Hiram Sánchez Zatarain

Expediente 1036/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1036/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Hiram Sánchez Zatarain

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUZGADO ACEPTA COMPETENCIA Agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes mismo que contiene la firma criptográfica del Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán y, transcripción del proveído de diecisiete de febrero actual, dictado en el juicio de amparo *, del índice de dicho órgano jurisdiccional del que se advierte en lo conducente que aceptó la competencia planteada. ARCHIVO Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de la parte promovente para los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO del presente cuaderno como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común B de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual en cumplimiento al proveído de siete de los corrientes, informa que el juicio de amparo 1036/2022-II-A, fue turnado el once de octubre de dos mil veintidós al Juzgado Noveno de Distrito de aquella ciudad, por razón de turno. En atención a lo anterior, solicítese al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta Mazatlán, que de no tener impedimento legal o material alguno, sea bien servido en informar a la suscrita, si aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, en relación con la demanda de amparo 1036/2022-III-C, para estar en aptitud de ordenar el archivo del presente asunto.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio 23086/2022 de seis de octubre de dos mil veintidós, se envió el juicio de amparo 1036/2022-II-A, al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno, sin que a la fecha se tenga conocimiento a qué Juzgado de Distrito correspondió conocer del referido juicio de amparo. En consecuencia, mediante oficio y con transcripción de este proveído, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, para que informe si recibió el referido juicio de amparo mediante oficio 23086/2022, así como a qué Juzgado fue turnado, toda vez que es necesaria esa información para solicitar el acuse correspondiente y ordenar el archivo de este cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo remitida por la parte quejosa, por su propio derecho, mediante la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la H. Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 1036/2022-II-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CUADERNO AUXILIAR Ahora, respecto a los anexos que se acompañan al escrito inicial de demanda, consistentes en copia certificada del toca 205/2021, antes 14/2021, del índice de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; a fin de facilitar la consulta e inclusive evitar cambiar el folio con el que cuentan, fórmense los cuadernos auxiliares uno y dos con la debida identificación, mismos que dependerán del principal y se tendrán a la vista de las partes en la Secretaría de este Juzgado, así como al momento de resolver el presente juicio de amparo, lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. INCOMPETENCIA La suscrita juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 35 y 37 de la Ley de Amparo, se siguen como criterios normativos para establecer competencia por razón de territorio de los órganos de amparo, los siguientes: a) La regla general atiende a la ejecución del acto objeto de reclamo, en tanto es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, la competencia radica ante cualquiera de los Jueces en que se presentó la demanda; y, c) Si no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel ante quien se haya presentado la demanda. De lo que se colige a su vez, que, la "ejecución material" como criterio de preeminencia para fincar competencia del juez de amparo, debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que produzcan un cambio material, ya sea por sí mismo o que sus efectos conlleven a esa situación; esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En el caso, se actualiza la primera de las mencionadas reglas, pues el acto reclamado consistente en la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca 214/2022, que por una parte determinó carecer de atribución para pronunciarse respecto el incidente de indulto, y por otra parte desechó el replanteamiento de incidente de inocencia, formulados por el quejoso Hiram Sánchez Zatarain, implica que éste continúe privado de su libertad personal y, por ende, es inconcuso que dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro Penitenciario "El Castillo", con sede en Mazatlán, Sinaloa. Se afirma lo anterior, atento que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 141/2004, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, realizó algunas consideraciones que enseguida se transcriben y que se estiman aplicables al caso que nos ocupa, a saber: A efecto de ilustrar la decisión a la cual se habrá de arribar conviene tener presente a manera de preámbulo y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, establecer la naturaleza jurídica de la negativa a tramitar o a otorgar los beneficios para suspender la ejecución de la pena impuesta por autoridades judiciales. Al respecto, esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 21/2000 en sesión de cuatro de abril de dos mil uno, bajo la Ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, consideró que a partir del momento en que se niega la tramitación o alguno de aquéllos, la libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que condenó al solicitante, sino también por la negativa de que se trate; de ahí que, la resolución referida constituya un acto que afecta la libertad personal del individuo. En efecto, en la ejecutoria relativa se sostuvo que, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, y la Primera Sala de este Alto Tribunal en su actual y anterior integración, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios