uniforme y, principalmente, que concuerde con las demás constancias del proceso.". 61. Aquí es preciso destacar que el hecho de que los testigos sean familiares de los ofendidos no le resta el valor conferido por la responsable, en la medida de que como acertadamente lo estableció aquélla, no está probado que se hayan conducido con parcialidad y es bien sabido que en materia penal no existe tacha de testigo, sobre todo si con su testimonio se ilustra el esclarecimiento de la verdad que se busca. 62. En sustento a lo anterior, se cita la tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal, localizable en la página 69, Volumen XLVIII, Segunda Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN MATERIA PENAL. En materia penal no existen tachas de testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o rechazar un testimonio según el grado de confianza que le merezca su dicho, de acuerdo con las circunstancias que rodearon el hecho y la posibilidad de que el testigo haya podido presenciar el acontecimiento o tener noticia de él por otros medios. El parentesco de la testigo con la víctima tampoco invalida su testimonio, salvo que existieran datos que fundaran una sospecha sobre su parcialidad." 63. Los medios de convicción que anteceden fueron concatenados con la fe de documentos emitida por el Agente del Ministerio Público el diez de junio de dos mil dieciséis, de cuyo contenido se aprecia que se certificó y se dio fe de tener a la vista los siguientes documentos: a) Original del recibo de dinero de siete de febrero de dos mil dieciséis, escrito a mano en tinta de color negro, por setenta y cinco mil pesos, en el que aparece la firma como recibido del ciudadano Homero Helí Ibáñez Matadamas, y como quien lo entrega Jorge Gallegos Quino, por concepto de trámite de concesión de taxi que se entregaría a finales del mes de agosto de la propia anualidad; b) Original del recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a favor de Gallegos Aquino Jorge, con domicilio en calle Candelaria Loxicha, lote treinta, colonia Guelaguetza, Santa María de Atzompa, Centro, Oaxaca. 64. Asimismo, las constancias que se agregaron en la denuncia del ofendido Óscar Gallegos Aquino, de las cuales se dio fe tener a la vista: I. Original del recibo de siete de febrero de dos mil dieciséis, escrito a mano en color tinta de color negro, por la cantidad de cincuenta mil pesos, en el que firma como recibido el dinero Homero Helí Ibáñez Matadamas y como quien lo entrega Óscar Gallegos Aquino, por concepto de trámite de concesión de taxi, asentándose la dirección de la persona que recibe el dinero; II. Original del recibo de catorce de febrero de dos mil dieciséis, escrito a mano en tinta de color negro por la cantidad de veinticinco mil pesos, en el que firma como recibido el dinero Homero Helí Ibáñez Matadamas y como quien lo entrega Óscar Gallegos Aquino. 65. Igualmente, la fe de documentos de diez de febrero de dos mil dieciocho, en la que la autoridad ministerial certifica y da fe tener a la vista lo siguiente: i. Factura A5322 de veintitrés de mayo de dos mil doce, expedida por Autos Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Homero Helí Ibáñez Matadamas; y, ii. Copia a color de la factura 11085, de seis de febrero de dos mil diez, expedida por Automotriz Bonn, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Ricardo Pablo Chompa Sánchez, los cuales se agregaron a las actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes. 66. Medios de convicción a los que de manera correcta se les concedió valor probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, porque reúnen los requisitos que prevén los numerales 370 al 381, en relación con el precepto 68 por remisión del 59 Bis, ya que el Agente del Ministerio Público en su carácter de órgano investigador practicó las referidas diligencias, en las que dio fe de su actuar con un secretario ministerial e indicó la hora y fecha de su conclusión, firmando los intervinientes; aunado a lo anterior, en los referidos documentos se precisan las cantidades que recibió el inculpado de los sujetos pasivos, con el argumento de que a través de él obtendrían una concesión de taxis, promesa que se verificó con los documentos que les entregó consistentes en las dos facturas, con la condición de que si no salían beneficiados con las concesiones les regresaría el dinero entregado y los pasivos a su vez los aludidos documentos, evento que no se dio, tan es así que aquéllas obran en la indagatoria de origen. 