Homero Eduardo Flacón Martínez

Expediente 918/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
918/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Homero Eduardo Flacón Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 41 a 45), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal e incidente. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. IV. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, por conducto del Actuario de la adscripción, devuélvase mediante oficio a la autoridad responsable denominada Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, la documental que anexó a su informe justificado, con la cual se ordenó formar el tomo I de pruebas, tal como se advierte en el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 29).

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el oficio número 385/2019, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar en el Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 11/2019-CEGS, del índice de este Juzgado de Distrito, toda vez que se emplazó al tercero interesado ***. Ante ello, acúsese recibo a la autoridad oficiante, y dése de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se agrega a los autos el oficio 39/2019-T, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente no especificado relativo a la adecuación de la pena, derivado de la causa penal 139/2018. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte lo siguiente: I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 1 y 4), ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. Por el acto reclamado siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Del c. Juez responsable, reclamo la omisión consistente en no darme contestación por escrito, al INCIDENTE NO ESPECIFICADO SOBRE ADECUACIÓN DE PENA que le hice mediante escrito presentado el 28-veintiocho de septiembre del año que transcurre, dentro de la causa penal número 139/2018, (antes 339/2010, del índice del desaparecido Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila); seguido contra la suscrita quejosa, y otro, por el delito de SIMULACIÓN DE ACTO JURÍDICO; y que me permito acompañar, el cual, no se me ha contestado hasta el día de hoy. Y sin embargo, el 19-diecinueve de octubre de la presente anualidad, dictó un proveído en el que ordena llevar a cabo a las 10:00-diez horas del 08-ocho de Noviembre del presente año, una audiencia incidental dentro del INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE REVOCACIÓN DE LA CONDENA CONDICIONAL, (beneficio del que en la actualidad goza la suscrita); auto que me fue notificado el 31-treinta y uno de Octubre de la misma anualidad: diligencia de notificación que me permito acompañar para los efectos conducentes. Lo apuntado en el párrafo inmediato anterior, conlleva a la suscrita quejosa a señalarlo como un acto que también vulnera mis derechos fundamentales, al sentir por parte de la autoridad responsable, una conducta arbitraria desplegada en mi perjuicio; lo anterior es así, porque no hay explicación de el porque la responsable el 19-dicienueve de octubre último, dicta el proveído para resolver la incidencia relativa a la revocación del beneficio en comento, cuando de manera lógica, debido pronunciar el escrito presentado por la suscrita quejosa 21-veintiún días antes, o sea, el 28-veintiocho de septiembre del presente año." II.-Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 10 a 12), se previno la demanda para el efecto de que la parte quejosa aclarara lo siguiente: 1) Especificara el acto reclamado; 2) Narrara bajo protesta de decir verdad; a) La totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, en específico de la causa penal 139/2018, incluyendo el incidente no especificado de revocación de la condena condicional; y, b) Si ya se dictó resolución incidental dentro del incidente no especificado de revocación de la condena condicional, y en su caso señale la fecha. Posteriormente, mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 17 a 22), se tuvo a la parte quejosa ***, desahogando la prevención que se le hizo el seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 10 a 12); por tal motivo, se proveyó lo siguiente: Se desechó la demanda de amparo en relación con el acto reclamado consistente en: Acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido dentro de la causa penal 139/2018, en el cual se señaló fecha y hora para la audiencia incidental dentro del incidente no especificado de revocación de la condena condicional. Sin embargo, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, en relación con el acto reclamado consistente en: Omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 139/2018, que se instruyó en su contra por el delito de simulación de acto jurídico, en el que solicitó el incidente no especificado sobre adecuación de pena. Escrito de demanda que se registró en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número estadístico 918/2018; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 139/2018, que se instruyó en contra de la aquí quejosa por el delito de simulación de acto jurídico, en el que solicitó el incidente no especificado, sobre adecuación de persona. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ahora bien, del informe justificado, remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, informó que dentro de la causa penal 139/2018, que se instruye a la aquí quejosa ***, por el delito de simulación de acto jurídico, se desprende que el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se señaló fecha de audiencia incidental, señalándose las diez horas del siete de diciembre del año en mención. Por tanto, del oficio y anexo de cuenta, se desprende que el juez responsable en fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictó la resolución incidental dentro del incidente no especificado sobre adecuación de la pena (fojas 38 y 39). Conviene transcribir al respecto, el punto conducente de la resolución emitida por la autoridad responsable: ".PRIMERO.- Habiéndose agotado el trámite incidental, por los motivos que se exponen en esta resolución, se determina procedente conceder a HOMERO EDUARDO FALCÓN MARTÍNEZ Y MARÍA DEL CARMEN REYES NISSINO, SOBRESEIMIENTO por extinción de la pena privativa de prisión impuesta, no así, respecto a la Reparación del daño respecto de la cual se deja a las partes la vía civil, para que en la vía de apremio se haga efectiva la condena de reparación en el patrimonio de los responsables. SEGUNDO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, comuníquese lo anterior al Director del Centro Penitenciario Varonil y Femenil para su conocimiento y efectos legales que corresponda." Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, analizado lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que la quejosa especificó como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, de pronunciarse sobre el incidente no especificado sobre adecuación de la pena, en los autos de la causa penal 139/2018, y del oficio y anexo de cuenta, se aprecia que el doce de diciembre del año próximo pasado (fojas 38 y 39), emitió resolución incidental con motivo del incidente no especificado sobre adecuación de la pena, y decretó el sobreseimiento por extinción de la pena privativa de prisión impuesta al quejoso, lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. Lo que se corrobora de las constancias (fojas 37 a 39) que se digitalizan a continuación: En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja insubsistente la fecha y hora de la audiencia constitucional. En vista de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 35).

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra en vías de diligenciación el despacho 11/2019-CEGS, que se libró mediante proveído de diecisiete de enero del año en curso, al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de emplazar al tercero interesado ***. No obstante lo anterior, requiérase al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, informe a este Juzgado de Distrito el estado que guarda dicho despacho, y lo remita a la brevedad posible con las constancias que acrediten su diligenciación. Se apercibe que de no hacerlo, se impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, para su celebración.

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