Hipolito Reyes Moreno
Expediente 1020/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Hipolito Reyes Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el acuerdo en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE EL ACUERDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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MESA III NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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MESA III SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE: Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral ****, de su índice, sin que sea el caso dar vista a las partes con el contenido de las mismas, en virtud de lo siguiente. Del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que se actualiza en el presente asunto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del numeral 61 de la ley de la materia, que establece:. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa violada se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En el caso concreto, los actos reclamados en este asunto consisten en: La omisión de dictar la resolución incidental respecto a los incidentes de falta de personalidad y falsedad de firmas planteados por el quejoso en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. En ese contexto, analizadas las constancias allegadas por la Junta responsable, se desprende la comparecencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, efectuada por la parte actora en el juicio laboral de origen, mediante el cual el actor Hipólito Reyes Moreno, aquí quejoso, desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó a las demandadas "HM CONTROL, Sociedad Anónima De Capital Variable; HABIPLAT MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable e IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HM, Sociedad Anónima de Capital Variable ", (terceras interesadas), sin reservarse alguna acción o derecho para ejercer en ese sentido. Así, por acuerdo de esa propia fecha la junta responsable proveyó en el mismo sentido, ya que tuvo por desistido a Hipólito Reyes Moreno, de la demanda, así como de todas y cada una de las acciones y reclamaciones que le reclamó a las demandadas "HM CONTROL, Sociedad Anónima De Capital Variable; HABIPLAT MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable e IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HM, Sociedad Anónima de Capital Variable ", que dio origen al expediente laboral de origen ****; además, en vía de consecuencia, ordenó el archivo del expediente laboral de donde emana el acto reclamado, como asunto total y definitivamente concluido, en virtud de la comparecencia efectuada por la parte actora. En tal contexto, se impone concluir que el objeto material de los actos reclamados ha dejado de existir, en tanto que, por las razones apuntadas, ya no podrán concretarse sus consecuencias en perjuicio del aquí quejoso; esto es, no pueden surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, puesto que aun cuando el acto reclamado subsiste, como en su caso fue la omisión de dictar la resolución incidental respecto a los incidentes de falta de personalidad y falsedad de firmas planteados por el quejoso en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, lo cierto es que dicho acto ya no surte efectos legales en la esfera jurídica del agraviado, pues el procedimiento natural concluyó al haberse ordenado su archivo, lo que impide que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Por tanto, en concepto de este órgano de legalidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo anterior, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo anterior, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, y toda vez que se encuentran programadas las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de diciembre de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional, procede dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente controvertido constitucional. Finalmente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA III, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA HM CONTROL; IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HM; Y, HABIPLAT MÉXICO,TODAS, SOCIEDADES ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LAS REPRESENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE: Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral ****, de su índice, sin que sea el caso dar vista a las partes con el contenido de las mismas, en virtud de lo siguiente. Del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que se actualiza en el presente asunto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del numeral 61 de la ley de la materia, que establece: Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa violada se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En el caso concreto, los actos reclamados en este asunto consisten en: La omisión de dictar la resolución incidental respecto a los incidentes de falta de personalidad y falsedad de firmas planteados por el quejoso en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. En ese contexto, analizadas las constancias allegadas por la Junta responsable, se desprende la comparecencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, efectuada por la parte actora en el juicio laboral de origen, mediante el cual el actor Hipólito Reyes Moreno, aquí quejoso, desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó a las demandadas "HM CONTROL, Sociedad Anónima De Capital Variable; HABIPLAT MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable e IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HM, Sociedad Anónima de Capital Variable ", (terceras interesadas), sin reservarse alguna acción o derecho para ejercer en ese sentido. Así, por acuerdo de esa propia fecha la junta responsable proveyó en el mismo sentido, ya que tuvo por desistido a Hipólito Reyes Moreno, de la demanda, así como de todas y cada una de las acciones y reclamaciones que le reclamó a las demandadas "HM CONTROL, Sociedad Anónima De Capital Variable; HABIPLAT MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable e IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HM, Sociedad Anónima de Capital Variable ", que dio origen al expediente laboral de origen ****; además, en vía de consecuencia, ordenó el archivo del expediente laboral de donde emana el acto reclamado, como asunto total y definitivamente concluido, en virtud de la comparecencia efectuada por la parte actora. En tal contexto, se impone concluir que el objeto material de los actos reclamados ha dejado de existir, en tanto que, por las razones apuntadas, ya no podrán concretarse sus consecuencias en perjuicio del aquí quejoso; esto es, no pueden surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, puesto que aun cuando el acto reclamado subsiste, como en su caso fue la omisión de dictar la resolución incidental respecto a los incidentes de falta de personalidad y falsedad de firmas planteados por el quejoso en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, lo cierto es que dicho acto ya no surte efectos legales en la esfera jurídica del agraviado, pues el procedimiento natural concluyó al haberse ordenado su archivo, lo que impide que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Por tanto, en concepto de este órgano de legalidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo anterior, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo anterior, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, y toda vez que se encuentran programadas las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de diciembre de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional, procede dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente controvertido constitucional. Finalmente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar".
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