67. En sustento a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 36, Volumen 56, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCION. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1o., fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal." 68. Lo que incluso se demuestra con el oficio número SEVITRA/DJ/DAJDH/1081/2018, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, de once de mayo de dos mil dieciocho, ya que de su tenor se aprecia que dicho funcionario informó que después de una minuciosa búsqueda en el Departamento de Recepción, Registro y Trámite no se encontró registro de trámite alguno a nombre de Óscar Gallegos Aquino y/o Jorge Gallegos Aquino, que no existe información que se resguarde o haya recibido bajo esos nombres y no existe expediente pendiente para estudio, factibilidad y otorgamiento de concesiones a nombre de aquéllos. 69. Documental pública a la que acertadamente se le concedió valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda vez que cumple con las exigencias del diverso 356, fracción II, del propio ordenamiento, pues se trata de un documento original expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y del que se advierte que el sujeto activo no realizó gestión alguna para obtener las concesiones que les prometió a los pasivos. 70. De igual forma, el suscrito coincide con la responsable en cuanto a que el segundo elemento del cuerpo del delito consistente en que con dicha promesa falsa obtenga un lucro indebido, se acredita con las denuncias de los pasivos Óscar Gallegos Aquino y Jorge Gallegos Aquino, ponderadas en párrafos anteriores, ya que de su tenor se aprecia que el siete de febrero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las dieciocho horas, el ofendido Jorge Gallegos Aquino le entregó al activo setenta y cinco mil pesos, correspondientes a la aportación solicitada por el agente del delito, en tanto que Óscar Gallegos Aquino le dio cincuenta mil pesos por el mismo concepto, y se le permitió entregar el resto (veinticinco mil pesos) el catorce de febrero de la propia anualidad, esto es, el inculpado se hizo de un lucro que asciende a la cantidad de ciento cincuenta mil pesos. 71. Lo que se robustece con las testimoniales de solvencia económica de Felipa Reyes Rojas y Aquilino Gallegos Caballero, pues la primera de las atestes al rendir su declaración, manifestó: "Quiero hacer mención que el dinero que mi esposo entregó al mencionado señor HOMERO HELÍ, es producto de parte de sus ahorros del dinero que obtiene de ser chofer de un taxi del centro y parte de ese dinero se lo presté yo a mi esposo ya que mi esposo reunió treinta mil pesos y yo le presté cuarenta y cinco mil pesos pues me dedico a la venta de productos de belleza por catálogo, además mi esposo y yo tenemos una tienda de abarrotes y pues las ganancias de mis ventas de catálogo y parte de la inversión que haría en la tienda de abarrotes pues se las presté a mi esposo para la obtención de esa supuesta concesión de taxi foráneo y además quiero que quede asentado que no tengo la necesidad de mentir al respecto, ya que lo que acabo de decir es cierto y no mi (sic) interés causarle un mal o perjudicar al señor HOMERO ELÍ IBAÑEZ MATADAMAS, pues únicamente quiero que el señor se haga responsable del compromiso que asumió con mi esposo y mi cuñado.". 72. Mientras que la segunda refirió lo siguiente: "Quiero mencionar a esta autoridad ministerial que mi hijo ÓSCAR GALLEGOS AQUINO, es muy trabajador y actualmente trabaja de chofer de un taxi del centro de la ciudad de Oaxaca y pues tiene sus ahorros sin embargo cuando me comentó lo de la concesión que le prometió ese señor HOMERO HELÍ, mi hijo me pidió prestada la cantidad de setenta mil pesos, a lo que le dije que no me era posible que tengo unos ahorros pero que no me alcanzaba esa cantidad fue que le presté únicamente la cantidad de cuarenta mil pesos, por esa razón el día siete de junio de dos mil dieciséis, pudo reunir la cantidad de cincuenta mil pesos y ya para el día catorce de junio de dos mil dieciséis él con sus ahorros y la venta de algunas de sus pertenencias, reunió la cantidad de veinticinco mil pesos que restaba, también quiero dejar en claro que los hechos que acabo de declarar los sé perfectamente por estuve (sic) esos días de la entrega del dinero que le hicieron mis hijos al señor HOMERO ELÍ, de quien manifiesto no tengo ningún rencor o mala fe sólo declaro lo que vi y me consta y que sea la justicia quien se encargue de castigarlo si lo amerita.". 