Homero Carreño Bustamante

Expediente 57/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
57/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Homero Carreño Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Homero Carreño Bustamante; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista al quejoso en cumplimiento al proveído de dieciséis de febrero del actual. II-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo en materia laboral promovida por Homero Carreño Bustamante, por propio derecho, contra actos de los Miembros que integran la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Santa María Huatulco, Oaxaca, que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo la resolución del expediente laboral número 103/2016 radicado en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, derivado del incidente de incompetencia planteado por la parte demandada, y en donde los miembros que integran dicha junta se declaran incompetentes y declinan la competencia a favor de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje" (sic). Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; y, regístrese con el número 57/2018, que le correspondió. Resulta oportuno analizar la aludida demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII del mismo cuerpo de normas. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que al actualizarse alguna causal de improcedencia se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, resulta improcedente el juicio de amparo, toda vez que al tratarse de un acto emitido dentro de juicio laboral, en la especie, no se trata de un acto de imposible reparación, en términos del artículo 105, fracción V, de la Ley de Amparo. Como se puede observar, de la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se advierte como requisito para la procedencia del amparo indirecto en contra de aquellos actos emitidos dentro de un juicio, conforme al artículo, fracción e inciso plasmado, que tales actos deben ser de imposible reparación. Pues bien, sobre dicho tema (actos de imposible reparación) nuestro Más Alto Tribunal ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia, en muchas veces contradictorias, mismas que ha plasmado en criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior ocurría así, en virtud de que el legislador no se ocupaba de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto, que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Sobre dicho tópico, el Pleno del Máximo Tribunal del País fijó un parámetro en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 39, con número de registro 2006589, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En dicha ejecutoria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó que para ser calificados como actos de imposible reparación o irreparables, éstos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior implica que una violación procesal o adjetiva, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos que no puedan ser reparables. Ahora, la parte quejosa reclama substancialmente, la resolución dictada el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el expediente laboral número 103/206, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Santa María Huatulco, Oaxaca, derivado del incidente de incompetencia planteado por la parte demandada, y en la cual se declaró incompetente dicha junta y declinó su competencia a favor de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, tomando en cuenta que el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta Ley". De lo expuesto, se advierte que el amparo indirecto contra la resolución reclamada, relativa a una cuestión de competencia, es improcedente, ya que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, en virtud de que la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a favor de la cual la Junta responsable declinó su competencia para seguir conociendo del juicio laboral número 103/2016, de su índice, aún no decide si admite la competencia o no la admite, como no puede presuponerse tal aceptación porque a dicho tribunal no le obliga la resolución reclamada emitida por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en santa María Huatulco, Oaxaca, debe concluirse que dicha resolución no causa perjuicio al quejoso, como exige el artículo 6°, en relación con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, el aludido artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, prevé la continuación del procedimiento para el caso de que la junta o tribunal que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, al ordenar la remisión inmediata del expediente a la autoridad que deba decidir la competencia en los términos del diverso artículo 705 de dicho ordenamiento legal, que señala cuáles autoridades y en qué casos tienen facultades para resolver. Por lo que al no ser definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto la resolución de incompetencia reclamada, en razón de que conforme al aludido artículo 701, tal resolución forma parte de un incidente de competencia inconcluso, por lo que no es susceptible de ocasionar, como ya se dijo, perjuicios que sean de imposible reparación, los que en su caso, sólo podrían irrogar la resolución que en definitiva se dicte en el procedimiento competencial. En consecuencia, por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, del Tomo VIII, Octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 207880, cuyo tenor literal es: "INCOMPETENCIA EN MATERIA LABORAL RECLAMADA EN AMPARO. SI SE IMPUGNA LA RESOLUCION DE UNA JUNTA QUE SE DECLARA INCOMPETENTE Y REMITE LOS AUTOS AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SIN QUE ESTE HAYA EMITIDO RESOLUCION SOBRE SI ES COMPETENTE O NO LO ES, EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Por virtud de lo establecido en el artículo 4o., en relación con la fracción XVIII del artículo 73, ambos de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de garantías es necesario que exista una afectación real y directa en agravio del quejoso; por tanto, si éste reclama la resolución de incompetencia dictada por una Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al que dicha Junta remitió el expediente aún no decide si admite la competencia o no la admite, como no puede presuponerse tal aceptación porque a dicho tribunal no le obliga la resolución de la Junta, debe concluirse que la resolución reclamada no causa perjuicio al quejoso, como exige el primero de los preceptos citados, por lo cual debe sobreseerse en el amparo". Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a fojas 279, del tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 227013, cuyo rubro y texto son: "INCOMPETENCIA, EL AMPARO INDIRECTO NO ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR LA RESOLUCION EN QUE UNA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DECLARA SU. Si en acatamiento del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta de oficio se declara incompetente para conocer del juicio laboral y ordena remitir los autos a la junta o tribunal de trabajo que estima competente, esa resolución no queda comprendida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que el propio artículo 701, prevé la continuación del procedimiento para el caso de que la Junta o Tribunal que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, al ordenar la remisión inmediata del expediente a la autoridad que deba decidir la competencia en los términos del diverso artículo 705, que señala cuáles autoridades y en qué casos tienen facultades para resolver". Y, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que se invoca por identidad de razones jurídicas, publicada en la página 1663, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008820, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN) 5o.18 L (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión 234/2014 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, emitió la tesis (V Región)5o.18 L (10a.), en la que sostuvo que aun cuando el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria que declara improcedente la excepción de incompetencia planteada en un juicio laboral, no encuadra en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstas en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, atinentes a actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo cierto es que se ubica en la fracción V de dicho precepto, relativa a actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la incompetencia planteada involucra a órganos jurisdiccionales de distinto régimen, como lo son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a abandonar ese criterio y a sostener que, tratándose de la resolución de una cuestión de competencia, como lo es aquella que determina que el juzgador de origen sí es competente para conocer la acción ejercida ante él y dilucidar el juicio correspondiente y no el órgano perteneciente a un régimen distinto, el amparo indirecto es improcedente, ya que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, independientemente de que la cuestión de incompetencia planteada comprenda órganos jurisdiccionales de regímenes distintos y que, al resolverse dicha cuestión, implícitamente se determine cuál es la legislación aplicable conforme a la cual será analizada y resuelta la litis, atendiendo precisamente al régimen al que se encuentre sujeto el órgano declarado competente, reflejándose, de esa manera, en las cuestiones de fondo, dado que ello no representa un impedimento en el libre ejercicio de alguno de los derechos sustantivos a la libertad, propiedad, posesión u otros semejantes, como los derechos de familia o los que nacen de las relaciones de trabajo, entre otros y, por lo mismo, no involucran su afectación material, sino que la resolución indicada sólo tiene el efecto de someter a las partes a las determinaciones que se tomen dentro de un procedimiento jurisdiccional para dilucidar el juicio y resolver la controversia, lo que significa una afectación a derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, por lo que la asunción de la competencia sólo podrá controvertirse al promoverse el amparo directo". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En cuanto a los estrados de este juzgado que señala el quejoso como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 195064, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Edilberto Oswaldo Pablo Soto. Por otra parte, téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a Gabriel Heldail García García, toda vez que no existe registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista al quejoso, en cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo. II-B

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