Hogla Livde Gutiérrez Anzaldo

Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
21/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Hogla Livde Gutiérrez Anzaldo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa; por tanto, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Hogla Anzaldo Ceseña, en representación de la menor Hogla Livde Gutiérrez Anzaldo, contra actos de: 1.- Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; y, 2.- Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca. Ambos con sede en Mazatlán, Sinaloa. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 21/2018-I-B. DESECHAMIENTO En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar sí el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, ya que del análisis integral del escrito de demanda, así como de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte que el acto que reclama es el inicio del procedimiento administrativo 100.6/4/1/BC-C-011/CP-001/2013/LANGOSTA ROJA, seguido en contra de la empresa denominada Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, Sociedad Cooperativa Limitada. En principio cabe establecer que el inicio al Procedimiento Administrativo para resolver sobre la extinción por caducidad y/o revocación de la prorroga y modificación del titulo de concesión para la pesca comercial para embarcaciones menores, clave CP-001/2013, de fecha de veinticinco de abril de dos mil trece, con vigencia de quince años, otorgado a favor Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, Sociedad Cooperativa Limitada para la pesquería de langosta roja, se ubica en el supuesto que se prevé en la fracción III, inciso a), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la medida en que forma parte de un procedimiento administrativo que participan de la naturaleza jurídica de aquellos que se instauran "en forma de juicio", es decir, que se inició un procedimiento de verificación relacionado a la actividad que desarrolla la citada sociedad cooperativa. En tales condiciones, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, numerales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [...] "III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: "a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y [.]" De los numerales transcritos se colige que para la impugnación en la vía de amparo indirecto de aquellos actos que, no siendo emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, se exige que se reclame la última resolución dictada en el procedimiento aludido, circunstancia que en el caso no acontece, toda vez que del análisis integral del escrito de demanda, así como de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte que el acto en estudio no tiene el carácter de definitivo, al no constituir la última resolución que se dicte en el procedimiento administrativo 100.6/4/1/BC-C-011/CP-001/2013/LANGOSTA ROJA, resultando así improcedente el presente juicio constitucional. Por tanto, de conformidad con lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado, por tratarse del inicio al Procedimiento Administrativo, no reúne los requisitos que al efecto establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, además, de que tampoco, causa perjuicio alguno a la parte quejosa, al no poder considerarse como un acto de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, para así estimar que es procedente el juicio de amparo, pues de causarle algún perjuicio, sería hasta el momento de recurrir la resolución definitiva en la que se pudiera hacer valer las irregularidades que del mismo se consideren. Razón por la que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues se evidencia que el acto reclamado consistente en el inicio al Procedimiento Administrativo para resolver sobre la extinción por caducidad y/o revocación de la prorroga y modificación del título de concesión para la pesca comercial para embarcaciones menores, clave CP-001/2013, de fecha de veinticinco de abril de dos mil trece, con vigencia de quince años, otorgado a favor Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, Sociedad Cooperativa Limitada para la pesquería de langosta roja, no es impugnable por esta vía, consecuentemente, se desecha la demanda de garantías promovida por Hogla Anzaldo Ceseña, en representación de la menor Hogla Livde Gutiérrez Anzaldo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizado en los términos que indica a la persona mencionada en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERTURA DE TOMO Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos acompañados a la demanda de amparo; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas por separado.

  4. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintidós de enero de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la promovente Hogla Anzaldo Ceseña, en representación de la menor Hogla Livde Gutiérrez Anzaldo, por lo que se ordena la notificación del auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la citada promovente, publicada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo; que dice:Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Hogla Anzaldo Ceseña, en representación de la menor Hogla Livde Gutiérrez Anzaldo, contra actos de: 1.- Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; y, 2.- Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca. Ambos con sede en Mazatlán, Sinaloa. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 21/2018-I-B. DESECHAMIENTO En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar sí el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, ya que del análisis integral del escrito de demanda, así como de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte que el acto que reclama es el inicio del procedimiento administrativo 100.6/4/1/BC-C-011/CP-001/2013/LANGOSTA ROJA, seguido en contra de la empresa denominada Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, Sociedad Cooperativa Limitada. En principio cabe establecer que el inicio al Procedimiento Administrativo para resolver sobre la extinción por caducidad y/o revocación de la prorroga y modificación del titulo de concesión para la pesca comercial para embarcaciones menores, clave CP-001/2013, de fecha de veinticinco de abril de dos mil trece, con vigencia de quince años, otorgado a favor Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, Sociedad Cooperativa Limitada para la pesquería de langosta roja, se ubica en el supuesto que se prevé en la fracción III, inciso a), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la medida en que forma parte de un procedimiento administrativo que participan de la naturaleza jurídica de aquellos que se instauran "en forma de juicio", es decir, que se inició un procedimiento de verificación relacionado a la actividad que desarrolla la citada sociedad cooperativa. En tales condiciones, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, numerales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [...] "III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: "a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y [.]" De los numerales transcritos se colige que para la impugnación en la vía de amparo indirecto de aquellos actos que, no siendo emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, se exige que se reclame la última resolución dictada en el procedimiento aludido, circunstancia que en el caso no acontece, toda vez que del análisis integral del escrito de demanda, así como de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte que el acto en estudio no tiene el carácter de definitivo, al no constituir la última resolución que se dicte en el procedimiento administrativo 100.6/4/1/BC-C-011/CP-001/2013/LANGOSTA ROJA, resultando así improcedente el presente juicio constitucional. Por tanto, de conformidad con lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado, por tratarse del inicio al Procedimiento Administrativo, no reúne los requisitos que al efecto establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, además, de que tampoco, causa perjuicio alguno a la parte quejosa, al no poder considerarse como un acto de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, para así estimar que es procedente el juicio de amparo, pues de causarle algún perjuicio, sería hasta el momento de recurrir la resolución definitiva en la que se pudiera hacer valer las irregularidades que del mismo se consideren. Razón por la que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues se evidencia que el acto reclamado consistente en el inicio al Procedimiento Administrativo para resolver sobre la extinción por caducidad y/o revocación de la prorroga y modificación del título de concesión para la pesca comercial para embarcaciones menores, clave CP-001/2013, de fecha de veinticinco de abril de dos mil trece, con vigencia de quince años, otorgado a favor Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, Sociedad Cooperativa Limitada para la pesquería de langosta roja, no es impugnable por esta vía, consecuentemente, se desecha la demanda de garantías promovida por Hogla Anzaldo Ceseña, en representación de la menor Hogla Livde Gutiérrez Anzaldo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizado en los términos que indica a la persona mencionada en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERTURA DE TOMO Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos acompañados a la demanda de amparo; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas por separado.

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