73. A esas declaraciones válidamente se les concedió valor probatorio indiciario, acorde con lo dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al reunir las exigencias que prevé el ordinal 355, fracción VI, del propio ordenamiento, porque las personas que las produjeron tienen capacidad física intelectual, con instrucción suficiente y criterio necesario para comprender los hechos sobre los cuales depusieron, ya que la primera dijo contar con cuarenta y cinco años de edad, mientras que el segundo sesenta y ocho, con instrucción básica (primaria y secundaria), de ocupaciones la primera ama de casa y el segundo empleado jubilado; siendo que por los préstamos que les hicieron a los pasivos, en calidad de esposa de Jorge Gallegos Aquino y de padre del pasivo Óscar Gallegos Aquino, pudieron reunir las cantidades que les fueron solicitadas por el indiciado para la gestión de dos concesiones para taxi; conocen a los ofendidos dado el grado de consanguineidad que los une y por eso saben y les consta que eran solventes en el momento en que el sujeto activo recibió el dinero por parte de aquellos, sin que se advierta probanza alguna con la que se pueda determinar que fueron obligados a rendir sus declaraciones en ese sentido o que obraron en consecuencia, impulsados por error, engaño o soborno o bien, que fueron obligados por la fuerza o miedo, aunado a que para declarar en relación a esos hechos no se requieren de conocimientos especiales en alguna ciencia o materia, ya que es suficiente que se tenga capacidad auditiva y de visión. 74. Sirve de apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 325, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación "TESTIGOS SOBRE PREEXISTENCIA, PROPIEDAD Y FALTA POSTERIOR. SU DICHO DEBE VALORARSE A TRAVES DE LAS NORMAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. Cuando la preexistencia, propiedad y falta posterior pretendan demostrarse por medio de testigos, la declaración que al efecto se vierta debe ser analizada y contemplada a la luz de las normas establecidas para la prueba testimonial, pues no debe olvidarse que ante todo tienen tal carácter y de no reunir los requisitos que de la ley y la lógica se deriven resultará ineficaz para los fines perseguidos, siendo por ende incorrecto que el juzgador se limite a escuchar las declaraciones y darlas por buenas sin mayor estudio. 75. Incluso, se demuestra con la fe de documentos emitida por el Agente del Ministerio Público el diez de junio de dos mil dieciséis, de cuyo tenor se desprende que -como se vio líneas arriba- se certificó y se dio fe de tener a la vista los recibos que expidió el sujeto activo a Óscar Gallegos Aquino y a Jorge Gallegos Aquino, en los que aparece las cantidades que recibió de estos últimos, que en el caso resultaron ser setenta y cinco mil pesos por cada uno, ello bajo la falsa promesa de que a través de él obtendrían una concesión de taxis, lo que se reitera no aconteció, haciéndose de esa manera el inculpado de un lucro indebido que asciende a la cantidad de ciento cincuenta mil pesos. 76. Igualmente, con la fe de documentos de diez de febrero de dos mil dieciocho, ponderada líneas arriba, en la que el representante social certificó y dio fe tener a la vista las documentales que los ofendidos señalaron que el sujeto activo les dejó en garantía, a saber, la factura A5322 de veintitrés de mayo de dos mil doce, expedida por Autos Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Homero Helí Ibáñez Matadamas; y, la copia a color de la factura 11085, de seis de febrero de dos mil diez, expedida por Automotriz Bonn, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Ricardo Pablo Chompa Sánchez. 77. Máxime que este órgano jurisdiccional advierte que el propio contenido del oficio número SEVITRA/DJ/DAJDH/1081/2018, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, de once de mayo de dos mil dieciocho, patentiza que ni siquiera se encontró registro de trámite alguno a nombre de Óscar Gallegos Aquino y/o Jorge Gallegos Aquino, ni información que se resguarde o haya recibido bajo esos nombres, menos aún algún expediente pendiente para estudio, factibilidad y otorgamiento de concesiones a favor de aquéllos. 78. Por lo que hace a la lesión al bien jurídico tutelado, que en el caso resulta ser la afectación en el patrimonio de los sujetos pasivos Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino, se considera que se encuentra acreditada a consecuencia de los ciento cincuenta mil pesos, que corresponde a la cantidad total que le fue entregada al sujeto activo Homero Helí Ibáñez Matadamas; el primero de los pasivos, como se vio, realizó la entrega de setenta y cinco mil pesos el siete de febrero de dos mil dieciséis, mientras que el segundo, de cincuenta mil pesos en esa misma fecha y de veinticinco mil pesos el catorce de febrero siguiente. 79. En cuanto al objeto material del delito consistente en la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, se estima que se encuentra demostrado con la fe de documentos que realizó la autoridad ministerial el diez de junio de dos mil dieciséis, en la que certificó y dio fe de tener a la vista los recibos originales escritos a mano en tinta negra, de siete y catorce de febrero de dos mil dieciséis, por la cantidad de setenta y cinco mil pesos, cincuenta mil pesos y veinticinco mil pesos, los cuales firma como recibido el dinero Homero Helí Ibáñez Matadamas y como quienes entregan Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino, por concepto de trámite de concesión de taxis. 80. Con base en los medios de prueba antes destacados, la responsable atinadamente estableció que se causó el resultado material que lo constituye la disminución del haber patrimonial de los pasivos, el cual fue consecuencia de la conducta del sujeto activo que implicó una promesa a los pasivos de obtener dos concesiones para taxi y que para realizar los trámites respectivos les cobraría a cada uno setenta y cinco mil pesos (cantidad que precisamente fue entregada tal como pactaron), resultando que la referida promesa era falsa, ya que el inculpado sabía que tal acción no puede realizarse como él se lo explicó a los ofendidos, pues es de todos conocido que las concesiones se expiden por el Ejecutivo del Estado a personas que llevan un tiempo determinado como choferes de taxi, tan es así que aquél les manifestó que no había procedido el trámite de sus concesiones, que ya no tenía el dinero y que le hicieran como pudieran, acreditándose de esa manera el nexo causal entre la conducta desplegada por el sujeto activo y el resultado obtenido. 81. Al caso, es aplicable la tesis IV 3o. 144 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 415, tomo XV-II, Febrero de 1995, octava época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "NEXO DE CAUSALIDAD. Un hecho delictuoso, en su plano material, se integra tanto con la conducta como por el resultado y el nexo de causalidad entre ambos. La conducta puede expresarse en forma de acción (actividad voluntaria o involuntaria) y de omisión, comprendiendo esta última la omisión simple y la comisión por omisión. La teoría generalmente aceptada, sobre el nexo de causalidad no es otra que la denominada de la conditio sine qua non de la equivalencia de las condiciones positivas o negativas concurrentes en la producción de un resultado y siendo las condiciones equivalentes, es decir, de igual valor dentro del proceso causal, cada una de ellas adquiere la categoría de causa, puesto que si se suprime mentalmente una condición, el resultado no se produce, por lo cual basta suponer hipotéticamente suprimida la actividad del sentenciado para comprobar la existencia del nexo de causalidad". 82. Así, con base en las probanzas antes descritas, valoradas en lo individual y en su conjunto, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, la autoridad judicial concluyó que hasta esta etapa procesal se demuestran los elementos del cuerpo del delito de tráfico de plazas y servicios, toda vez que de acuerdo a los medios probatorios que obran en autos se aprecia que el siete de febrero de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en la calle Candelaria Loxicha, lote treinta, colonia Guelaguetza Santa María Atzompa, Centro, Oaxaca de Juárez, el sujeto activo prometió falsamente a los pasivos Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino que obtendrían una concesión para prestar los servicios y trabajar un taxi del sitio libre foránea El Rosario, a cambio de un primer pago consistente en setenta y cinco mil pesos por cada uno, el cual fue entregado por el primero de los ofendidos mencionados en una sola exhibición, mientras que el segundo, únicamente entregó cincuenta mil pesos y el catorce de febrero siguiente, los veinticinco mil pesos restantes, firmándoles el inculpado recibos en donde consta que había recibido dichas cantidades; posteriormente, el cinco de junio de dos mil dieciséis, los sujetos pasivos se apersonaron al domicilio del inculpado, quien al verlos les dijo: "fíjense carnales que sus trámites no prosperaron, pues no se hizo lo de sus concesiones y pues ya no hay vuelta de hoja, sus expedientes están iniciados (sic) solo que no fueron aprobados, y pues no se hizo" a lo que manifestaron que no había problema pero que les devolviera el dinero que le dieron y aquél respondió "deben de saber que el trámite se hizo y pues ya se invirtió y nimodos que yo pierda para reponerles su dinero, o mi cuate, no amigos el dinero ya se invirtió y fue mala suerte la que tuvieron y pues ya denlo como dinero invertido y perdido y háganle como quieran pero no les voy a devolver nada del dinero, pues como ya les dije, ya se invirtió y pues les tocó mala suerte, ya no quedó de mí, pues sus expedientes se iniciaron pero no salieron sus concesiones" y cerró su puerta, causándoles de esta manera merma económica al patrimonio de aquéllos, lesionando así el bien jurídico tutelado por la norma. 83. Valoración que este órgano jurisdiccional consideró correcta, ya que al unir los medios de convicción logró integrar la prueba circunstancial, la cual resulta de la apreciación en conjunto de los elementos de prueba que aparecen en el proceso, mismos que no deben de considerarse aisladamente, habida cuenta que cada uno constituye un indicio y de su enlace armónico, lógico y natural, inequívocamente lleva a la verdad buscada. 84. A mayor abundamiento, la resolutora al emitir el acto reclamado realizó un correcto estudio del material probatorio existente en el expediente, pues al valorarlo se sujetó a las reglas contenidas en el referido código adjetivo de la materia y fuero, mismos que al ser considerados en lo individual como indicios, en su conjunto hacen prueba plena, pues para apreciarlos de tal manera, se debe de tener como punto de partida hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con los hechos ilícitos, tal y como lo realizó la citada responsable. 85. Sirve de apoyo a lo precedente la tesis 1a. CCLXXXV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1056, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible sostener la responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario existiría una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. En torno a la inferencia lógica, la misma debe cumplir con dos requisitos: a) la inferencia lógica debe ser razonable, esto es, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia. En algunos casos, la hipótesis generada por la prueba circunstancial se basa en afirmaciones absolutamente imposibles física o materialmente, así como inverosímiles, al contener una probabilidad mínima de que se hubiese actualizado, en contraste con otras hipótesis más racionales y de mayor conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia. Así, cuando los mismos hechos probados permitan arribar a diversas conclusiones, el juzgador deberá tener en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima como conveniente; y b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos. Ello debido a que los indicios plenamente acreditados pueden no conducir de forma natural a determinada conclusión, ya sea por el carácter no concluyente, o excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia." 86. En lo atinente a la probable responsabilidad penal de Homero Helí Ibáñez Matadamas, en la comisión del delito de tráfico de plazas y servicios, en perjuicio patrimonial de Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino, la autoridad responsable estimó que se acreditaba en autos en términos de lo dispuesto por los artículos 25, última parte, y 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en relación con el 11, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con todos los elementos probatorios que sirvieron de base para tener por acreditados los elementos del cuerpo del ilícito, los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho delictuoso y la probable responsabilidad del activo en su comisión son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del hecho delictuoso y, por otro, acreditar de manera probable la intervención de una persona en su perpetración; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. 87. Es aplicable por su contenido, la jurisprudencia 500, publicada en la página trescientos ochenta y cuatro del tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Penal, que indica: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías." 88. Esa determinación que se estima acertada, porque con los medios de prueba valorados de forma individual y en conjunto, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 354, 355 y 356 del código adjetivo penal, se acredita al menos de manera probable que Homero Helí Ibáñez Matadamas perpetró el ilícito de tráfico de plazas y servicios, previsto y sancionado por el artículo 240 Ter del Código Penal del Estado de Oaxaca, en perjuicio patrimonial de Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino, ya que se evidenció que estos últimos entregaron setenta y cinco mil pesos cada uno, el primero en una sola exhibición el siete de febrero de dos mil dieciséis y, el segundo, en dos (cincuenta mil y veinticinco mil pesos, en la fecha antes indicada y el catorce de febrero siguiente), obteniendo de esa manera un lucro indebido por esa cantidad, con la falsa promesa que les hizo a los pasivos de que era el primer pago para la obtención de dos concesiones para taxi del sitio libre El Rosario, de los azules con blanco. 89. Esto es, se llega al convencimiento de que el siete de febrero de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en la calle Candelaria Loxicha, lote treinta, colonia Guelaguetza Santa María Atzompa, Centro, Oaxaca de Juárez, el sujeto activo Homero Helí Ibáñez Matadamas prometiéndole falsamente a Jorge Gallegos Aquino y Óscar Gallegos Aquino que obtendrían una concesión para prestar los servicios de taxi del sitio libre foráneo El Rosario, pidiéndoles a cambio un primer pago consistente en setenta y cinco mil pesos por cada uno, lo que aconteció el siete de febrero de dos mil dieciséis, ya que el primero de los ofendidos le entregó setenta y cinco mil pesos, mientras que el segundo, le dio cincuenta mil pesos y el catorce de febrero siguiente, los veinticinco mil pesos restantes, firmándoles el indiciado recibos por las referidas cantidades; luego, el cinco de junio de dos mil dieciséis, los pasivos se apersonaron al domicilio de aquél, quien al verlos les manifestó: "fíjense carnales que sus trámites no prosperaron, pues no se hizo lo de sus concesiones y pues ya no hay vuelta de hoja, sus expedientes están iniciados (sic) solo que no fueron aprobados, y pues no se hizo" a lo que manifestaron que no había problema pero que les devolviera el dinero que le dieron y aquél respondió "deben de saber que el trámite se hizo y pues ya se invirtió y nimodos que yo pierda para reponerles su dinero, o mi cuate, no amigos el dinero ya se invirtió y fue mala suerte la que tuvieron y pues ya denlo como dinero invertido y perdido y háganle como quieran pero no les voy a devolver nada del dinero, pues como ya les dije, ya se invirtió y pues les tocó mala suerte, ya no quedó de mí, pues sus expedientes se iniciaron pero no salieron sus concesiones" y cerró su puerta, causándoles de esta manera merma económica al patrimonio de aquéllos, lesionando así el bien jurídico tutelado por la norma. 90. Así, con las referidas probanzas se dedujo que la intervención del inculpado Homero Helí Ibáñez Matadamas es de autor material, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ya que de acuerdo con la mecánica de los hechos, se advierte que realizó los realizó por sí mismo, teniendo el dominio funcional. 91. Máxime si se toma en cuenta para el libramiento de la orden de aprehensión la ley solo exige indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable responsabilidad del incoado en la comisión del ilícito que se le atribuye. 92. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LVII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 514, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." 93. En ese contexto, se concluye que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable citó los fundamentos legales aplicables al caso concreto y los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían medios de convicción que denotaban hasta ese momento que el aquí quejoso es probable responsable en la comisión de ese ilícito. 94. Finalmente, en cuanto a la calificativa del argumento expuesto el quejoso inherente a que las autoridades responsables infringen en su perjuicio el derecho humano tutelado por el numeral 20 de la Carta Magna, porque -desde su opinión- durante la averiguación previa debieron observarse las garantías que prevén las fracciones I, V, VII y IX, así como que lo dispuesto por la fracción II no está sujeto a condición alguna, se justifica de la siguiente manera: 95. Las garantías previstas en dicho precepto, como es el caso de las fracciones I, II, V, VII y IX, producen las consecuencias que prevé, una vez que el gobernado se encuentra en el supuesto de la ley ordinaria , esto es, cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, las que deben ser respetadas sin condición alguna, sólo observando las limitaciones contempladas por la propia ley para cada caso concreto. 