mencionados, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo. Que en estas condiciones, cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. De ahí que sea indudable que la resolución en que se niega el trámite o bien alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. Una vez precisada la naturaleza jurídica de la negativa a tramitar o a otorgar los beneficios para suspender la ejecución de la pena impuesta por autoridades judiciales, complementariamente debe dilucidarse la cuestión relativa a la competencia del órgano jurisdiccional que, en su caso, deba conocer de la demanda de amparo que en su contra se promueva. Ahora bien, la discrepancia de criterios propiamente gira en torno a quién debe ser el Juez competente para conocer de la impugnación de las determinaciones de las autoridades encargadas de la ejecución de las penas de prisión impuestas por autoridades judiciales, cuando se niega o no se da trámite a las solicitudes de los sentenciados para suspender la ejecución de la pena de prisión. Con ese propósito, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 36.- Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. Del referido precepto legal se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Dadas las características y naturaleza del punto de contradicción que se dilucida, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. Así, se tiene que si la persona que solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir la pena de prisión, se encuentra privada de la libertad a virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al no cumplir con los requisitos en aquélla exigidos para recuperar su libertad personal antes del tiempo fijado en dicho fallo, es indudable que continuará privada de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y por tanto, es competente para conocer del juicio de garantías un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario Las consideraciones trascritas originaron la jurisprudencia 1a./J.48/2005, que dice: Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. De lo expuesto se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: La libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. El derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios mencionados, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo. Cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Es indudable que la resolución en que se niega el trámite, o bien, alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. Si la persona que solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir la pena de prisión, se encuentra privada de la libertad a virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al no cumplir con los requisitos en aquélla exigidos para recuperar su libertad personal antes del tiempo fijado en dicho fallo; es indudable que continuará privada de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. Conforme a la regla de competencia contemplada en el primer párrafo del numeral 36 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, consistente en que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Los razonamientos reseñados son aplicables en la especie, pues por una parte, debe destacarse que conforme al artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo en vigor, el citado criterio jurisprudencial resulta aplicable al presente caso, con independencia de que constituya un estudio referente a la abrogada Ley de Amparo, puesto que no se opone al texto de la nueva ley. Por otra parte, la ejecutoria y jurisprudencia comentadas se refieren a la negativa de conceder alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, mientras que el acto reclamado en el juicio de amparo que se analiza deriva de la solicitud del quejoso relativa a incidentes de indulto y de reconocimiento de inocencia; empero, en ambos casos se trata de actos que determinan, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal. De ahí que, como lo determinó la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia del País, al continuar la situación de privación de libertad personal del impetrante; es inconcuso que dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Se cita, solo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la tesis II.3o.P.58 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice: Cuando en la demanda de amparo indirecto el acto reclamado es la resolución en la que se declaró infundado el recurso de revisión extraordinaria de sentencia ejecutoriada, previsto en los artículos 424 a 430 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, en el que se solicitan el reconocimiento de inocencia y la reducción de la pena, tiene aplicabilidad la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que indica que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, en virtud de que quien interpuso el recurso de revisión extraordinaria, busca la declaratoria de inocencia, la anulación de la sentencia condenatoria o la reducción de la pena, y si se determina que no prosperó el recurso intentado para tal fin o prosperó parcialmente, es indudable que continuará privado de su libertad en el lugar destinado para su reclusión y, por ende, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido; por tanto, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario, aun cuando este acto sea de carácter negativo, porque tiene efectos positivos, con principios de ejecución material en el lugar en que está recluido el quejoso. En tales condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, CARECE DE COMPETENCIA LEGAL POR CUESTIÓN DE TERRITORIO, para resolver el asunto que nos ocupa, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con residencia en Los Mazatlán. CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio y autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias, constancias, diligencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano