Homar Isaias Cadena Bustamante
Expediente 1779/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Homar Isaias Cadena Bustamante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V. RESUELVE: PRIMERO. Es procedente el presente incidente de liquidación de sentencia. SEGUNDO. Se actualiza la planilla de liquidación de sentencia, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en favor de la parte quejosa ***, por las cantidades precisadas en esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado devuelve autos originales Agréguese a los autos el oficio de la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del presente juicio de amparo, en razón de que se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra el desechamiento del diverso recurso de queja presentado por las autoridades responsables contra el auto por el que se admitió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. En ese sentido, acúsese recibo de los autos remitidos para los efectos a que haya lugar en el recurso de queja número *** de su estadística. Levantan reservas. En virtud de lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se reservó proveer lo conducente en acuerdos de siete, nueve, catorce, veinticinco y veintinueve de agosto del año en curso; hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto la admisión del incidente de liquidación de sentencia; lo que ya aconteció; por ello, se acuerda lo siguiente: Pruebas: En primer término, se advierte que la parte quejosa y las autoridades responsables desahogaron en tiempo la vista ordenada en acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, de lo que se provee: Parte quejosa Ofreció la prueba pericial en materia de contabilidad, a fin de demostrar que no se le ha pagado por parte de las autoridades responsables el total de las cantidades y prestaciones a las que tiene derecho, a cargo del perito en contaduría que designe el Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Republica delegación Puebla. Asimismo, la prueba presuncional legal y humana. Formuló cuestionario para el desahogo de la pericial en comento. Autoridades responsables Ofrecieron las pruebas documental pública consistente en todo lo actuado en el presente asunto. Asimismo, la prueba instrumental pública de actuaciones. La presuncional legal y humana Ampliaron el cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial en materia de contabilidad; y Solicitaron se gire oficio a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Fiscalía General de la República o cualquier otra institución que se considere para que se les proporcione perito en la materia de contabilidad de manera gratuita. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana, ofrecidas por las partes, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar cuenta con ellas en la audiencia incidental. Sin que pase inadvertido que las autoridades responsables hayan ofrecido como prueba documental pública las actuaciones del asunto en que se actúa, pues al formar parte de la instrumental las actuaciones del juicio de amparo debe considerarse que se encuentran contempladas dentro de la misma. Ahora, por cuanto hace a la prueba pericial en materia de contabilidad, las partes solicitan se giré oficio a la Fiscalía General de la República para que se designe uno en la materia de manera gratuita. Al respecto, se precisa que en acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés se requirió a la referida fiscalía proporcionara profesional que, de manera gratuita, pudiera fungir como perito oficial en el presente asunto en materia de contabilidad, por lo que designó a ***. En ese sentido, dicha probanza se desahogara únicamente a cargo del perito oficial. Se requiere aceptación de cargo. En consecuencia, requiérase al perito oficial designado *** por conducto del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional si voluntariamente acepta el cargo de perito oficial. En ese sentido, tomando en consideración que el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, prevé la posibilidad de que la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de medios tecnológicos, por lo que se hace del conocimiento que la persona designada para comparecer, puede aceptar y protestar el cargo conferido por escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Datos generales. Edad, estado civil, lugar de nacimiento y lugar de residencia, ocupación y domicilio para oír y recibir notificaciones. Aceptación del cargo. El representante deberá asentar de manera expresa que acepta y protesta el cargo conferido. Además, deberá remitir copia certificada de una identificación oficial vigente (incluida la expedida por la dependencia a la que se encuentra adscrito). Para lo anterior, se hace de su conocimiento que, de manera preferente, puede remitir dicha información a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe, cuente con firma electrónica. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, ello de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Cuestionario Por otra parte, se tiene a las partes formulando cuestionario de los puntos sobre los que debe versar la prueba pericial y con los cuestionarios de mérito, córrase traslado a las partes respectivamente para su conocimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ESTE EXHIBIÓ. *** De igual manera, en términos del citado numeral 67 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales remitidas por el presidente municipal y secretario de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del municipio de Tepeaca, Puebla, y recibidas en acuerdo de veinticinco de agosto pasado, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar cuenta con ellas en la audiencia incidental. Manifestaciones de la parte quejosa En otro aspecto, respecto a las manifestaciones formuladas por *** autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en torno a los recibos de nómina de recibidos remitidas por las autoridades responsables, por lo que solicita se regularice el procedimiento. Indíquesele, que con fundamento en el citado artículo 67 de la ley de la materia, ténganse por vertidas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, debiendo darse cuenta con ellos en la audiencia incidental de liquidación de sentencia y de lo que se acordará lo conducente. Asimismo, córrase traslado a las demás partes para su conocimiento. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Se declara cumplida sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa desahogó la vista que les fue otorgada mediante auto de cuatro de octubre del año en curso, se procede a hacer el pronunciamiento respectivo sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "X. DECISIÓN En primer término, ante la inexistencia del acto respecto de las autoridades responsables señaladas en el punto IV de esta sentencia, lo procedente es sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, en atención a los razonamientos expuestos y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estimó vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Jefe de Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba Veracruz, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente el oficio 329102900110/PENS/122 del treinta de junio de dos mil veinte, por el que se desechó el trámite de pensión por cesantía en edad avanzada, hasta en tanto no se resuelva la investigación que se hubiera instaurado en su contra, o bien, de ser el caso, la autoridad penal emita una medida provisional al respecto. Además, deberá realizar el pago de las cantidades que se dejaron de cubrir por concepto de la citada pensión desde que se emitió el oficio de desechamiento reclamado [considerando aquellas que ya fueron pagadas con motivo del incidente de suspensión de este juicio de amparo]. Cabe destacar que la concesión del amparo en los términos señalados, no impide que, en uso de sus facultades y con base en el cúmulo probatorio que obre en sus archivos, el Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social responsable, esté en aptitud de emitir una determinación observando los requisitos constitucionales y legales correspondientes.." Ejecutoria En auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. Atento a lo anterior, mediante oficio registrado con número de promoción 12248, el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del órgano de Operación Administrativa Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Orizaba, Veracruz, informó lo siguiente: Determinó dejar sin efectos el oficio 329102900110/PENS/122 del treinta de junio de dos mil veinte, por el que se desechó el trámite de pensión por cesantía en edad avanzada de la parte quejosa. Estableció que la cantidad que la parte quejosa dejó de percibir desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, al mes de mayo de dos mil veintitrés, equivalía a la cantidad de $797,444.84 (setecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 84/100 moneda nacional), y que dicha cantidad sería pagada de forma mensual -empezando en el mes de julio del año en curso- con pagos que ascienden a la cantidad de $88,604.98 (ochenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 98/100 moneda nacional). Posteriormente, mediante oficio con registro 16126, la autoridad responsable remitió copia certificada del informe de pago correspondiente al mes de julio del año en curso, por la cantidad de $88,604.98 (ochenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 98/100 moneda nacional). Luego, mediante oficio registrado con número de folio 18072, se tuvo al Jefe del Departamento responsable, remitiendo copia certificada de consulta de pagos y descuentos por grupo familiar de la parte quejosa, del que se advierte tres pagos por la cantidad de $88,604.98 (ochenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 98/100 moneda nacional), correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso. Finalmente, a través del oficio con registrado con el número de promoción 21680, la autoridad responsable remitió copia certificada de impresión de pantalla relativo al Sistema de Trámite de Pensiones "SISTRAP", del que se advierte el pago realizado a la parte quejosa por la cantidad de $531,629.90 (quinientos treinta y un mil seiscientos veintinueve pesos 90/100 moneda nacional). En consecuencia, en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera, acuerdo que fue notificado personalmente a la parte quejosa el diez de octubre de dos mil veintitrés, quien sí se pronunció respecto de la vista que le fue otorgada. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. En el entendido de que el suscrito Secretario Encargado del Despacho estoy facultado para emitir el cumplimiento de mérito, en términos del criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Manifestaciones de la parte quejosa. La parte quejosa, Gaudencio Valencia Díaz, realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con motivo de la vista otorgada mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en las que, en esencia, indica: Que falta un pago por la cantidad de $88,604.98 (ochenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 98/100 moneda nacional), dado que en el mes de septiembre no recibió pago alguno. No obstante lo anterior, no le asiste razón a la parte quejosa, en atención a lo siguiente: La autoridad responsable, mediante oficio registrado con el número de control interno 18072, remitió copia certificada de consulta de pagos y descuentos por grupo familiar de la parte quejosa, al corte de la nómina del mes de septiembre de dos mil veintitrés, del que se advirtieron tres pagos por la cantidad de $88,604.98 (ochenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 98/100 moneda nacional), correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso. De dicha constancia, la autoridad responsable justificó el pagó de los meses de julio, agosto y septiembre, pues se aprecian tres pagos por la cantidad precisada en el párrafo que antecede. En ese sentido, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la autoridad responsable sí efectuó los tres pagos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, tal y como se desprende de la constancia que anexó la autoridad responsable al oficio precisado con antelación; de ahí que no le asista la razón a la parte quejosa, en relación con lo aseverado en el escrito indicado con antelación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Califica cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Mediante sentencia dictada el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes. "VII. DECISIÓN En consecuencia, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y la persona actuaria de su adscripción realicen dentro del plazo máximo de cinco días, las siguientes actuaciones en el juicio laboral D-534/2022: Realicen las gestiones necesarias y emplacen a la parte demandada Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla; Señalen fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley. Notifiquen a la parte actora el auto por el que señala fecha para el desahogo de la audiencia de Ley" Ejecutoria. Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y la persona actuaria de su adscripción su cumplimiento, así como que remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento En ese sentido, mediante acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a las autoridades responsables remitiendo copia certificada de la constancia de emplazamiento a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla. Posteriormente, mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, las autoridades responsables remitieron copia certificada del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-534/2022, en el que se tuvo por apersonada a la parte demandada, Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, y se fijaron las trece horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia de recepción de pruebas. Finalmente, mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés las autoridades responsables remitieron copia certifica de las constancias de notificación a las partes, del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral D-534/2022. En ese orden de ideas, se advierte que las autoridades responsables cumplieron en su totalidad los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que se emplazó a la parte demandada al juicio laboral de origen y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. En términos de los acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************que pertenece a ******************** ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que el suscrito Secretario Encargado del Despacho estoy facultado para emitir el cumplimiento de mérito, en términos del criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
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- Homero Juan Flores Morales811/2023
- Honorato Rodriguez Lopez892/2023
- Honorio Herrera Reyes1908/2021
- Honorio Lezama Avila352/2023
- Honorio Vázquez Vargas1654/2021