96. En ese orden, el ejercicio de ese derecho está condicionado a que el indiciado comparezca personalmente ante la autoridad ministerial, pues sólo hasta que el representante social ha desahogado previamente las diligencias tendentes a comprobar que existe el cuerpo del delito denunciado y ha determinado que la persona señalada como indiciada en realidad reúne ese carácter, podrá detenerla o citarla a comparecer, hacerle saber la imputación existente en su contra y el nombre del denunciante o querellante, en términos del artículo 22, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, por lo que será a partir de ese momento cuando estará en condiciones de ejercer su defensa y ofrecer pruebas, pues de otro modo desconocerá cuáles son exactamente los cargos a desvirtuar. 97. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 126/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2158, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL DERECHO DEL INDICIADO PARA OFRECER PRUEBAS ESTÁ CONDICIONADO A QUE COMPAREZCA PERSONALMENTE ANTE LA AUTORIDAD MINISTERIAL (LEGISLACIÓN FEDERAL). El artículo 20, apartado A, fracción V, en relación con su fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, prevé el derecho del indiciado a ofrecer pruebas durante la fase de averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan. Por otra parte, el artículo 128, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, dispone que cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, éste procederá de inmediato a hacerle saber los derechos constitucionales que le asisten, entre ellos, el de ofrecer pruebas en la etapa ministerial. Ahora bien, el ejercicio de ese derecho está condicionado a que el indiciado comparezca personalmente ante la autoridad ministerial, pues sólo hasta que el representante social ha desahogado previamente las diligencias tendentes a comprobar que existe el cuerpo del delito denunciado y ha determinado que la persona señalada como indiciada en realidad reúne ese carácter, podrá detenerla o citarla a comparecer, hacerle saber la imputación existente en su contra y el nombre del denunciante o querellante, en términos del artículo 128, fracción II, del ordenamiento legal en cita, por lo que será a partir de ese momento cuando estará en condiciones de ejercer su defensa y ofrecer pruebas, pues de otro modo desconocerá cuáles son exactamente los cargos a desvirtuar.". VII. DECISIÓN 98. Consecuentemente, al resultar jurídicamente ineficaces e infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. 99. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Fiscal General, Vicefiscal General de la Zona Centro, Director de Averiguaciones Previas y Procesos, Coordinador y Comandante Encargado del Grupo de Aprehensiones adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones, todos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Oaxaca, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la autoridad jurisdiccional. 100. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". 101. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Homero Helí Ibáñez Matadamas, contra los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, así como la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, conforme a lo expuesto en el apartado VII de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Homero Helí Ibáñez Matadamas respecto de los actos reclamados al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al Fiscal General, al Vicefiscal General de la Zona Centro, al Director de Averiguaciones Previas y Procesos, al Coordinador y al Comandante Encargado del Grupo de Aprehensiones adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones, todos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Oaxaca, en términos del apartado X de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy. La razón esencial: se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere al artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada se imponga de los autos; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las doce horas con cuarenta minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Leonel Medina Rubio Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la secretaria Miriam Fabiola Núñez Castillo, que autoriza y da fe.

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