Homelino Toledo Cortés
Expediente 473/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Homelino Toledo Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; en atención a su contenido, se le informa al citado homólogo federal que el nueve de junio del año en curso, este órgano determinó seguir conociendo del presente juicio, y seguidos los trámites, el veintinueve de junio pasado se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. CÚMPLASE. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Sofía Velasco García, quien autoriza y da fe.
- Principal
...Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de garantías promovida por Homelino Toledo Cortes; como esa determinación no fue recurrida a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
...Agréguese el escrito del quejoso ***, con el cual, cumple en tiempo con la prevención que se le efectuó el nueve de junio de dos mil veintidós, y manifiesta que señala como autoridad responsable a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, se provee: Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el presente caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se advierte que el quejoso reprocha de las autoridades responsables, Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esencialmente, la omisión de cumplir, hacer cumplir, vigilar y agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de veinte de febrero de dos mil veinte emitida dentro del controvertido 2172/19-PC3-2, así como, la resolución interlocutoria de catorce de febrero pasado, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, respecto al acto reclamado, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.) En relación con el principio de definitividad, al resolver la contradicción de tesis 306/2021 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Indicó que el recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, INCLUSO, LA DE RESOLVER QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. Concluyó, que en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, previo acudir al juicio de amparo, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Lo que cobra sentido con la interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el contenido del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se sostuvo que el poder Legislativo doto de independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios sometidos a su jurisdicción y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz, lo que implica la ejecución y cumplimiento de sus propias determinaciones. En efecto, la Ley de la materia, reconoce la existencia de un procedimiento de ejecución de sentencias previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual fue diseñado precisamente para realizar todas las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, privilegiando en todo momento el eficaz cumplimiento de la sentencia de nulidad. Así, la intervención de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe ser activa, pues se encuentra obligado constitucionalmente a velar por el cumplimiento de sus resoluciones, aplicando, de ser necesario, supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, según lo establece el artículo 1, de la Ley que rige su actuar. Estimar lo contrario, implicaría sustituir a la autoridad responsable en sus obligaciones con las que cuenta para hacer cumplir sus determinaciones o sentencias; de ahí que, la Sala es la responsable de seguir requiriendo el cumplimiento de la sentencia al funcionario público que sustituya al sancionado, hasta lograr su debido cumplimiento. Para mayor claridad se transcribe el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: (.) De dicho precepto legal se infiere la posibilidad que tiene la parte actora de ocurrir al recurso de queja ante la Sala Regional por la omisión de la autoridad demandada en acatar la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Asimismo, establece que dicho medio de impugnación - queja-, tratándose de los casos señalados en el subinciso 3, del artículo 58 invocado, se puede promover en múltiples ocasiones hasta lograr el cumplimiento del fallo de nulidad, o bien, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. Ahora bien, como quedó precisado con antelación, el solicitante de amparo, reclama en esta instancia constitucional esencialmente, la omisión de cumplir, hacer cumplir, vigilar y agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de veinte de febrero de dos mil veinte emitida dentro del controvertido 2172/19-PC3-2, así como, la resolución interlocutoria de catorce de febrero pasado, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, contra el incumplimiento de la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad, el aquí quejoso debe promover el recurso de queja, en términos artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual resulta ser el idóneo y eficaz para que la autoridad demandada cumpla con la obligación a que le constriñe la citada resolución, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. (.) Por ello, si la parte quejosa tiene a su alcance el mencionado medio ordinario para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, entonces debe agotar la instancia jurisdiccional administrativa referida, a saber, el recurso de queja, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, como quedó precisado con anterioridad, puede hacerlo valer más de una vez y en cualquier momento, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XX, 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Homelino Toledo Cortes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
...Glósese el oficio del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y anexo, consistente en el juicio de amparo 473/2022, del índice de este órgano, promovido por Homelino Toledo Cortés, contra actos de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, y otra autoridad. Acúsese recibo. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, en el que se transcribe el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se advierte que el homólogo federal, no aceptó la competencia que le fue declinada. Lo anterior, debido a que consideró que la autoridad a quien se le atribuye el acto reclamado no fue señalada como autoridad responsable. En razón de lo antes expuesto, este Juzgador ordena continuar con la tramitación del presente asunto. Al efecto, se provee: Prevención Ahora, una vez analizada integralmente la demanda de amparo promovida por el quejoso Homelino Toledo Cortés; con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con los diversos 108, fracción III, y 110 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que en el plazo de cinco días, computados legalmente, realice lo siguiente: Precise si señala como autoridad responsable a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles. Lo anterior, pues en el capítulo relativo a las autoridades responsables, manifiesta que el acto reclamado se lo atribuye al Delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, en los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente: "(.) El 3 de junio del año 2019 se admitió la demanda y dicho juicio fue radicado en la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo el número de expediente 2172/19-15-01-8, posteriormente se remitió a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, para su trámite procesal el cual quedo radicado con el número de juicio 2172/19-PC3-2. (.)". Lo anterior permite constatar que no existe claridad en cuanto a la autoridad responsable, pues por una parte, el quejoso refiere que el acto que reclama se lo atribuye a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por otra, refiere que, quien conoce actualmente del expediente de donde emana el acto reclamado, es la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que resulta esencial que precise con exactitud la autoridad responsable a quien atribuye el acto que reclama, a efecto de que esta, rinda su informe con justificación y este órgano de control de regularidad constitucional cuente con los elementos necesarios para la tramitación de este asunto. b) Exhiba las copias necesarias del escrito aclaratorio con el que desahogue la presente prevención. Bajo apercibimiento que de no cumplir con los puntos antes descritos se tendrá su demanda por no presentada, de conformidad con el artículo 114 párrafo penúltimo, del ordenamiento legal invocado. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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